Asesor parlamentario de IU
Investigación realizada por Izquierda Unida sobre la participación de España y de EE.UU en el golpe de estado de Venezuela
José Manuel Fernández / Soberania - 23/05/02

Durante la jura de Carmona, el personaje con cara y armamento de Rambo que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sanabria, un hombre de Recao vinculado con empresas de seguridad que solía jactarse de pernoctar en el búnker de la embajada estadounidense.

Refiriéndose al frustrado golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez, un periodista acuñó una frase certera: “¡Qué olor a hamburguesa, jabugo y petróleo!”. Obviamente, sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses y españoles en la conspiración encabezada por el líder de la patronal, Pedro Carmona. Fue un golpe de estado cívico-militar clásico, de factura estadounidense. Un golpe oligárquico y de ultraderecha, de la Santa Alianza: la espada y el poder del dinero. Con el “cuarto poder”, la prensa y la televisión, legitimando y participando en la conjura. Si en retrospectiva hacemos un paralelismo con el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, admitida como fue la participación de la CIA, vemos una similitud pasmosa. Lo nuevo es que, en este caso, el gobierno de Aznar se ha sumado a la misma estrategia.

Izquierda Unida, única fuerza parlamentaria que condenó el golpe de estado desde el primer momento, ha iniciado una investigación sobre el apoyo prestado al golpe por el gobierno español. Su Coordinador General, Gaspar Llamazares, interpeló al presidente Aznar en la sesión de control inmediatamente posterior al golpe y solicitó la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, ante la comisión parlamentaria correspondiente.

El golpe fracasó, sí, como fracasó la invasión en la Bahía de los Cochinos, en Cuba. Pero volverán a intentarlo. La razón es sencilla: los verdaderos amos de la conspiración teledirigida están en Washington y siguen pidiendo la cabeza de Chávez, pues hay que escarmentar al rebelde. De ahí la importancia de conocer a fondo los engranajes que siguen en movimiento.

Con independencia de las conclusiones a que llegue la Comisión Especial de Investigación creada por la Asamblea Nacional venezolana, y presidida por Édgar Zambrano, y por el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU, el presente documento sintetiza las primeras conclusiones de la investigación realizada por IU. Los hechos descritos son un espejo en el que todos deben mirarse.

El gobierno español prestó su apoyo al golpe

España y EE.UU han reconocido que mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación durante el golpe. El 13 de abril, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre (1), junto al embajador de EE.UU., Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el golpista Pedro Carmona, presidente del “gobierno provisional”, después que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona. Viturro y Schapiro mantuvieron múltiples encuentros en los días anteriores al golpe. De esta reunión sólo se tuvo conocimiento por un desliz del corresponsal de Radio Nacional de España en Caracas y por unas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, William Tarek Saab, pero no hubo confirmación o desmentido alguno por parte del Ministerio Español de Exteriores.

España y los EE.UU. emitieron el 12 de abril una declaración conjunta (2) en la que afirman textualmente que “Los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”. Los dos gobiernos “declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas”, “expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela” y “expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”.

La semántica empleada en la declaración sirve de justificación al golpe, de comprensión y de apoyo a los golpistas. Es la diplomacia del estado de excepción.

El mismo día 12, 1h50 después de la rueda de prensa improvisada en la que Carmona anunciaba su intención de tomar el poder, y 5h39 antes de que prestara juramento, la Presidencia española de la UE —anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la UE se reclama— emitió una imprudente declaración oficial en la que “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”. Hay que señalar que este comunicado, redactado bajo la responsabilidad de Piqué por su Departamento de Iberoamérica, fue enviado por el sistema de telegramas cifrados de consulta política interna de la UE (COREU), en francés o en inglés, a los respectivos departamentos competentes de los restantes estados miembros de la UE, sin tiempo para su aprobación por los ministros de Asuntos Exteriores correspondientes. Por ello, la responsabilidad de esa declaración es fundamentalmente española. Señalemos también que, como consecuencia del vuelco de la situación, los socios comunitarios reaccionaron pidiendo prudencia y esta declaración nunca fue publicada oficialmente en las demás lenguas de la UE, como es obligatorio en estos casos. El texto tan sólo permanece en la web de la presidencia española como incómodo testigo de su posición.

Esta declaración de apoyo a los golpistas contrasta con las posiciones de condena emitidas por la OEA (pese a las presiones del embajador de EE.UU, Roger Noriega) y del Grupo de Río.

El Ministro de Exteriores de España no rectificó nunca esta declaración en términos diplomáticos. El 13 de abril, Josep Piqué afirmaba en declaraciones recogidas por ABC y El Mundo que “la situación de Venezuela con Chávez era insostenible, cada vez con menos apoyos populares”. Tan solo a primeras horas del 14 de abril hizo unas declaraciones a Radio Nacional de España que fueron reproducidas por el diario El Mundo, en las que aclaraba que “no es posible distinguir entre golpes de estado que puedan ser buenos o que puedan ser malos”. Una vez repuesto el presidente Chávez, la primera reacción de Piqué fue la de pedir que se “garantice la libertad de prensa”. También añadió que “los nuevos responsables en Venezuela deben saber que la comunidad internacional puede estar en disposición de prestarles toda su solidaridad en este difícil trance, pero tienen que hacer las cosas con el máximo rigor y responsabilidad posible”. Es decir, puro malabarismo y declaraciones ambiguas que no esconden ni hacen olvidar el apoyo del gobierno del PP al golpe de estado.

El presidente del Gobierno español, José María Aznar, mantuvo el 12 de abril una conversación telefónica con Pedro Carmona, poniéndose a su disposición, y —según afirma Aznar— solicitándole la vuelta a la institucionalidad democrática en el período más breve posible. En ningún momento, Aznar condenó el golpe de estado. Aznar afirma que fue Carmona quien le llamó. Sin embargo, Carmona, en una entrevista concedida al diario El País, contesta a esta pregunta con una evasiva (“poco importa quien llamó”), lo que induce a pensar que fue Aznar quien le llamó. El presidente del Gobierno español lo ha desmentido. Pero La Moncloa aún no ha dado a conocer los contenidos literales de la conversación.

En un artículo de opinión publicado el domingo 14 de abril en el diario El Mundo por el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Aristegui, afirma que “la política exterior chavista era cada vez más errática y desafiante. Algunos países, como el nuestro, hicieron muy loables esfuerzos para encauzar tanta irresponsabilidad política. El Gobierno español hizo lo que debía, tratar de encauzar los desmanes del presidente de un país clave en la región y para nuestros intereses económicos y consulares. Lo irresponsable habría sido no intentarlo”.

El viaje de Pedro Carmona a Madrid

En los días que precedieron al golpe, Pedro Carmona viajó a Madrid en la primera semana de abril, para atender un programa de reuniones con la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE), en su calidad de presidente de la patronal venezolana, Fedecámaras.

El martes 9 de abril tenía concertada una reunión oficial con el Ministro de Exteriores de España, Josep Piqué, en la sede del Ministerio, que fue cancelada por Carmona para regresar a Caracas y ponerse al frente del golpe.

Según lo publicado el 29 de abril por la revista Cambio 16, según fuentes de gran solvencia, “en la Administración española fueron muy receptivos cuando el líder empresarial visitó Madrid como futuro presidente de Venezuela. Fue atendido por funcionarios de alto rango y, posiblemente, se reunió también con especialistas en operaciones de inteligencia política, con experiencia en otros países Iberoamericanos”. Entre sus interlocutores, la revista señala a “altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del Gobierno”.

Carmona estaba tan seguro de su futuro inmediato, que se tomó medidas y encargó en una sastrería de efectos militares de Madrid la banda presidencial que se llevó en la maleta para lucirla en su jura el 12 de abril a las 17h25 en el salón Ayacucho del Palacio Miraflores. Este fajín fue encontrado allí, tras la fuga de Carmona, y figura entre las pruebas a su cargo.

En este acto, el procurador general designado por Carmona, Daniel Romero, leyó el decreto de constitución del gobierno, el cese de la Asamblea Nacional y la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal y contralor generales, defensor del pueblo y miembros del Consejo Nacional Electoral. Esta disposición fue firmada, entre otros estamentos, por el cardenal José Ignacio Velazco y el primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, y por la Banca, Ignacio Salvatierra.

El embajador y el CESID

Según el diputado venezolano Nicolás Maduro, en declaraciones a una cadena de televisión caraqueña, la Administración española y el Gobierno Aznar estuvieron involucrados, apoyando políticamente el golpe de Estado y asesorando a los grupos golpistas.

El embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre (1) mantuvo frecuentes contactos con Pedro Carmona, con los dirigentes de COPEI y, sobre todo, con el embajador estadounidense Charles S. Schapiro.

El embajador de España, como jefe de misión, tiene obligación de conocer los informes de la antena del CESID (ahora Centro Nacional de Inteligencia, CNI) en Caracas. Los agentes encargados de los contactos están vinculados al antiguo equipo del dirigente del CESID Jesús Calderón (“grupo Calderón”). Son residentes en Caracas con la cobertura de agregados consulares. Según afirma la revista española Cambio 16, durante su reciente estancia en Madrid a principios de abril Pedro Carmona mantuvo contactos con agentes del CESID.

El domingo 21 de abril, Viturro reunió en la Embajada a todo el personal español de alto rango para dejar en claro la estrategia a seguir en adelante: insistir por todos los medios en la necesidad de que Chávez convoque un referéndum para modificar la Constitución y adelantar las elecciones con el fin de desalojar a Chávez. Exactamente el mismo mensaje lanzado por Schapiro a los periodistas angloparlantes acreditados en Venezuela.

La antena en Madrid

Una fuente digna de crédito, situada en la cumbre del consejo nacional de seguridad de Venezuela, declaró que el general Raúl Salazar, ex embajador de Venezuela en Madrid hasta el 11 de abril, era el “coordinador internacional” del golpe. Salazar tiene fama de ser un “hombre de Washington” y la fuente afirma que es agente de la CIA desde que era capitán. La fuente añade que la esposa del general Salazar estaba “estudiando” en el Consejo Superior de la Defensa en Madrid.

Las directrices de Washington

El cuarto documento de Santa Fe, que marca la política exterior del presidente Bush, los enemigos de los EE.UU. en Latinoamérica son principalmente el “eje Cuba, Venezuela y la guerrilla colombiana”. En febrero de este año, el director de la CIA, George Tenet, lo expresó claramente ante el Comité de Inteligencia del Senado: “Estoy particularmente preocupado por Venezuela, nuestro tercer suministrador de petróleo”. En una nota publicada en febrero por el Washington Post, un funcionario del Departamento de Estado pronosticó que Venezuela está “en una posición precaria y peligrosa”, y que “si Chávez no arregla las cosas pronto, no terminará su mandato”. La Casa Blanca estaba (y está) decidida a derrocar al presidente Chávez, no sólo por su política económica, que amenazaba los intereses estadounidenses —fundamentalmente el petróleo— sino también por sus críticas a la guerra de Afganistán y su oposición al Plan Colombia y al Acuerdo de Libre Comercio Americano (ALCA).

El propio Chávez había sido avisado de la gestación del golpe por el secretario general de la OPEP, el venezolano Alí Rodríguez, quien, en llamada telefónica desde la sede de la OPEP en Viena, le dijo que el golpe se iniciaría a partir de la huelga general del 9 de abril, por instigación de los EE.UU, temerosos de que Venezuela apoyara la idea de un embargo a la producción de petróleo, en protesta contra la operación militar desencadenada por Israel en Palestina. Tras el fracaso del golpe, Chávez nombró a Alí Rodríguez al frente de Petróleos de Venezuela S.A.

Las autoridades venezolanas han confirmado que dos jefes militares estadounidenses, el teniente coronel James Rodger y el coronel Ronald McCammon, secundaron y asesoraron a los generales alzados contra Chávez, desde el quinto piso de la Comandancia del Ejército venezolano, donde habían sido instalados y donde permanecieron hasta el fracaso del golpe. Según declaraciones del diputado Roger Rondón, en la noche del golpe ambos militares estaban en el fuerte Tiuna, junto a los cabecillas militares de la intentona. Rodger es un especialista en golpes militares. Según declaraciones al periódico londinense The Guardian realizadas el lunes 29 de abril por Wayne Madsen, ex agente de los servicios secretos de la marina estadounidense, la Marina de EE.UU ayudó a los golpistas con información secreta. Según Madsen, “el coronel Rodger, asesor militar destacado en la embajada de EE.UU en Caracas, se fue allí en junio pasado para preparar el terreno”. McCammon, oficial de inteligencia, jugó un papel decisivo. El 13 de abril, tres naves estadounidenses, cuya actividad está siendo investigada por el gobierno de Venezuela, navegaron en aguas venezolanas sin autorización, cerca de La Orchila (3). Según la Marina de EE.UU, los barcos estaban allí para “evacuar a los ciudadanos estadounidenses si la situación en el país así lo requería”. El avión en el que los golpistas querían sacar a Chávez desde la isla de La Orchila pertenecía al banquero de origen paraguayo Víctor Gil (TotalBank). Según personal de la aeronave matriculada en EE.UU, el plan de vuelo tenía por destino a Puerto Rico, territorio estadounidense.

Entre la noche del viernes 12 y el mediodía del sábado 13 se produjeron numerosas llamadas entre Washington y Caracas. Desde el Departamento de Estado y el Pentágono se impartían directrices a Carmona por el embajador Schapiro y al general golpista Efraín Vásquez y a los mandos castrenses por el coronel Harkins, asentado en la delegación de EE.UU en Caracas. En particular, se aconsejaba a Carmona que anunciara la convocatoria de elecciones en el plazo de un año (“trescientos sesenta y cinco días”, deletreó Carmona), con el fin de cumplir con la Carta Democrática de la OEA y que cesara al Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero.

La agencia privada de inteligencia estadounidense, Stratfor —que algunos vinculan con la extrema derecha— ha comprometido a la CIA en la preparación del golpe, y asigna la responsabilidad de dirección política al subsecretario de Asuntos Americanos, Otto Reich, ex embajador en Caracas, un viejo halcón ligado a la CIA, ya implicado en los escándalos Irangate-Contra y vinculado a las redes cubanas anticastristas de Miami. El encargado para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Maisto, también fue embajador en Caracas. Durante el golpe, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, reconoció de inmediato al gobierno provisional de Carmona y expresó su satisfacción por la (falsa) “renuncia” del presidente Chávez. Un alto funcionario de la Administración Bush afirmó que “la legitimidad democrática es algo que no se basa solamente en una mayoría de votos”(4). En Wall Street, Merrill Lynch anunció a los especuladores que el panorama de inversiones en Venezuela “ya había mejorado”.

Hacía tiempo que EE.UU presionaba a Chávez en defensa de sus intereses. Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2001 se celebró un encuentro entre el Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional para discutir “el problema” de Venezuela, acusada de apoyar el terrorismo en Colombia, Bolivia y Ecuador. En febrero Pedro Carmona se reunió en la República Dominicana con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, el líder sindical de la CTV, Carlos Ortega, varios diputados republicanos estadounidenses y el ex asesor del Departamento de Estado Thor Halvorsen. A través del Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), la CIA envió mucho dinero a entidades venezolanas opuestas al Gobierno, entre otras a los dirigentes de la corrupta Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según el Washington Post (13 de abril) la CIA patrocinó a través del International Republican Institute numerosas visitas a Washington de opositores políticos al presidente Chávez. En octubre de 2001, la Casa Blanca llamó para consultas a su embajadora en Caracas, Donna Hrinak, como respuesta a las críticas de Chávez contra la guerra de Afganistán. Veinte días antes del golpe, Donna Hrinak fue sustituida por Charles S. Schapiro, un embajador más ducho en golpes militares, que fue agregado militar en Chile durante el golpe a Salvador Allende, agregado militar en El Salvador y en Nicaragua durante la guerra sucia.

La conexión “Opus Dei”

Pedro Carmona es una persona vinculada al Opus Dei. Muchos de los involucrados en el golpe y varios miembros del “gobierno provisional” son miembros numerarios del Opus. El más conocido es José Rodríguez Iturbe, amigo personal de Aznar y ministro de Asuntos Exteriores de Carmona, que reside en la misma sede del Opus en Caracas. El golpe contó “in situ” con la bendición de Baltasar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal, presente en la jura del usurpador junto al cardenal Velázquez.

La conexión democristiana

Madrid es la capital internacional de los socialcristianos del partido COPEI, cuyo líder Eduardo Fernández, ex presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) se encontraba en Madrid en los días anteriores al golpe y regresó a Caracas vía Washington, donde —aparentemente— tenía una reunión de la ODCA. Muchos dirigentes de COPEI y hombres de negocios vinculados a Rafael Caldera figuraban en el entorno de Carmona y están involucrados en el golpe. COPEI y Aznar/PP tienen vínculos estrechos por su pertenencia a la Internacional Demócrata Cristiana y la Fundación Iberoamericana. La conexión democristiana del golpe tiene un núcleo fuerte en el Opus Dei. COPEI y Primero Justicia fueron los dos partidos de la oposición a Chávez directamente implicados en el golpe. Recientemente, dos políticos de la derecha venezolana y de la Internacional Demócrata Cristiana que preside Aznar, José Rodríguez Iturbe (miembro numerario del Opus Dei y ministro de Asuntos Exteriores del “gobierno provisional” de Pedro Carmona), y Eduardo Fernández (COPEI), realizaron una gira por España, con el apoyo del embajador de Venezuela en Madrid. En esta gira mantuvieron reuniones con la dirección del PP, incluido su portavoz internacional, Gustavo de Arístegui.

La conexión empresarial

Fuentes de la patronal española CEOE afirmaron el 13 de abril a Europa Press: “Acogemos su nombramiento con agrado”, en referencia a Pedro Carmona. Pedro Carmona Estanga, el jefe civil del golpe, era presidente de la patronal venezolana, Fedecámaras y dirigía, entre otras compañías, Promotora Venoco y Química Venoco, al servicio de su propietario, el golpista y mercader de armas, Isaac Pérez Recao. Una alta fuente militar confió a la agencia France Press lo que ya había publicado la prensa local: que Isaac Pérez Recao había organizado un grupo armado de extrema derecha, dirigido operativamente por el contralmirante Carlos Molina Tamayo, que luego estuvo a cargo de la Casa Militar de Carmona Recao huyó en helicóptero a Aruba una vez fracasado el golpe. Durante la jura de Carmona, el personaje con cara y armamento de Rambo que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sanabria, un hombre de Recao vinculado con empresas de seguridad que solía jactarse de pernoctar en el búnker de la embajada estadounidense.

Varios Bancos españoles están sólidamente instalados en Venezuela, donde defienden ingentes inversiones e intereses. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga actualmente las contribuciones financieras a determinados candidatos en la campaña electoral venezolana en 1998, presuntamente realizadas por el BBVA, cuya filial es el Banco Provincial de Venezuela, perteneciente a la familia Mendoza, del Grupo Polar, uno de los más potentes conglomerados venezolanos. Lorenzo Mendoza participó en una reunión de los conspiradores y existen otras pruebas de su participación en el golpe. El BBV llegó a controlar el 30% del mercado financiero venezolano a finales de los 90. Prueba de su importancia es el envío desde la Oficina de Madrid a Caracas del hombre clave del BBV, Juan Carlos Zorrilla, para hacerse cargo del Banco Provincial. El Banco Santander Central Hispano (BSCH) tiene también una fuerte implantación en Venezuela.

Se comenta en Caracas que algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la embajada, afirman que hubo un pozo de 500 millones de bolívares (poco más de medio millón de dólares) para cofinanciar la huelga general y el golpe, con dinero de bancos españoles y Repsol, sin que haya sido posible confirmar esta información hasta el momento.

El magnate venezolano de los medios de comunicación, (y propietario entre otros de Venevisión, Direct tv, Telcel, Pepsi-Cola y Banco Latino, nacionalizado por Chávez), Gustavo Cisneros, tiene fuertes inversiones en España (entre otras, consiguió un “pelotazo” con la compraventa de Galerías Preciados, gracias al gobierno de Felipe González). Según Newsweek, fue el verdadero instigador del golpe. Es amigo y compañero de pesca de altura del ex presidente Bush padre y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende de EE.UU a la Patagonia. También actúa como testaferro del ex presidente Carlos Andrés Pérez, procesado por corrupción y protegido por la Casa Blanca. Quien leyó el decreto de Carmona y fue nombrado Procurador General por éste, Daniel Romero, fue secretario privado de Pérez y funcionario de la Organización Cisneros.

La conspiración, entre otros objetivos, pretendía la privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en beneficio de una sociedad estadounidense vinculada al presidente Bush y a la española Repsol, vender la filial estadounidense de Pvdsa, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios de EE.UU., y suprimir la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.

El propio Presidente Aznar, después del fracaso del golpe, se reunió con los empresarios y banqueros con intereses en Venezuela, a quienes reiteró su compromiso de apoyar “la democracia”, aunque también les confesó que España no podía garantizar la seguridad de sus inversiones en Venezuela.

Un poderoso Gabinete de Abogados

El “procurador” de Carmona, Daniel Romero, redactor y lector de los 12 decretos del “gobierno provisional”, es “junior partner” en el poderoso gabinete de abogados “Baker McKenzie” en Caracas. El “senior partner” de la firma es Alejandro Alfonzo Larrain Recao, Marqués de Torre Casa (título español comprado) y tío o primo de Isaac Pérez Recao. Larrain es también el “partner principal” en las operaciones de “Baker McKenzie” en Madrid, que mantiene conexiones con la OTAN y los intereses del gobierno de EE.UU. Además de Daniel Romero y Larrain Recao, dirige el bufete Baker&McKenzie en Caracas el poderoso Humberto Briceño León, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y esposo de Irene Sáez, miss Venezuela 1980 y candidata del partido democristiano COPEI a la Presidencia de Venezuela frente a Hugo Chávez.

Dos instituciones dirigidas por personas próximas o implicadas en la trama civil del golpe

En las respectivas Juntas Directivas del Banco de Caracas, Banco Universal y del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, figuran simultáneamente una serie de personas que han sido asociadas a la trama civil del golpe de estado.

En el Banco de Caracas, propiedad desde hace pocos meses del Banco Santander Central Hispano (BSCH), forman parte de su Junta Directiva, entre otros: Alejandro Alfonzo-Larrain Recao, marqués de Torre Casa; José María Nogueroles; Rafael Gallegos Santaella (todos ellos en los cargos de directores principales); y Vicente Pérez Recao (5) en el cargo de director suplente.

En el Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, forman parte de su Junta Directiva, entre otros: Manuel Viturro de la Torre, embajador de España, presidente honorario; Alejandro Alfonzo-Larraín, marqués de Torre Casa, presidente; Vicente Pérez Recao ; José María Nogueroles (ex presidente del Banco Caracas antes de la fusión con el BSCH) y Rafael Gallegos Santaella. Además, forman parte de la Junta Directiva: Humberto Briceño León, esposo de Irene Sáez (posiblemente familiar de Jesús E. Briceño G., ministro de la Secretaría de la Presidencia del “gobierno provisional” de Pedro Carmona); el cardenal José Ignacio Velazco (arzobispo de Caracas); Enrique Urdaneta Fontiveros (probablemente familiar de Domingo Fontiveros, que figura como propuesto al cargo de director del Banco Central de Venezuela en la agenda incautada a Pedro Carmona) y José María Ariño.

La conexión militar

A finales de noviembre o en diciembre de 2001, ocho altos oficiales del Ejército venezolano viajaron de Miami a Madrid y se entrevistaron con el general Salazar, embajador de Venezuela. Estaban acompañados de un comerciante de armas israelí, cuyas iniciales son “I.E.”.

Medios de comunicación

Poderosos medios de comunicación, en Venezuela y en el exterior apoyaron directa e indirectamente el golpe. Cuatro de los cinco canales de TV son propiedad de compañías privadas y exhortaron incesantemente a la huelga y a las manifestaciones orientadas a derrocar al presidente. Lo mismo sucede con nueve de los diez diarios más importantes. Después silenciaron cualquier información sobre la reacción popular y militar que restableció la legalidad constitucional. El magnate venezolano de los medios de comunicación, Gustavo Cisneros fue uno de los principales instigadores del golpe. Según el diputado venezolano Pedro Pablo Alcántara, no hay duda ninguna de que Cisneros fue el “jefe supremo” de la intentona. En vísperas del golpe, Cisneros charló con Otto Reich, máximo responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica. Según declaraciones del propio Reich a Newsweek, tuvieron dos o tres más. El 13 de abril, Cisneros le dijo que los manifestantes pro-Chávez estaban rodeando los estudios de Venevisión, su canal. Las relaciones de Cisneros con el embajador de España, Manuel Viturro, son cordiales. El 1º de diciembre de 2001, Gustavo Cisneros presentó un libro suyo en la embajada en Caracas.

Cabe destacar que, entre otros periodistas, trabajaron en Venevisión la corresponsal del diario El País, Ludmila Vinogradoff, y Rafael Poleo, padre de Patricia Poleo y asesor áulico y amigo de Carmona y Cisneros.

Patricia Poleo (periodista famosa en Venezuela, por haberse movido en las aguas turbias de la conspiración, y cuyo nombre en letra manuscrita figuraba en la agenda de Carmona como posible ministra de Información), recibió del Rey Juan Carlos el premio “Rey de España de Periodismo”, por su cobertura del asunto Montesinos. Puede que solo sea una coincidencia, o el Rey ha sido manipulado.

Es de todos conocido el vergonzoso papel del Grupo PRISA y, particularmente, del diario El País en el apoyo al golpe (6). En este feo asunto, El País ha actuado como mascarón de proa del imperio Polanco y de sus adláteres en Venezuela, donde Chávez se resistía a facilitar a Polanco negocios de televisión y venta de libros escolares. Es de todos conocida la red que la editorial Santillana, vinculada a Jesús Polanco y a PRISA, tiene desplegada en América Latina, donde cuenta con suculentos contratos de distribución de libros y todo tipo de material escolar a cargo del erario público de varios estados iberoamericanos. Esta editorial ha contado con numerosos créditos blandos y ganado licitaciones de la partida de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía y de la Agencia Española de Desarrollo. Tampoco son casuales las declaraciones realizadas por el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, en las que justificaba el apoyo político al golpe de estado desde una crítica severa a Hugo Chávez, calificado de “caudillo” y “dictador”. Felipe González mantiene desde hace años una estrecha conexión con PRISA y con el magnate venezolano Gustavo Cisneros. El enviado especial de El País en Caracas, Juan Jesús Aznárez, coincidió en vísperas del golpe con el enviado de El Mundo, en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, y le confió que “Chávez se va a enterar quién es Jesús de Polanco, que siempre logra lo que quiere. Dentro de unos días hablamos”. Aznárez mantenía estrechos contactos con el embajador de España, Manuel Viturro, con el embajador de EE.UU y con el propio Pedro Carmona. La corresponsal de El País en Caracas, Ludmila Vinogradoff, asesora y amiga de Gustavo Cisneros, promovió una verdadera campaña de apoyo a los golpistas.

El 26 de abril, en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se convocó una mesa redonda sobre la libertad de expresión en Venezuela, a la que acudieron el editor y dueño del diario venezolano El Nuevo País, Rafael Poleo y el director del canal de televisión Globovisión, Alberto Federico Ravel, es decir, los medios que más activamente colaboraron en la conspiración mediante la manipulación, la censura y el silencio informativo. Ante las protestas y la movilización democrática, los organizadores tuvieron que ampliar la participación al periodista Francisco Solórzano y el embajador de Venezuela en EE.UU, Jorge Valero.

Notas

(1) Manuel Viturro de la Torre es un antiguo matón que formaba parte de los comandos ejemplarizantes del grupo policial franquista Defensa Universitaria. Hijo de diplomático del franquismo, fracasó en todas las pruebas de la Escuela Diplomática, donde entró con el alto apoyo del clan gallego, encabezado por Fraga y Rosón. Al parecer, tiene una foto de Franco en su despacho en Caracas, como lo ha tenido en Madrid y en sus anteriores destinos. Perú, Bolivia (donde Hugo Bánzer le concedió una medalla), Ecuador y, posteriormente, asumió la representación de España en Trinidad y Tobago (nombrado el 26/10/2001), Surinam (nombrado el 30/11/2001) y Guyana (nombrado el 21/12/2001). Manuel Viturro fue nombrado embajador en Venezuela el 23 de febrero de 2002.

(2) La posibilidad de comunicados bilaterales figura en la Declaración Conjunta hispano-americana de enero de 2001.

(3) Según el ex director de la Disip, Eliécer Otaiza, esas naves fueron identificadas por la FAV como NC1 3300, NC2 2027 y NC3 2132. Penetraron sin autorización en aguas venezolanas a las 9h y salieron a mar abierto a las 16h. Después de mediodía los helicópteros NC11100 y NC10107 despegaron de uno de esos navíos, sobrevolaron y luego retornaron. Las pruebas, obtenidas por satélite, se encontraron en el palacio de Miraflores. Otaiza explicó que los oficiales comentan que podrían estar ante la posibilidad de que “en los buques viajaran mariners y que un avión F117 fantasma también hubiera actuado en la noche”.

(4) Este mismo argumento fue utilizado por el ex presidente del gobierno español, Felipe González para justificar el golpe de estado y calificar a Chávez de “golpista”, pues “por los votos o por las botas es un autoritario que liquidaba las libertades”.

(5) Vicente Pérez Recao, diputado suplente, es hermano del golpista Isaac Pérez Recao. Isaac Pérez Recao, multimillonario, comerciante de armas a escala internacional, fue uno de los autores intelectuales del golpe, cuya preparación contribuyó a financiar. En el registro a su domicilio, realizado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en unos sótanos bien disimulados, se encontró un verdadero arsenal militar, incluidas armas propiedad de un general golpista, así como dos credenciales que acreditan a Isaac Pérez Recao y a su esposa como funcionarios del DIM.

(6) Los titulares de primera página del día 13 en El Mundo (“Venezuela derroca a Chávez” y en El País (“Venezuela fuerza la renuncia de Chávez”). En palabras del periodista Pascual Serrano, “el espectáculo golpista ofrecido al mundo por Estados Unidos, España y los medios de comunicación españoles ha superado todo lo imaginable”. Entre otras perlas, reproduce los panegíricos del 13 de abril al golpista Pedro Carmona: “Nacido para el diálogo” (El Mundo), “un hombre tranquilo” (El País). Mientras, para el presidente constitucional se reservan en editoriales calificativos de “Golpe al caudillo” (El País) o “estrafalario” (El Mundo), y “Venezuela dijo basta a Chávez” (ABC). Ludmila Vinogradoff, corresponsal de El País, señalaba el 14 de abril “el luto de los caraqueños por los 16 primeros mártires de la democracia, muertos a balazos el pasado jueves por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez”. La misma Ludmila Vinogradoff, en reportaje emitido en directo el 13 de abril a las 22h por CNN Plus, abandona toda objetividad y se muestra como parte interesada: insiste en la existencia de un video con la renuncia de Chávez y denuncia haberse encontrado con “turbas armadas chavistas en el centro de la capital”. A los manifestantes favorables al golpe, se les denomina “resistencia civil” (editorial de El País, el 13 de abril) o “indignación popular” (editorial de “El Mundo”, ese mismo día). A los que al día siguiente pedían el retorno a la legalidad constitucional, se les denomina “muchedumbre” o “manifestantes desquiciados” (El País, 15 de abril). Legitimar el golpe requería buscar argumentos contra el presidente Chávez. El editorial del 13 de abril de El País destaca “el deterioro de la situación económica que creció con la aprobación en diciembre pasado de 49 decretos-leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito”. Aznárez presenta a Carmona de forma atractiva: “Presidente de la junta cívico-castrense que conducirá a Venezuela hacia unas nuevas elecciones a corto plazo” y proclama sus buenas intenciones: “Prometió una democracia amplia, pluralista, de fuertes valores democráticos”, “diferente —aclara por su cuenta El País— a la practicada por Hugo Chávez”.

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