Apertura petrolera: nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional*
Carlos Mendoza Pottellá** / Soberanía.info - 13/03/03

* Fecha de publicación: 1 de abril de 1996





"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti. 'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos."
(Economía Hoy, 25-1-1996, p. 10)

Emprendimos la elaboración de este trabajo en diciembre de 1995. En el mismo, y como podrá constatarse en las páginas que siguen, hacemos esfuerzos argumentales y sometemos al juicio del lector cifras y testimonios, para sustentar nuestros asertos sobre el carácter desnacionalizador del proyecto aperturista. Pero el futuro nos alcanzó en enero de 1996 con la licitación de los diez lotes y... como en las películas de Hitchcock, los acontecimientos se precipitaron: todo lo que hasta ahora había sido sugerencia, indicio, propuesta a largo plazo, planteamiento ideológico, aparece ahora de cuerpo entero ante los ojos de los que todavía pueden y quieren ver.

La reseña de la intervención de Luis Giusti en el foro de VenAmCham no puede ser más ilustrativa. En ese evento, el dirigente petrolero quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la realidad en cuanto a la orientación de la actual política petrolera venezolana. Dejó claro, de paso, que ahora son ellos, los gerentes petroleros, y sus clientes, representados en el selecto auditorio, quienes tienen el poder para decidir sobre el destino de lo que antes había sido definido como patrimonio colectivo de los venezolanos. En consecuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dictaminó que el sueño nacionalizador terminó... para gloria eterna del negocio globalizado.

Pero siempre quedamos los dogmáticos y empecinados adoradores del pasado. Que nos perdone pues, el nuevo evangelista -y su Dios, el gran capital petrolero- por empeñarnos en transcribir lo que habíamos pergeñado en la oscuridad, antes de recibir la luz de sus palabras sobre el Apocalipsis privatizador. Y que nos perdone el lector por contarle el final y quitarle todo el suspense a la cuestión. Confiados en que podremos contar con su indulgencia, volvemos a nuestra antigua reláfica, donde tratábamos de demostrar lo que ya hoy es evidente y público. Precisar los alcances y la significación de la llamada apertura petrolera es una tarea que trasciende a la simple semántica o al poner puntos sobre las íes. Representa, por el contrario, una empresa de primera magnitud, cual es la de develar su carácter como el mayor y más lesivo proyecto desnacionalizador, plataforma para hacer más elitista y antinacional el ya de por sí injusto aprovechamiento privado del más valioso bien público.

Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero, que ha visto llegada la hora de acabar de una vez por todas con los sueños populistas y socialistoides que todavía obstaculizan la integración del país en el escenario mundial unipolar, donde se impone a los pequeños el "libre mercado" de las transnacionales y las grandes naciones que fundamentan su poderío económico y político precisamente en la disposición de mercados externos irrestrictamente abiertos y el resguardo proteccionista de sus economías domésticas.

"La apertura petrolera forma parte de una estrategia internacional de apertura económica, que lideriza el capital transnacional, especialmente el de los Estados Unidos de Norteamérica, en la búsqueda de un reacomodo de las grandes potencias económicas mundiales para optimizar su tasa de ganancia en el mercado internacional. Esta situación, que se inscribe dentro de una política de globalización, tiende a reducir el papel de los Estados del llamado tercer mundo dentro del proceso económico, y muy especialmente, el rol de los Estados productores de petróleo puesto que serán éstos quienes apuntalarán las demandas y necesidades energéticas de los países industrializados. A nivel nacional esta estrategia capitalista pretende en Venezuela, dedicarse a la fase más rentable de la industria petrolera (la explotación) y aun mucho más: la explotación de los crudos livianos y medianos que requieren de proceso de refinación menos sofisticados que los crudos pesados." (Padrón, 1995)

Estas circunstancias se pueden identificar claramente en el proceso que estudiamos y tienen su expresión en la versión "comunicacional" corporativa, según la cual:

"Es necesario entender, que la Nacionalización no es ni puede ser una condición estática, sino un proceso dinámico. El acto, el 1 ° de enero de 1976, de traspaso de las operaciones petroleras a manos venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador pero pretender trasladar las condiciones de aquel entonces a las realidades de hoy, sería metemos en una especie de callejón de autarquía, ubicándonos al margen de las oportunidades que nos ofrecen las tendencias de globalización." (Giusti, 1995)

Por eso su principal embate -con una inconstitucionalidad que parece más buscada que accidental- es contra la Carta Magna vigente, esa que define su orientación económica al disponer, en su Artículo No. 97, que "el Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional y propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control".

La negación de esta Constitución como rasgo definitorio de la política aperturista, ha sido expuesto por un conspicuo exponente del poder petrolero, Andrés Sosa Pietri, quien, en reciente artículo de prensa, esgrime su criterio de que la soberanía no reside en el Estado o en "el pueblo", sino en el individuo. A partir de ese postulado determina el carácter absolutista, socialista, marxista-leninista, fascista, de nuestras tradiciones jurídicas y las contrapone a las muy libertarias que permitieron a los Estados Unidos ser una gran nación. Todo ello le sirve para calificar como exabrupto carente de cultura democrática a la impugnación de la apertura petrolera por inconstitucional:

"Impugnar la apertura petrolera, o algunos de sus aspectos, por violar nuestra Constitución o la soberanía nacional es un contrasentido... nuestra historia republicana evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el dictador-déspota antes o el dictador partidos políticos ahora. 'Influenciados además por las doctrinas marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo... los Estados Unidos florecieron porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo... No reservaron al Estado ningún bien material (a excepción de algunos parques naturales), o actividad industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción con el absolutismol Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano-rey, al soberano-Estado o al soberano-pueblo y sólo después al trabajador y su familia." (Sosa Pietri; 1996)

Dada esta fundamentación, para ser libertario y moderno, para encontrar la senda del progreso y la multiplicación de los panes, hay que dar la batalla contra esa Constitución estatista y fascista que hoy nos rige.

Limitando el enfoque a lo estrictamente petrolero, la proclamada apertura no es más que un nuevo escalón, otra vuelta de la rosca, en un proceso que se inició simultánea y paradójicamente con la "nacionalización". Ese proceso, ya se avizora, continuará con la minimización y autocastración de la empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen concesionario en condiciones peores a las prevalecientes en los tiempos de Juan Vicente Gómez.

"...en la proposición actual del Ejecutivo Nacional de licitar diez áreas exploratorias, de una extensión típica de unos dos mil kilómetros cuadrados' , aunque suman un total de 17,6 mil km2, no se prevé ni el pago de un bono, ni la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o 'inversionistas' como se denominan). Además de extenderse el periodo de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. A las contratistas se les concede la explotación de los yacimientos, hecho sin precedente en nuestra legislación." (Mommer, 1995, 295-296)

En efecto, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una concesión era un lote definido -diez mil hectáreas o 100 km2 según la nueva unidad de superficie que utiliza Pdvsa- sobre el cual se realizaría -durante. sólo tres años- una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían 10 parcelas de explotación -500 has. cada una- en la mitad de su superficie, intercaladas con las 10 parcelas de reserva nacional, tal como en un tablero de ajedrez las blancas y las negras. El Dr. Mommer realizó en el trabajo referido el primer y más completo análisis crítico comparativo del esquema de ganancias compartidas con los instrumentos concesionarios y de contratos de servicios establecidos en nuestra legislación. Mommer demuestra como el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera. Ya sean concesiones, contratos de servicio o convenios de asociación, ninguna figura contractual petrolera conocida otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia, satisfaciendo, a priori, las aspiraciones máximas del capital transnacional.

La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancia es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan circunstancias objetivas con una carga considerable de falacia. Dichos postulados forman parte de un programa definido, que tiene como norte la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades primarias y fundamentales de esa industria. Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular, a saber:

La carga fiscal sobre Pdvsa es excesiva. Pdvsa es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.

El control "político" sobre la industria obstaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es el camino hacia la Venezuela productiva.

El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión en el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores a los de cualquiera otra aplicación.

Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.

Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la ofrecida en otros destinos.

En verdad, en ese instrumento se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía nacional aun cuando esa expansión se haga a costa de sacrificar logros y principios anticuados -rentistas, estatistas o socializantes- tales como los de maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el recurso y su industria. Por el contrario, ese sacrificio será expresión de liberalización y progreso institucional, por cuya virtud se volcarán sobre el país flujos masivos de inversión extranjera, los cuales inmediatamente harán positivos los saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posible que retomaran los más de 100 mil millones de dólares depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza petrolera.

El escenario óptimo de esta concepción es el de una privatización completa de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. (Sosa Pietri, 1995) La participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del capital accionario de Pdvsa entre todos los venezolanos, tal como lo fundamenta otro -quizás el más aventajado- de los ideólogos del poder petrolero:

" Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño.

'Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como la de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es `desnacionalizador', así esa propiedad o parte de ella pase formalmente a manos venezolanas." (Quirós, 1995)

Se propone entonces, en nombre de la "nacionalización", la desestatización, pues la Nación somos todos y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente, las mayores tajadas a los más capaces. Un poco más tarde en términos históricos, centenares de millones de ciudadanos de esa "Nación que somos todos", incluyendo a los descendientes aún no nacidos que se encontrarán conque alguna vez en el pasado fueron despojados de una herencia descomunal.

Tales son la leyes del capitalismo, y con mayor razón, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían la inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezolanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... ¡Claro! Será inevitable que los que tengan más saliva traguen más harina. Ese escenario -el "propio" sueño americano- tiene rápida aceptación y adquiere rango de esperanza nacional para salir de la crisis, porque la opinión pública venezolana ha venido siendo modelada por los medios de comunicación masiva para aceptar como excelentes todos los emprendimientos del poder petrolero. Como ya dijéramos, se trata de una verdad petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el consciente, el subconsciente y el inconsciente de los venezolanos, plagado de falacias y verdades a medias.[1] Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta de la desinformación, del palangre y las imágenes corporativas con las cuales nos quieren hipnotizar los medios y la gerencia transnacionalizada de Pdvsa. Para ello, debemos comenzar por las más simples definiciones y algunos recordatorios de la historia reciente de nuestra política petrolera.[2]

En primer lugar sobre el término apertura: ¿qué es lo que se quiere abrir? ¿qué es lo que estaba cerrado? La primera aproximación a esa definición ha sido expuesta por varios analistas, en el sentido de que se trata de abrir lo que cerró la ley que reserva al estado la industria y el comercio de los hidrocarburos: la participación del capital privado en las actividades de exploración, producción, refinación y mercadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.

Este punto de vista fue desarrollado, con mucha pertinencia jurídica, por el Dr. Alvaro Silva Calderón en su participación en el ciclo de foros sobre el tema, auspiciado por la Universidad del Zulia (Silva Calderón, 1995). En el mismo sentido opina el Dr. Luis Vallenilla, quien hace partir el proceso de la apertura desde 1989, con la propuesta del Proyecto Cristóbal Colón, incluyendo luego a las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y al programa de reactivación de campos "marginales." (Vallenilla, 1995) Así también lo concibe Quirós Corradi, cuando habla de:

"...la apertura petrolera, como continuación de un proceso que incluye la operación por empresas privadas de campos marginales de producción; asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco; asociaciones para la manufactura y comercialización de la orimulsión y proyectos especiales como el de la producción de gas costa afuera, denominado Cristóbal Colón..." (Quirós Corradi, 1996)

Antes, un material promocional de Pdvsa revelaba muy diáfanamente que la apertura ha sido una estrategia largamente madurada, pensando en la expansión del negocio y el aumento de la participación del capital transnacional:

"A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela identificó la conveniencia de adelantar una estrategia de internacionalización...

'Como complemento natural de esa estrategia, a comienzos de esta década, se inicia el proceso de apertura del negocio petrolero en nuestro país. En respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional, Pdvsa emprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado en todos sus segmentos de negocio. Esta apertura ha originado convenios operativos para la reactivación de campos de producción, asociaciones estratégicas para producir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas costa afuera, y sociedades para el desarrollo de Orimulsión, a los cuales se suman otros esfuerzos de asociación con capital privado que se han venido adelantando en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales." (Pdvsa, 1995)

Y, finalmente, así lo confirma el presidente de Pdvsa en reciente entrevista:

"La apertura es un proceso que comienza en el país hace más de diez años, y que probablemente continúe con otros programas, todos ellos encausados dentro de una estrategia, cuyo objetivo es, fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversificar el negocio petrolero, abriendo espacios para la participación del capital, la tecnología y el mercado controlado por el sector privado externo." (Giusti, 1996)

Con estas definiciones se caracteriza, en verdad, parte del proceso aperturista, su concreción última, pero se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto, compartimos más bien la opinión de Gastón Parra Luzardo:

"A lo largo de estas dos décadas, el poder petrolero, ejercido ahora por Pdvsa, creada por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, ha venido desarrollando y puesto en práctica toda una política dirigida a profundizar, de manera progresiva, el proceso de privatización de la industria petrolera." [3] ( Parra Luzardo, 1995)

Porque en verdad, a nuestra manera de ver, y como ya hemos dicho, se trata de una etapa más dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos primeros determinantes se manifestaron hace más de treinta y cinco años. Aunque pueda parecer exagerado, tal es la perspectiva que debemos tomar para analizar el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos.[4]

Retrocedamos, pues, unos 35 años para tomar ese punto de mira... y encontramos nuevamente con el recién promulgado texto constitucional y su Artículo 126, en el cual se elimina la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para el otorgamiento de concesiones de hidrocarburos y se lo remite a la aprobación del Congreso en sesión conjunta. Quedaba allí parcialmente reflejado uno de los cinco vértices del Pentágono de Acción de Juan Pablo Pérez Alfonso: no más concesiones. La severidad de esa política, tal cual se percibía públicamente en ese entonces, iba más allá de lo dispuesto en el referido artículo constitucional, porque la expectativa era la de que en los veintidós años que faltaban para el término concesionario, la Nación estaría en condiciones de asumir directamente las operaciones de exploración, producción, refinación y sus derivaciones.

Ese fue el verdadero cierre. Allí comenzaron a morir las esperanzas de las corporaciones petroleras extranjeras en el sentido de que, llegado 1983, año cuadragésimo y terminal del 80% de las concesiones de hidrocarburos, éstas serían renovadas. Para mayores amenazas, en otro de sus vértices, el pentágono perezalfoncino contemplaba la creación de una pequeña empresa -la CVP- con lo cual se instauraba, desde ya, el posible germen de la administración petrolera estatal que, llegado el momento, monopolizaría las referidas operaciones. Ante estas circunstancias, la reacción de las concesionarias fue rápida y fulminante: por un lado, no más inversiones, no más depreciación, ni amortización ni agotamiento. Todas esas partidas pasaron a engrosar el excedente oculto que se repatriaba. Menudearon también, a partir de entonces, las denuncias sobre desmantelamiento, venta y reexportación de equipos de la industria.

Y por otro lado, masiva sobre-explotación, sacar la mayor cantidad de petróleo en el menor tiempo posible, violando todas las normas técnicas y acelerando la irreversible declinación de los yacimientos. De esta suerte, la producción de las concesionarias en Venezuela -que no la producción de Venezuela, como añoran Sosa Pietri (1990) y otros cultores de la Leyenda Dorada petrolera- pasó de 2 millones 846 mil barriles diarios en 1960 a 3 millones 700 mil en 1970. Esa fue la cumbre irrepetida a partir de la cual se inició un proceso de declinación de la producción, hasta el nivel critico de 1 millón 680 mil barriles diarios para 1985.

Para el lapso 1965-1970 el saqueo era cada día más evidente y el país tuvo que apretar un poco más la cerradura. Tanto en el plano fiscal como en lo referente al deterioro de los activos físicos de la industria. Así, en el primero de esos campos, en materia tributaria, se produjo una escalada de controles y fijaciones de nuevas tasas impositivas que trataban de contener el desbordamiento de excedentes de las concesionarias. Rememoremos un poco el proceso. Desde su instalación en el país, las concesionarias se despachaban y se daban el vuelto a la hora de pagar impuestos, ya que las bases para la determinación de, por ejemplo, la renta neta gravable a los fines del impuesto sobre la renta, no eran otras que sus propias declaraciones de precios realizados y costos operativos incurridos. De hecho, en 1959, el reiterado envilecimiento de los precios declarados fue el detonante que condujo a la constitución de la Opep. En Venezuela, con su política de "participación razonable", eje del citado pentágono de acción, Pérez Alfonzo intentó poner torniquetes que contuvieran el desangramiento fiscal, promoviendo elevaciones sucesivas del Impuesto sobre la Renta (ISLR) cuando los beneficios de las concesionarias superaran el nivel del 15% de sus activos fijos netos. En ese contexto, la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) fue concebida más como lugar para verificar los niveles reales de los costos de operación que como inicio de un camino alternativo al concesionario.

De muy poco sirvieron esas propuestas de Pérez Alfonso en manos de gobiernos no convencidos de la pertinencia de esa política. La Comisión interministerial prevista en su pentágono para vigilar las magnitudes del negocio petrolero nunca fue puesta en funcionamiento real y, para 1968, por ejemplo, se verifica que los beneficios netos de las concesionarias montaban al 40% de sus activos fijos netos. (Mejía Alarcón, Cuadros IV-6 al IV-10, pp 267-273).[5]

Luis Vallenilla dedica una sección de su ya citado trabajo sobre la apertura a analizar la desinversión 1960-74, pidiendo que no olvidemos esa experiencia. Remitimos al lector a ese texto. (Vallenilla, 1995, pp. 76-94)

La conciencia de esa inconveniente circunstancia obligó a la revisión del esquema impositivo basado en los precios de realización declarados por las concesionarias y, en consecuencia, en 1 % [6], previa reforma de la Ley de ISLR, se llegó a un acuerdo con esas compañías sobre un programa de incrementos escalonados en los precios de referencia para fines fiscales, programa mediante el cual el Estado comenzó a tener ingerencia en la determinación de la base imponible.

"En la reforma de 1966 se incluye por primera vez el llamado sistema de los precios de referencia. En vista de que desde 1958 venían reduciéndose constantemente los precios del petróleo venezolano, se creó un mecanismo llamado de los convenios o precios de referencia, para discutir y fijar con las empresas concesionarias un nivel de precios que sirviera para el cálculo de Los ingresos o ganancias en el pago de impuestos, a fin de evitar que se siguieran deteriorando el precio y, en consecuencia, los ingresos del país." (Hernández Grisanti, 1986)

Pero aún este acuerdo, firmado para un lapso de cinco años (1% 7/1971) se convirtió en camisa de fuerza que colocaba a los precios de referencia fiscal por debajo de los niveles determinados por la tendencia alcista que mostraron los precios internacionales a partir de 1968. Y así, en diciembre de 1970, el Congreso denuncia el acuerdo y otorga al Ejecutivo, mediante reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la facultad de fijar unilateralmente los precios de referencia fiscal, conocidos a partir de entonces como Valores de Exportación. En esa misma reforma, la escala gradual de las tasas de ese impuesto para los distintos niveles de ingreso, que tenía para entonces un tope del 52% en su tramo superior, es sustituida por una tasa única del 60% para todos los niveles.

El "cierre" impositivo llega así a niveles formalmente impresionantes: para 1974, ya habiéndose producido, a finales del año anterior, la primera explosión de los precios determinada por la OPEP, la tasa del impuesto sobre la renta venezolano alcanzaba el 70,03% y los Valores Fiscales alcanzaban hasta un 30% por encima de los precios realizados y promediaban un 27%. A ello se agregaba una regalía -impuesto de explotación- del 16,66%, liquidada en boca de pozo sobre la base de un precio calculado a partir de una mezcla de crudos norteamericanos, e impuestos menores como los superficiales y municipales.

Pues bien, pese a todos estos instrumentos de recaudación y control, las compañías se daban maña para burlar al fisco. Así, por ejemplo, aunque las cuentas oficiales reportaban para ese año 1974 un reparto de 95% del ingreso neto para el Estado y 5% para las concesionarias, la Creole Petroleum Corporation representó, en el mismo lapso, la mitad de las ganancias internacionales de la Exxon. Milagros de la prestidigitación contable. (Mendoza Pottellá)[6]

Sin embargo, la medida que completa el cierre, en cuanto al deterioro físico de las instalaciones productivas, el último broche, lo constituyó la Ley de Bienes Afectos a Reversión, promulgada en 1971. [7] La misma estableció la obligatoriedad de revertir, en plenas condiciones de funcionamiento, todos los activos adquiridos por las corporaciones extranjeras para el ejercicio de su rol concesionario, junto con el establecimiento de un fondo para garantizar el mantenimiento de esas condiciones hasta el término de la concesión. Llovieron demandas de nulidad, amenazas de bloqueo y sanciones comerciales. La cerradura se había hecho insoportable.

Mientras eso sucedía en Venezuela, desde hacía un tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y la creciente severidad de los instrumentos fiscales de los Estados petroleros, habían comenzado a aparecer estudios de voceros del gran capital petrolero internacional sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las cartas para explorar nuevas opciones... Es así como se conocen las primeras propuestas internacionales de nuevos tratos petroleros. De 1968 data un trabajo (Brannon, 1960) en el cual se exponen, entre otras cosas, las conveniencias de dejar la fase de producción en manos de países que no tendrían otros con quienes dirigir esa industria que no fueran los hombres formados por las compañías, imbuidos y comprometidos con su cultura e intereses corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con sus casas matrices. Además, siempre urgidos de obtener mayores ingresos forzando la producción, los gobiernos "nativos" no observarían la disciplina requerida para mantener precios altos. Otro destacado analista petrolero, Secretario de Energía de Nixon por más señas, advierte, más tarde, sobre de los peligros del creciente nacionalismo árabe y postula la apertura de esa olla a punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una. pérdida apreciable de control real sobre el negocio (Atkins, 1973).[8]

En el plano de los hechos, primero fue el Acuerdo General de Participación en el Medio Oriente (1971) mediante el cual las "majors" petroleras iniciaron un programa de cesión escalonada -previa indemnización- de sus activos en las actividades "upstream" a los países ribereños del golfo arábigo-persa y a los libios. Y luego vino el adelanto de la reversión para Venezuela. A finales de 1973, en el ambiente caldeado por el enfrentamiento sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión, perfilándose claramente la conflictiva posibilidad de acortar unilateralmente el plazo que comenzaba a vencerse en 1983, aparecen las refrescantes declaraciones de Kenneth Wetherell, Presidente de la Compañía Shell de Venezuela y Robert N. Dolph, su par de la Creole,

"a la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983." (Dolph)

"La empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras, a fin de cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana." (Wetherell)(Rodríguez Gallad y Yáñez, 1977, pp. 137-138, 144-145) [9]

En cada una de las cuales se hace explícita la voluntad de sus respectivas compañías de seguir cooperando con Venezuela ...aún después de las trascendentes decisiones que soberanamente tomen su pueblo y Gobierno en materia petrolera.

Se inician entonces las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. (Maza Zavala, 1977)

Comenzó a funcionar el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.

De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano. Atrincheradas en el privilegiado papel de asesores tecnológicos, convidados permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales y comercializadores de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantienen a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyen los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.

Antes de continuar con el análisis de estos y otros escalones de la apertura, es necesario hacer referencia a un elemento, quizás el más importante de todos, en el proceso estudiado: el desmantelamiento del sistema tributario petrolero. Ese objetivo se encuentra abiertamente expuesto en las primeras y ya citadas propuestas aperturistas (Brannon y Akins). Veamos algunos hitos de ese desmoronamiento fiscal. Una de las nuevas obligaciones que debe asumir el Estado al reservarse la industria y el comercio de los hidrocarburos es la de proveer los fondos para el mantenimiento y subsiguiente desarrollo de esas actividades. Y para ello se establece un aporte legal que deben realizar las operadoras para la constitución de esos fondos,

"... a los fines de proveer a la empresa prevista en la base Segunda de recursos suficientes para desarrollar la industria petrolera nacional, las empresas operadoras constituidas conforme a las bases Primera, Tercera y Cuarta, según sea el caso, entregarán mensualmente a aquélla una cantidad de dinero equivalente al diez por ciento (10%) de los ingresos netos provenientes del petróleo exportado por ellas durante el mes inmediatamente anterior. Las cantidades así entregadas estarán exentas del pago de impuesto y contribuciones nacionales y serán deducibles para las operadoras a los fines del impuesto sobre la renta." (Artículo 6, Base Quinta)

Esta es la primera modificación sustancial del esquema impositivo vigente durante el régimen concesionario: con este aporte, Pdvsa tenía garantizados, de arrancada y por voluntario sacrificio del fisco nacional, los fondos para realizar las necesarias inversiones que las concesionarias habían dejado de hacer durante los quince años previos.

Pero ello no bastó. Promediando 1976 se constató que, de mantenerse invariables los demás elementos del sistema impositivo, las nuevas operadoras -con la excepción de la antigua CVP- registrarían pérdidas contables. Y de nuevo operó el sacrificio fiscal: la tasa del impuesto sobre la renta fue reducida de 70,03% (nivel 1975) a 65,13%. Los Valores de Exportación, con un promedio de 27% sobre los precios realizados de 1975, fueron reducidos, entre 1977 y 1979 a niveles entre el 11 y el 14%. (Mendoza Pottellá, 1995b, 107).

Ese sacrificio fiscal no se ha detenido en ninguno de los veinte años siguientes. Como exponemos en la obra citada, imponiendo como verdad la falacia de la exacción fiscal que estrangula a Pdvsa y que le impide desarrollar sus megaproyectos, todos los instrumentos de percepción impositiva han sido envilecidos para dar un respiro al comprometido flujo de caja de la industria. La regalía, por ejemplo, se liquidó entre 1979 y 1985, a precios inferiores a los de realización, cosa que no había sucedido nunca en la era concesionaria. La diferencia unitaria fue de diecisiete dólares por barril en el año pico de 1981 y promedió unos doce dólares en el resto del período. Las ganancias cambiarias del Banco Central, eliminadas, y el Impuesto sobre la Renta (ISLR) a las empresas suministradoras de asistencia técnica y servicios tecnológicos, minimizado, fueron otros de los campos por donde pasó la podadora fiscal del poder petrolero.

La reducción escalonada del Valor Fiscal de Exportación (VFE), que ha conducido hasta su eliminación definitiva a partir del presente año, fue aprobada entre gallos y medianoche por un Congreso de salida -en pleno interinato de Ramón Velásquez- acosado por las presiones de Fedecamaras y todos los demás voceros del poder petrolero, en orquestada campaña sobre la delicada salud de la gallina de los huevos de oro. Ese proceso fue estudiado por nosotros en los trabajos citados arriba.

Pero existe otro elemento de merma impositiva, cual es el denominado "factor fiscal para el cálculo del valor mercantil de la producción a los fines de liquidar la Regalía". De esta suerte, y por convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y las operadoras, para reconocer costos de recolección y transporte por oleoducto hasta el puerto de embarque, la regalía no se calcula directamente como el 16 2/3% del precio de realización en boca de pozo, tal como establece la Ley de Hidrocarburos vigente, sino que, previamente, a este precio se le aplica un factor fiscal, el cual, para 1994, se determinó como 0,86079. Con este mecanismo, el impuesto de explotación o regalía para ese año fue en realidad de 14,34%.

Los cálculos hechos para 1996, con las presunciones oficiales de precio de realización promedio de 14,50 $/bl y al tipo de cambio vigente de 290 Bs./$, reflejan que la eliminación de los VFE comportará una merma de 494 mil millones de bolívares en la percepción fiscal. Y el "factor fiscal" aplicado a la regalía reducirá el monto recaudado por este concepto en 105 mil millones de bolívares. Es decir, que por el sólo concepto de estas dos graciosas concesiones, Pdvsa deja de aportar al fisco 600 millardos de bolívares. Pero ni siquiera éste, es el escalón final de la degradación impositiva en materia petrolera. Porque precisamente en los más recientes esquemas del proceso aperturista se consagran reducciones adicionales de las tasas del ISLR, del 65,7 al 34%. Tal el caso de las "asociaciones estratégicas" para la explotación de crudos extrapesados, para la reactivación de campos "marginales" y el proyecto Cristóbal Colón en particular, en el cual se adquirió además el compromiso de que en tal rebaja no habría vuelta atrás, ya que de suceder algún imprevisto legislativo en esta materia, Lagoven indemnizaría a sus socios.

En perspectiva, ya se conocen las solicitudes, hechas por Pdvsa al Ministerio de Energía y Minas[10] de reducción del ya mencionado factor fiscal aplicable a la regalía que se genere en las áreas nuevas, para llevarlo hasta niveles de 0,76 -en el caso de los lotes orientales- en consideración de lo remoto de las áreas concedidas, y una fórmula de ajuste del mismo impuesto de explotación en los desarrollos de baja rentabilidad. En cuanto a la primera de estas solicitudes, debemos remitir a los lectores a la revisión de los sitios donde se encuentran los lotes que se entregarán a las compañías extranjeras, para que verifiquen que los mismos -y en particular los orientales- se encuentran muy cerca, cuando no encima, de áreas petroleras tradicionales y de sus medios de transporte. Sobre esta materia, y a manera de ratificación de lo dicho, es pertinente trascribir la descripción de los lotes "La Ceiba" y "Guanare", publicadas al día siguiente de sus respectivas licitaciones y que revelan que las nuevas concesionarias no necesitarán -como las de hace 70 años- contratar baquianos lugareños para llegar al sitio:

"La Ceiba, con 1.742 kilómetros cuadrados ... Reveló ser una de las áreas de mayor interés por poseer una infraestructura de comunicaciones, dos aeropuertos y el puerto de La Ceiba a 80 kilómetros. Cuenta con instalaciones petroleras adyacentes de los campos Tomoporo, Barúa y Motatán y tres estaciones de flujo en un sistema de transporte con capacidad de 115.000 barriles diarios hasta Bachaquero." (El Nacional, 23-01-1996, D-5)

"En materia de vialidad, el área [Guanare] se incorpora a la red vial nacional a través de autopistas y carreteras principales. Una vía férrea ...aeropuertos comerciales en Acarigua, Guanare, Barquisimeto y Valencia... proximidad de servicios telefónicos en toda (a región ... servicios bancarios, comerciales, hospitales, hoteles e instituciones educativas de nivel superior y técnico ... cuenta con infraestructura petrolera adyacente. Por el extremo oriental con el Oleoducto La Victoria (Apure)-El Palito (Carabobo), con capacidad de transporte de 190.000 barriles diarios. Ochenta kilómetros al norte pasa el gasducto Nurgas, con capacidad de transporte de 1.000 millones de pies cúbicos diarios; y 180 kilómetros al noreste, se halla el terminal de embar- que y al Refinería El Palito, cuya capacidad de procesamiento es de 110.000 barriles diarios. En dirección suroeste se encuentran los campos de Barinas-Apure, con infraestructura para manejar su producción actual que es de 140.000 barriles diarios de crudos livianos y medianos." (El Nacional, 24-01-1996)

Por lo demás, ni aunque se encontraran en el corazón del Amazonas incurrirían en costos de transporte que justificaran una reducción de la regalía en un 24%. Lo más grave de esta propuesta está en el hecho de que de sus resultados nos enteraremos en unos cuantos años, pues como se trata de un convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y Pdvsa, los mismos pueden ser mantenidos, por razones de confidencialidad, lejos del escrutinio público.

Respecto a la segunda de estas propuestas estimulantes de la inversión extranjera, consideramos que hablar de desarrollos de baja rentabilidad es prácticamente tentar al demonio, porque si alguna habilidad demostraron las concesionarias extranjeras durante siete décadas en Venezuela, fue esa de hacer aparecer como ínfimas sus descomunales ganancias. (Ya citamos el botón de muestra de 1974, cuando el supuesto reparto del ingreso neto de 955 a favor del Estado escondía colosales ingresos de las concesionarias.) Esta fórmula, como todo el esquema de ganancias compartidas, peca precisamente de un aparente desconocimiento de la historia petrolera venezolana. Pero no podemos asumir esa hipótesis benévola. Consideramos que se trata de un descarado entreguismo, pues ya se sabe que se contrató a una empresa extranjera para que formulara una propuesta que recogiera los más modernos instrumentos contractuales, vale decir, los términos más atractivos para el inversionista extranjero. Y es que es en este punto donde se encuentra la mayor evidencia de la inconveniencia del referido esquema: desmontado completamente, como ha sido, el sistema de control y participación fiscal que se estableció trabajosamente en el país a partir de 1920, volveremos a la época en que las concesionarias se despachaban a placer.

Ese desmontaje, que se inició también tempranamente, con el planteamiento de permanentes conflictos de competencia entre Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tuvo su momento culminante en la gestión de Humberto Calderón Bertí, quien provocó la salida de ese Ministerio de más de 300 funcionarios profesionales y técnicos -liquidando de hecho la capacidad fiscalizadora del MEM- y transfirió a Pdvsa muchas funciones, con la justificación a posteriori de que él aspiraba, como en efecto hizo, pasar de Ministro a Presidente de Pdvsa.

Pero todavía hoy, el escaso y acosado personal técnico que queda en ese Ministerio se resiste a aceptar su frustrante destino. Así lo testimonia uno de sus dirigentes, quien se refiere a las condiciones de los Convenios de Asociación presentadas por el Ejecutivo al Congreso en diciembre de 1994 en los siguientes términos:

"Este documento fue elaborado por Pdvsa y, avalado por el MEM (sic). Es inadmisible que siendo el MEM el organismo encargado de la fijación de políticas, fiscalización, control y conservación de la industria petrolera, no haya participado activamente en su formulación: ni sus profesionales, técnicos y directivos medios tuvieron acceso a esa discusiones. De hecho esta nueva política post-nacionalización fue formulada por la industria, una vez más se margina a los funcionarios del MEM en la elaboración de decisiones fundamentales para el país." (Rodríguez Muller, 1995) [11]

La evidencia de que la capacidad fiscalizadora del MEM ha desaparecido -o es eludida, como acabamos de leer- se encuentra en las propias estadísticas oficiales, según las cuales, a partir de 1990 se ha producido una explosión de costos que va mucho más allá de los incrementos naturales derivados de la declinación de los yacimientos y que ha determinado que, por ejemplo, en el año que acaba de transcurrir se alcanzaron las cifras máximas de producción y mínimas de participación fiscal en los últimos veinte años.

Finalmente ello ha sido admitido pública y oficialmente, cuando se hace circular una propuesta del Seniat en el sentido de que la Asamblea de Pdvsa sea presidida por el Ministro de Hacienda por la incapacidad del MEM para cumplir con sus responsabilidades en esta materia:

"El planteamiento ... persigue fortalecer los controles del fisco sobre la industria petrolera, aspecto que ha estado en la discusión pública durante los últimos años, especialmente después de que el aporte fiscal interanual de Pdvsa comenzara a caer dramáticamente.

'El propio ejecutivo planteó en ocasiones su incapacidad para establecer controles estrictos sobre las finanzas de Pdvsa, que durante años ejecutó sus planes de manera completamente autónoma.

'En la actualidad la asamblea de la casa matriz es presidida por el Ministro de Energía y Minas. Desde ese organismo, precisamente, surgen observaciones en tomo a la incapacidad técnica del despacho para supervisar eficientemente las finanzas de la industria." (El Nacional, 15-01-1996, E-12)

Entonces, si esta ancestral técnica ha venido siendo aplicada impunemente al fisco por la gerencia de Pdvsa ¿qué se puede esperar de sus maestros en la materia?

Colocados ya en la fase final de la licitación de los diez lotes ¿cuál empresa va a ofrecer el mayor nivel de participación del Estado en las ganancias? Con seguridad, todas las concurrentes lo harán en los lotes de mayor prospectividad. Llegarán al máximo y ofrecerán las bonificaciones adicionales previstas, porque es muy fácil ofrecer el 120% de una base imponible que perfectamente puede ser minimizada hasta llegar a niveles negativos.

Por todas las razones anteriores, varios analistas hemos denunciado que con la negociación de las diez áreas nuevas se trata de entregar lo mejor de lo que nos queda en crudos livianos y medianos, en condiciones inaceptables: vender el lomito, no ya a precios de lagarto, sino de huesos para la sopa. Pues bien, en la medida que nos acercábamos al 22 de enero, se comenzaron a producir las confirmaciones de que ello sería así:

"La calidad de las áreas nuevas de crudos livianos, medianos y condensados bajo el esquema de ganancias compartidas hace prever que será muy competida la licitación para las empresas participantes, según el Presidente del Grupo Veba AG, Ulrich Hartmann." (El Nacional, 14-01-1996, E-4)

Y al momento de reescribir estas líneas -25 de enero- ya han sido licitados seis lotes, en cuatro de los cuales las licitantes ofrecieron el PEG máximo de 50% y en tres de estos, bonos extras. En el quinto de esos bloques (Golfo de Paria Este) se presentó un sólo consorcio licitante, el cual ofreció un PEG del 29% y en el sexto (El Sombrero) la licitación fue declarada desierta.

Los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máximas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años. Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros, tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los catorce contratos de asistencia técnica suscritos en 1975. En nuestra opinión -dejando de lado fundadas reservas sobre la inevitabilidad de esa negociación- en estas ofertas al capital extranjero los representantes oficiales de Venezuela no tenían que colocarse contra la pared, como lo hicieron. Las condiciones mismas de las áreas que se licitan justifican, por el contrario, la exigencia de una justa compensación por los trabajos que ya han sido realizados en ellas y que han permitido su delimitación y el establecimiento de sus posibilidades productivas. Esto lo revela el propio documento que se sometió a discusión, al mencionar la cuantía de los recursos que se espera localizar en cada bloque y lo confirman luego los materiales que se entregaron a las empresas licitantes, contentivos de auspiciosos registros sísmicos y columnas estratigráficas. Tales fueron sólo los indicios y muestras para orientar el proceso, puesto que a los ganadores de las licitaciones se les hará entrega de paquetes detallados con los resultados de esos muchos años de actividad exploratoria.

Para constataciones de última hora, volvamos a la información ya citada sobre los lotes La Ceiba y Guanare, al día siguiente de sus respectivas licitaciones:

"Menegrande y Maraven grabaron en La Ceiba, con expectativas de reservas por 791 millones de barriles, 1.061 kilómetros de líneas sísmicas 2D (bidimensional)." (El Nacional, 23-01-1996)

Obsérvese que la información disponible sobre el lote comienza a producirse hace más de veinte años, pues se cita a la concesionaria Mene Grande como realizadora de una parte del programa exploratorio. Lo peor de esta referencia periodística es lo que no dice. Resulta que el "Comunicado de Prensa" emitido con los sellos MEM-PDVSA-CVP dice además lo siguiente:

"El área ha tenido cierta actividad exploratoria en los últimos 50 años. 1000 km de sísmica 2D han sido grabados y se han perforado 10 pozos. El más reciente, La Ceiba-1X perforado en 1992, probó hidrocarburos en las arenas del Eoceno de la Formación Misoa." [12]

Esas cuatro líneas confirman irrefutablemente el aserto intuitivo y apenas certificado nebulosamente por referencias verbales de funcionarios de los niveles operativos, de que las licitadas no eran áreas de "riesgo", tal como se le hizo tragar al desprevenido Congreso Nacional, para que diera su beneplácito. Algo semejante ocurrió con la información aparecida en El Universal sobre el lote de Guanare: "olvidaron" que el Comunicado de Prensa hablaba, además de "sísmica 2D", de un pozo exploratorio perforado en 1965.

¿Y qué diremos del área de Guarapiche? En ella se encuentra ubicado Guanoco, con el lago de asfalto más grande del mundo, en donde se perforó y probó, en 1913, el primer pozo petrolero venezolano, el Bababuy N° 1, y en cuyos límites dos de las empresas del consorcio licitante triunfador, British Petróleum y Maxus operan los "campos marginales" de Pedernales y Quiriquire con reservas superiores a 1.000 millones de barriles de crudos medianos y livianos.

"El consorcio British Petroleum, Amoco y Maxus ganó ayer el área Guarapiche (Lagoven) considerada la más promisoria del programa de licitación petrolera al ofertar un bono especial de 109 millones de dólares. ... el área ganada puede ser, geológicamente, una proyección de El Furrial, el último campo gigante detectado en Venezuela y del cual se encuentra bastante próximo".(Economía Hoy, 25-01-1996, 1)

"A esta área de Guarapiche los expertos de Pdvsa les estiman 'conservadoramente' no menos de 1.000 millones de barriles." (El Universal, 25-01-1996, 2-11)

Ahora bien, si Venezuela no está en guerra, si su industria petrolera tiene un potencial excedentario que la lleva a violar flagrantemente las cuotas admitidas dentro de la OPEP, si alrededor y dentro de ellos existe una infraestructura petrolera y una base de recursos humanos no despreciable, si se tienen recursos para mantener inversiones gigantescas en negocios en el exterior con rentabilidad marginal y negativa, ¿por qué fue aceptado un instrumento que desmejora los términos en que se negociaba el petróleo venezolano en 1920? Intentaremos dar respuesta a esa interrogante en lo que sigue.

La apertura es apenas el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace veinte años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. En los últimos eventos de esa política -prólogos de la privatización que anuncia formalmente Giusti- hubo todo un proceso previo de preparación y ensayo general. En cada escaramuza por la internacionalización, la orimulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos extrapesados y los campos marginales, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación fiscal. Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y financiera de Pdvsa y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente planteados por su Presidente: expansión del negocio y "estímulo" a la participación del capital extranjero. De esta manera es que llegamos "preparados" para negociar con nuestros antiguos y nuevos socios: con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente nuevo y aceitado, "traje a la medida de las transnacionales", según el titular de Reporte Petrolero. (Apertura Petrolera..., 1995)

Un evento destacado de esta preparación es el denunciado por Luis Vallenilla en su obra ya citada: de como Lagoven interpuso, el 26 de noviembre de 1990, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar derogaciones de los artículos 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la industria del Gas Natural y 3° de la Ley de Hidrocarburos. Solicitud que se hace supuestamente- para evitar la prohibición de licuar el gas libre y poder promover el Proyecto Cristóbal Colón. Los entretelones de esta diligencia judicial, por sí solos, constituyen uno de los capítulos más oscuros en la historia de una Corte que no destaca precisamente por su verticalidad frente a los poderosos, sobre todo, si éstos son petroleros. En esa oportunidad, la Corte no sólo dictaminó las derogatorias pedidas, sino que se extralimitó, otorgando más de lo que se le pedía y lo que no se le pedía, incurriendo en las causales de nulidad que los juristas denominan ultrapetita y extrapetita.

Analizando todas las "ventajas" adquiridas por Lagoven con estas derogatorias, Luis Vallenilla explica que

"En efecto, de haberse aplicado el artículo 3°, el Proyecto Cristóbal Colón habría tenido que someterse a un plazo más corto y a la jurisdicción de los tribunales venezolanos y no a un arbitraje, práctica que rompiendo una tradición de 90 años (desde el decreto de Cipriano Castro de 1904), viene utilizándose recientemente. Por otra parte los contratos operativos, que son calificados "de servicio" en documentación de Pdvsa, posiblemente tendrían que haber sido aprobados por el Congreso Nacional y haberse sometido a las disposiciones del artículo 3° aplicables, lo que hubiera permitido que sus condiciones económicas hubiesen sido mejor conocidas. Por ejemplo, en lo que respecta a la remuneración a los contratistas, que se calcula en fórmulas complicadas que aparecen en los apéndices de los contratos y no son conocidas por nadie, o casi nadie, fuera del alto nivel de Pdvsa; y ni siquiera, posiblemente, por los directores externos de la Corporación.

'Finalmente, lo más importante de todo: de estar vigentes las normas del artículo 3° de la Ley de Hidrocarburos aplicables, no hubiera sido posible presentar a la consideración del Congreso Nacional los Convenios para crudos livianos y medianos en la forma como han sido concebidos." (Vallenilla, 1995, 42-43)

Es así, pues, como Pdvsa ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y lo que el común de la gente piensa que es: la empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados.

Tal como queda demostrado al inicio de este trabajo, la realidad fundamental que pretenden eludir nuestros gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a Pdvsa, [13] sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria. Pdvsa no es una empresa que deba buscar cobijo en Fedecamaras o en VenAmCham, es una empresa estatal. Parecería una verdad de perogrullo, pero éste es uno de los problemas más delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera. Las prioridades de los gerentes de Pdvsa se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tiene secretos y con cuyo concurso planifica estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recela de los poderes públicos, esconde información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales. En efecto, durante todos los años de existencia de Pdvsa, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.

La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios, no importa violar los topes asumidos en el seno de la Opep -en realidad, es lo que menos importa. [14] No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.

Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde, ha comenzado a institucionalizarse el ¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit (Quirós Corradi, 1995). A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de Pdvsa. En El Poder Petrolero... (Mendoza Pottellá, 19956) analizamos varios de esos negocios ruinosos para el país, -megaproyectos de la Faja, Orimulsión, internacionalización- que se han convertido en fuente del déficit fiscal y de los problemas de flujo de caja de la industria. Aquí volveremos brevemente sobre uno de ellos por su carácter paradigmático: la internacionalización.

Hoy ya no se trata simplemente y tal como denunciáramos en el V Congreso Venezolano del Petróleo, (Mendoza Pottellá, 1994; ver también Mendoza Pottellá, 1995a) de pírricas ganancias de decenas de millones de dólares frente a ventas y activos de decenas de millardos, sino, peor aún, de que esas supuestas ganancias constituyen apenas la púdica cobertura de los colosales descuentos de tres, cuatro y hasta siete dólares el barril, con los cuales se entrega el petróleo a "nuestras filiales en el exterior". Esto le consta ya a muchos funcionarios del MEM y de otros despachos oficiales que han tenido que ver con las cuentas de esas operaciones, pero que aún no se sienten con las fuerzas suficientes como para enfrentarse al poder petrolero. Como ha señalado Iván Pulido Mora: "...Pdvsa ha modificado la forma de presentación de sus estadísticas, para que el país no sepa cuánto es lo que la industria gasta en divisas en el exterior. Utilizan el concepto de ingresos netos de divisas, como resultado de restarle al ingreso por exportaciones petroleras, los gastos de Pdvsa en el exterior. Eso lo hacen porque sencillamente no le rinden cuentas a nadie." (El Nacional, 17-09-1995, D-1)

No vamos a repetir los cuadros y gráficos que incluimos en los trabajos referidos, pero sí debemos insistir que esta es una situación que clama a la responsabilidad nacional. Que no es posible admitir la callada por respuesta.[15]

La ceguera de nuestros políticos sólo nos permite desgarrarnos en estás páginas con la esperanza de que algún día esta denuncia pueda ser reivindicada. Pero entonces será tarde y las pérdidas de la Nación habrán sido irremediables.

"...la inercia de la internacionalización a ciegas ha conducido al contrasentido ya indicado: a la sobre expansión en refinación y mercadeo externo, con cero creación de empleo en el país y márgenes de utilidad estrechos, nulos o negativos. Al mismo tiempo se descuidó la debida atención a la búsqueda de los crudos livianos y medianos remanentes en el país, los más valiosos en rendimiento económico, cuya explotación Pdvsa pretende ahora entregar a las transnacionales, con pérdida apreciable de beneficios para el país." (Mieres, 1995)

Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veinte años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera" tantas veces mencionada aquí- como axioma incontrovertible. Y uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos líderes de AD y Copei para sacar al petróleo del debate político.

De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella. En nombre de la meritocracia se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del más rancio régimen feudal. Como afirmamos en el trabajo ya citado, la verdad petrolera tiene potencialidades de inundación amazónica y capacidad de penetración de vaso capilar. Ella está plenamente instalada en la mente de todos los directivos de medios de comunicación[16] y en la de la mayoría de los dirigentes políticos del país, aún en los más radicales y contestatarios.

En general, ese nuevo paradigma, que pretende encontrar soluciones teóricas universales, dentro del marco de la globalización que se nos quiere imponer, desprecia olímpicamente todo lo que sea un matiz nacional que interfiera con la eficiente aplicación de sus desempolvados dogmas. Venezuela, como los demás países exportadores netos de petróleo, es una sociedad esencialmente anómala. Esa anomalía la aporta la disposición de una fuente generadora de ingresos sin contrapartida en el empleo de sus fuerzas productivas, de una renta, cuyos efectos se conocen en el país desde hace más de setenta años. Pero eso no necesitan estudiarlo nuestros modernos economistas: les parece preferible ir, desarmados del conocimiento de su propia realidad, a las fuentes del conocimiento económico puro. Mientras tanto, la política económica que más interesa al país, la relativa a la disposición y destino de los recursos generados por el petróleo, se los dejamos a los que siempre han sabido sobre la materia, a esos míticos "expertos petroleros" que sólo son el mascarón de proa del club -gang, mafia, cartel o como quiera llamarse a esa agrupación irregular de aprovechadores privados del patrimonio público. La industria petrolera, atrincherada tras su condición de compañía anónima que maneja asuntos de alta complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a la cúpula gerencial y a sus asesores externos, debido al premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituido, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay Recadi, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres dé enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de Pdvsa.

Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza critica y miseria extrema. Es así, también, como en 1994, un negocio que movilizó 22 mil millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en veinte años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4,98 mil millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas. (Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.)

La responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente (aunque parcialmente puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares) alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus universidades, que las ha llevado a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia.

"La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en Pdvsa actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo." (Mieres, 1995)

La crisis nacional exige a los poderes públicos y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que sería duramente combatida.

El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años. La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: la primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.

En el plano técnico-operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.

La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en tomo a las propuestas concretas. Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, Fedecámaras, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas.

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Notas:

[1] El tema de la "verdad petrolera" es desarrollado con más detalles en Mendoza Pottellá, 1995b.

[2] Una historia bastante conocida hace unos años por cualquier estudiante de Economía, pero que hoy, por la voluntaria omisión de las Escuelas y Facultades de Economía de las Universidades Nacionales, se ha incorporado al baúl de las cosas olvidadas por pasadas de moda. Aunque sea inusitado en un trabajo de esta naturaleza, nos referimos especialmente a la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, porque es la de nuestra adscripción.

[3]. El Dr. D. F. Maza Zavala, comentando el libro de Parra Luzardo sostiene, pertinentemente, que "el artículo 5 preanunciaba hace veinte años, la llamada apertura petrolera, ahora de actualidad." (Maza Zavala, 1996)

[4]. Esa ha sido siempre característica fundamental del comportamiento político del capital petrolero: planificación sobre una base global y a muy largo plazo, mucho más allá de las narices de los políticos de los países donde le toca moverse.

[5]. El profesor Mejía realiza una estimación tomando como base, no los precios de realización declarados a los fines del ISLR, sino los precios de liquidación de la regalía y los resultados son terroríficos. Como puede observarse en su cuadro IV-10, el porcentaje de utilidades netas de la industria petrolera respecto al valor neto de sus activos fijos, tiene como nivel mínimo el 26, 93 por ciento