La abortada escalada sediciosa alentada y financiada desde fuera y dentro de nuestros confines, esta vez pegando de las mangas a contingentes de las Autodefensas Unidas Colombianas, viene a reiterar el empecinamiento del atajo irredento amasijado en la Coordinadora Democrática (sic) por seguirse jugando a salidas de fuerza. Perdida la capacidad de asombro frente a las maquinaciones urdidas en pos de ese empeño vale la pena detenerse en algunas referencias acerca de las entidades paramilitares cuya presencia en Venezuela la alcahuetería de los medios insiste en presentar como un montaje.

La guerra civil en Colombia es el conflicto más antiguo de América. Tras el asesinato de Gaitán y durante el período que transcurre del 48 al 58 el balance trágico alcanzó a casi trescientos mil muertos, dos millones de desplazados con el consecuencial cambio de propiedad de la tierra y, por ende, acentuación de la desigualdad económica. Durante ese lapso surge un movimiento izquierdista rural por la defensa de los derechos de los campesinos oprimidos que se constituyó en el germen de las futuras FARC-EP que además de las reivindicaciones campesinas constituyó una respuesta a las permanentes arremetidas cada vez más violentas de los escuadrones de la muerte conservadores y los grupos militares chulavitas.

El paramilitarismo en América Latina ha sido política de algunos estados alentado y financiado por EEUU, vía doctrina de seguridad nacional, cuyo norte se convirtió en la liquidación de organizaciones populares, sindicatos, partidos políticos, movimientos religiosos, cooperativistas y toda forma de disidencia frente a un status quo visto por el imperio con simpatía o en condición de alianza. Su eficacia como herramienta fue sometida a prueba en el sostenimiento de regímenes criminales y antidemocráticos en Centro y Suramérica. Con Kennedy en la presidencia, Estados Unidos lanza la plataforma bautizada como Alianza para el Progreso pretendiendo fomentar el desarrollo económico y social en A. L. mientras, en paralelo, se desplegaba pleno apoyo a ejércitos y policías para el combate contra "la amenaza comunista" en el hemisferio haciendo parte de la doctrina de contrainsurgencia la organización de grupos civiles armados. Estos, con el correr de los tiempos, no harán distinciones entre grupos armados revolucionarios y partidos políticos y activistas de izquierda democráticos, sindicalistas entre otros, para más adelante hacer extensivo el aniquilamiento indiscriminado a la población civil bajo cualquier manto de sospecha como parte de sus usos cotidianos. En Colombia tuvo su punto de partida con el lanzamiento del Plan Lazo por parte de las Fuerzas Armadas en 1962. Bajo la consigna de "Corazones y mentes" una de sus vertientes-fachadas consistía en la construcción de obras públicas y el desarrollo de programas para superar el cúmulo de precariedades sociales que abonaban la insurgencia armada. Simultáneamente se alimentaba la estrategia de captación e incorporación de civiles o autodefensas para la cooperación directa con las tropas. Ya en el manual de operaciones contra las fuerzas irregulares del ejército estadounidense se desarrollaba la idea de emplear civiles en labores de contrainsurgencia. Este material, traducido y publicado por el ejército de Colombia en ese año junto a "La guerra moderna" de Roger Trunquier son fuente de inspiración para la creación y estructuración de fuerzas paramilitares.

En 1964 el gobierno de G. León Valencia organiza una campaña para enfrentar y acabar con el movimiento guerrillero FARC-EP y en Dic. de 1965 sienta las bases legales para la participación de civiles en operaciones de contrainsurgencia mediante el decreto 3.398 que contempla en su definición de nación ".. la organización y creación de grupos operativos de todos los habitantes del país y sus...". El decreto da soporte legal para el suministro, con carácter temporal, de armas a civiles por parte del MinDefensa. En 1968, durante la gestión de C. Lleras Restrepo, la Ley 48 convirtió el decreto en legislación permanente ampliando las facultades del Ministerio de la Defensa para la creación de patrullas civiles a las cuales se les podía suministrar armas de uso privativo de los componentes militares. Aunque en principio no se crean muchas de estas patrullas, la fundamentación legal para el uso de civiles en operaciones de contrainsurgencia dio pie para el desarrollo y posterior extensión de grupos paramilitares.

En mayo de 1989, a instancias del presidente Virgilio Barco, la CSJ declara la inconstitucionalidad de los artículos de ia mencionada ley que facultaban al ejército para captar, reclutar, organizar y entrenar a civiles para enrolarlos en labores militares. Barco había señalado, como antesala a la sentencia de la corte, que los grupos paramilitares eran organizaciones terroristas cuyas víctimas, en su "mayor parte... no son guerrilleros... son hombres, mujeres y niños no alzados en armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos...". Para el momento de la decisión demasiada agua había corrido bajo el puente y los grupos armados eran estructuras consolidadas y extendidas que ejercían control absoluto de vastas zonas del país. La progresión en el crecimiento de autodefensas ilegales como eufemísticamente les denominó el Ministerio de la Defensa, se mantuvo constante desde 1986 hasta la elección de la Asamblea Constituyente (1990), lo cual le permitió ampliar su expansión en zonas geopolíticamente estratégicas. Y con la expansión de la industria ilegal de la droga, que tiene lugar a principios de esa década, los paras habrían ensanchado y diversificado sus fuentes de financiamiento y ramificaciones.

Al influjo del narcotráfico se desarrollaron las organizaciones Muerte a Secuestradores (MAS) estrechamente vinculados con los dispositivos policiales y el ejército así como con los grupos civiles contrainsurgentes equipados y entrenados por la XIV Brigada del Ejército en el Magdaleno Medio. Integrado por personal reclutado entre potentados terratenientes y hacendados para enfrentar la guerrilla pronto estuvieron bajo la égida del cartel de Medellín convirtiéndose en canteras del sicariato al cual se le atribuyen innumerables desapariciones forzadas y la eliminación física, con predilección de altos funcionarios públicos o candidatos a ocupar esos cargos, incluyendo candidatos a la presidencia de la República. (Uno de los más notorios ocurrió en la persona del virtual vencedor en los comicios de 1990 Carlos Galán).

Durante la gestión Samper, otra ley promulgada en 1994 apuntalará la creación de agrupaciones paras bajo la modalidad de cooperativas de vigilancia y seguridad privada (Convivir), que tuvieron al actual primer mandatario Uribe Vélez como uno de sus principales artífices. Con ellas se dio aliento al surgimiento de otras agrupaciones de similar cuño constituidas por bananeros de Córdoba y Urabá. Capítulo aparte merece, en el contexto del narcotráfico, la organización de escuadrones de la muerte entre los cuales los más violentos que operaban en los departamentos de Antioquia y Córdoba fueron orquestados por Fidel Castaño, hermano mayor de, hasta su reciente y extraña desaparición, Carlos Castaño máxima figura que le sucedió en este rol tras la muerte de aquél a principios de 1994. El mayor de los Castaño fue el artífice en la conformación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba (ACU ) embrión de las futuras Autodefensas Unidas de Colombia, que en abril de1997 se constituyen como confederación armada con Carlos a la cabeza no reconociéndose como grupo paramilitar sino como ejército ilegal paraestatal. (Véase "Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos", de M. Aranguren. Bogotá 2001 e Informe sobre América Latina N° 5, International Crisis Group).

La historia de esa triangulación entre escuadrones de la muerte, sicariato y paramilitarismo es una historia plagada de horror y muerte. Con la lucha antiguerriliera como estandarte, tanto el ejército como el paramilitarismo han tenido como blanco a la población civil, arrastrada a una guerra, aun cuando buena parte de ella no tome partido y sin exclusión de niñas, niños y adolescentes. En el caso de este segmento de la población, aparte de ser sometidos a las vicisitudes de los adultos, también son víctimas de violencia y abuso sexual y violaciones. Cabe citar que durante el año 2002 la cifra de niños y niñas víctimas de la violencia armada ascendió a cuatro mil cuarenta y siete. Se estima que tres millones de niños entre los once y los diecisiete años no asisten a la escuela, entre otras razones por que muchos de esos locales son utilizados como bases militares y centros de reclutamiento. De los millones de desplazados entre el cuarenta y ocho y el cincuenta y cinco por ciento son menores de 18 años. (Watchlist on children and armed conflict. Feb. 2004). Bajo cualquier remota sospecha de simpatizar con la guerrilla los civiles quedan sometidos a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde regiones campesinas hasta las regiones de las costas del Atlántico y del Pacífico. En esta última zona, poblada de familias afrocolombianas e indígenas que con la promulgación del texto constitucional del 91 legalizan la propiedad colectiva de las tierras, los paramilitares han asesinado a miles de líderes sociales y desplazado a más de dos millones de personas de los cuales la mitad pertenece a la comunidad negra. Un sobreviviente de una las masacres perpetradas en su presencia da cuenta de la saña con la cual actúan las AUC con el apoyo del ejército y la policía. Relata que le buscaron para obligarlo a presenciar la ejecución de sus familiares mediante el uso de uno de los instrumentos favoritos de estos grupos, la motosierra, con la cual rebanan piezas humanas. En esta región, como en muchas zonas en las cuales ellos actúan en connivencia con la policía y el ejército, este último, so pretexto de labores de rastreo de fuerzas guerrilleras ahijados por los pobladores, al no obtener confesiones a la fuerza amenazan con dar paso a la presencia de los paras que, efectivamente, tras un lapso prudencial ingresan masacrando a la comunidad.

Otro de los modus operandi, de acuerdo con el mismo testimonio, consistía en convocar a los pobladores de comarca en comarca a reuniones estilo asamblea en medio de las cuales se les obligaba a tenderse en el piso. A quienes intentaban huir les disparaban y a los capturados vivos, antes de ejecutarlos, les obligaban a presenciar como decapitaban y descuartizaban vivos a punta de hachazos a quienes yacían en el pavimento. Las cabezas de algunas de las víctimas servían como balones de fútbol a los equipos paras que en medio de la carnicería se improvisaban. Incluso se permitían el lujo de anticipar las masacres a través dé volantes o grafittis dándole estricto cumplimiento de acuerdo con lo anunciado. Materializadas las amenazas, cabía esperar el éxodo de los pobladores de veredas vecinas y favorecidas en el próximo listado y la posterior ocupación de esos espacios por parte de la canalla invasora.

Debido a tal cúmulo de aberraciones irradiadas a lo largo y ancho de la geografía colombiana, este país se ha convertido en el mayor signatario de convenios, pactos y acuerdos relacionados con los derechos humanos. Queda claro que el paramilitarismo es algo más que cachitos y uniformes limpios, o en todo caso se trataría de cachitos remojados en sangre y rellenos de visceras de venezolanos. Pretender que porque el hallazgo y detención de los inquilinos de la hacienda Daktari se prudujese de manera incruenta, y bajo las condiciones que se produjo, borra las intenciones y la eventual puesta en práctica de sus conocidos métodos es hacerse deliberadamente los pendejos frente al inmenso riesgo que significa sembrar en Venezuela la cultura del paramilitarismo y sus parientes: el sicariato y los escuadrones de la muerte de tan infausto recuerdo en el cono sur y algunos países centroamericanos o muestra de claros signos de complicidad.

Nuestra cultura política ha sido ajena a esa fatídica triangulación. Pretender inaugurarla ahora, transplantarla colocándonos al borde de una guerra civil o importarla propiciando la actuación a sus anchas de paras vecinos es por lo menos suicida. Pero cuando se pierden los escrúpulos al ritmo de la fanatización exacerbada no hay razón que prive por encima de la mezquindad, la ruindad y las bajas pasiones que prevalecen en esa abigarrada maledicencia que llaman Coordinadora Democrática. Por eso me suenan tan ilusos y a ratos ridículos los emplazamientos del vicepresidente y otros voceros oficiales dirigidos al oposicionismo patológico a que se deslinden de aquellos radicales que insisten en repetir las experiencias acumuladas a lo largo del año 2002 y principios del 2003 y que, ante el fracaso de la salida de Chávez, vía referéndum, ya tienen cocinados el plan B, el plan C, el plan D... y así hasta agotar el abecedario. La insistencia gubernamental en ese deslinde supone ia asunción de que los capos de la coordinadora son muy distintos entre sí. Eso es gastar pólvora en zamuro, es no entender que los cuadros delirantes en el campo de la clínica de las enfermedades mentales se caracterizan por su condición de irreversibilidad y de cronificación.

El emplazamiento a un pronunciamiento serio de la CD respecto a la presencia de los fantasmas de la hacienda propiedad de Robert Alonso, es del mismo corte inútil que los llamados a definirse públicamente frente a los resultados adversos en los procesos de consulta en marcha. Cuantas veces se les ha preguntado si aceptarían, de acuerdo con las reglas del juego, esos resultados adversos. ¿Cuantos de ellos han asumido responsablemente que los reconocerían? Por supuesto que no los van a reconocer y para su desgracia y para bien de todos el plancito Guarimba II les fue abortado. Esa era una de sus respuestas institucionales y democráticas como casi todo lo que de allí surge. En su seno y desde su periferia, a ratos tácticamente distanciada, se maquina lo imaginable y lo inimaginable. Las patrañas mas torvas y descabelladas incluida esta última joyita de la incursión paramilitar cuyo estreno nos tenían reservado para la noche del nueve de mayo. Día de la Madre. Su madre...

Imprimir Enviar

Volver

Portada