La "nueva" estrategia de
"Seguridad imperial" de los EE.UU.
Implicaciones para la paz, para el derecho internacional público contemporáneo
y para el "Nuevo Orden Panamericano"
Luis Suárez Salazar* / Soberanía.info - 29/03/03

Indice

• INTRODUCCIÓN

• LA SEGURIDAD ABSOLUTA, LAS “GUERRAS PREVENTIVAS” Y LOS COMPONENTES “NO TRADICINALES” DE LA SEGURIDAD NACIONAL ESTADOUNIDENSE

• IMPLICACIONES DE LA “NUEVA” ESTRATEGIA DE “SEGURIDAD IMPERIAL” DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LAPAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES, PARA EL DIPC Y PARA EL NOP

• A MODO DE CONCLUSIONES



INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas páginas es presentar algunas consideraciones preliminares acerca de las implicaciones negativas que tiene y tendrá para la paz y la seguridad internacionales, para el Derecho Internacional Público Contemporáneo (DIPC) y, por tanto, para lo que, desde 1995,[1] he venido denominando “el Nuevo Orden Panamericano” (NOP) la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dada a conocer públicamente por el presidente de ese país, George W. Bush, el 20 de septiembre del año 2002.[2]

Como en otras de mis publicaciones sobre el tema,[3] el empleo del concepto Nuevo Orden Panamericano trata de resaltar el creciente entramado de pactos y acuerdos en diferentes campos de la seguridad (incluida la lucha contra “el terrorismo”, contra “las migraciones incontroladas” y contra el mal llamado “narcotráfico”), de la economía, de la administración de la justicia, de la ideología y la cultura, del funcionamiento de los sistemas políticos, al igual que de la institucionalidad hemisférica que –bajo la égida estadounidense, de espaldas a la opinión pública del continente y unidos a los asimétricos desarrollos reales de las relaciones interamericanas— se han venido firmando, desde 1990 hasta la actualidad, entre los 34 Estados y gobiernos actualmente integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la percepción de los sectores hegemónicos de las clases dominantes de ambos hemisferios de ese continente, tal “orden” debe completarse, al menos, con los nuevos acuerdos en el campo de la seguridad interamericana que se discutirán en la Conferencia Especial sobre Asuntos de Seguridad que se realizará en mayo del 2003 en México, en la Cuarta Cumbre de las Américas (pautada para efectuarse en Argentina en el 2005), así como con el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) cuya entrada en vigor está prevista para el propio año.

A su vez, el empleo en el título de este ensayo del término “seguridad imperial” (en vez de “seguridad nacional”) obedece a las cada vez más documentadas constataciones existentes acerca de cómo ?detrás de las legítimas preocupaciones sobre la seguridad del territorio y de los ciudadanos estadounidenses, acrecentadas a causa de los criminales atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001— se explayan los bicentenarios propósitos de las clases dominantes de esa potencia imperialista de expandir y consolidar su multifacética dominación (o su hegemonía) sobre todas las naciones del mundo; en primer lugar, sobre sus vecinos “desarrollados” (cual es el caso de Canadá) y subdesarrollados del denominado Hemisferio Occidental.[4]

Igualmente, acerca de cómo en los enunciados de “la guerra prolongada e indefinida contra el terrorismo de alcance global” que presuntamente guían la mencionada estrategia, se exteriorizan, otra vez, las intenciones de los sectores retardatarios y neofascistas que hoy controlan el aparato de la política interna, exterior y de seguridad de los Estados Unidos de utilizar la psicosis antiterrorista creada por ellos mismos luego de los ataques al Pentágono y al World Trade Center de Nueva York,5 para ocultar las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que constantemente comete el gobierno y las fuerzas armadas y policiales de los Estados Unidos, al igual que los gobiernos y las fuerzas militares de sus principales aliados en todo el mundo.[6]

Asimismo, para intentar borrar de la memoria histórica de los pueblos las prácticas del terrorismo de Estado usualmente empleadas por esa potencia imperialista y por sus principales “amigos y socios”. También para deslegitimar, neutralizar y agredir a los movimientos culturales, sociales y políticos (incluidos los gobiernos) de diferentes naciones que propugnan ideas y prácticas alternativas al “modo de vida norteamericano”, al igual que a las políticas “neoliberales”, seudo democráticas, “mercadocráticas” y plutocráticas que ?a partir del llamado Consenso de Washington de 1990— ha venido impulsando la Casa Blanca, en consuno con la oligarquía financiera y tecnotrónica triádica (especialmente de aquellos sectores de origen estadounidense) [7] y con la burocracia de los organismos financieros y comerciales internacionales, cuales son los casos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).[8]

Adicionalmente, sin negar los flamantes elementos que se han introducido en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al calor de la “guerra terrorista contra el terrorismo” desatada por la actual administración republicana, [9] el entrecomillado del calificativo “nueva” que aparece en el título de este ensayo persigue subrayar los múltiples
nuestros intereses (...) Dejad a los Trece Estados ligados por una firme e indisoluble unión, tomar parte en la creación de
un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas e influencias trasatlánticas y capaz de dictar los términos de las
relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo”. Cfr. Gregorio Selser: Enciclopedia de las intervenciones
extranjeras en América Latina, Monimbó e.V, RFA, 1992, p.33.
5 John Saxe —Fernández y Gian Carlos Delgado —Ramos: Globalización del Terror y amenaza bioterrorista, Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, La Habana, 2002.
6 Existen diferencias entre las normativas del Derecho Internacional Humanitario o “derecho de la guerra” y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Este último refiere las responsabilidades que tienen los Estados y gobiernos en el
cumplimiento o en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de sus ciudadanos.
También en la promoción de los llamados “derechos humanos colectivos”, como los derechos de la mujer y de la infancia,
de los inmigrantes y sus familias, al igual que el “derecho al desarrollo” y a disfrutar de “un medio ambiente sano” que
tienen todos los pueblos del mundo. Mientras que el Derecho Internacional Humanitario sólo regula las conductas que
deben mantener las partes contendientes (estatales o no estatales) en cualquier conflicto bélico; entre ellas, el absoluto
respeto a la población civil y a la labor de las organizaciones humanitarias y socorro (por ejemplo, la Cruz Roja), el trato
que debe otorgársele a los heridos y prisioneros de guerra, etcétera.
7 Empleo el concepto “oligarquía financiera y tecnótrica” para actualizar los enfoques de Lenin acerca del surgimiento de
la “oligarquía financiera” como uno de los rasgos del capitalismo monopolista. La necesidad de esa actualización surge de
la importancia que tienen los conocimientos científico —técnicos y la “renta tecnológica” en los actuales ejes de
acumulación del capital. El termino “triádico” subraya los múltiples entrelazamiento financieros y tecnológicos existentes
entre las grandes corporaciones estadounidenses, europeas y japonesas.
8 Joseph E. Stiglitz: El malestar en la globalización, Editorial Taurus, Buenos Aires, 2002.
9 Ramón Grosfoguel: “Colonialidad global y terrorismo antiterrorista”, en Nueva Sociedad, No. 177, Caracas, Venezuela,
enero —febrero del 2002, pp. 133 —137.
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“encadenamientos hacia detrás” o “vasos comunicantes” (y, por tanto, el “olor a viejo”) que
tiene la gran política que comentamos con las definiciones de igual carácter que la
antecedieron. Especialmente, con las elaboradas en los años inmediatamente previos y
posteriores a la conclusión de la llamada “segunda guerra fría”.10 Es decir, durante los
veinte años que sucesivamente ocuparon la Casa Banca los mandatarios republicanos
Ronald Reagan (1981-1989), George H. Bush (1989-1993), así como el demócrata William
Clinton (1993-2001).
Como se recordará, bajo el pretexto de la lucha contra “el imperio del mal” (la Unión
Soviética y el “castrocomunismo”), contra “el terrorismo”, “el narcotráfico” y la
“narcoguerrilla”, el primero de ellos proclamó ?además del “fin de la distensión Este-
Oeste”— el presunto derecho de los Estados Unidos a derrocar (roll back) a cualquier
gobierno del mundo que se opusiese a los dictados de la Casa Blanca.11 También “el deber”
de intervenir en los múltiples conflictos regionales que se desarrollaban en la década de
1980 con el propósito expreso de derrotar, a toda costa, a las fuerzas políticas-militares
opositoras a la dominación oligárquico-imperialista. A su vez, Bush (padre) pregonó la
presuntamente inevitable emergencia de un “nuevo orden mundial” bajo la absoluta
hegemonía estadounidense derivado del estrepitoso derrumbe de los falsos y deformes
“socialismos reales europeos”, así como sucedáneo del bihegemonizado sistema
internacional que caracterizó al mundo tripolar de la guerra fría.12
Mientras que ?siguiendo esos pasos y en medio de intenso debate interno— a Clinton le
correspondió la responsabilidad de conducir la reelaboración de las nociones sobre los
“nuevos enemigos” que tendría que enfrentar la “seguridad nacional” de los Estados Unidos
(narcotráfico, terrorismo, migraciones incontroladas, proliferación de armamentos de
destrucción masiva, violación a los derechos humanos y de las “libertades
democráticas”,...) luego de su victoria en las “tres guerras mundiales del siglo XX”.13
Surgió así, en 1994, la llamada Doctrina de la Expansión (Alargment) de las Democracias
de Libre Mercado: sustituta provisional de la Doctrina de Contención al Comunismo que
supuestamente había guiado la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos desde
10 Según algunos autores, “la primera guerra fría” se desarrolló aproximadamente entre 1946 y los acuerdos de control de
armamentos estratégicos firmas entre la URSS y los Estados Unidos en la primera mitad de la década de 1970. A su vez,
“la segunda guerra fría” habría comenzado durante la administración de Ronald Reagan y terminado con los “victoria” de
los Estados Unidos a fines de la década de 1980.
11 Los lectores deben recordar que el primer Informe de Santa Fe (1980) ya se afirmaba que “la contención” y “la
disuasión” habían fracasado y que, por lo tanto, los Estados Unidos tenían que desarrollar una política exterior ofensiva
para recuperar sus posiciones en todo el mundo. Que en aquel entonces esa estrategia ofensiva estuviera orientada contra
la URSS, el ya desaparecido campo socialista, así como contra algunos gobiernos del Tercer Mundo y que ahora se
oriente contra los llamados “Estados fracasados” o “Estados fuera de ley” (como Afganistán e Irak, respectivamente) no
modifica la quintaesencia agresiva de la nueva estrategia de seguridad “nacional” de los Estados Unidos. Sólo la coloca en
un contexto histórico distinto.
12 Usualmente se insiste en que el mundo de la guerra fría tuvo un carácter bipolar. Ese enfoque desconoce que junto a los
llamados Primero y Segundo Mundo, a partir de la década de 1950, se formó “otro polo” integrado por las naciones del
entonces llamado Tercer Mundo que comenzaron a actuar con mucha fuerza en el sistema internacional, especialmente
después de intenso proceso de descolonización que se produjo en la década de 1960. Por ello, siguiendo a otros autores,
prefiero referir el sistema internacional de ese época como “tripolarizado” y “bihegemonizado”.
13 Anthony Lake: "American Power and American Diplomacy". Conferencia pronunciada el 21 de octubre de 1994 en la
Universidad de Harvard, los Estados Unidos (distribuida por la USIS de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en
La Habana).
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la presidencia de Harry Truman (1945-1953), hasta la desintegración de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (1991).14
Fueron tantos los motivos aducidos por los difusores y ejecutores de la política exterior y
de seguridad de la administración Clinton (al igual que por sus antecesores republicanos)
para emprender acciones militares fuera de sus fronteras,15 que el afamado intelectual
estadounidense, Noam Chomsky, oportunamente señaló que lo que realmente estaba detrás
de la “nueva” Doctrina de la Promoción de la Democracia y el Libre Mercado era la añeja
pretensión de los círculos de poder estadounidenses de hacer retroceder todo lo que había
avanzado la humanidad “en un siglo de luchas frecuentemente amargas en pro de la
liberación nacional y social”, al igual que a favor “del derecho de los pueblos a construir su
régimen económico, social y político de manera soberana e independiente”.16
Huelga decir que tales aspiraciones retardatarias y, en algunos casos, revanchistas (como
ocurre en los casos de la República Democrática de Corea, de la República Popular China,
de Irak e Irán, de la Autoridad Nacional Palestina, de Libia, Siria y Cuba) unifican el
discurso y algunas de las “flamantes” prácticas de la administración del presidente George
W. Bush. Esta ?como en otras ocasiones históricas y retomando las tesis de los ahora
redimidos ideólogos de los Documentos de Santa Fe— también pretende garantizar que las
naciones de América Latina y el Caribe sigan siendo “el escudo y la espada de la seguridad
del Nuevo Mundo y de la expansión del poder global de los Estados Unidos”.17 Veamos.
LA SEGURIDAD ABSOLUTA, LAS “GUERRAS PREVENTIVAS” Y LOS
COMPONENTES “NO TRADICIONALES” DE LA SEGURIDAD NACIONAL
ESTADOUNIDENSE.
1. Como está indicado, el 20 de septiembre del año 2002, dándole continuidad a todos sus
discursos y acciones posteriores al 11 de septiembre del año precedente (en particular a su
brutal intervención militar en Afganistán y a sus constantes amenazas de aumentar la
escalada de la guerra iniciada por su padre contra Irak), George W. Bush presentó
públicamente la misión, la visión, los valores, los grandes objetivos, las prioridades y las
estrategias específicas que ?a su decir— deberán guiar las políticas interna, económica,
externa (incluida la llamada “diplomacia pública” o propaganda política exterior), militar y
14 G. Trofimenko: La doctrina militar de EE.UU., Editorial Progreso, Moscú, 1987. Para un enfoque desde los Estados
Unidos puede consultarse Robert J. Libeber: “Comienza nueva era en el pensamiento estratégico de los Estados Unidos”,
en Agenda de la Política Exterior de los Estados Unidos de América, septiembre del 2002.
15 Debe recordarse que, con esos u otros pretextos, la administración de George H. Bush agredió a Panamá (1989),
emprendió su guerra contra Irak (1991) e intervino militarmente en Somalia (1992). A su vez, la administración Clinton –
además de continuar algunas de las acciones emprendidas por su antecesor— empleo fuerzas militares en Bosnia y
Macedonia (1993), en Rwanda y en Haití (1994), en Liberia (1995), en la República Centroafricana y en Zaire (1996), en
Albania, el Congo, Gabón, Sierra Leona y Camboya (1997), en Kenya, Tanzania, Afganistán, Sudan, Liberia y Albania
(1998) y en Yugoslavia (1999 —2000). Los interesados en ampliar en los detalles de cada una de esas acciones militares,
pueden consultar: Richard F. Grimmett: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798 —1999,
Congressional Reaserch Service, Washington, mayo de 1999.
16 Noam Chomsky: "La democracia y los mercados en el nuevo orden mundial", en Temas, no. 4, Nueva Época, La
Habana, octubre —diciembre de 1996.
17 Comité de Santa Fe: “Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la
proyección del poder global de Estados Unidos, mayo de 1980”, en Documentos, no. 9, Centro de Estudios sobre
América, La Habana, 1981.
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de seguridad de su país a lo largo del siglo XXI. El elemento presuntamente unificador de
esa gran política es la llamada “guerra prolongada o indefinida contra el terrorismo de
alcance global”; entendiendo de manera intencionalmente ambigua “el terrorismo” como
“la violencia por motivos políticos contra seres inocentes” (p.5).18
2. Sin embargo, con independencia de su retórica acerca de ese tema, así como acerca de
que los Estados Unidos no utilizará su fuerza militar, ni su influencia económica y política
“para obtener ventajas unilaterales”, sino para edificar junto a las otras potencias “un
equilibrio de fuerzas favorable a la libertad”, a las “relaciones pacíficas con otros países”, a
las “reformas económicas y políticas” y al “respeto por la dignidad humana” (p.1), puede
afirmarse que el concepto esencial que guía la introducción y los ocho acápites de esa
estratagema es la búsqueda de las vías para garantizar la constante expansión y
consolidación del eufemísticamente llamado “liderazgo estadounidense” sobre todo el
mundo,19 incluidas aquellas potencias que integran o que en el futuro previsible integrarán
las denominadas “tríada”, “pentarquía” o “sexarquía” del poder mundial. En la percepción
oficial estadounidense, estas potencias serían (además de los Estados Unidos), la Unión
Europea, Japón, Rusia, la República Popular China y la India. Esta última catalogada como
una de las potenciales “grandes potencias democráticas del siglo XXI” (p.7).
3. Para cumplir sus propósitos de dominación sobre todo el planeta la estrategia que
venimos comentando ?además de hacer explicito los objetivos intervensionistas que
seguirá la Casa Blanca en sus relaciones bilaterales con los gobiernos de cada una de esos
reales o “emergentes” global players— se propone expresamente fortalecer aún más su
poderío militar y las inmensas capacidades policiales, de inteligencia y contrainteligencia
de los Estados Unidos, a niveles tales, que le permitan poner las defensas de ese país “por
encima de cualquier amenaza”; “disuadir la futura competencia militar” de otras potencias
o “estados hostiles”; “derrotar decisivamente a cualquier adversario si fracasa la disuasión”;
al igual que “prevenir las (nuevas) amenazas contra los intereses de los Estados Unidos, sus
aliados y amigos en todo el mundo”. Especialmente, y esto es una ruptura con las
estrategias precedentes, las provenientes de los países que denomina “estados fuera de la
ley”, “estados fracasados” (aquellos a los que “la pobreza”, la fragilidad de sus
instituciones y “la corrupción” han convertido en vulnerables “a las redes de los terroristas
y de los cartels de narcotraficantes”), así como de las “redes oscuras de individuos que
pueden traer gran caos y sufrimientos a nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar
un solo tanque [de guerra]”(p. 1).
18 Todas las referencias a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que aparecen en este texto, así como
las páginas donde ellas pueden encontrarse, están referidas a la traducción al español de esa estrategia mencionada en la
nota número 1. El lector debe reparar que esa definición de terrorismo desdibuja las claras fronteras existentes en el
terrorismo (entendido como ataques deliberados contra la población y objetivos civiles) y las formas de lucha política —
militar de los pueblos sometidos a diferentes formas de dominación nacional y extranjera. Este último derecho de los
pueblos es reconocido por el Derecho Internacional Público Contemporáneo.
19 Los títulos de esos acápites son los siguientes: “Estados Unidos abogará por los anhelos de dignidad humana”; “Estados
Unidos fortalecerá las alianzas para derrotar al terrorismo mundial y actuará para prevenir los ataques contra nosotros y
nuestros amigos”; “Colaborar con otros para desactivar los conflictos regionales”; “Suscitar una nueva era de crecimiento
económico mundial por medio del mercado libre y el comercio libro”; “Expandir el círculo del desarrollo abriendo
sociedades y construyendo la infraestructura de la democracia”; “Desarrollo de programas de acción cooperativa con los
otros centros principales del poder mundial”; y “Transformar las Instituciones de Seguridad Nacional de Norteamérica
para enfrentar los retos y las oportunidades del Siglo XXI”.
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4. No obstante, esa pretensión de garantizar la seguridad absoluta del territorio, de los
ciudadanos, de la infraestructura y de las propiedades estadounidenses (incluso, las
dislocadas en el cosmos) no queda circunscripta al fortalecimiento de las capacidades
defensivas de su país. Ni siquiera al despliegue del cuestionado Sistema de Defensa
Antimisiles, previamente impulsado por la administración de Ronald Reagan bajo el
sugestivo nombre de Iniciativa de Defensa Estratégica o “guerra de las galaxias”. Tampoco
se limita a la preparación de las fuerzas militares estadounidenses para emprender un
contraataque en legítima defensa contra los responsables de cualquier agresión a su
territorio, sino que ?aduciendo “un internacionalismo inconfundiblemente
estadounidense” (p.3) y la presunta legalidad de ofrecer respuestas anticipadas y
preventivas a eventuales “amenazas inminentes” contra su territorio— proclama el deber y
el supuesto derecho de los Estados Unidos a derrocar (roll back), en el momento que
considere oportuno, a los gobiernos que no coincidan con los intereses y valores de su país,
de impedir a toda costa la “proliferación de armas de destrucción masiva” fuera del control
norteamericano o de sus aliados y amigos, así como de iniciar “ataques preventivos” (o sea,
propinar “el primer golpe”) contra “los grupos terroristas” que ?a su decir— actúan o
reciban refugio, ayuda y financiamiento en diferentes países del mundo o contra los
“estados hostiles” a los intereses, instituciones y valores estadounidenses.
5. En lo inmediato, según declaran sin ambages, tales ataques se emprenderán contra los
que definen como “un pequeño grupos de estados al margen de ley que, aunque diferentes
en forma importante (sic), comparten varios atributos”. Esos atributos, en la opinión de los
redactores de la estrategia que venimos comentando, serían: gobiernos o “dictadores” que
“tratan brutalmente a sus pueblos y malgastan sus recursos nacionales en beneficio personal
de sus mandatarios”; que “no muestran respeto por el derecho internacional, amenazan a
sus vecinos y violan sin reparos los tratados internacionales de que forman parte”; que
“están decididos a obtener armas de destrucción masiva, junto a otras tecnologías militares
avanzadas, para usarlas como amenaza u ofensivamente para lograr los propósitos
agresivos de sus regímenes”; que “auspician el terrorismo”; que “rechazan los valores
humanos básicos” y, sobre todo (en mi opinión, éste el quid de la cuestión), que “detestan a
los Estados Unidos y todo lo que representa” (p.9).20
6. Con vistas a neutralizar o aniquilar a “los dictadores” que, en la opinión de la Casa
Blanca, mal gobiernan a esos estados y detestan a los Estados Unidos y todo lo que
representa, a los “terroristas individuales” o a los “grupos terroristas de alcance global” que
operan desde esos u otros países, la estrategia que comentamos se propone ?además de
fortalecer la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y los organismos internos
“encargados del cumplimiento de la Ley” (cual es el caso del FBI)—21 ampliar las
20 He subrayado esa idea, para insistir en que tal como demuestra la práctica, Estados Unidos ha mantenido (y mantiene)
estrechas relaciones diplomáticas y de seguridad con estados y gobiernos en los que están presentan total o parcialmente
los atributos que ahora les otorgan a los llamados “estados fuera de la ley”. Por tanto, lo que diferencia la respuesta frente
a tales estados es su identificación o no con “los Estados Unidos y todo lo que representa”. En la actualidad el caso típico
de ese comportamiento estadounidense es Israel.
21 Funcional a ese propósito es la propuesta del presidente estadounidense de formar, con rango ministerial, un nuevo
Departamento de Seguridad Territorial o Interna (en inglés: Department of Homeland Security) que en la actualidad se
discute en el congreso estadounidense. Según sus propugnadores, este nuevo departamento integrará bajo un solo mando a
cientos de dependencias y agencias gubernamentales estadounidenses vinculadas a la seguridad interna del territorio, las
fronteras marítimas y terrestres, el espacio aéreo y los ciudadanos estadounidenses.
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extraordinarias capacidades de sus fuerzas armadas para simultáneamente “defender el
territorio nacional”, “proteger la infraestructura y los bienes esenciales de Estados Unidos
en el espacio [cósmico]” y “llevar a cabo operaciones rápidas y precisas” de “largo
alcance” con el fin de “eliminar amenazas específicas a los Estados Unidos, sus aliados y
amigos en todo el mundo (p.10)”. También para emprender “intervenciones humanitarias”
en los “estados fracasados”, para intervenir en los llamados “conflictos regionales” o
locales existentes o que se presenten en el futuro previsible, al igual que para “llevar a cabo
operaciones de información” en “teatros de operaciones distantes” (p. 19).
7. Con tales fines la indicada estrategia se propone expresamente ?junto a desarrollar una
nueva generación de “armamentos convencionales”— utilizar todas sus capacidades
económicas, científicas, tecnológicas, políticas, mediáticas y diplomáticas para “ayudar a la
gente de todo el mundo a aprender acerca de los Estados Unidos y comprenderlo” (p. 20),
para “ayudar” a los demás gobiernos que se lo soliciten en sus luchas “contra los
terroristas”, para apoyar a las fuerzas opositoras a los gobiernos que no comulgan con los
inquilinos de la Casa Blanca, para “convencer” o “presionar” a las demás potencias o
estados que se resistan a subordinar sus propios intereses nacionales y de seguridad a los de
los Estados Unidos; para garantizar el funcionamiento y la expansión de sus bases y
estaciones militares en todos los rincones del planeta, así como para obtener “arreglos de
acceso temporal” que le posibiliten “el despliegue de las fuerzas expedicionarias”
estadounidense “a gran distancia”, cuando esto resulte necesario y conveniente (p.19).
8. A pesar de los enfoques del documento acerca de la necesidad de formar “coaliciones
circunstanciales y flexibles” con otros gobiernos, de aprovechar e incrementar las
capacidades de las fuerzas militares implicadas en los acuerdos de seguridad regional ya
existentes (como la Organización del Atlántico Norte o el Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca) e incluso de utilizar a su favor los mecanismos multilaterales de la
ONU (entiéndase: su antidemocrático Consejo de Seguridad), así como de concertar sus
políticas con las restantes potencias mundiales para lograr un cacareado “equilibrio de
poderes que favorezca la libertad”, la Estrategia de Seguridad Nacional que venimos
comentando es precisa en definir al carácter preponderante que en tales alianzas,
coaliciones o acciones multilaterales tiene que tener el establishment estadounidense.
9. En efecto, según señalan los artífices del indicado documento: “En el ejercicio de nuestro
liderazgo, respetaremos los valores, juicios e intereses de nuestros amigos y socios. Pero
estaremos preparados para actuar individualmente cuando lo requieran nuestros intereses y
nuestras responsabilidades particulares” (p.20). O sea, para actuar de manera unilateral cada
vez que así lo indique la ecuación costos-beneficios tan cara para los artífices de la
proyección del poder global de los Estados Unidos.
10. Los peligros que entraña para la paz y la seguridad internacionales los conceptos
político-militares acerca de la “seguridad nacional” estadounidense antes referidos no
requieren comentarios adicionales. Basta recordar las lecciones de historia. Sin embargo, es
necesario acentuar que, siguiendo el legado del trío Reagan—Bush(padre)—Clinton, la
“nueva” estrategia de “seguridad imperial” de los Estados Unidos virtualmente declara
como enemigos de su seguridad a todas aquellas fuerzas sociales y políticas que no acepten
los dictados de la Casa Blanca; en tanto incluye diversos componentes “no tradicionales”
otrora ausentes (o sólo marginalmente referidos) en las doctrinas político-militares
elaboradas previo al fin de la “primera guerra fría”.
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11. Así se expresa cuando la actual administración republicana transforma en objetivos
supremos de la seguridad nacional de su país la promoción del libre comercio, la protección
de la libertad de empresa y de inversión, la eliminación de los subsidios estatales
(entiéndase los que no provienen de los Estados Unidos), así como la ampliación de las
“apertura de los mercados” y la institucionalización de las proteccionistas cláusulas
ambientales y laborales propugnadas por las principales potencias capitalistas en las
negociaciones de la llamada Ronda del Milenio que se están desarrollando en la OMC.
12. Igualmente, cuando proclama como metas de la gran política de seguridad de los
Estados Unidos la expansión de la democracia liberal-burguesa (es decir de las poliarquías
actualmente imperantes en el mundo)22 y la defensa de “los derechos humanos
fundamentales” (o sea, el derecho a la propiedad y algunos de los derechos civiles y
políticos) y, sobre todo, el cumplimiento de las llamadas “reformas económicas de primera
y segunda generación” (los programas de ajuste y reestructuración “neoliberales”)
impulsadas por el FMI y el BM desde comienzos de la década de 1990. Curiosamente y
contra toda evidencia empírica, esas reformas, al igual que las indiscriminadas “aperturas
económicas” que las han acompañado, el “libre comercio” y la inversión proveniente de las
grandes corporaciones privadas son consideradas por los redactores de la estrategia que
comentamos como condición univoca e imprescindible para impulsar el desarrollo, eliminar
la pobreza y combatir las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo)
en todo el mundo.
13. Lo anterior se une a la reiteración del “narcotráfico sin restricciones” (p.7) y de “las
migraciones incontroladas” entre los “nuevos enemigos” de la seguridad nacional
estadounidense. También a los endurecidos controles que se anuncian contra los emigrantes
y sus familias con el propósito de “contener a los terroristas fuera de las fronteras
nacionales de los Estados Unidos”, en las onerosas condiciones de factibilidad (la medición
precisa de los resultados), políticas (el “buen gobierno” y la lucha contra la corrupción),
económicas (la aplicación de los Programas de Ajustes del FMI y el BM) y de seguridad (la
lucha contra el “narcotráfico” y el terrorismo”) que esa potencia establece para transferir su
“ayuda humanitaria” a los “países de menor desarrollo relativo” o para entregar sus
menguados fondos de la mal ayuda “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) a los
eufemísticamente llamados por la ONU: “países en vías de desarrollo” y “países de menor
desarrollo relativo”.
14. Entre esas condiciones hay que resaltar la flamante exigencia de que los gobiernos
receptores o que aspiren a recibir fondos oficiales estadounidenses ?además de cumplir
con todos los requisitos antes mencionados— firmen acuerdos bilaterales o multilaterales
con los Estados Unidos que le garanticen a esa potencia que sus “esfuerzos por cumplir con
nuestros compromisos de seguridad mundiales y proteger a los estadounidenses no se verán
perjudicados por el potencial de investigación, pesquisas o enjuiciamiento por parte del
22 El término “poliarquía” fue definido por el cientista político Robert Dahl como un sistema político en el cual gobierna
un pequeño grupo, y la participación de las masas en la toma de decisiones se limita a seleccionar la dirigencia en
elecciones cuidadosamente manipuladas por las elites competidoras. Los interesados en ampliar en las diferencias
existentes entre las poliarquías y la democracia pueden consultar: William Robinson: “El rol de la democracia en la
política exterior norteamericana y el caso Cuba”, en Haroldo Dilla (compilador): La democracia en Cuba y el diferendo
con los Estados Unidos, Centro de Estudios sobre América —Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996.
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Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya jurisdicción, que no aceptamos, no se extiende a
los estadounidenses” (p.20).
15. Es decir, como parte de la realización de su estrategia de “seguridad nacional” los
círculos dominantes en los Estados Unidos no sólo pretende lograr la “seguridad absoluta”
de su territorio, de sus ciudadanos, infraestructuras e intereses económicos en todo el
planeta (incluido el cosmos), al igual que imponer sus propias nociones sobre el desarrollo,
la democracia, el buen gobierno, la lucha contra la pobreza y los derechos humanos, sino
que también quieren obtener la impunidad absoluta de sus funcionarios civiles y militares
para violar a su antojo, en cualquier lugar del mundo, el Derecho Internacional Humanitario
(el Tratado de Ginebra de 1949 y sus protocolos adiciones de 1975) y, sobre todo, para
perpetrar los crímenes de lesa humanidad (torturas, desapariciones forzadas, genocidios y
etnocidios) que ?según el Tratado de Roma de 1998— virtualmente serán los únicos
delitos que, sin carácter retroactivo, conocerá, investigará, juzgará y sancionará el TPI
cuando comience a funcionar en el año 2003.
16. Las terribles implicaciones de esa exigencia oficial estadounidense para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y para el Derecho Internacional Humanitario ya se
pusieron de manifiesto en los miles de crímenes contra la población civil cometidos por las
fuerzas armadas estadounidenses durante la mal llamada “Operación Libertad Infinita” que
aún se desarrolla en Afganistán. Igualmente, en la brutal violación del derecho a la vida y
de los derechos civiles (entre ellos, el derecho a la legítima defensa) cometidos y que aún se
comenten contra miles de prisioneros de guerra afganos o de otras nacionalidades
capturados durante esa operación bélica. Asimismo, en el tratamiento de los cerca de mil
inmigrantes extranjeros que ?bajo los enunciados de la mal llamada Patriotic Act de
octubre del 2001— fueron encarcelados en los Estados Unidos inmediatamente después de
los terribles acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. La mayor parte de ellos
permanecen encarcelados a pesar de que la fiscalía no ha podido demostrar su vinculación
con los responsables intelectuales y materiales de los atentados terroristas contra el World
Trade Center, contra el Pentágono y contra el avión de United Airlines que se estrelló en el
oeste de Pensilvania.
IMPLICACIONES DE LA “NUEVA” ESTRATEGIA DE “SEGURIDAD IMPERIAL”
DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES, PARA EL DIPC Y PARA EL NOP.
17. Lo antes dicho me coloca en una de las principales incidencias negativas que tendrá la
“nueva” estrategia de “seguridad imperial” de los Estados Unidos en el DIPC y en el NOP:
El descarado desconocimiento por parte de las actuales autoridades de esa potencia
multidimensional de todos aquellos tratados e instituciones jurídicas internacionales e
interamericanas (incluso los ratificados por los Estados Unidos) que se opongan a sus
reverdecidos afanes de dominación sobre todas las naciones del mundo y, en primer lugar,
sobre las del Hemisferio Occidental. También los que proscriben las cada vez más
frecuentes y draconianas acciones represivas de las agencias estadounidenses encargadas
del cumplimiento de la ley tanto contra los ciudadanos estadounidenses opositores a la
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política oficial, como contra los emigrantes y sus familias residente (o que pretendan
ingresar) en el territorio estadounidense.
18. Esto último viola los acuerdos al respecto elaborados por la comunidad internacional e
incluso los enunciados sobre el particular de la Segunda Cumbre de las Américas efectuada
en Santiago de Chile en 1998. Igualmente, constituye una flagrante trasgresión del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales signados por la mayor de los Estados del mundo y, por consiguiente, de algunos
de los enunciados de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Mucho más
porque ?como se ha demostrado en los últimos años— los Estados Unidos pretende
contener los flujos migratorios “incontrolados” hacia su territorio con el empleo de la
violencia en sus fronteras terrestres (cual es la de México) y en sus aguas jurisdiccionales.
19. Las violaciones de los pactos internacionales e interamericanos antes mencionados con
el remozado pretexto de la “guerra contra el terrorismo global” se vincula íntimamente con
la añeja y ahora actualizada pretensión de los círculos de poder estadounidenses de
modificar de jure o de facto las bases mismas del DIPC. O sea, los principios de la Carta de
San Francisco que dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los de la
Carta de Bogotá que fundó la OEA en 1948. En particular, todos aquellos apartados de
ambos instrumentos jurídicos que establecieron y aún establecen la soberanía y la igualdad
jurídica de los Estados, así como la autodeterminación de los pueblos. Igualmente, los
artículos de ambas cartas que proscriben el empleo de la coacción y de la fuerza en la
solución de los conflictos internacionales y, por consiguiente, propugnan la solución
pacífica y negociada de los mismos.
20. Esta última posibilidad queda virtualmente anulada cuando el gobierno estadounidense
proclama en su Estrategia de Seguridad Nacional su presunto deber y su auto conferido
derecho a propinar el primer golpe (solo o acompañado por otros gobiernos) contra
cualquier nación que ?en la evaluación unilateral de la Casa Blanca— sea considerada
como “un estado fuera de la ley” o como “un estado fracasado” desde cuyo territorio se
incuben “amenazas inminentes” para el territorio, los ciudadanos, la infraestructura, los
intereses y la seguridad de los Estados Unidos, así como (lo que es más abarcador y
subjetivo aún), para el territorio, los ciudadanos, la infraestructura, los intereses y la
“seguridad nacional” de cualquiera de sus múltiples aliados, amigos o socios en todos los
confines del mundo. Como hemos vistos, para cumplir esos fines, la gran política
estadounidense que venimos comentando también insiste en la conveniencia de mantener
su potente sistema de bases militares. Ello a pesar de todo lo codificado por la ONU acerca
de las múltiples consecuencias negativas que tiene las bases militares extranjeras para la
soberanía, la autodeterminación y el desarrollo de diversas naciones del mundo; en especial
de los todavía llamados Países del Tercer Mundo.
21. Por otra parte, la institucionalización de los ilegales presupuestos de las “acciones
preventivas” contra las llamadas “amenazas inminentes” al territorio de los Estados Unidos
y de sus aliados, modifica de manera radical todos aquellos artículos de la Carta de la ONU
que establecen que únicamente se emplearán las fuerzas militares de un estado miembro
contra otro en el ejercicio fundamentado del derecho a la legítima defensa o en cumpliendo
resoluciones expresas del Consejo de Seguridad de la ONU dirigidas a solucionar conflictos
que afecten la paz y la seguridad internacionales. Una cláusula parecida quedó establecida
en el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca signado en 1947 por los
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Estados Unidos y los gobiernos de los países entonces independientes de ese continente. A
pesar del carácter demostradamente ideológico de ese acuerdo, éste estableció que el uso de
la fuerza o de la coacción contra cualquiera de sus Estados miembros o contra “una
intervención extranjera” en “los asuntos internos del Hemisferio Occidental” debía de ser
decidida por las dos terceras partes de los estados miembros de ese asimétrico pacto
político-militar.
22. Todos los tratados internacionales e interamericanos antes mencionados también son
desconocidos cuando el gobierno de los Estados Unidos ?en términos que recuerdan el
“destino manifiesto”— anuncia su intención unilateral de imponer, por la razón o por la
fuerza, su “modelo” económico, político y social a otras naciones del mundo. También
cuando expresa su decisión de respaldar ?a través de sus programas de Ayuda Oficial al
Desarrollo— a las fuerzas opositoras (nuevamente llamados “solitarios defensores de la
libertad”) a los gobiernos que no comulgan con “los Estados Unidos y todo lo que
representan”, así como a derrocar (roll back) en el momento que lo considere oportuno a las
autoridades legitimas de esas naciones. Así lo indican los redactores del documento de
marras cuando señalan: “Hoy, estos ideales [los que presuntamente encarnan el modo de
vida y el sistema política estadounidense] son un sustento para los solitarios defensores de
la libertad. Y, cuando se presente la oportunidad podremos fomentar el cambio, como
hicimos en Europa Central y Oriental entre 1889 y 1991, o en Belgrado en el año
2000”(p.4). Sobran los comentarios.
23. La influencia negativa de esos enunciados en la seguridad internacional y en las
relaciones interamericanas se evidencia diariamente en la creciente agresividad de los
Estados Unidos contra el gobierno cubano. Igualmente, en las pretensiones de la Casa
Blanca de imponer sus leyes a otras naciones del plantea, así como sancionar a los
ciudadanos de otros países que “trafiquen” con las antiguas propiedades estadounidenses en
Cuba. Tales prácticas injerencistas en los asuntos internos de otras naciones también se
evidenció durante el descarado respaldo del Departamento de Estado, de su Embajada en
Caracas y de la CIA al frustrado intento golpista que se produjo en abril del presente año en
la República Bolivariana de Venezuela. Ello a pesar de las estipulaciones de la cacareada
Carta Democrática Interamericana signada ?a instancias de la Tercera Cumbre de las
Américas (abril del 2001)— por todos los gobiernos integrantes de la OEA (incluido los
Estados Unidos) el 10 septiembre del propio año.
24. Las implicaciones para el NOP de las más recientes injerencias estadounidenses en los
asuntos internos venezolanos es mucho más preocupante porque la “nueva” estrategia de
“seguridad imperial” de los Estados Unidos también proclama como uno de los
componentes de su propósito de “suscitar una nueva era de crecimiento económico mundial
por medio del mercado libre y el comercio libre” (p. 11), el fortalecimiento de la “seguridad
energética” de esa potencia por medio de “la colaboración con sus aliados, socios
comerciales y productores de energía”. Tal “colaboración” ?siempre según los redactores
del documento que comentamos— debe conducir a la ampliación de las “fuentes y del tipo
de energía mundial que se proporciona especialmente en el Hemisferio Occidental, Asia
Central y la región del Mar Caspio” (p. 13). O sea, en aquellas zonas del mundo aún
alejadas de los acuerdos de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP),
actualmente presidida por el gobierno de Venezuela.
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25. No creo necesario insistir en todo lo que se ha indicado por diversos autores acerca del
“olor a petróleo” que acompañó a la brutal intervención militar estadounidense contra
Afganistán y al frustrado intento golpista en Venezuela, así como que actualmente
acompaña a la pregonada guerra contra Irak y a las negociaciones que actualmente está
impulsado la OEA (y su mentor los Estados Unidos) entre “la oposición de la sociedad
civil” y el gobierno constitucional del presidente venezolano Hugo Chávez. Pero, a los
efectos de estas reflexiones, vale la pena recordar que ?como demostró hace muchos años
Eduardo Galeano— la “seguridad energética” de los Estados Unidos y el control por parte
de los monopolios de esa potencia de las fuentes de energía (y de otros recursos naturales)
del Hemisferio Occidental ha estado en la base de muchos de los estropicios históricamente
cometidos por el establishment de la política exterior y de seguridad norteamericana en
México, Centroamérica y en diversos países del América del Sur y de la denominada
Cuenca del Caribe.23
26. Obviamente, algunos de esos estropicios pudieran reeditarse en el futuro inmediato.
Mucho más porque, según se ha documentado, el control por parte de los Estados Unidos y
de sus corporaciones transnacionales y multinacionales de las reservas energéticas y de
otros recursos naturales (incluido los biogenéticos) de México, de algunos países
centroamericanos y suramericanos está en la trastienda del Plan Puebla Panamá (anunciado,
luego de obtener la anuencia de la actual administración republicana, por el presidente
mexicano Vicente Fox en marzo del 2001), del multimillonario y represivo Plan Colombia
(aprobado a mediados del 2000 por la administración de William Clinton) y de la
denominada Iniciativa Regional Andina (o con más precisión andino-amázonica) anunciada
unas semanas después de la inauguración de su mandato (20 de enero del 2001) por George
W. Bush y por su secretario de Estado, el ex general Colin Powell.
27. La vitalidad de esas iniciativas para la lucha contra el “narcoterrorismo” fue resaltada
por el Departamento de Estado inmediatamente después de los fatídicos atentados del 11 de
septiembre del 2001 y de las resoluciones de apoyo a la “guerra contra el terrorismo”
aprobadas por las sucesivas reuniones extraordinarias de consulta de los cancilleres de los
países integrantes de la OEA y del TIAR efectuadas en Washington nueve días después.
Igualmente, durante la reunión que sostuvo el presidente George W. Bush con algunos de
sus homólogos andinos en marzo del 2002 y durante la XXXII Asamblea General de la
OEA que, en junio del presente año, aprobó una nueva Convención Interamericana contra
el Terrorismo. Por ello no es casual que esos militarizados planes de “lucha contra el
narcotráfico” sean refrendados en la Estrategia de Seguridad Nacional que venimos
comentando. Esta es explícita en indicar (p.7):
28. Algunas partes de América Latina se enfrentan al conflicto regional, en especial el
derivado de la violencia de los cartels de las drogas y sus cómplices. Este conflicto y el
narcotráfico sin restricciones pueden poner en peligro la salud y la seguridad de los Estados
Unidos. Por lo tanto, hemos formulado una estrategia activa para ayudar a los países
andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organizaciones
terroristas y cortar el suministro de drogas, mientras tratamos de llevar a cabo la tarea,
igualmente importante, de reducir la demanda de drogas en nuestro propio país.
23 Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI Editores, México, 1979.
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29. En cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los
grupos extremistas, que desafían la seguridad del estado, y el narcotráfico, que ayuda a
financiar las operaciones de esos grupos. Actualmente estamos trabajando por ayudar a
Colombia a defender sus instituciones democráticas y a derrotar a los grupos armados
ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía
a todo el territorio nacional y proporcionándole seguridad básica al pueblo de Colombia.
30. Vale la pena resaltar que los enunciados anteriores desconocen el terrible impacto que
esa “estrategia activa” ha tenido y está teniendo y tendrá en la violación de los derechos
humanos y del derecho humanitario en Colombia y en otros países andinos, cual es el caso
de Bolivia. También la incidencia que pudiera tener la creciente intervención
estadounidense en el conflicto interno colombiano en la paz y la seguridad de las naciones
andino-amazónicas y de los países centroamericanos que tienen fronteras marítimas o
terrestres con esa nación suramericana. Igualmente, desconoce olímpicamente la ineficacia
de esos desproporcionados “ataques a la oferta” para contener la creciente demanda de
drogas naturales, sintéticas y semisintéticas en los Estados Unidos y Europa Occidental.24
Asimismo, las críticas que se le han formulado a la política antidrogas de los Estados
Unidos por llevar su guerra contra ese “flagelo” allende a sus fronteras, por menospreciar
las acciones dirigidas a contener la demanda interna y por condicionar la “ayuda”
estadounidense a los llamados “países productores” o “países de tránsito” a la
militarización de la lucha contra el “narcotráfico” y a que los gobiernos de dichas naciones
apliquen los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impulsados por el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos a través del FMI y del BM. Como ya vimos, el cumplimiento
de estos programas de ajustes forman parte orgánica de la Estrategia de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos; particularmente de los enunciados de la misma dirigidos a promover
lo que definen como el “crecimiento económico y la libertad económica más allá de las
costas de los Estados Unidos” (p.11).
31. Esto último debe tener una repercusión particularmente negativa en las relaciones
interamericanas dadas las evidencias existentes acerca del terrible impacto socioeconómico
y político de tales programas han tenido y están teniendo en diferentes países de la región
(cual es el caso actual de Argentina), así como en razón del creciente cuestionamiento hacia
los PAE que se están produciendo en diversos países del Hemisferio Occidental. En
particular, entre aquellas fuerzas sociales y políticas opositoras a la denominada
“globalización neoliberal” y entre aquellos gobiernos (como son los de Cuba, Venezuela,
de algunas naciones del Caribe angloparlante y, más recientemente, de Brasil) que han
insistido e insisten en buscar caminos alternativos a las fórmulas “neoliberales”, seudo
democráticas, “mercadocráticas” y plutocráticas impulsadas por los círculos dominantes en
los Estados Unidos, en consuno con los sectores hegemónicos de las clases dominantes del
norte y del sur del Hemisferio Occidental.
32. De modo que puede afirmarse que tales fuerzas sociales y políticas, así como tales
gobiernos (u otros con posiciones parecidas) han pasado a ser considerados como “nuevos
enemigos de la seguridad nacional estadounidense”. Mucho más porque el documento que
comentamos también incluye, de manera expresa, que la libertad de comercio e inversión (o
sea lo que denomina “los mercados libres y el libre comercio”) son “las prioridades claves
24 OFDPD, Tendencias mundiales de las drogas ilícitas, Nueva York, 2001.
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de nuestra estrategia se seguridad nacional” (p.15). También cuando incluye como uno de
los principales objetivos de esa estratagema el fortalecimiento del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (p.12), la promoción y suscripción de nuevos acuerdos de
libre comercio con los naciones centroamericanas y con Chile (p.12), al igual que el
desarrollo del “proceso de las Cumbres de las Américas” (en primer lugar, sus acuerdos
vinculados a la seguridad) y, dentro de ellos, la culminación de las negociaciones del
ALCA. Lo anterior se desprende del siguiente enunciado del documento que comentamos
(p.7):
33. En el Hemisferio Occidental hemos establecido coaliciones flexibles con países que
comparten nuestros intereses prioritarios, en especial México, Brasil, Canadá, Chile y
Colombia. Junto forjaremos un hemisferio genuinamente democrático, donde nuestra
integración dé impulso a la seguridad, la prosperidad, las oportunidades y la esperanza.
Trabajaremos con instituciones regionales como el proceso de la Cumbre de las Américas,
la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Reuniones Ministeriales de Defensa
de las Américas, en beneficio de todo el Hemisferio.
34. Esa subordinación de la “lógica del ALCA” (es decir, de la integración subordinada de
América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos) a la suprema lógica de los intereses
nacionales y de la “seguridad imperial”, también se expresa en su apartado relativo a la
búsqueda de “una nueva era de crecimiento económico mundial por medio del mercado
libre y el comercio libre” (p.11 y siguientes). En este se indica expresamente que la Casa
Blanca “presionará a favor de iniciativas regionales”, tales como el ALCA (p.12), y que
?acorde con la Ley del Comercio y con la Autorización de Promoción Comercial (antes
llamado fast track) aprobadas por el Capitolio en el 2002— garantizará que “los beneficios
del libre comercio no se consigan a costa de los trabajadores estadounidenses” (p.12).
35. En función de ello ?además de vindicar como un asunto de seguridad nacional la
presunta legitimidad de los subsidios y de las acciones oficiales dirigidas a proteger a los
productores agrícolas y a los productores de acero estadounidenses— insiste en que la Casa
Blanca incorporará a las negociaciones comerciales que se desarrollen “nuevos acuerdos y
leyes comerciales contra las prácticas desleales”, para remover las “regulaciones sobre
tecnología, ciencia y salud que obstaculizan innecesariamente las exportaciones agrícolas y
la agricultura mejorada”, “para atender las preocupaciones auténticas acerca de los
subsidios gubernamentales y el ‘dumping’, así como para disuadir “el espionaje industrial”.
Igualmente, las “preocupaciones ambientes y laborales” con las que los Estados Unidos y
otras potencias capitalistas pretenden proteger sus economías de la mal llamada
“competencia desleal” proveniente de las naciones subdesarrolladas de América Latina y el
Caribe.
36. Todo lo antes dicho sería suficiente para justificar mis preocupaciones (compartidas por
otras colegas) con relación al impacto negativo que tendrá la estrategia de seguridad
nacional que venimos comentando en las relaciones interamericanas y, en especial, en las
relaciones entre los Estados Unidos y sus aliados hemisféricos con los gobiernos de la
región (Venezuela, Brasil, Barbados) que han expresado más de una reserva respecto a la
actual proyección hemisférica de la potencia hegemónica en el Hemisferio Occidental. Sin
embargo, a los temas abordados habría que agregar, al menos, la escasa importancia
geoeconómica que la actual administración republicana le confiere a las naciones del
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Caribe insular. Estas explícitamente son comparadas con las naciones africanas colocadas
al sur del Sahara cuando se expresa (p.12):
37. “Estados Unidos [pondrá] en práctica la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africanas
para ofrecer acceso al mercado a casi todos los bienes producidos en los 35 países de África
al Sur del Sahara. Emplearemos aún más esa Ley y su equivalente [la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe] con relación a la cuenca del Caribe y seguiremos colaborando con las
instituciones multilaterales y regionales para ayudar a los países más pobres a sacar partido
de esas oportunidades.”
38. De manera que puede pronosticarse que, en el futuro inmediato, se acentuará la llamada
“agenda negativa” (narcotráfico y otros delitos conexos, migraciones incontroladas) de las
relaciones entre los Estados Unidos y la Cuenca del Caribe. Mucho más porque ?como ya
vimos— la estrategia que comentamos subordina la agenda económica, social y ambiental
de esa región a la agenda de seguridad militar de los Estados Unidos. Y porque es de
esperar que ?sobre la base de sus enunciados acerca de la importancia que tienen para esa
potencia la preservación de sus facilidades y acuerdos militares en todo el mundo—
continúen las presiones estadounidenses para mantener y consolidar los dispositivos de ese
carácter que ya existen en Centroamérica y el Caribe (Puerto Rico, Guantánamo, Aruba y
Curazao, Honduras y El Salvador), así como por extender esos dispositivos a Costa Rica.
Como se conoce en ese país se pretende instalar una Academia Interamericana de Policías
subsidiaria de la Academia Internacional de igual carácter que funciona en Washington. Lo
anterior se uniría a la base militar de Manta, Ecuador, de Iquito, Perú, así como a las
gestiones que aceleradamente viene realizando la diplomacia política-militar
norteamericana para abrir una nueva base militar en Alcantara, Brasil.
39. Como se ha documentado, todo ese dispositivo militar (al igual que el Comando Norte,
con jurisdicción sobre Canadá, México, los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba) se enfila a
contener, disuadir o derrotar (donde quiera que sea posible y necesario) cualquier proyecto
alternativo a los excluyentes sistemas políticos instauradas en la mayoría de los países de la
región. Como se recordará, tales poliarquías fueron canonizadas por la XXI Asamblea
General de la OEA efectuada en Santiago de Chile en junio de 1991 y por la ya mencionada
Carta Democráticas Interamericana aprobada en septiembre del 2001. Como ya lo ha
venido haciendo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo anterior ?al igual
que otros enunciados de esta estrategia— seguramente ser aprovechado por la actual
administración republicana con vistas a intentar obtener, nuevamente, la solidaridad
panamericana en sus decenarias luchas por derrotar el “mal ejemplo cubano”. Mucho más
si finalmente, los sectores más reaccionarios del Departamento de Estado y del Pentágono
(unido a sus aliados en la región) lograran tipificar ante la opinión pública interna,
hemisférica e internacional al gobierno de la mayor de las Antillas como uno de “los
estados fuera de la ley”, promotores del “terrorismo de alcance global”.
40. Cual ha denunciado reiteradamente el gobierno cubano, en esa dirección apuntan las
constantes mentiras difundidas por el reaccionario ex subsecretario de Estado, Otto Reich, y
otros altos funcionarios civiles del Pentágono acerca de que Cuba está produciendo
productos biotecnológicos que podrían ser utilizados por algunos estados o grupos
terroristas como armas biológicas contra los Estados Unidos. Igualmente, la reiterada
mentira de la Casa Blanca acerca de que el gobierno cubano “no ha colaborado, ni colabora
suficientemente con esa potencia en la lucha contra el terrorismo”. Lo anterior fundamenta
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la decisión del Departamento de Estado de mantener a Cuba en la lista de estados
terroristas, así como las gestiones que han venido realizando el reaccionario lobby anti
cubano con vistas a modificar el informe elaborado por el Pentágono durante la
administración de William Clinton donde expresamente se afirmaba que el “régimen
cubano” no constituye amenaza alguna para la seguridad nacional estadounidense.
41. De más está decir que el incremento de las tensiones entre los gobiernos de los Estados
Unidos y Cuba (y, en caso extremo: una eventual agresión militar estadounidense contra
esa isla) tendría una incidencia particularmente adversa en la paz y la seguridad en la
Cuenca del Caribe y, por extensión, en otros países latinoamericanos y caribeños.
A MODO DE CONCLUSIONES
42. Todos los elementos antes señalados y otros excluidos en aras de la síntesis permiten
afirmar que la flamante estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos constituye
una evidente amenaza contra la mayor parte de los países del mundo, al igual que para la
paz y la seguridad internacionales. Especialmente, para todos aquellos estados del planeta
que, con mayor o menor razón, son (o, en el futuro, sean) percibidos por los círculos
dominantes de los Estados Unidos como obstáculos a sus reverdecidas pretensiones de
ejercer su dominación o su hegemonía en la que algunos ya denominan “la era posterior a la
pos Guerra Fría”.25 Es decir, sobre el estremecido sistema internacional surgido de las
cenizas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y de la consiguiente
subordinación a los intereses de la seguridad imperial de los Estados Unidos de la mayor
parte de las potencias integrantes de la tríada, la pentarquía o sexarquía del poder mundial.
43. Como se demostró en la brutal intervención en Afganistán y en la dura resolución
contra Irak recientemente aprobada, bajo presiones estadounidenses, por el antidemocrático
Consejo de Seguridad de la ONU, una de las primeras víctimas de la “guerra contra el
terrorismo de alcance global” desatada por la actual administración republicana ha sido la
propia organización internacional y todo lo que ella representa; ya que de jure o de facto, de
espaldas a la Asamblea General, las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de
Seguridad (y los restantes miembros no permanentes de ese órgano) han comenzado a
convalidar la tesis de que los Estados Unidos y sus aliados (en este caso, Gran Bretaña)
tienen “el deber” y “el derecho” de intervenir militarmente y “de manera preventiva” en
aquellos naciones consideradas por la Casa Blanca como “estados fuera de la ley” o como
“estados fracasados” que presuntamente amenazan (o en futuro indeterminado
hipotéticamente pudieran amenazar) la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus
aliados en todo el mundo.
44. Los peligros que entraña ese precedente para la paz y la seguridad internacionales son
evidentes. Mucho más porque una nueva (y ahora, escasamente justificada) guerra contra
Irak significaría un golpe más contra los pilares del ya debilitado Derecho Internacional
Público Contemporáneo. Y porque un eventual éxito de los Estados Unidos en su
pregonado afán de derrocar al satanizado presidente iraquí, Sadam Husein, le permitiría a
esa potencia imperialista y a sus más estrechos aliados (entre ellos, los sectores más
25 Robert J. Lieber: Ob. cit. Según este autor la llamada post guerra fría, concluyó abrupta y sorpresivamente en la mañana
del 11 de septiembre del 2001.
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reaccionarios de Israel) continuar sus maniobras desestabilizadoras y agresivas contra otras
naciones del Medio Oriente (Irán, Siria, Libia), así como contra los legítimos representantes
de la Autoridad Nacional Palestina y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP).
45. A su vez, una eventual (aunque ahora improbable) victoria estadounidense y de sus más
cercanos “socios” y “amigos” sobre los gobiernos de las naciones antes mencionadas le
permitiría a los círculos dominantes en los Estados Unidos controlar una de las principales
reservas petroleras del mundo y, por tanto, caer con esa fuerza más sobre Europa, sobre
Rusia, sobre la República Popular China y sobre otros países asiáticos, cual es el caso de la
también satanizada República Popular Democrática de Corea. Asimismo, redoblar sus
esfuerzos por destruir a la OPEP y por fortalecer la subordinación de las naciones petroleras
del sur del Hemisferio Occidental (México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Trinidad
Tobago) a las necesidades de la “seguridad energética” de la despilfarradora socioeconomía
estadounidense.
46. Lo antes dicho, objetivamente, debilitaría aún más las capacidades de algunos
gobiernos de América Latina y el Caribe (entre ellos, Cuba, Venezuela, Brasil, Barbados...),
para resistir las acrecentadas presiones de los círculos dominantes en los Estados Unidos (y
de sus principales aliados en la región) dirigidas a institucionalizar un nuevo orden
panamericano funcional a la dominación de esa potencia sobre el Hemisferio Occidental y,
por consiguiente, al fortalecimiento del poder estadounidenses para lidiar, con nuevas
ventajas, en sus intricadas relaciones de cooperación, competencia y conflicto con otros
reales o potenciales global players (cual es el caso de la Unión Europea, la República
Popular China y, eventualmente, Rusia) expresamente interesados en elaborar políticas
exteriores y de seguridad diferenciadas de las de los Estados Unidos.
47. No obstante, la debilidad de los reales o potenciales global players antes mencionados,
sin dudas los mismos podrían contribuir a crear algunos factores de equilibrio en el sistema
internacional que favorezcan las pretensiones de diversas fuerzas sociales y políticas
estadounidenses, canadienses, latinoamericanas y caribeñas de elaborar ?junto a otras
fuerzas y políticas sociales del mundo (en particular las congrega el Foro Social
Mundial)— respuestas alternativas a las ambiguas nociones sobre “los nuevos enemigos”
de la seguridad internacional y de la seguridad interamericana unilateralmente elaboradas
por los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos, así como en hacer verdad en todo
el mundo y en lo que se alcanza a ver del siglo XXI la vigente máxima del prócer
latinoamericano Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es condición indispensable para
lograr y mantener la paz.
La Habana, 20 de enero del 2003

Notas:

1 Luis Suárez Salazar: “Nuevo ‘orden’ mundial, integración y derechos humanos en el Caribe: apuntes para una
reconceptualización”, en Globalización, Integración y Derechos Humanos en el Caribe, ILSA, Santafé de Bogotá, 1995.
2 George W. Bush: La Estrategia de Seguridad Nacional, en http://usembassy.State.gov/colombia/wwwses01.shtml, 8 de
octubre del 2002.
3 Luis Suárez Salazar: El siglo XXI: Posibilidades y desafíos para la Revolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 2000. También América Latina y el Caribe: Medio siglo de crimen e impunidad (1948 —1998), Editorial
Zambon / José Martí, Zafarroa, España, 2001. Igualmente, “Nuevo orden panamericano y gobernabilidad democrática en
el Gran Caribe”, en Haroldo Dilla (compilador): Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe, Nueva
Sociedad, Caracas, 2002, pp. 53 —64.
4 Como se ha demostrado en la historiografía crítica acerca de las relaciones interamericanas, la idea de formar un Gran
Sistema Interamericano bajo el control de los Estados Unidos de América fue enunciada desde 1788 por uno de los Padres
Fundadores de esa “república pigmea”, Alexander Hamilton. Este, siguiendo algunas ideas expresadas dos años antes por
Thomas Jefferson, expresó: “Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en
América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas, en esta parte del mundo, de acuerdo con lo que dicten

* Escritor e investigador cubano en el campo de la sociología, la historia, las ciencias políticas y jurídicas. Integrante de la UNEAC, de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC), de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional y Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de la Habana. E mail: tanialuis@cubarte.cult.cu
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