Rafael Quiroz -economista-petrolero- cuestiona reunión de Ámsterdam

A todas luces suena extraño, además de sospechoso, la reunión efectuada en la europea ciudad de Ámsterdam (Holanda), el pasado 24 de mayo (2004), por los señores Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez, Presidente de Petróleos de Venezuela y Bernard Mommer, Director gerente de PDV (UK) S.A. para tratar lo referente a "la venta inmediata del módulo existente de Bitor ", a fin de evitar de "construir un nuevo módulo en Jose ", y también la de lograr una "salida negociada" para incumplir con "todos los convenios de suministro de Orimulsión vigentes ".

Es decir, lo que se desprende del memorando que resume el contubernio de Ámsterdam y que fue publicado por un periódico de circulación nacional, es que las pretensiones van más allá de las señaladas hasta ahora: ya no se trata ni siquiera de suspender el crecimiento de BITOR y limitarlo a los dos módulos programados, lo que se pretende -y se decidió a orillas del Golfo del Ij, en Ámsterdam-, es de eliminar el segundo módulo y vender el primero (venezolano), desconociendo de esta manera todos los convenios de suministro de Orimulsión vigentes con más de diez países clientes, sin importar para nada las demandas a las que se expone la nación.

¿Cómo es posible que tres alegres viajeros, desde el exterior y a espaldas de la nación, decidan prácticamente el destino de 270 mil millones de barriles de hidrocarburos no convencionales de la Faja Bituminosa del Orinoco, comprometiendo así políticas petroleras y el desarrollo de planes energéticos para todo un colectivo? ¿Tienen acaso derecho estos tres señores a que en un contubernio europeo liquiden una empresa y un negocio -de grandes perspectivas-, que no les pertenecen solo a ellos? ¿Dónde quedó acaso la "democracia participativa"? A lo mejor sería interesante retrotraernos a los tiempos de Giusti y Arrieta, para despecho de nosotros mismos, y afirmar y preguntarnos a su vez, al igual que en aquella época lo hacíamos: "el carácter ilegítimo de la disposición de recursos nacionales sin conocimientos de los poderes públicos y sus órganos competentes. ¿Quién decidió que ese era el destino óptimo de tales recursos? ¿En el marco de cuál estrategia macroeconómica?" (C. Mendoza Pottellá, 1995).

Resultaría interesante, además de curioso, saber ciertamente ¿cuándo y quiénes decidieron el destino de BITOR y de la ORIMULSIÓN?. ¿Cuál es la lógica (y en que informe científico se soporta) que acompaña al MEM y PDVSA para asumir una posición anti-Orimulsión?. ¿Por qué no se le informó al país, y se prefirió omitir, tan valiosa decisión? ¿Por qué no se abrió un debate amplio, dentro de la filosofía de la tan cacareada "democracia participativa", acerca de las desventajas, efectos o consecuencias de tal determinación? No se dijo nada, por lo que se prefirió el silencio. ¿Qué intereses ocultos e inconfesables están detrás de esta patraña?, tan parecida a las montadas y llevadas a cabo por Luis Giusti, y otros, en la llamada IV República. Si en este país existiera realmente una política energética, el producto bandera sería la orimulsión, no solo porque nadie se cierra a opciones a futuro, sino porque también se trata del último combustible del siglo XX.

* Rafael Quiroz S.

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