Motivación

La experiencia que arroja el pasado proceso de recolección de firmas, promovido por la oposición para convocar el referéndum revocatorio contra el Presidente de la República, nos indica que es esencial modificar el contenido del artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de corregirle las asimetrías de que adolece. En efecto, en ese proceso se le permitió a la oposición excesivas libertades y el control casi absoluto del mismo por parte de SUMATE, con recolección itinerante de firmas, 4 días con sus noches, planillas planas, reparos y pare usted de contar, con lo cual no resultó extraño que se cometieran todo género de triquiñuelas, muertos firmando, coacción de los patrones hacia los trabajadores y despido de estos últimos cuando se negaban a firmar. Es decir, se convirtió un derecho de los ciudadanos en un privilegio de los partidos políticos y de los grupos mediáticos y económicos. En nuestro concepto, esto constituye una aberración que debe ser corregida.

Además, el artículo 72, al requerir sólo la recolección de un 20% de firmas del padrón electoral correspondiente para convocar a la revocatoria del mandato de un funcionario está otorgándole una ventaja indebida a los que votaron inicialmente en su contra, en detrimento de los que votaron a su favor, quienes debieran ser los primeros llamados a revocarlo o a ratificarlo, en todo caso. Es decir, el artículo, tal como está redactado, no obedece al principio de "Quien elige al funcionario puede revocarlo", sino más bien al principio poco equitativo de: "Quien no eligió al funcionario tiene una segunda oportunidad para revocarlo", lo cual equivale a privilegiar a una minoría por encima de la mayoría. En otras palabras, este artículo prioriza la revocación de un funcionario por encima de su ratificación, lo cual no parece equitativo. Para ser balanceado, el artículo en referencia debiera darle igual peso tanto al acto revocatorio como al ratificatorio, para que ningún factor (los que votaron en contra o los que votaron a favor) resulte indebidamente privilegiado, como sucede actualmente. Pongo como ejemplo los resultados del reciente referéndum presidencial, donde casi un 60% de los votos emitidos fueron a favor del Presidente Chávez, en tanto que los que votaron en su contra fueron alrededor de un 40%. Si ésa hubiera sido una elección presidencial y el artículo 72 se mantuviera inalterado, la oposición automáticamente podría pedir en tres años un referéndum revocatorio contra el Presidente, pues casi con seguridad podría recoger fácilmente el 20% de las firmas requeridas, pues por regla general el caudal electoral de los que se oponen tiende a disminuir menos que el de los que gobiernan. Lo más sano sería que también se permitiera a los partidarios del funcionario electo recoger firmas para ratificar a éste a mitad de su mandato. De esa manera se estaría eliminando una fuente permanente de inestabilidad política.

Por tanto, hay que devolver ese derecho de participación a todos los ciudadanos para que en un mismo acto, puedan manifestarse en pro o en contra de cualquier funcionario electo a la mitad de su mandato. ¿Cómo? Simplemente haciendo que el control del proceso dependa exclusivamente del CNE, de tal forma que el Estado garantice de manera automática, que los electores se pronuncien en uno u otro sentido con relación a la permanencia en su cargo de cualquier funcionario electo. En ese sentido, es el CNE, y no los partidos políticos, quien debe convocar a la recolección de firmas para revocar o ratificar a cada funcionario electo, a mitad de su período. Ahora bien, resulta muy oneroso para el Estado ir primero a un proceso de recolección de firmas y luego a un revocatorio. No vemos razones de peso porqué esos dos eventos no puedan reducirse a uno solo. Proponemos, por tanto, eliminar tanto el proceso de recolección de firmas como el posterior referéndum revocatorio y sustituir ambos eventos por un solo evento: El referéndum de evaluación del desempeño de cada funcionario electo, a la mitad de su mandato y bajo la égida del CNE .

¿Qué ventajas tendría que el CNE convoque con carácter obligatorio a un referéndum evaluatorio de gestión a la mitad del período de cada funcionario electo?

1. Le daría igual tratamiento tanto al derecho de los ciudadanos de revocar a cualquier funcionario electo como al derecho de ratificarlo.
   
2. Reafirmaría la democracia participativa y protagónica. Los ciudadanos tendrían garantizada la posibilidad de emitir su opinión aprobatoria o desaprobatoria sobre el desempeño de cualquier funcionario electo, a la mitad de su período, sin la intermediación ni el patrocinio de los partidos políticos, los cuales sólo podrían hacer propaganda a favor o en contra de ese funcionario.
   
3. Obligaría a los funcionarios electos a cumplir sus promesas electorales, a ser más eficientes y a evitar caer en la corrupción, so pena de ser revocados.

Por otra parte, la recolección de firmas, tal como se realizó en el proceso pasado, carece de una cualidad fundamental: el secreto del voto, lo cual se presta a actos de intimidación, coacción, y retaliación por los patrones hacia sus empleados y constituye una distorsión inaceptable de la voluntad popular. Para evitar esa posibilidad se elimina la recolección de firmas y se efectúa en su lugar el referendo evaluatorio en forma automatizada, debiendo el elector emitir su voto en forma secreta como un Sí o un No.

Proponemos por tanto la siguiente redacción del artículo 72:

Artículo 72 (Modificado). "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables o ratificables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, el Poder Electoral convocará a un referendo evaluatorio para revocar o ratificar su mandato. Cuando el número de electores o electoras que voten a favor de la revocación sea mayor que el número de electores o electoras que voten en contra de la revocación, e igual o mayor que el número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. Caso contrario, se considerará ratificado el funcionario sometido a referendo.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria el Poder Electoral no podrá hacerse más de una convocatoria de revocación /ratificación de su mandato.

El referéndum de evaluación de gestión debe efectuarse en condiciones similares al acto de elección del funcionario, es decir con horarios similares y en los locales asignados por el Poder Electoral".

La modificación de este artículo puede llevarse a cabo a través de una enmienda constitucional, según lo prevé el artículo 341 de la CRBV, es decir, por iniciativa proveniente del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, o del 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, o del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Tienen la palabra entonces en esta importante materia los ciudadanos, la Asamblea Nacional y el Presidente.

* Eudes Vera - Ingº Electricista - Email: eudesvera@cantv.net

Imprimir Enviar

Volver

Portada