Una vez pasado el rubicón del referéndum, con la participación activa del 70% del electorado, y habiéndose refrendado una vez más a Chávez como presidente, el reto que le plantea el grueso de sus partidarios, según el testimonio del conjunto de movimientos enlazados en "Conexión social para el poder popular", es pasar de las palabras a los hechos en cuanto a la promesa de impulsar una "revolución (real) en la revolución" (presunta), a través de la participación popular genuina del pueblo como protagonista en la toma y la ejecución de las decisiones claves, geoestratégicas, como las concernientes al petróleo y en general la energía, y no en el simple papel de contralor social a posteriori, después que el mal está hecho.

El cumplimiento de tal promesa, la democracia directa, el poder popular, es lo que aseguraría que en verdad "Venezuela cambió para siempre" y que aquí "todo cambió". Ello haría posible, o por lo menos sometería a prueba, la utopía de la revolución pacífica, construida a conciencia desde abajo, poniendo en juego "los poderes creadores del pueblo".

Los integrantes de "Conexión social" creen a pie juntillas que tal utopía es viable. "La Razón" de la pasada semana se dedicó en gran medida a uno de los grandes problemas pendientes en este sentido: el de la política petrolera y energética en general. Esta sigue siendo la problemática más crítica de la nación por obvias razones geopolíticas y económicas que se pusieron de manifiesto en los conflictivos momentos de abril y diciembre del 2002 y en sus secuelas negativas y positivas harto discutidas. Justo allí emergió como factor salvador la iniciativa popular, al lado de la fuerza armada leal, para rescatar la soberanía nacional casi arrebatada por el zarpazo del imperio y sus lacayos. El fortalecimiento de la conciencia, la vigilancia y la organización de los trabajadores petroleros frente al núcleo giustibushita, y la alianza con las comunidades y la oficialidad patriota, que se expresaría luego, el año pasado, en el movimiento hacia la constituyente petrolera, ha sido y es un factor clave de la solución para esta compleja materia, pendiente aún en la coyuntura de transición hacia la verdadera revolución que se anuncia. La grave advertencia anti-fraude del movimiento sindical petrolero en vísperas del referendo fue una contribución con notable resonancia disuasiva en el Norte. El congreso petrolero de Maracay presentó la propuesta de que esta alianza trabajadores-comunidades-FAN "tome el mando", al lado de las autoridades actuales, en esta problemática clave, en todos sus niveles, popular, ejecutivo y decisorio, hasta el de mayor rango en el Consejo de Estado todavía nonato (artículo 251 de la Constitución). Ello implica sacar a Súmate-McKinsey (Plaz Castillo) de la planificación de La Campiña, y plantear a todo el pueblo la cuestión central de la política petrolera, tomando, por ejemplo, la fórmula de Bernard Mommer: "una política petrolera intermedia entre la privatización total de Giusti y la nacionalización total de la Ley de 1975".

¿Es esto lo que quiere el pueblo? ¿O quiere la nacionalización plena, que nos dé soberanía y seguridad totales y nos libere de las redes y compromisos en que nos hemos metido con las malas compañías de SAIC, Enron, Arthur Andersen, MacKinsey y las del big oil? ¿Nuestro compromiso principal es con el mercado de USA o debe reorientarse hacia la integración petrolera-energética de AméricaLatina, para lo cual se creó la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía)?. (No la OPEP, como se dijo por error). ¿Cómo liberarnos de la transnacionalización y asociaciones estratégicas?

Tales son algunos de los temas que debe abordar el poder popular constituyente.

* Francisco Mieres

Imprimir Enviar

Volver

Portada