Nuevamente el problema de la extracción carbonífera en el Estado Zulia está sobre el tapete. Luego de muchas denuncias y luchas por parte de sectores étnicos afectados por la explotación de esta fuente fósil energética cuyo pináculo fue la marcha del pasado día 31 de marzo del presente año, es cuando se produce en el gobierno la investigación acerca de tales anomalías. Se ha creado una comisión para ese fin y además un ministerio ha hecho estudios acerca de la coyuntura.

En este orden de ideas, la actual administración en su línea de obtención de la mayor cantidad de recursos financieros para cubrir la expansión del gasto público se ha orientado a favorecer esta clase de actividades, independientemente de los daños ambientales, étnicos y humanos. Así, se ha inclinado a efectuar concesiones a transnacionales quienes han incrementado su producción por la necesidad de materia prima para procesar en sus respectivos mercados.

Los perjuicios ocasionados por esta manera de obtener carbón son de diferentes índoles.

Primero, hay aumento de enfermedades cutáneas y respiratorias transmitidas por vía aérea dada la condición de mina existente a cielo abierto.

Segundo, el intenso tránsito de gandolas y vehículos pesados en la zona transportando el producto natural alcanzado ha ocasionado colisiones y alteración de las vías.

En tercer término, hay un desplazamiento de grupos étnicos de sus tierras ancestrales sin tener en consideración su especial situación.

Cuarto, corre peligro la Sierra de Perijá en cuanto a su característica de parque nacional con sus requisitos conservacionistas derivados de ese estatus.

Quinto, pudiere haber peligro de contaminación de las aguas de los ríos Maché, Socuy y Guasare y en los embalses de Manuelote y Tulé, surtidores del agua potable de la ciudad de Maracaibo.

Por último, es necesario reformular la política desarrollista y extractiva de la actual gestión gubernamental. Pareciera que la variación de los nuevos paradigmas respecto a la concepción de riqueza no ha pasado por las mentes de la cúpula vigente. Desconocen que las materias primas son típicas de economías atrasadas mientras el valor agregado genera mayor rentabilidad y por supuesto, una elevación de las ganancias a obtener. Es una de las razones del rezago de los países de la periferia respecto del Primer Mundo.

En este momento tanto Carbozulia como el centro del poder venezolano pretende efectuar algunas maniobras tendientes a minimizar o reducir la presión de los aborígenes y los organismos ambientales capaces de enfrentar a tan inicua política. Lo más probable es que continúen las concesiones de Guasare y zonas aledañas por ser un carbón sin muchas cantidades de agua y por ende, ser más rentables al tener menos costos de extracción. Con ello se favorece a las transnacionales Maicca (chilena), Vale Do Río Doce (brasileña), Caño Seco (irlandesa) y Rohke (holandesa-surafricana). Bajo este subterfugio no se permitirá la explotación donde haya alto contenido acuoso, circunstancia determinante para desinteresar a esas empresas.

La otra maniobra oficialista consistiría en reconocer las tierras de los Yukpa y los Barí, en las cuales no habrá extracción. Se hará mediante un espectáculo a celebrarse durante el Festival Mundial de la Juventud (continuación del evento soviético de la Guerra Fría), en el mes de agosto del actual año en medio de una gran publicidad. A los wayus se les dejará desasistidos porque son sus terrenos los empleados para esta actividad económica y de paso de esa manera se divide a los grupos étnicos.

Estamos en presencia de un grave acontecer con sus ingentes daños ante la pasividad de nuestro país. Este tema no le importa a los movimientos oficialistas porque se trata de una fuente de financiamiento para dilapidar y tampoco a la destruida oposición ya que gobernarían con la misma tónica populista del chavismo. Además esta actividad no da votos para quienes mantienen en la falsa polarización una conducta eminentemente electorera.

Para detener esta carrera de destrucción es menester activar toda clase de denuncias ante los organismos jurisdiccionales, sin tener esperanza alguna de su atención al no haber motivos para ser optimistas, los de derechos humanos nacionales e internacionales y sobre todo, ante la opinión pública. La movilización y la lucha son factores indispensables para frenar a la vorágine fiscal del actual régimen. Es el único cauce para dar un grito en el silencio cómplice del huracán de la renta petrolera, hecho reiterativo en Venezuela apto para paralizar los conflictos sociales transitoriamente.

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