A partir del primero de enero del 2006, Petróleos de Venezuela aspira constituir formalmente 32 empresas estatales para operar igual número de convenios operativos, cuyos consorcios nacionales e internacionales abandonan voluntariamente sus contratos de apertura petrolera, suscritos en la década de los noventa.

Aunque Pdvsa prefiere utilizar el término empresas mixtas, en la práctica solo son empresas estatales, donde el Estado venezolano tendrá participación mayoritaria del 60, 70, 80 y hasta 100 por ciento, en el caso de aquellas transnacionales que decidan a última hora contrariar los objetivos revolucionarios del gobierno, ante lo cual tendrán que recoger sus maletas.

Entonces, el primero de enero del próximo año, entraremos al libro Guiness, marcando un nuevo récord mundial como el país con el mayor número de empresas estatales petroleras, por encima holgadamente de China.

Los problemas inherentes a la indefinición que existe en torno a las nuevas empresas estatales no esperarán el año nuevo. Por el contrario, actualmente, los representantes de las empresas privadas en los convenios operativos libran una silenciosa batalla empresarial con su nuevo socio mayoritario, porque están discutiendo el presupuesto de costos e inversiones del próximo año. En esta discusión hay más diferencias que acuerdos.

El punto es que Pdvsa impuso una participación ampliamente mayoritaria en los convenios operativos, pero esquiva su aporte contante y sonante, a la hora de poner el dinero en la mesa de los socios en forma proporcional a su porcentaje accionario. Desde hace dos años, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), intermediario entre Pdvsa y las empresas privadas, ha puesto objeciones a los presupuestos de inversiones y gastos. Incluso el año pasado, redujo dichos presupuestos por considerarlos abultados.

El caso es que ahora le toca al accionista mayoritario y operador absoluto de los campos decidir cuánto hay que invertir para mantener la producción petrolera en los 32 convenios operativos, que en su conjunto aportan alrededor de 500.000 barriles diarios.

Las negociaciones entre la CVP y las empresas privadas se llevan bajo absoluto hermetismo, pero es suficiente ver la cara de los gerentes de producción para entender que tratar con los representantes oficiales no es de su agrado. Pero ninguna de las partes puede abandonar la mesa de negociaciones, porque con precios de 60 dólares por barril de petróleo hay mucho dinero en juego, aún sin que las necesarias definiciones contractuales se hayan acordado. Simplemente, como en el teatro, las empresas privadas deben continuar con el espectáculo.

A pesar de que no hay términos contractuales en las empresas estatales a punto de nacer, las compañías privadas confían demasiado en que obtendrán nuevos negocios, mejores incluso que los convenios operativos. Los acuerdos gobierno a gobierno que ha venido firmando Venezuela han sido favorables, especialmente para tres empresas: Repsol, Petrobras y la compañía china, las cuales además de estar presentes en toda la región, tienen participación en proyectos petroleros importantes en otros países vecinos productores de petróleo, como Trinidad y Tobago, Colombia y Ecuador.

A partir del primer día del próximo año el panorama petrolero venezolano va a cambiar definitivamente. Vienen otros actores. Se impone otra forma de hacer negocios, donde perderán terreno en el país las grandes empresas multinacionales norteamericanas y británicas. Se puede decir que la apertura petrolera llego a su fin. El balance final es bueno. Se creó infraestructura y empleo. Se hicieron inversiones. Se reactivaron campos en los cuales Pdvsa en los años 90 no pensaba gastar ni un dólar. Pero, el capítulo de la supuesta evasión de impuestos y declaración de pérdidas injustificadas que protagonizaron las empresas entre los años 2001 y 2004, tendrá que quedar claro para que el país vuelva a confiar en ellas. La trampa fiscal les costó la pérdida de los contratos en campos, que tienen alrededor de 1.600 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, y arrojo una sombra de duda muy grande sobre sus respectivas gestiones.

De ahora en adelante, las empresas privadas serán parte de consorcios estatales, sin autonomía real para decidir sobre presupuesto, contratación de personal y compra de equipos. Habrá que esperar para ver si se pueden ajustar a las nuevas reglas del gobierno y aún ganar dinero, con lo cual la fórmula aplicada en Venezuela fácilmente se extenderá por el resto del continente.

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