La impunidad bajo el dominio del capital

El 11 de noviembre del 2004, La Asamblea Nacional (AN) finalmente aprueba una comisión para investigar la decena de crímenes y atropellos por parte de los cuerpos policiales del estado Guárico, especialmente la tenebrosa Brigada de Intervención y Apoyo (BIA), contra la población.

En Junio, luego de 7 meses de investigaciones, la mayoría de los integrantes de la comisión parlamentaria aprueban las conclusiones finales que no dejan lugar a duda del clima de crimen y terror instaurada en el Estado: "Homicidio, lesiones, privación ilegitima de libertad, extorsión. Todas estas acciones fueron cometidas bajo autorización del comandante del cuerpo policial" (Policía de Guárico), son algunos de los delitos señalados en el Informe de la comisión conjunta para investigar las presuntas violaciones de los Derechos Humanos en el Estado Guárico, Asamblea Nacional, Caracas, Junio 2005, (Pág. 115)

De los 160 crímenes y delitos investigados 79 son homicidios, 72 de estos son ejecutados por la Policía de Guárico y el Cuerpo de Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas ( CICPC).

La responsabilidad del Sr. Eduardo Manuitt -actual gobernador del estado Guárico- ante estos hechos, es una conclusión unánime de la comisión: "se evidencia la participación directa del ciudadano Gobernador. Eduardo Manuitt en la comisión de actos violatorios de los Derechos Humanos" (Ídem, Pág. 116). Ante las abrumadoras pruebas y evidencia la comisión establece: "Que existe por parte del ciudadano Eduardo Manuitt. Responsabilidad política" (Ídem, Pág. 108-117. subrayado en el informe). En consecuencia, la comisión declara que: "se inicie el procedimiento de antejuicio de mérito en contra del ciudadano Gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt" (IDEM, Pág. 108)

El informe de la comisión, incluyendo los innumerables soportes, es una verdadera antología del crimen y el terror. El "Padrino" norteamericano, como toda mafia de ese país, desde la década de los 30 ha sido parte de la estructura del poder, pero siempre actúa en la política a través de intermediarios, testaferros y fachadas. En el Estado Guárico, el "Padrino" , asume pública y abiertamente su doble papel: Gobernador del Estado y Jefe del Crimen como demuestra el informe de la comisión.

De los 79 asesinatos cometidos en el Estado, una comisión de investigadores, dirigida por el detective Gustavo Ramón Hernández Rivero, determina que "existen cuarenta y dos (42) cadáveres que fueron asesinados con armas de fuego, específicamente tipo fusil Calibre 7,62 mm FAL y en su gran mayoría los orificios de entrada fueron el cráneo" (IDEM, 61). Oscar Cedeño, declara a la comisión que: "han aparecido 27 cadáveres en las arterias viales del Estado Guárico, 27 Cadáveres con tiros en la nuca" (IDEM, Pág. 68)

Las armas usadas en los ajusticiamientos a las que se refiere el Sr. Hernández son "casualmente" del mismo calibre de un lote de armas desaparecidas por "arte de magia" del parque de la Policía de Valle la Pascua , sede de la tristemente celebre BIA.

En el Fundo San José, cerca de Calabozo, es incautado el famoso FAL 16697, como parte de las armas que custodian un cargamento de 380 kilos de cocaína y que hasta ese momento no había sido denunciado como extraviado o perdido por parte de la Policía y Gobernación del Estado Guárico. 5 meses después de los hechos, todos los detenidos por el caso del fundo San José, son puestos en libertad por un Juez de Control del estado Guárico. La Comisión Parlamentaria verificó las influencias y presiones de funcionarios de la gobernación del Estado tratando "que las investigaciones se paralizaran y fueran echadas al olvido" (SIC, IDEM PAG. 63).

A Cory González, le roban un camión, en Altagracia de Orituco, según; el expediente G - 490342, de la CICPC , este camión es recuperado en flagrancia, cuando era desvalijado en una finca propiedad del Sr. Manuitt. Por este tipo de delito, el Coronel José Luis Cedeño Cárdenas, denuncia a la comisión que el Gobernador tiene antecedentes desde 1993. El propio Coronel, junto con el Capitán (GN) Antonio Benavides Torres, se encargaron de las investigaciones del hurto cometido y de la captura del Sr. Manuitt (IDEM, Pág. 78-79).

Arturo Hernández y Alexis Ortas con ejecutados por la BIA en Valle la Pascua , ante la presencia de Decena de Testigos y Familiares.

El Estado Guárico bajo el dominio policial del Sr. Manuitt es poco menos que el Chicago de los bajos fondos en la década de los 20. Asesinatos de personas con armamento oficial que ha desaparecido misteriosamente del parque policial; armas del estado protegiendo cargamentos de droga; propiedades del Gobernador donde se desvalijan vehículos; médicos forenses que transforman asesinatos con tiros en la nuca en "muertes por desangramiento"; Gobernador de un Estado que asume el papel de Policía, Fiscal y Juez como lo ocurrido en el caso de Maritza Alayon; policía que alteran pruebas o sencillamente las desaparecen; fiscales que retardan juicios y cambian las calificaciones de los delitos; jueces complacientes que ponen en libertad a delincuentes ante la llamada del "Padrino", asociaciones de "productores agrícolas" que apoyan la gestión de la Mafia; obstrucción a la investigación parlamentaria; amenazas e intentos de agresión contra la comisión investigadora; uso de los recursos y medios del Estado para campañas de difamación y por ultimo acusar públicamente a la comisión que lo investiga de "ser miembros de una red del narcotráfico" , todo esto ocurre en los limites del Estado Guárico, pero refleja un cáncer que hace metástasis en Bolívar, Aragua, Lara, Zulia, Portuguesa, Falcón y Anzoátegui.

Si es verdad lo que la comisión parlamentaria dice sobre Manuitt y el aparato estadal del Guárico y, a su vez, si es verdad lo que Manuitt, el PPT y los gobernadores Bolivarianos dicen sobre la comisión parlamentaria, no necesitamos reunir mas pruebas ni indicios, para concluir sobre toda la podredumbre del Estado Venezolano y desechar cualquier ilusión sobre la existencia de Democracia, Justicia o Derecho en el País, y reconocer claramente, que estamos en presencia de una autentica dictadura del Capital, convenientemente disfrazada de Revolución Bolivariana y Socialismo del Siglo XXI, dirigida precisamente por un lumpen burgués y pequeño burgués al cual hoy el Capital recurre para imponer sus intereses y preservar sus privilegios.

La situación del Estado Guárico a la luz del informe de la Asamblea Nacional, demuestra fehacientemente cómo el poder del capital, la propiedad y el dinero, significan impunidad para la minoría dominante, incluyendo la de sus asesinos a sueldo.

El capitalismo en esta época de descomposición requiere, para ejercer su dominio en lo político, económico e ideológico, de auténticos delincuentes que le garanticen la preservación del orden existente. El capital requiere para su desarrollo, para garantizar una creciente tasa de ganancia, de orden, paz y seguridad. Y quienes mejor que delincuentes para esos menesteres. Si estos delincuentes son de lo peor, mejor para el capital. El caso de Wilfredo Febres, Jefe de la criminal BIA es un caso como el Capital y la Burguesía recluta sus agentes para el trabajo sucio.

A Wilfredo Febres (W.F) lo recomienda a la policía de Guárico su compañero de promoción policial, Freddy Bernal, hoy devenido en un flamante alcalde revolucionario, luego de dirigir los famosos cuerpos de terror de la policía de metropolitana (Grupo Pantanero y CETA) que llenaron de crímenes y atropellos los barrios de Caracas bajo el mandato de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez (CAP), además de asesorar policialmente a la Sra. Chamorro cuando Reagan y la Contra-revolución nicaragüense derrocaran al gobierno sandinista

W.F es enviado ante un psicólogo al servicio de la policía de Guárico, este informa que el ciudadano W.F "Tiene el mejor perfil de policía de Estado Guárico" (IDEM, Pág. 80)

El Coronel Artemio Boada Díaz, a la sazón Comandante de la Policía de Guárico, ante la petición de ingreso de W.F decide investigar, y descubre que W.F no sólo ha falsificado el número de su Cédula, sino que presenta antecedentes por tenencia de drogas.

Ante esta grave situación, el Coronel Boada decide rechazar la petición de ingreso de W.F y le comunica su decisión al gobernador Manuitt; este ultimo por encima de la decisión del Coronel Boada, decide: "le voy a dar una oportunidad dado la recomendación del psicólogo, yo le voy a dar una oportunidad a ese muchacho" (SIC, IDEM, Pág.81)

El día que Alicia de Hernández está denunciando ante la comisión de la Asamblea Nacional el vil asesinato de su esposo, ejecutado públicamente en Valle de la Pascua , por el propio W.F, el gobernador del Guárico, condecoraba con la "barra de buena conducta al mejor policía del Estado Guárico". De ahí en adelante, todo el poder del Estado se vuelca en apoyo a Manuitt.

El General Baduel le entrega la réplica de la espada de Bolívar al nuevo prócer de la patria. La Vicepresidencia de la República le presta todo su apoyo y le cede la sala de prensa de la misma para que Manuitt se defienda.

Los tribunales y jueces prohíben una vez más a los periodistas que han denunciado la situación de Guárico a mencionar el nombre de Manuitt en sus escritos. (Miguel Salazar en" Las Verdades de Miguel")

El PPT y Manuitt publican su celebre encartado acusando de traficantes de drogas a la comisión investigadora. El Presidente Chávez se reúne con el Sr. Manuitt y tácitamente le muestra su apoyo, que luego reafirma en sus programas dominicales.

Ocho gobernadores Bolivarianos de los Estados Amazonas, Sucre, Portuguesa, Cojedes, Aragua, Yaracuy, Mérida, Monagas, junto con los secretarios generales del PPT, MEP, PODEMOS, GENTE EMERGENTE y la mismísima Lina Ron apoyan públicamente a Manuitt declarando que las investigaciones y el debate en torno al caso del Gobernador Manuitt: "resta transparencia a las investigaciones. y sienta un precedente indeseable reñido con la constitución" , y en consecuencia declaran:

Primero: "toda investigación debe procesar de acuerdo al ordenamiento legal vigente. y preservando la honorabilidad de aquel que es investigado". (Del remitido publicado en Diario VEA, el 6/5/ 2005). Olímpicamente estos señores declaran ilegal no sólo a la comisión, sino a la mismísima Asamblea Nacional.

Segundo: "Cuando la investigación deriva en diatribas políticas, acusaciones apresuradas y manipulaciones mediáticas, pierde esencia la verdad y se corre el riesgo de someter al escarnio público y a la persecución, al que es investigado". Esta cínica declaración la emiten auténticos cómplices cuando precisamente toda la opinión pública conoce que ha sido el propio Manuitt y el PPT, los que han recurrido a lo largo de varios meses a la diatriba y manipulación con el claro fin de evitar la investigación,

Tercero: "el gobernador Manuitt no se puede olvidar de su carácter de electo por voluntad popular. Y solo el pueblo de Guárico es el llamado a retirar la confianza en el", En síntesis, la elección popular coloca por encima de todo el ordenamiento jurídico al "Padrino", para cometer cualquier tipo de delito, sin que haya ley, o autoridad alguna, "salvo el pueblo" que le dio apoyo electora , y que en virtud de ésta interpretación propia de delincuentes, el gobernador electo popularmente recibe una autentica patente de corso para el crimen y el delito.

La conclusión y recomendación final de los gobernadores y secretarios generales de los partidos que "apoyan el proceso", fue una auténtica orden de las mafias organizadas en torno al poder, los honorables "padrinos" se solidarizaron con el colega y exigen : "que la investigación sobre las denuncias en contra del gobernador Eduardo Manuitt se hagan con la transparencia necesaria, a través de una comisión especial imparcial que pueda garantizar la confiabilidad de los resultados y el respeto unánime a estos" (Remitido Diario Vea, 6-5-2005). Una resolución de la Cosa Nosstra siciliana o de los jefes de la mafia norteamericana para proteger a sus secuaces no es tan vulgar y directa como lo decidido por este auténtico consejo del delito. La directiva de la banda exige respeto por la honorabilidad de uno de sus "miembros distinguidos, sometido a la persecución y al escarnio público". Vaya cinismo y desvergüenza. Hasta donde ha descendido la descomposición de un sistema y su gobierno, cuando los ladrones van detrás de los policías.

Como era de esperarse, una orden es una orden, y de inmediato todos los resortes del poder encabezados por la AN se pusieron en tensión. Nicolás Maduro, Presidente de la AN luego de recibir "una propuesta del diputado Ismael García, Cilia Flores y de algunos parlamentarios del Bloque del Cambio, y en privado de diputados de la oposición", DECIDEN:

•  Que los 18 diputados nombrados por la AN no realizaron en 7 meses una investigación imparcial y objetiva, como la que han hecho ellos en horas, determinando que la comisión parlamentaria no fue ni objetiva, ni imparcial. Y lo peor del caso, es que ni siquiera estos señores leyeron el informe de la comisión que investigo los sucesos de Guárico.

•  Que "el gobernador no fue escuchado". Cuando fue público y notorio que el gobernador no sólo no acudió a las interpelaciones a la cual fue citado por la propia comisión, y que efectivamente a lo largo de 7 meses, el gobernador, junto con el PPT llevaron adelante una sistemática y pública campaña de sabotaje, obstrucción a la investigación y hasta agresiones contra la propia comisión. Mientras todo esto es conocido y notorio, los sagaces investigadores Maduro, García y Flores que en ese periodo, al parecer se encontraban en Siberia, solo se enteraron que el Gobernador no fue escuchado.

En definitiva la investigación de la comisión parlamentaria, con sus conclusiones es invalidada porque pone en peligro la estabilidad del proceso y sobre todo, no se trata de un ataque contra Manuitt, sino en contra del propio Presidente Chávez. Por lo tanto, en aras de la estabilidad democrática, del buen nombre de la República y de la imagen Internacional del Presidente de la República , líder indiscutible del proceso revolucionario, argumentos y razones ya conocidos en la historia política del país con que se encubre cualquier vagabundería; en consecuencia la directiva de la AN , decidió nombrar una nueva comisión especial, "independiente que haga un trabajo imparcial y objetivo sobre el informe que ha ocasionado una gran polémica. esta nueva comisión de manera independiente, neutral, objetiva y ponderada podrá de manera calificar el informe ( o no)" (declaraciones de Nicolás Maduro, anunciando el rechazo del informe parlamentario sobre los asesinatos y atropellos en Guárico. Nótese como se cumple literalmente la orden emitida por el "consejo de la revolución").

De esta manera, en el mejor estilo criminal y de complicidad, la AN declara solemnemente la impunidad como norma del Estado Venezolano.

Que conclusión pueden los trabajadores venezolanos, los familiares de millares de victimas, asesinados por los aparatos de violencia y represión del Estado Capitalista en Venezuela, cuando ante el crimen de 79 venezolanos, desde el Presidente de la Republica hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, pasando por Tribunales, Policías, Jueces, Fiscales, Partidos y gobernadores "Bolivarianos", en una palabra, el Estado, decide nombrar una comisión no para investigar los crímenes cometidos bajo la jurisdicción de un funcionario publico, sino para limpiar el nombre de este y cuidar su honorabilidad. Esta es la confesión tajante de un Estado que reconoce su esencia criminal y dictatorial.

Hay que entender, que todo Estado capitalista, desde el "democrático, revolucionario y socialista" hasta en la peor de las tiranías, es esencialmente una dictadura de la minoría propietaria sobre la mayoría explotada. La única libertad reconocida a los de abajo -en épocas de democracia -, es decidir cada cierto tiempo, a través del voto, quien será el verdugo que ejercerá su oficio, manteniendo el orden existente y preservando la impunidad para el capital, los patronos y sus funcionarios.

No se va a realizar una nueva investigación mas objetiva. Se trata nada mas y nada menos que el estado Venezolano a través de su máximo poder legislativo ha decretado, con el apoyo de sus principales lideres e instituciones, que los asesinatos y atropellos que a diario cometen sus cuerpos policiales de terror y violencia, seguirán impunes en el 99% de los casos y que sólo serán "investigados hasta sus ultimas consecuencias" y "se les hará caer todo el peso de la ley", siempre y cuando el asesinado sea un representante notorio del capital, vale decir: personal diplomático y altos funcionarios públicos, embajadores y cónsules, militares, dueños de medios de comunicación, dueños de grandes fabricas, industrias, comercios, tal como claramente lo contempla la nueva Ley contra El Terrorismo, de próxima aprobación por parte de las mafias que hoy detentan el poder, en provecho exclusivo del capital y, claro está, de las propias mafias.

El sacrificio por la patria no es gratis, no olvidemos que vivimos bajo el imperio del dinero y del cambio de mercancía, por lo que desde el asesinato hasta la impunidad, todo tiene su precio en esta sociedad del crimen.

El desarrollo del capitalismo lleva implícito el desarrollo del crimen

La intensificación de la violencia y el crimen por parte de los cuerpos policiales como ocurre en Guárico, Bolívar, Anzoátegui, Aragua, Lara, Zulia, Táchira, no es fruto de hechos aislados, de actuaciones individuales de funcionarios subalternos, que cometen excesos sin conocimientos de sus superiores. Se trata de la repetición de un fenómeno que sucede a escala mundial, en este periodo de descomposición del capitalismo y particularmente en Venezuela, con el traslado masivo al capital privado de los bienes y propiedad publica, proceso acelerado en los últimos 15 años en Venezuela.

La devaluación de la moneda en 1983, el endeudamiento externo y eterno del país, la caída de los precios del petróleo a mediados del los 80, el asalto al tesoro público por parte de la burguesía, en el caso de RECADI y la reestructuración de la deuda por parte de Lusinchi en ese periodo, entre otros hechos importantes, pusieron punto final a todo el periodo del desarrollo de capitalismo basado en una economía que tenia como pilar y soporte al Estado, sustentado en la renta petrolera como fuente principal de acumulación de capital en Venezuela.

La crisis de los años 80 liquida el mal llamado "Estado de Bienestar" en Venezuela, La privatización de los bienes públicos que se opera desde principios de los años 90, del siglo pasado, no es otra cosa, que un rápido proceso de concentración y centralización de capital que se opera en el país.

Este proceso se manifiesta en la venta de las grandes empresas públicas (CANTV, SIDOR, VIASA, AEROPOSTAL, EMPRESAS MIXTAS EN PDVSA, BANCOS Y SERVICIOS PUBLICOS), y en todo un conjunto de procesos que apuntan en la misma dirección. La crisis bancaria, la liquidación de las prestaciones sociales de los trabajadores, la privatización de los servicios de salud, educación, transporte, la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas, el aumento de la inflación, etc. son todas manifestaciones de un mismo fenómeno: La concentración y centralización acelerada del capital, hasta llegar a una situación como la de hoy, donde menos de 300 grandes empresas -principalmente extranjeras- en la industria, banca, seguros y comercio ejercen el control y la hegemonía de la política y economía del país, incluyendo evidentemente el destino de la renta petrolera.

Este proceso de concentración de la riqueza en el sector minoritario de la sociedad venezolana, engendra en el polo opuesto de la mayoría social un crecimiento del desempleo, el hambre, la miseria, la pobreza, la exclusión social, etc., en una relación inversamente proporcional a la riqueza concentrada entre las clases dominantes. A mayor concentración de riqueza en una capa cada vez más reducida de la sociedad, hay un mayor incremento de la miseria y pobreza dentro de la mayoría social. Esta ley general de todo desarrollo capitalista, descubierta por Marx, en el siglo XIX, hoy se comprueba con toda exactitud, no sólo a escala del país sino de todo el planeta.

¿Cómo puede esta minoría dominante, seguir incrementando su riqueza y someter a una masa creciente de población, que no sólo pierde el empleo, sino que de hecho es excluida del proceso productivo y de la vida social misma?

¿Cómo la clase dominante contiene los estallidos sociales?

¿Cómo el Estado intenta controlar la violencia social que inevitablemente desata este fenómeno de desarrollo del capital?

El incremento de violencia social en Venezuela es un fenómeno que se observa con absoluta claridad a partir de los años 90 del siglo pasado.

En 1992 se producen en el país 3.366 homicidios, en el 2003 pasan de 11.000 y extraoficialmente en el 2004 superaron los 13.000, un incremento de un 380%. Según la VII Jornada de Reflexión sobre la Violencia , para el año 2000, las esta-dísticas de los cuerpos policiales reportaban 240.000 casos anuales de violencia. Cada hora, 27 personas son agredidas en el país. Durante la Guerra de Federación, una de las más san-grientas en la historia de Venezuela, el número de combates diarios, promediaban los 180. Hoy la violencia social deja pequeña esas cifras y se acerca al número de bajas de la Guerra de Federación. Estadísticamente las muertes vio-lentas (accidentes, suicidios, homicidios, etc.) fruto de un sistema que ahonda las desigualdades sociales y empuja a las mayorías a las peores condiciones de vida, llegaban en el año 2000, a 19.942. 1 de cada 5 personas que fallecen en Venezuela, es fruto de la violencia.

Históricamente toda clase dominante a través de su Estado, tiene dos grandes mecanismos para ejercer la dominación y contener la violencia social en los límites que no interrumpa su proceso productivo y sobre todo su ganancia.

El primer gran mecanismo, es el aparato de dominación ideológico, que tiene en la estructura familiar y el televisor los grandes vehículos de adormecimiento, engaño, desinformación, etc. Este aparato es más antiguo y potente dentro del arsenal de la clase dominante, va dirigido a implantar desde la niñez y en el seno de la familia, toda la ideología de la clase dominante con sus correspondientes mentiras, prejuicios, moral, costumbres y tradiciones, fundadas en la doble moral y el doble discurso, pero dirigida a implantar en la conciencia de cada uno de los seres humanos, la adoración supersticiosa a toda forma de Estado y al respeto irracional a toda forma de autoridad, como condición natural y eterna sin la cual ningún ser humano, ni sociedad puede existir.

Este mecanismo de dominación, con las viejas instituciones heredadas del pasado, tales como la iglesia, educación, el derecho, la moral, las costumbres y las tradiciones, hoy ha adquirido un poder de dominación e influencia jamás conocido en el pasado con el papel de los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, radio, cine, prensa y la publicidad.

La causa de la violencia social, según los ideólogos de los aparatos de adormecimiento del Estado, son de sobra conocidos, desde el origen divino y natural de la violencia inmanente de los hombres hasta la ineficiencia del gobierno y su falta de autoridad o complicidad para enfrentar la "delincuencia común", todos no son más que sofismas, trampas y mentiras tendientes a encubrir la relación directa existente entre el crecimiento del capital y el incremento de la violencia social, el crimen y la guerra.

Esta campaña ideológica, tiene su punto culminante en la petición periódica de la pena de muerte contra los delincuentes, el aumento de la pena contra ellos, o como declarado por el Sr. Manuitt "las muertes ocasionadas por enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, están justificadas, ya que se trataba de delincuentes que dañan a la sociedad" (ídem). La sociedad capitalista que produce al delincuente desde que nace se declara inocente y como siempre el pobre es culpable por nacer. pobre, en una sociedad que produce tanta riqueza. Los pobres -repiten a diario los publicistas del capital- no terminan de entender que esta sociedad "democrática, protagónica y participativa" a todos les brinda iguales oportunidades como establece la sacrosanta CRBV.

El otro gran mecanismo al cual apelan el capitalismo y su Estado para enfrentar la violencia social, es el incremento de su maquinaria de guerra, terror y violencia.

En este periodo de privatización en Venezuela (1990 - 2005), los cuerpos policiales y represivos pasaron de 28 a nivel nacional en 1990 a 95 en el 2003. El incremento de la violencia social fue directamente proporcional al aumento de los cuerpos policiales. Sin embargo, el aparato de violencia del Estado capitalista para someter a la mayoría de la población no se ha limitado únicamente al aumento cuantitativo de los cuerpos policiales. Hay otras cifras que revelan con más profundidad hasta dónde llega el aumento de este aparato de violencia en manos del capital.

Veamos algunos hechos:

•  Aumento de los efectivos militares y de las llamadas reservas por parte del ejército regular de Venezuela. Se estima que el ejército junto con la reserva sobrepasarán los 150.000 hombres al servicio de la burguesía.

•  Restablecimiento de los tristemente célebres teatros de operaciones especialmente en las zonas fronterizas y en las regiones mineras y petroleras, como garantía de paz y seguridad a las compañías mineras, petroleras y madereras que operan en esas zonas.

•  Modernización del ejército con miras, no tanto a enfrentar invasiones externas como a reprimir movimientos y levantamientos populares. La adquisición de fusiles AK, bombas lacrimógenas, helicópteros de asalto, etc., se enmarca dentro de esta orientación mundial del capital de modernizar los ejércitos y policías nacionales, con miras a combatir el llamado terrorismo. Esta doctrina del terrorismo como nuevo enemigo inventado por el capital no es más que decretar a los pueblos y trabajadores del mundo como el enemigo del capital.

•  El aumento de las bandas de paramilitares y sicarios al servicio directo de los patronos urbanos y rurales. En estos casos se trata de cuerpos armados al servicio directo de los propietarios tal como sucede en las zonas fronterizas del país donde han sido asesinados más de 180 campesinos en los últimos años.

•  Las compañías de vigilancia privada en su gran mayoría pertenecen a expolicias y exmilitares. En el país existen más de 600 compañías de este tipo. Estos son hombres y armas al servicio del capital y de la defensa de la propiedad privada.

•  El armamento de la población. Con este tema se trata de confundir señalando a la llamada delincuencia común y los barrios humildes del país como especies de tierras sin autoridad donde impera la ley del revólver y cada hogar es una fortaleza militar. El encarecimiento de las mercancías fruto de la inflación ha elevado el precio de las armas de una manera tal que sólo pueden ser adquiridas por los grandes capitalistas y las capas medias ligadas directamente a él. El número de armas en manos privadas especialmente dentro de las clases medias y burguesía es infinitamente superior al parque militar que pueda estar en manos del pueblo, incluyendo las poseídas por la delincuencia. Los sucesos de abril fueron una demostración contundente de en manos de quien están realmente las armas en nuestro país.

•  Por último nos encontramos con la actuación de las compañías militares privadas internacionales al servicio de las grandes compañías transnacionales, tal es el caso de SAIC que operaba en PDVSA y aún continúa trabajando en el país. Estas compañías militares junto con los cuerpos de seguridad de los grandes países tienen sus agencias y representantes en Venezuela. No hay compañía internacional de importancia empezando por las petroleras que no tengan dentro de su estructura organizativa su filial militar, de investigación o de seguridad como irónicamente también se les conoce.

El capital en este periodo privatiza, como es de esperarse, el crimen este se convierte en una mercancía más. A través de sus compañías militares privadas, bandas de sicarios o paramilitares los crímenes o atropellos aparecen como asuntos privados y no como parte de la política oficial del capital de crimen y violencia contra los trabajadores y pueblo. De esta manera los asesinatos, atropellos, violaciones que a diario comete el capital con sus variadas bandas y aparatos de violencia, con presentadas como casos aislados; excepciones o sencillamente excesos, cuando todos conocemos que este aparato militar está bajo el mando y control directo del capital, y es la expresión diaria y oficial de la dictadura del capital contra los de abajo.

La violencia de los Manuitt, los Wilfredo Febres, Henry López, de las policías, Guardia Nacional, Ejército, sicarios, paramilitares, junto a la actuación de los cuerpos policiales de investigación, fiscales, defensores del pueblo, tribunales, jueces, hasta llegar a los máximos poderes del Estado, todos ellos forman un conjunto con sus leyes, reglamentos y estructuras que tienen un solo objetivo y una única misión: preservar el Estado y orden existente; incrementar los privilegios y ganancias para la minoría dominante. Desde que existe este aparato de violencia para defender el "estado de derecho" y mantener el orden su finalidad no es impartir "justicia" y mucho menos juzgar a sus agentes por los crímenes que estos cometen para preservar, precisamente, el orden existente.

El capital paga y mantiene su sistema de "violencia y justicia" desde policías y fiscales hasta las cárceles para someter a la mayoría explotada, empobrecida y excluida y nunca para juzgarse a si mismo y menos a quienes le sirven en esos menesteres.

Las policías, ejército, justicia y cárceles existen sólo para los pendejos. Esta verdad elemental conocida desde la antigüedad. En Venezuela fue tal vez la primera lección que los conquistadores le enseñaron a los indios y negros que convirtieron en esclavos.

Esta verdad es algo que no debe ser olvidado y aprender muy bien los trabajadores y pobres para el día en que sean poder y tengan que administrar justicia de acuerdo a sus intereses de clase no les tiemble el pulso ni la mano para aplicarle a la minoría dominante la única justicia válida para el explotado: la justicia de la mayoría trabajadora contra la minoría parasita y explotadora.

Mientras exista el capitalismo con sus estados democráticos o dictatoriales y mientras impere la propiedad privada sobre las tierras y fábricas, es no sólo una utopía sino una estupidez esperar justicia del capital. Todo el aparato policíaco y militar de la burguesía es para mantener y profundizar la desigualdad social, la miseria y la pobreza. Los policías, fiscales, jueces y carceleros son empleados del estado capitalista con la única misión de preservar la injusticia y garantizar la impunidad.

La burguesía paga para mantener y preservar sus privilegios y ganancias; vale decir, profundizar las injusticias y desigualdades sociales. No para hacer justicia, disminuir la pobreza y mucho menos investigar los asesinatos de Arturo Hernández, Alexis Orta, y las miles de victimas que a diario produce la acción policial y militar del capital a escala mundial. Este sistema capitalista con sus Estados correspondientes existe en todo el planeta y tiene necesidad de la impunidad ante sus crímenes porque de ellos se alimenta y desarrolla.

[*] Pablo Hernández Parra

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