La estrategia energética del actual gobierno es de las más ortodoxas que haya existido en nuestro país. El chavismo y su izquierda acompañante criticaron agriamente, con sobrada razón, la apertura petrolera del segundo gobierno de Rafael Caldera. Llegaron incluso a introducir una acción de nulidad contra ese proceso el cual era ostensiblemente una regresión a los momentos anteriores a la nacionalización de la industria.

Los mismos personajes concurrentes ante el máximo tribunal deberían estar asombrados por haber sido tan rígidos frente a una coyuntura tímida como la de Caldera ante lo planteado ahora por la administración autodenominada revolucionaria. Criticaron también la gestión de Luis Giusti en PDVSA por haber planteado llevar la producción petrolera a seis millones de barriles diarios.

La situación se ha esclarecido y se ha demostrado el carácter pragmático de nuestro presidente. Necesita muchos recursos para impulsar las políticas clientelares y el expansivo liderazgo internacional, ambos soportados por el andamiaje de la bonanza petrolera. Quienes no quieran comprender el carácter entreguista de sus iniciativas es por estar enceguecidos por el dogmatismo.

Primero fue la plataforma deltana donde remataron áreas a las transnacionales para extraer gas. Luego el caso del carbón en el estado Zulia, en el cual a cambio de los pagos de varias empresas de ese rubro han permitido un ecocidio y un atropello a la etnias Wayuu, Yukpas y Barí. Para el primero de enero del año próximo entrará en vigencia el régimen de empresas mixtas con el establecimiento en el capital societario de un cuarenta y nueve por ciento a las nuevas hermanas del oro negro y por ende, una participación idéntica en las instalaciones y los equipos. Se proyecta asimismo, aumentar hacia el año 2010 la producción a seis millones de barriles diarios y para la prospección se quiere adquirir en Argentina un reactor nuclear.

El anterior panorama deriva diáfanamente de la imposición de los grandes centros de poder energéticos internacionales. La política del cartel mundial pasa por estimular la producción y la exploración para hacer frente a la demanda del año 2020 cuando la necesidad del mercado impondrá un consumo mayor a cien millones de barriles diarios. De la misma manera, la orden es tomar posesión de los pozos para tener un control mayor del negocio.

En síntesis, la política del Estado venezolano es extractiva, desarrollista y colaboradora de las compañías dominantes del negocio de la energía. PDVSA quedará seguramente como un ente centralizador de los recursos obtenidos de los impuestos pagados por las empresas "revolucionarias" transnacionales. Nos estamos convirtiendo, en término de operatividad, en un nuevo emirato suministrador incondicional de petróleo, gas y carbón a los Estados Unidos esencialmente y en menor escala a los países de Latinoamérica y el Caribe. La intención es emular a Arabia Saudita y las satrapías medievales de la península arábiga.

Son las expresiones de una concepción económica rentista y primitiva abstraída de los nuevos paradigmas de riqueza basados en el conocimiento, la inteligencia y en el valor agregado. Ni siquiera al Benemérito se le ocurrió tan genuflexa actitud. El gobierno y la oposición coinciden perfectamente en ésta dirección porque son manifestaciones de un mismo criterio y sólo se diferencian por la diatriba aldeana y secundaria. Es menester denunciar esta fase petrolera porque el año próximo se inicia un triste y deprimente capítulo en esta materia.

(*) Humberto Decarli R. - Email: hachede@cantv.net

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