La novel Ley de Hidrocarburos no plantea expropiación de activos / La ley formaliza la propiedad sobre los yacimientos y permite a los privados operar con la condición de entregar en boca de pozo a YPFB los barriles extraídos y pagar 50% de su valor entre regalía e impuesto

Venezuela y Bolivia se acercan también en materia energética (Foto AP/archivo)

Tras comparar la Ley de Hidrocarburos que, referendo de por medio, aprobó el Congreso de Bolivia en mayo del año pasado con la anterior normativa, conocida como Ley 1689, no puede menos que afirmarse que el país latinoamericano ha dado un paso gigantesco en búsqueda de la nacionalización de la exploración y la explotación de sus recursos petroleros.

No obstante, analizado a la luz de la historia venezolana, surgen dudas de que Bolivia haya emprendido un camino cuyo destino sea el fortalecimiento de una petrolera estatal con la garantía de que la totalidad de las explotaciones de hidrocarburos se mantendrá bajo el control de la ahora reflotada YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli vianos).

Venezuela tuvo la peculiar suerte de proclamar, antes de la nacionalización, la llamada Ley de Reversión, que devolvió a la República la propiedad sobre la totalidad de los activos que hasta ese momento eran controlados por las petroleras extranjeras que participaban en el país. Con no pocas dificultades, esa normativa allanó el terreno para que años después se aprobara la nacionalización de la industria.

En los años que sucedieron a esas decisiones, Petróleos de Venezuela se constituyó, creció y concentró en sus manos la actividad de exploración, explotación, refinación, transporte, venta y exportación de los hidrocarburos extraídos de los yacimientos venezolanos hasta que, en el marco de la apertura petrolera, las transnacionales volvieron a tener un espacio protagónico dentro de la industria nacional.

Aunque los negocios celebrados durante los años noventa estuvieron fuertemente respaldados por la famosa "coletilla" del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos de 1943, las condiciones bajo las cuales se celebraron los convenios operativos, las asociaciones estratégicas de la Faja y los contratos de exploración a riesgo y ganancias compartidas han dado lugar a fuertes críticas al actual gobierno.

Es ahora cuando se cuestiona con vehemencia los términos bajo los cuales Pdvsa debe compensar a las operadoras de los convenios por los barriles extraídos _triplicando el costo de producción_, la poca participación accionaria en las asociaciones o el bajo rendimiento de los negocios de exploración a riesgo, eso sin obviar las objeciones al régimen que imperará para las empresas mixtas o la asignación directa de más de un campo.

La novel ley boliviana repite, con otros nombres, todas esas fórmulas, con dos marcadas diferencias: no especifica si los activos quedarán en manos de las petroleras extranjeras y no obliga a YPFB a asociarse en mayoría accionaria.

En síntesis: formaliza la propiedad del Estado sobre los yacimientos, pero permite a los privados seguir ejerciendo su labor con la única condición de entregarle a boca de pozo a YPFB los barriles extraídos y pagar al fisco 50% de su valor entre regalía e IDH (Impuesto Directo de Hidrocarburo).

Efectos inmediatos

Para el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz de Bolivia, Gabriel Dabdoub, los cambios que trajo consigo la Ley de Hidrocarburos no han resultado muy agradables para los inversionistas. Según cifras que maneja la institución, en 1999 ese país recibió 1.000 millones de dólares en inversión externa _principalmente vinculada al sector hidrocarburos_, monto que se desplomó a apenas 100 millones de dólares el año pasado.

Mientras tanto, el volumen total de las reservas de hidrocarburos _que se había elevado sustancialmente desde 1997_ ha fluctuado en relación con el movimiento de las inversiones de las petroleras privadas. El reciente anuncio hecho por Repsol YPF sobre un recorte de 25% en el total de reservas estimadas en Bolivia, Argentina y Venezuela es la guinda del pastel.

Estas situaciones preocupan al empresariado boliviano, que parece inclinarse a favor de medidas no tan drásticas para las transnacionales energéticas. Sin embargo, aún no hay certeza sobre algunos puntos clave en el tránsito de Bolivia hacia la nacionalización, principalmente lo concerniente a la posible expropiación de los activos de las petroleras.

Evo Morales, presidente recién electo de Bolivia, parece destinado así a continuar debatiéndose entre dos aguas: la extrema nacionalización que a gritos pide su pueblo o el aseguramiento de una creciente inversión extranjera y de la seguridad jurídica en su país.

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