El Comité Ministerial de Coordinación y Decisión para el desarrollo del Gasoducto al Sur, conformado por Argentina, Brasil y Venezuela, revisó el cronograma para la concreción del proyecto, presentado tras dos días de intensas reuniones que concluyeron el jueves en Caracas. Este programa será entregado próximamente a los presidentes de las tres naciones involucradas hasta ahora en el proyecto.

De acuerdo a un comunicado enviado por Pdvsa, el Comité aprobó los recursos para la ejecución de la ingeniería conceptual, desarrollo tecnológico y estudios ambientales, que suman 9,2 millones de dólares y serán aportados en un tercio por cada uno de los países participantes en esta etapa.

Se acordó que la petrolera venezolana realizará las contrataciones del con-sorcio que desarrollará la ingeniería conceptual y, tras las quejas públicas expresadas por el gobierno de Bolivia, se resolvió que el Comité Multilateral de Trabajo se traslade próximamente a ese país para informar a esa nación sobre los avances.

La cumbre de presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela, programada para el 11 de marzo en la ciudad argentina de Mendoza para discutir lo referente al Gasoducto al Sur, fue postergada hasta finales de marzo o abril, según informó ayer el canciller argentino, Jorge Taiana.

Taiana explicó a la prensa que la suspensión obedece a que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, debe estar en su país para esa fecha por las celebraciones del Día de la Bandera, pero reiteró que la cumbre se realizará en Mendoza, según versiones de AFP.

Originalmente, los mandatarios Chávez, Lula da Silva y Kirchner se reunirían la tarde del sábado 11, luego de asistir a la ceremonia de asunción de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, para tratar una serie de temas regionales, entre ellos el gasoducto.

El gasoducto, que partirá desde Puerto Ordaz y podría llegar a Uruguay, ha suscitado fuertes críticas ambientales e incluso se le ha restado importancia por considerarlo inviable, dados los altos costos involucrados. Se ha calculado que la inversión total podría superar los 20 mil millones de dólares, mientras que transportar el gas vía marítima requeriría un desembolso mucho menor y no afectaría directamente a Bolivia como proveedor.

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