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Caracas / Venezuela -
 


Conclusiones del Expediente No.31
José Pinto* / Soberania.org - 17/03/06

Conclusiones del expediente no. 31 de la subcomisión para el control de gasto publico e inversiones del ejecutivo nacional

No voy a señalar a nadie en particular, los resultados de este informe son claros y las noticias sobre señalamientos de hechos de corrupción supuestamente cometidos por gerentes de PDVSA Occidente son del conocimiento público y muestran a los responsables directos de esas declaraciones, pero es evidente que esos señalamientos de algunos directivos de PDVSA y representantes del Ministerio de Energía y Petróleos de Venezuela por tales supuestos delictivos, a comienzos del año 2005, y el consecuente despido y jubilaciones prematuras de 20 profesionales de PDVSA Occidente, quienes actuaron a su vez en defensa de la industria más importante del país durante el dañino paro petrolero de diciembre del 2002, agraviaron sus intereses profesionales y reputación ante lo ojos del mundo.

Tengo en mis manos copia del expediente No. 31 emitido en el año 2005 por parte de la Sub Comisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, por mandato de la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo establecido en los artículos 222 y 223, basado en las denuncias interpuestas por ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE ASIGNACIONES DE CARGOS Y DESPIDO INJUSTIFICADO DE TRABAJADORES POR PARTE DE LA EMPRESA PDVSA OCCIDENTE”, el cual termina concluyendo lo siguiente:


“De lo anteriormente expuesto y analizado, es necesario concluir que no se determinaron violaciones ni irregularidades administrativas, por parte de ningún funcionario de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Occidente ni Petróleos de Venezuela (PDVSA), ni particulares que ameriten sanciones de ningún tipo, ya que las contrataciones fueron realizadas dentro de la normativa legal vigente”


Esto es bueno y a la vez doloroso, estas personas han sido difamadas y sometidas al escarnio público sin ninguna justificación y de forma arbitraria, ya que es un hecho notorio y del conocimiento público todos los señalamientos que en contra de su gestión aparecieron a través de los medios nacionales de información y que tienen trascendencia a nivel internacional. Así mismo el informe deja ver que, como “PONCIO PILATOS”, los directivos de la empresa estatal de PETROLEOS DE VENEZUELA asumen la autoría legal de los despidos, jubilaciones y rescisión de contratos basados en la Constitución, Ley Orgánica del Trabajo y normativa interna.

A mi me parece que este caso ha sido un hecho bochornoso y de violación del estado de derecho, el cual se ha querido ocultar o al menos no se le ha dado la importancia debida. El informe señala además, la existencia de otros intereses que dañan al patrimonio de PDVSA y por tanto de la nación, tal como lo es el caso del “Proyecto Prisa”, contrato contraído entre la empresa SCHLUMBERGER y PDVSA, el cual merece una profunda investigación por parte de los entes jurisdiccionales correspondientes.

Finalmente quiero recordarle a los conciudadanos de este país que los gerentes a quienes les violentaron su honorabilidad y la de sus familias, lucharon movidos por la defensa de los derechos a la vida, por mantener una calidad de vida digna, el bienestar personal y colectivo, el acceso a servicios de calidad, el derecho a trabajar, a percibir un salario, al uso, goce, disfrute y disposición de bienes y servicios de calidad de todos los que habitamos en este país, los cuales son enunciados en los artículos 43, 83, 87, 91, 115 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“La justicia debe imperar de tal modo que nadie deba esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”





(*) José Pinto - Email: guariche1000@yahoo.com





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