Con un parque térmico avejentado por sus más de 20 años de antigüedad y pérdidas de energía anuales estimadas en unos 800 millones de dólares, no es muy alentador el futuro del sector: ¿nos quedaremos sin luz? En Margarita y Guayana el riesgo es alto

Venezuela perdió su ventaja comparativa en materia de generación de energía (Foto Archivo)

Si acaso quedan dudas acerca de las extrañas cosas que suceden con los numeritos de la estadística oficial, sirva como ejemplo lo que se encuentra al tratar de establecer dónde estamos en materia de suministro de agua potable y recolección de aguas servidas: la memoria y cuenta del Ministerio del Ambiente señala un aumento importante en el acceso a estos servicios para el año 2003, pero más adelante entrega una información contradictoria cuando se ocupa de los logros de 2004.

Al cierre de 2003, dice la publicación del Ministerio, "en Venezuela 66% de la población de las zonas rurales y 92% de la población urbana ya contaban con servicio de agua potable (...) Por otro lado, 75% de las zonas rurales y 91% de las zonas urbanas tenían servicio de aguas servidas...".

Y lo que encontró la investigadora María Elena Corrales _consultora del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento_ durante su estudio sobre la infraestructura criolla, es que para el año 2004 curiosamente ese mismo documento sitúa en 42% el acceso a agua potable para la población rural y en 89% el de la urbana; además de que en materia de acceso a redes de cloacas, los valores son 24% en ambientes rurales y 74% en los urbanos: "niveles muy similares a los del año 2001".

En función de esto, el análisis se sustenta en la situación para 2001, el último período en el que los números del Ministerio, Hidroven y el Instituto Nacional de Estadística, coinciden: "los indicadores de cobertura de los servicios se ubicaron en 88% para acueductos y 72% para cloacas, en el ámbito urbano, mientras que en las zonas rurales la cobertura sólo llegó a 42 y 23%, respectivamente", dice el informe de Corrales: "Ello significa que para 2001, 18% de la población nacional, es decir, alrededor de 4,1 millones de personas, no tenían acceso al servicio de agua potable y 34% o alrededor de 7,9 millones no se encontraban conectadas a la red formal de disposición de aguas servidas".

Hay otros registros peores: pese a lo que se califica en el texto como "un esfuerzo notorio por superar los déficit en materia de tratamiento y disposición de aguas servidas, el porcentaje actual en esta materia asciende a sólo 18%...". Eso se traduce en una catástrofe ambiental: "más de 80% de los desechos cloacales son vertidos en los cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento".

Hasta 2001 _y no hay nada que lleve a pensar que las cosas han cambiado_ la cobertura de agua potable en la Región Central (Capital y Miranda) se situó por encima del promedio nacional pasando de 90%, mientras que en los estados tradicionalmente más deprimidos _Apure, Barinas, Delta Amacuro y Amazonas_ no llega a 70%, cosa que le permite a la investigadora apuntar una suerte de "exclusión social de los servicios".

Esto es más claro al hablar de servicio de cloacas: "Más de 50% de las entidades federales del país mostraban para 2001 niveles de cobertura cercanos o inferiores a 60%, mientras que el Distrito Federal rondaba 97%, y los estados centrales (Miranda, Aragua y Carabobo) se acercaban a 80%".

Y es aun más dramático al considerar los asentamientos más pobres: "...el acceso al suministro de agua potable para los estratos sociales que habitaban en ranchos alcanzó, para 2001, 60% en promedio nacional, mientras que en algunas regiones del país se ubicó por debajo de 40%.

La exclusión en materia de acceso a la red de cloacas es mucho mayor. Solamente 18% de la población que reside en asentamientos informales tuvo para el año 2001 acceso a cloacas, y esta red es prácticamente inexistente en los estados Apure, Amazonas y Delta Amacuro"

Tres aspectos resumen los problemas del sector: la no aplicación de la Ley Orgánica de Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (aprobada en 2001) que hubiera significado una verdadera transformación institucional; la "consolidación de las ineficiencias operativas" (en cuanto a calidad química y bacteriológica del agua, presión y suministro); y el déficit de financiamiento, en vista de que entre 2002 y 2004 no se hicieron las inversiones previstas en el llamado Plan Sexenal trazado por Hidroven como meta para el lapso 2002-2007.

A oscuras

En la década de los sesenta, el sector eléctrico brilló, literalmente, a la luz de inversiones con las que desarrollaron plantas generadoras y redes de distribución eléctricas de tan alta capacidad, que abastecieron a más de 95% de los venezolanos, habitantes de 3.500 centros poblados.

Pero ese esfuerzo se fue apagando por la ineficiencia operativa y el proceso de deterioro estructural de los últimos veinte años.

La situación actual del servicio eléctrico nacional es diametralmente opuesta a aquella época esplendorosa: los apagones con racionamientos mayores a 100 megavatios pasaron de ocho, en 1994, a 84 en 2005; 80% del parque térmico nacional acumula una antigüedad superior a 20 años y 35% de la población sufre de racionamientos eléctricos periódicos.

Los males que han debilitado al sector eléctrico han sido varios.

La falta de un marco institucional estable, la segregación del sector privado como instrumento complementario de la acción pública, el intervencionismo del Estado y la imposición de intereses políticos de corto plazo por encima de los objetivos de servicio a largo plazo, han sido sólo algunos de ellos.

La fuerza de aquella cobertura avasallante del servicio eléctrico venezolano, que llegó a iluminar a más de 95% de la población, se perdió. Actualmente todo el país, con excepción de Nueva Esparta, Distrito Capital y las zonas de empresas básicas de Guayana, se encuentra en situación de riesgo. Los racionamientos mayores a cien megavatios se han incrementado escandalosamente: de ocho apagones causados en 1994, se pasó a 44 en 2002, a 52 en 2004 y a 84 en 2005.

Aunque los racionamientos y la escasez de servicio eléctrico son comunes en casi todo el territorio nacional, nueve estados sufren más que otros. Falcón, Mérida, Táchira, Barinas, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar reportan limitaciones frecuentes en el suministro de energía. Cadafe es el principal proveedor de estas regiones.

A pesar de las carencias de la mayor parte de la población, la energía se pierde mucho más de lo aceptado por los cánones internacionales. En un país como Venezuela, sólo debería diluirse 10% de la energía, pero se pierde un promedio de 27%, cifra que sube a 40% en el caso de la energía suministrada por la estatal Cadafe. El valor comercial de esa energía sin destino conocido es de 800 millones de dólares anuales y las razones del "extravío" son problemas técnicos y el hurto del servicio, con conexiones ilegales.

En cada uno de los últimos dos años, la demanda se ha incrementado 7% como consecuencia de la reactivación económica. Esta exigencia ha sido imposible de cumplir por un parque térmico obsoleto, compuesto en 80% por equipos e instalaciones con más de 20 años de antigüedad. Cadafe y sus filiales, Enelven, Enelbar y Edelca tampoco han podido asumir la demanda del mercado ni superar la crisis, debido a la reducción de sus inversiones, el incremento de sus deudas y la pérdida endémica de capacidades técnicas y gerenciales.

La falta de inversiones ha devenido casi en metástasis del sector eléctrico nacional, porque han sido tan escasas que no han podido mantener ni medianamente la calidad del sistema, lo que ha generado un marcado deterioro en las redes de transporte de energía, de transmisión y distribución, y un alto grado de obsolescencia en la generación termoeléctrica.

La desidia en este aspecto ha generado que, ahora, hagan falta nuevas y muy costosas inversiones para la renovación y ampliación del parque generador de energía. Para superar la crisis nacional de energía se estima que la industria eléctrica requiere de mil millones de dólares a muy corto plazo para realizar obras de emergencia y de un plan de inversiones superiores a los 10.500 millones de dólares durante los próximos diez años.

Lo paradójico es que durante el actual gobierno, específicamente en el año 2000, se aprobó la Ley de Servicio Eléctrico que supone descentralización, sustento del servicio a través de ingresos propios y régimen de aumento de tarifas. En el mundo bizarro, la ley se lee al revés.

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