Hemos penetrado en un universo kafkiano en el que la ley se burla de la ley, ya que la regla de la soberanía, empujada a su absurdo paroxismo, impide a la Justicia perseguir los delitos más graves contra el contrato social.

Eva Joly /  Impunidad, La corrupción en las entrañas del poder

 

Premisa

Mucho se ha escrito sobre el flagelo de la corrupción en el ámbito global. Tanto sobre sus causas y efectos como sobre sus antídotos. Aunque no bastante ha sido la experiencia de la lucha contra los factores que la determinan. En Venezuela, decimos para domiciliar el tema, el problema ha existido desde tiempo inmemorable. Pero, en los últimos cincuenta años, se ha arraigado cada vez con más fuerza y extensión hasta convertirse en amenaza franca al statu quo de la gobernanza en turno. Tal es la senda por la que transcurre la corrupción sistémica. Hoy, con una imagen muy mimetizada por el discurso del gobierno actual, la corrupción se percibe como un fenómeno que crece y escandaliza la opinión del país, desmereciendo el atributo de integridad moral que se exige en el ejercicio del poder público.

La endemia de la corrupción, con una trama versátil que singulariza su tipología periférica, es abordada en estas líneas de manera general y poco minuciosa, particularizando el caso venezolano en un espacio donde la observación empírica confirma la incidencia negativa de los vicios administrativos en el diagnóstico de la cosa pública y en el clima de inversión de capital, a la luz de un enfoque de la relación entre el desempeño del Estado y las derivas del mercado como eje de explicación de tal fenómeno, allí donde las contingencias sociales y políticas del orden establecido, más que apuntar la necesidad de combatir la transgresión en términos convencionales, plantean la cuestión de determinar el límite de la carga delictual que puede soportar la sociedad venezolana en requerimiento de sustentabilidad.

El título de este artículo pretende sugerir, en metáfora que denota la corrupción en diversos fueros gubernamentales, no sólo el manejo gravoso de recursos materiales y financieros en la industria petrolera del país, sino también la administración no diáfana de la renta del petróleo en los dominios fiscales del Estado, no documentando desembolsos públicos cuantiosos en actuaciones de reserva que a menudo implican pérdidas tan ingentes como insubsanables, asegurando también los cerrojos de la impunidad que protegen los mecanismos turbios de la connivencia y la vulneración.

Una cultura de la opacidad, allí instituida como en constante denegación de transparencia, dificulta conocer en ese contexto los criterios de gestión y control aplicados en actividades donde los pactos soterrados sustituyen a las pautas de la competencia. Por esto mismo corresponde observar que las cuentas nacionales ortodoxas no incluyen la estimación de aquellas pérdidas en los saldos deficitarios del sector público, ni en los flujos de financiamiento que involucran gastos discrecionales. Lo que denominamos cleptocracia del petróleo, a más de la connotación de la renta petrolera como objeto de un manejo irregular o poco transparente, alude al quebrantamiento de un orden regido con patrones políticos que no establecen límites al uso corruptivo del poder, ni acatan criterios de indemnidad del patrimonio público, impidiendo que la administración de la justicia sancione los delitos contra el contrato social y el estatuto de la soberanía.

Fenomenología de la corrupción en Venezuela

El examen de la corrupción en Venezuela, considerada desde sus evidencias pasadas hasta sus manifestaciones más recientes, afronta algunas dificultades no enteramente remediables. Una de ellas consiste en la carencia de informaciones confiables que permitan cotejar la magnitud de los recursos incluidos en la trama de sus perpetraciones. Otras dificultades radican en la escasez de datos, documentaciones o registros que revelen la fuente de sus artificios o identifiquen los factores e intereses que participan de sus prácticas o maquinaciones. La trama de la corrupción percibida en los últimos años, particularmente en estos del septenio perdido, con tantas noticias sobre relaciones impropias entre la política y la economía, insinúa una red que traba los subterfugios del poder, las claves del silencio, el encubrimiento de las actuaciones, todos incluidos de distinta forma en manejos a espaldas de la ley, como elementos que concurren en el espacio donde medra el caldo de cultivo de los vicios del Estado.

Esto explica en cierto modo los obstáculos que deben superar los investigadores y analistas sobre el amplio espectro de la corrupción que comprende enriquecimientos indebidos, peculados, extorsiones, sobornos, lavados de dinero, transferencias ilícitas de fondos, nepotismos, comisiones extralegales, clientelismos y otros expedientes que confluyen en la acumulación delictiva de capital, tratándose en general de actividades ilegales que obtienen dinero turbio y ventajas de exclusión a través del uso de la violencia, la colusión, la evasión fiscal y el beneficio de ingentes capitales que proviene de operaciones indebidas.

A todo esto, como abundando en el sentido de las dificultades, se debe añadir que el alto sector público venezolano –con los aparatos coercitivos de las instancias supremas del poder– es a propósito transformado en un dominio opaco que trasmite sólo muy poco de las informaciones que el gobierno genera y mucha de la propaganda política que auspicia, hablándole todo a la ciudadanía sin explicarle nada, creyendo que los sótanos de la corrupción sólo permiten las brumas del Estado, para así impedir la transparencia en el acceso a las llaves maestras de los mecanismos de gestión, para allí encubrir la colusión que suplanta al rigor de la ley, para soterrar pactos de intereses que sustituyen a pautas de la competencia, para empobrecer mecanismos de verificación del gasto público, para reducir el funcionamiento de los sistemas de regulación y control.

El diagnóstico de la corrupción en el país, particularmente con respecto a las condiciones que favorecen su incidencia, plantea la consideración de la discrecionalidad como potestad gubernativa de administrar recursos públicos de competencia sin ser sometidos a control o revisión por ningún otro organismo del Estado. La discreción así se interpreta como inapelable conclusividad. En Venezuela, además del perjuicio que puede causarse con el mal uso de la facultad discrecional, es de observar que una discreción veleidosa y desmedida puede afectar la certidumbre y estabilidad del orden fiscal instituido, tornando realmente impracticable la conjetura de desempeños punibles, lo que constituye, a la luz de nuestras evidencias más actuales, una situación oportuna o favorable para la reproducción de experiencias corruptas. Así es lógico discernir que la concentración del poder y la discrecionalidad de desempeño del alto gobierno conforman un binomio inseparable en la creación de condiciones que estimulan el crecimiento de la corrupción en las instancias supremas de la gestión pública.

También se advierte que en este tiempo de expansión del Estado venezolano, como corolario del exuberante rentismo petrolero, la magnitud de la corrupción gubernamental se relaciona de modo consecuente con la concurrencia de lo público y lo privado en áreas del mercado intervenidas por medidas políticas de inseparable contenido económico. Con respecto a esto se debe todavía indicar que el crecimiento del ámbito público y la transformación del Estado en el principal factor económico de la Nación, como puede estimarse según la densidad de su participación en el producto interior bruto (PIB), han comportado el enorme aumento de la potestad discrecional del presidente de la República en la adopción de criterios políticos y administrativos con sensible repercusión en la economía del país.

Asimismo se observa que con la creación de nuevas funciones económicas del Estado –mediante la fundación no siempre procedente de empresas y organismos de operaciones comerciales– no ha tenido lugar el respectivo establecimiento de instituciones normativas ni la adopción de las correspondientes providencias de control. De manera que en el espacio de la economía ganado con el extensivo funcionamiento estatal han aparecido en el supremo estamento del gobierno, como fortaleciéndose con un mutuo influjo, tanto la actuación arbitraria del mandatario que ejerce el poder sin el contrapeso de una diligente fiscalización preventiva, como el riesgo de extravíos a que quedan expuestos factores del sector privado por razones de cointerés no satisfecho o no bien acreditado.

Comentamos en líneas precedentes el delito contra el patrimonio fiscal atribuido al mal uso de la discrecionalidad en el amplio espacio del Estado que sirve de contexto al fenómeno corruptivo. Se ha sugerido que la concentración del poder con connotación autoritaria, más concretamente referida a la índole del vigente mandato presidencial, ha conducido a la institucionalización de la arbitrariedad en el dominio económico de la cosa pública, hasta extremos indudables que denotan cierta cercanía a una “absolutización de la política”, como desviación con respecto al capitalismo de Estado gobernado con criterio monopólico. En el mismo sentido es propio decir que la explicación más característica del fenómeno de la corrupción aludido, que aquí hacemos con clara identificación de su contexto y sus factores, tiene un origen esencialmente político, en la medida en que el propio fenómeno se define por el predominio de procuradores arbitrarios de poder que actúan en el ámbito público, no descartando móviles de enriquecimiento ilícito, ni la utilización de los recursos del Estado para satisfacer sus propios objetivos políticos.

La cleptocracia del petróleo

Hemos considerado el petróleo, más exactamente el carácter conflictivo de su explotación, como elemento que genera no pocas contradicciones en el transcurso histórico de Venezuela contemporánea. El largo ciclo de esa explotación registra de modo recurrente las diversas coyunturas de su renta, dando cuenta de aportes fiscales cuyo gasto contribuye, en cierta medida, a la tendencia del crecimiento de la economía, con el respectivo grado de sustentabilidad que define particularmente el nivel de eficiencia del desempeño público. Así, en tiempos de percepción de petrodólares cuantiosos, como estos de ahora, la industria petrolera adapta el alto nivel de su rentabilidad a tenor de los desproporcionados recursos financieros exigidos por el proyecto político del actual gobierno. Esa industria, sin el talento corporativo que fuera desplazado durante la huelga petrolera, hoy carece tanto de la calificada gerencia productiva como de la inteligencia de planificación, desarrollo y control que antes constituyeran el principal factor de la acumulación de capital indispensable en su estrategia de expansión.

Petróleos de Venezuela S.A., con niveles de producción que disminuyen irreversiblemente desde entonces, obtiene ahora enormes ingresos por exportaciones que confirman, en su caso, la contradicción de una creciente rentabilidad con una productividad declinante, a más de la experiencia que denota la irracionalidad de la misma empresa estatal cuando aporta al gobierno los ingresos fiscales que mucho exceden a sus niveles ordinarios de tributación, a la vez que en contraste realiza la precaria formación de capital en esa industria con los pocos recursos restantes de inversión. La industria petrolera es así sometida a un proceso de descapitalización corporativa que incluye tanto una contracción del rendimiento productivo como una caída de su calidad gerencial, en un desempeño que en efecto descarta la inteligencia del desarrollo y su conexión con los correspondientes planes y arbitrios de control.

Esa situación se ha observado como caldo de cultivo de la indisciplina que introduce pérdidas y distorsiones en el comportamiento corporativo de la actividad petrolera, creando condiciones que desalientan la densidad productiva de la acumulación de capital en esa industria donde el alto precio de la energía es ya bastante para garantizar su formidable rentabilidad. La renta considerable del petróleo, atribuida más a los accidentes geopolíticos del mercado mundial que a razones de carácter meramente competitivo, condiciona asimismo una situación de prosperidad aparente que relaja los criterios formales de austeridad, evidenciando igualmente el decaimiento de los mecanismos de control y regulación en las operaciones nacionales e internacionales de la propia industria, al punto que una cierta opacidad es necesariamente asumida –además de encubierta con mensajes de un extremoso nacionalismo– para afectar “márgenes de credibilidad” que la transparencia en ningún caso puede conferir.

Los balances de PDVSA, que en principio deben ser presentados regularmente a la Security and Exchange Commission (SEC, USA) por mandato de sus compromisos financieros internacionales, son siempre demorados y diferidos con pretextos que mencionan las dificultades técnicas supuestamente generadas por la huelga petrolera como razón de su incumplimiento, para luego revelar, cuando eventualmente se publican, la incongruencia de sus estados financieros con las cifras de los flujos reales del comercio de exportación, no logrando disipar los indicios de corrupción corporativa –malversaciones, tráfico de influencia, nepotismos, fraudes, comisiones... -  que al cabo se detectan en los espacios operativo y gerencial de sus actividades, según luces de verificación que en tal caso permiten comprobar que las rentas brutas de explotación pierden sus barreras de salvaguarda por obra de artificios fraudulentos que distorsionan el contenido de las cuentas de referencia.

Al respecto se menciona particularmente, entre otras irregularidades denunciadas, la vulnerabilidad de la red de comercio exterior de hidrocarburos venezolanos como causa de vicios que surgen y se arraigan sin correcciones efectivas, allí donde los mecanismos de control de los suministros externos son frágiles y no operan al nivel de las complejas transacciones especulativas en ese contexto. Altos funcionarios de PDVSA, incluyendo al gerente de comercialización que usufructúa privilegios de inocultable nepotismo, autorizan el pago de costosas comisiones –según descuentos de US$ 4.00 por barril con una proyección parcial a US$ 140 millones anuales en violación de la Constitución de la República y la Ley contra la Corrupción-  por la venta de productos petroleros en el mercado internacional a través de una amplia red de intermediarios con secretas conexiones bancarias en Nueva York, Miami, Panamá, Madeira y Lugano (Suiza), que involucran transferencias de dinero a cuentas cifradas en paraísos fiscales. En casos como éste, que pueden ser casi enteramente generalizables, los indicios de estragamiento de PDVSA confirman que el auge de la renta petrolera ocurre no desprovisto de estigmas morales.

El comportamiento subsidiario de PDVSA, demostrado con sus aportes a planes de desarrollo social que el gobierno auspicia y realiza con propósito esencialmente político, es sometido al absolutismo de decisiones presidenciales que imponen vertientes y mecanismos de corrupción en el ejercicio de esa misma empresa. La malversación de recursos del ente estatal, revestida por la actuación arbitraria del presidente de la República y la diligencia correspondiente del ministro de Energía y Petróleo, se efectúa en algunos casos con el traslado extraterritorial de fondos que subsidian la financiación de proyectos como aquel, entre otros, de desarrollo endógeno en asentamientos de Pinar del Río (Cuba), con un aporte de US$ 8 millones acordado por la junta directiva de PDVSA el 13 de agosto de 2005, en infracción de normas legales que consagran expresamente la salvaguarda del patrimonio público. Así, un estilo manifiesto de malversación, observado a la luz de la acción transgresora promovida por el presidente de la República, dispensa dinero del petróleo venezolano en transferencia externa explicable como traspaso financiero no legítimo o en contracorriente a criterios de transparencia.

Actuaciones como ésta, que no son pocas ni infrecuentes en la línea de exacción impuesta por el primer mandatario a la corporación petrolera estatal, traducen pérdidas gruesas y casi siempre incontrolables de los haberes públicos, consideradas oficialmente tan oportunas como inevitables en el financiamiento de un boceto de integración regional alternativo que el gobierno de Hugo Chávez promueve en los términos de una “diplomacia revolucionaria del petróleo” imaginada –según una estrategia de objetivos mucho más ideológicos que económicos– para exportar solidaridad y asistencia particularmente a países caribeños y suramericanos, no sin pretender manifestaciones de apoyo internacional a los desafíos de la “revolución bolivariana”.

Malversación de la renta petrolera

Diferentes juicios e informes contribuyen a documentar el diagnóstico de la corrupción pública en Venezuela. En informe de Transparencia Internacional correspondiente al año 2004, se revela que Venezuela figura entre los países latinoamericanos con mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC), según el cual este fenómeno es considerado como “el abuso de cargos públicos para beneficio privado”. Informaciones de organismos multilaterales confirman que ese índice, asimismo en alusión al caso venezolano, desmejora en el año 2005, dando cuenta de un mayor crecimiento del fenómeno en el país –con el registro de no sólo más formas sino también mayor incidencia en la creación de más pobreza, inequidad e ingobernabilidad– porque empeoran las causas y condiciones que la ocasionaran en años anteriores.

En la mayoría de los países productores-exportadores de petróleo, con regímenes políticos que oscilan entre la democracia y el absolutismo populista, persiste casi invariablemente una corrupción atribuida tanto a las distorsiones especulativas en las corrientes de internacionalización de capitales y mercancías, como a la gestión no transparente de la renta petrolera sobre todo en gobiernos que asumen la estrategia de asistencialismo social con objetivos clientelistas. En este caso, que particulariza el estilo de corrupción característico del gobierno venezolano en los últimos siete años, la erosión de los principios y valores corporativos de la industria extractiva desmejora la imagen de esta actividad a la luz de la administración que pervierte la generación y el empleo de la renta del petróleo.

En este sentido, para una mejor comprensión de los elementos que determinan la escalada de la corrupción pública en el país, es propio referir particularmente la pérdida de autonomía administrativa y financiera de la empresa estatal de petróleo en los últimos siete años. La tipología autoritaria del actual gobierno, con concentración del poder en el contexto de la casi absoluta potestad presidencial, permite explicar la sujeción del cuerpo directivo de la industria petrolera al albedrío del primer mandatario. Por esto se entiende que toda renta, formación de capital o excedente de explotación en esa industria queda sometida a la autoridad del presidente, de acuerdo con el dogma que subordina la razón productiva de esa industria al designio político del jefe de gobierno. De modo que la renta del petróleo, después de saldadas las obligaciones tributarias del sector de hidrocarburos, es destinada a los aportes extraordinarios que realiza PDVSA a los “fondos de desarrollo social” dispuestos por el presidente Chávez en el financiamiento de sus profusos gastos discrecionales.

En base de cifras aproximadas, se estima que los casi US$ 5.000 millones de aportación cuasifiscal de PDVSA, más los US$ 6.000 millones sustraídos imperiosamente de las reservas monetarias  internacionales del país, más otras tantas contribuciones extraordinarias exigidas por el propio gobernante, suman entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones que constituyen fondos de tesorería administrados a su entera discreción, con licencias erogativas no observadas en la ejecución del presupuesto público, sin sometimiento a monitores de verificación, jamás sujetos a requisitos de rendición de cuentas y sin obligación de transparencia en la realización de los gastos inherentes. En ese ámbito, donde la depredación del patrimonio fiscal no compromete las cuentas en clave del poder, el control en ningún tiempo toca aquella velada jurisdicción del primer mandatario. Ello sin embargo no impide conjeturar lógicamente que en este contexto es donde más se contaminan los desembolsos de la renta petrolera. No pocos datos sugieren al respecto que en ese espacio, con la furtiva confluencia de colusión y clientelismo, más se concentran los manejos de malversación que enturbian la transferencia de riquezas del dominio público al privado, comprometiendo la relación entre el Estado y el mercado a través de la liberación de fondos que concluyen en paraísos bancarios.

A propósito de la experiencia sobre el régimen actual de Venezuela, la discrecionalidad del gasto presidencial –entendida como inasible potestad de gastar sin control ni restricción– adquiere una magnitud que sobrepasa la frontera de la reserva adjudicada a la actuación del presidente, dado que éste se arroga, las más de las veces, atribuciones desmedidas que conculcan el sentido de aquella facultad gastando recursos del patrimonio público hasta extremos dispendiosos, no pocas veces en desembolsos extraterritoriales que traducen capitalización hacia fuera y descapitalización hacia adentro, sin la autorización de la instancia contralora que en rigor se requiere en tales actuaciones. A manera de simple ilustración de lo que en este sentido representan algunas transferencias externas de renta pública dispuesta por el presidente Chávez, sin licencia institucional que lo autorice, se mencionan como parte de las grandes erogaciones realizadas en efecto, tanto la compra de aproximadamente US$ 2.500 millones en bonos de deuda pública argentina, como no menos de US$ 350 millones en donaciones y acuerdos de colaboración y cooperación efectuados en países suramericanos y caribeños.

Una relación directa  -acaso no muy estricta– se observa entre los ciclos de rentabilidad del petróleo y los vaivenes de la corrupción administrativa en el país durante estos últimos años. Más precisamente se percibe que mientras aumenta la renta petrolera –conforme a la valorización internacional de los hidrocarburos– mayor es la incidencia de la corrupción en los dominios gubernamentales comprometidos en el financiamiento del proyecto político que lleva a cabo el jefe de gobierno. Así, en el entorno de afiliación al régimen, configurado para identificar y extender el escenario político de la “revolución bolivariana”, desviaciones de grandes caudales públicos retribuyen tanto los intereses clientelares que cobran facturas colectivas, como las onerosas primas de lealtad reconocidas a comandantes de la Fuerza Armada por su adhesión al poder instituido. Estas vertientes de malversación, que compendian una modalidad autoritaria del clientelismo, participan de la acumulación transgresiva de capitales (enriquecimiento ilícito) con ostensibles rótulos castrenses, como es el caso del estamento militar que hoy usufructúa haberes formidables y privilegios de gracia por sólo proclamar su afinidad con la investidura absolutista del Estado.

Para un prontuario nacional de la corrupción

Hasta aquí se ha dejado constancia de la opinión que glosa el vínculo entre los ingresos fiscales del petróleo y el morbo de la corrupción pública en Venezuela. En los últimos siete años, a juzgar por las razones y evidencias ya expuestas, la corrupción ha escalado altos niveles que denotan una expansión creciente y sostenida en un escenario donde la desbordante oferta monetaria, en consecuencia con la hipertrofia del gasto público, opera como estímulo de propagación de los móviles colusorios que aumentan a tenor de los factores de enriquecimiento delictivo, con protagonistas reales e interpuestos que figuran, no siempre de manera discreta, entre la clientela usufructuaria y la parentela política del régimen presidido por Hugo Chávez Frías.

Analistas y activistas contra la corrupción en Venezuela, asumiendo las inspiraciones de Transparencia Internacional en la lucha contra este vicio capital, pueden detectar dos grandes vertientes en el ámbito de las transgresiones del poder relacionadas con la acumulación fraudulenta de capital. Una es la vertiente institucional, con canales turbios que en la propia esfera gubernativa sustituyen mecanismos limpios de administración por artificios de competencia falsa y ruinosa, para obtener ventaja o gratuidad en la utilización de recursos del Estado con particulares propósitos lucrativos, o para lograr beneficios por colusiones corporativas en perjuicio de intereses fiscales de la Nación. Otra es la vertiente personal, ubicada casi siempre en el ramblar de los sectores publico y privado, con aprovechamiento de relaciones de influencia que conectan –en circuito de ilegalidad soterrada– los auspicios virtuales del poder con los respectivos encargos y comisiones de factores clientelistas. Por obra de esa conexión ocurre una transferencia de riquezas del dominio público al privado, materializando efectivamente una dispensa al enriquecimiento indebido que trasciende –en expatriación masiva por motivos de evasión o subrepción– las fronteras nacionales concluyendo en las “cajas negras” de los paraísos fiscales, en las cuentas cifradas de la banca off shore o en las cámaras internacionales de compensación exentas de controles.

En la referencia institucional y corporativa de la corrupción se incluyen las lacras administrativas denunciadas en casos de malversación, fraude, nepotismo, peculado, comisiones extralegales o tráfico de influencia detectados en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Banco Industrial de Venezuela (BIV), Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), Mercados de Alimentos (MERCAL), Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Aluminios del Caroní S.A. (CVG-ALCASA), Electrificación del Caroní (CVG-EDELCA), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Compañía Anónima de Administración y Fomento de Electricidad (CADAFE), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Banco del Pueblo Soberano, Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, Ministerios de Energía y Petróleo, de Finanzas, de Infraestructura, de Defensa, de Industrias Básicas, de Agricultura y Tierras, Gobernaciones de los Estados Sucre, Trujillo, Barinas y Guárico, Alcaldía Mayor de Caracas, Alcaldía del Municipio Libertador... y otras entidades y organismos públicos, con sumarios instruidos según denuncias de infracciones contra el patrimonio de la República, basadas casi todas en pruebas y testimonios de criminalidad económica o fraude fiscal, pero sin expectativas de sanciones o medidas penales certeras, en un frágil contexto institucional –ventajas del patrón de rentabilidad sobre la ley anticorrupción- donde el vicioso entramado de la administración promueve un letargo judicial que favorece el clima de impunidad.

La vertiente no institucional de la corrupción, más aproximada a los sesgos de la opulencia del poder, revela también las aberraciones de un nuevo estilo de enriquecimiento asociado a las ejecuciones de mandos poco visibles que alientan la rentabilidad del clientelismo. A tenor de tal comportamiento se distingue una elite del poder que se enriquece vertiginosamente, apremiando la percepción de lucros generados por la constante afluencia de la riqueza pública en los fueros especulativos del mercado. Un medio frecuente de la gestión presupuestal del gobierno es la adjudicación directa de contratos muy costosos a factores de la construcción, la industria manufacturera o la agroindustria, obviando el requisito formal de la licitación a cambio de “comisiones” harto remunerativas que ya se pagan no importando los controles virtuales del poder.

En otro sentido también usual en el dominio versátil de la corrupción, se señalan miembros de elites del estamento militar como responsables del manejo indebido de fondos en planes gubernamentales. Denuncias precisas se hicieron de las malversaciones de recursos cometidas en la administración del Plan Bolívar 2000. Más recientemente se ha formulado la denuncia de malversación de más de 3.000 millones de bolívares -supuestamente 10.000 millones de bolívares según otras estimaciones– en la construcción del Complejo Industrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ) de Barinas, en el que fueron involucrados varios militares venezolanos y “algunos técnicos cubanos” que no han sido objeto de sanción. En ambos casos es clara una nueva variante de corrupción configurada por móviles pretorianos de enriquecimiento.

Epílogo

Un arqueo hemerográfico de sucesos ilícitos –especialmente los que conciernen a delitos contra la cosa pública– es ya bastante para percibir el auge de la corrupción administrativa en Venezuela durante el tiempo de abatimiento e incertidumbre que denominamos septenio perdido. Los casos enunciados en líneas anteriores, allí resumidos convencionalmente, significan que la corrupción pública es ya una patología endémica con tantas vías y condiciones de propagación que la convierten en un morbo sistémico. Lo que en particular hemos llamado cleptocracia del petróleo alude a mecanismos de corrupción que subordinan –malversación mediante– una porción significativa de la renta petrolera a los requerimientos de la tesorería discrecional del primer mandatario, en magnitud y condiciones tales que le permiten financiar, con absoluto albedrío y sin control, los costos extrafiscales de su proyecto político dentro y fuera de las fronteras del país.

La vocación autoritaria del actual gobierno, liberando del escrutinio moral a capítulos no transparentes del ejercicio público, colocando arbitrios de vigor en defensa y protección de intereses creados, desestimando la pertinencia de controles institucionales, no garantizando la inmunidad jurídica de proyectos de inversión privados, descalificando los patrones  que organizan los flujos de la competencia, dispensando recursos para el financiamiento de su asistencialismo clientelar, procura entonces persistir tras objetivos políticos que presuntamente prolongan la vigencia del estatuto que lo legitima, sin corregir las lacras del desempeño discrecional que pervierten la razón de Estado por la que el propio mandato se instituye con poder arbitrario. En ese contexto, donde se reproduce el caldo de cultivo de no pocos flagelos gubernamentales, toda certidumbre se torna ilusoria, toda rentabilidad se deteriora con la contaminación de los caudales, allí donde la corrupción impone costos ocultos al statu quo que la produce, la auspicia y la cohonesta. El petróleo, que es fortuna y pecado capital de la autocracia en turno, surte las vertientes de la corrupción que causa distorsiones y quebrantos a la comunidad venezolana de estos tiempos.

(*) Este trabajo será publicado próximamente en una obra que patrocina Venezuela en Positivo.

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