I.- Los antecedentes

En el marco del proceso constituyente de 1999, al arribar su Asamblea al capítulo correspondiente a los derechos de los pueblos indígenas el debate suscitado puso en evidencia el pensamiento eurocéntrico, neoliberal y racista que regía, no sólo en buena parte de los asambleístas sino que, asimismo, definió la esencia del proyecto constitucional chavista en su conjunto como el rumbo que en este sentido tomaría posteriormente el gobierno. Algunos diputados más que otros, se destacaron por su vena anti-indígena, ello, sin distingo de que fueran militantes del oficialismo o de la oposición, pues, en este punto, quedaba claro que ambos sectores coincidían en la decisión de que los derechos de los pueblos indígenas venezolanos deben ser regateados y minimizados hasta un extremo que les obligue a su desaparición cultural.

Tal coincidencia entre oficialismo y oposición quedó registrada en las declaraciones del General Visconti y Jorge Olavaria, por mencionar sólo a dos de los más prominentes representantes de ambos bandos. Estos llegaron a la conclusión de que no era posible reconocer a los indígenas la condición de pueblos, pues, ello implicaría el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y autonomía así como de su legítimo derecho a poseer y administrar su propio territorio según el sentido de su cosmovisión y el desarrollo de sus formas de producción y cosmovivencia.

Sin embargo, también es necesario decir que sus argumentos se sustentaron en criterios de estudiosos e intelectuales tales como Luis Britto García quien, entre otros, ha llegado a plantear en una burda manipulación retórica, la existencia de una especie de condición secesionista (casi por naturaleza) de los pueblos indios del país. Tal visión pareciera reiterar una observación hecha por Díaz Polanco, quien al respecto señala que, este miedo a la presencia autónoma de los pueblos indígenas está vinculada a “una obsesión política por el carácter “incompleto” o “inauténtico” de la nación misma, dada la persistencia de los grupos étnicos. Y (...) como corolario de lo anterior, la búsqueda afanosa de fórmulas que permitan “completar” o “integrar” a sociedades cuyo tejido es socioculturalmente heterogéneo, esto es, la observación de tal heterogeneidad como un estigma, como defecto de la nación que debe ser superado” (Díaz-Polanco 1991:17). Un reconocimiento contrario según estos oficiosos intelectuales gubernamentales constituiría un severo golpe al cuerpo del Estado-nación o, por lo menos, a su inaceptable debilitamiento.

Si a toda esta retahíla le agregamos el hecho del silencio cómplice y cobarde de una burocracia indígena encabezada por Nohelí Pocaterra así como de otros allí presentes más por el dedo omnipotente de Chávez que por decisión autónoma de las comunidades y, quienes se encontraban más pendientes de la vigilancia de sus particulares beneficios que en abrir y profundizar un debate crucial para sus pueblos, queda claro entonces, tal como terminó siendo, que a los pueblos indígenas no se les reconocería sino como culturas diferentes, con una lengua propia y unas tradiciones en un sentido casi folklórico pero jamás, en el sentido que la categoría pueblo posee en el derecho internacional y, por tanto, se consagró constitucionalmente la negación de su derecho a un territorio propio y por esta vía su derecho a la autonomía, su dignidad y libertad.

En su defecto y en consonancia con el razonamiento impuesto, la Asamblea Nacional Constituyente decide que estos pueblos, así folclorizados, no alcanzan a tener derechos político-territoriales sino apenas  derecho a un hábitat; es decir, a un espacio mínimo, suficiente para reproducirse biológicamente. Así, sus derechos políticos quedan reducidos a la dudosa categoría de “usos y costumbres” los que han de ser ejercidos, únicamente, dentro de sus espacios territoriales así reducidos; vale decir, dentro del hábitat que, a posteriori, y según los mismos criterios eurocéntricos, racistas y etnocidas, estos pueblos recibirían de manos del Estado.

En consecuencia, se hacía necesario definir cuáles y, sobre todo, hasta dónde alcanzarían a llegar estos hábitats, pues, así concebida tal disposición no corresponde a un acto de justicia hacia los pueblos indígenas sino de alcanzar un objetivo fundamental para el Estado, como lo es, la necesidad de producir un reordenamiento del territorio en función de su planificación geo-económica y política en el contexto y, por imposición, de los intereses de la globalización.

Las disposiciones transitorias aprobadas por el constituyente establecieron un tope de dos años para la demarcación de los hábitats indígenas los que se contarían a partir de la aprobación de la Constitución en referendo nacional; por tanto, la fecha límite de la misma estaba señalada para el año 2002. Sin embargo, el carácter globalizador y de política colonial interna se pone nuevamente en evidencia no sólo en el hecho del incumplimiento de tal disposición constitucional, sino que previo a cualquier intento por demarcar los hábitats indígenas se produce la aprobación de la llamada Ley de Tierras, la que sin lugar a dudas fija conceptualmente la orientación a seguir tanto para la dotación de tierras a los campesinos, como para el posterior proceso de la futura demarcación espacial indígena

De esta manera, el soporte conceptual de la mencionada Ley de Tierras no será otro que el de la productividad, la que es colocada por encima de las necesidades de consumo interno, el mercado nacional o, mejor dicho, de nuestra soberanía alimentaria. Ello no significa otra cosa que la Ley de Tierras se hizo en función de una productividad medida según parámetros del mercado externo, la gran agroindustria y, por supuesto, de las inversiones transnacionales.

Ahora bien, aparejada con esta idea de productividad, Chávez y sus adláteres dejaron muy en claro, y así lo refrenda la ley, que no habría tierra para campesinos improductivos (léase invasores), por ello, cualquier invasión de tierras sería castigada, pues, según sus palabras: “no es posible la productividad en la anarquía”. Así, el campesino “invasor” ha sido castigado con la pena de perder todo derecho a la tierra. Al mismo tiempo, el gobierno adelantaba aceleradamente el proceso de otorgamiento de nuevas concesiones de tierras, así como el reconocimiento de anteriores adjudicaciones a grandes transnacionales mineras, madereras y de plantaciones para pulpa de papel, tanto en tierras altamente productivas y a las que aspiraban grandes poblaciones campesinas, sino también dentro de espacios territoriales indígenas aún por demarcar.

Como muy bien puede observarse la demarcación territorial indígena desde su origen estaba sujeta desde el Estado; por un lado, a una concepción eurocéntrica, racista y etnocida según la cual, estos pueblos deben, obligadamente, desaparecer mediante un proceso de integración impuesto desde y por el poder del Estado. La aplicación del mismo supone mecanismos por medio de los cuales se les suspende jurídica, política y culturalmente la vida como naciones constituyentes de un Estado evidentemente plurinacional y aún con una existencia previa al Estado mismo. Se trata, con todo, de una especie de colonialismo interno aplicado por el Estado y del que, tanto políticos de oficio, intelectuales de “izquierda” y “derecha”, así como una dirigencia indígena burocratizada y vendida a intereses contrarios a sus pueblos se encargan de aprobar, justificar y hasta imponer a sus propios hermanos.

Por otro lado, la justa lucha que en defensa de sus territorios los pueblos indígenas venezolanos han venido pagando con sus vidas a lo largo de la historia, Chávez, tramposa y manipuladamente, muy bien que la hizo coincidir con sus propias ambiciones de permanencia en el poder y, en consecuencia, con el proceso impuesto por intereses financieros, industriales y energéticos transnacionales; por lo que, la demarcación de los territorios indígenas quedó así atado a la llamada política de reordenamiento territorial, el cual está estrictamente vinculado a necesidades de ocupación de espacios ahora importantísimos para la inversión de capitales y el mercado mundial, lo que no significa otra cosa que el control de espacios de agua, energéticos y de biodiversidad por parte de las transnacionales y no a necesidades nacionales, mucho menos, a las necesidades de los pueblos indígenas venezolanos ancestralmente ocupantes de tales espacios y en los que han sobrevivido en virtud de sus economías autónomas y de subsistencia.

Perder de vista esta falla de origen tanto por parte de los pueblos indígenas  como de sus aliados no indígenas, no sólo contribuyó a la fabricación y sustentación de una esperanza ficticia, un sueño de opio que el gobierno tenía bien claro jamás podría ni quería cumplir, sino que con ello los pueblos indígenas y sus aliados se maniataron y desmovilizaron, contribuyendo por esta vía  al fortalecimiento de los lazos entre el gobierno y la dirigencia indígena burocratizada y vendida; por lo que ahora, cuando el rostro neoliberal y etnocida del gobierno se muestra clara y contundentemente, tanto los pueblos indígenas como sus aliados, se encuentran en una posición de desventaja que los coloca en el disparedero de la emergencia organizativa y de lucha.

Máscaras han caído. Rostros rotos han quedado en el piso de la historia. Corazones al descubierto que, tanto indígenas como aliados llegamos a considerar por momentos como hermanos en esta larga lucha se han desbaratado en el rigor de los acontecimientos. Pero no nos detengamos, pues, a pesar de ello y, para decirlo con palabras de un viejo indio yaqui: “no hay nada como estar entre la espada y la pared. Sólo cuando estamos entre la espada y la pared nuestro espíritu se templa y se potencia en acciones increíbles”, lo que es igual al decir de un antiguo canto de guerra añú: “Que no piense el enemigo que estoy muerto/ sólo porque me ve en el suelo de tierra/ sin respirar/ casi sin fuerzas. Sólo un pequeño aliento necesito/ sólo un respiro/ una palmada hermana en la espalda/ y/ la vida volverá a mí como una tromba/  de mi corazón brotará la palabra/ y de mi brazo/ la muerte a todos nuestros enemigos”.

[*]José Ángel Quintero Weir / E-mail: arostomba@hotmail.com

Leer 2da. Parte:

En la lucha por su territorio, los barí y
todos los pueblos indígenas de Venezuela
seguirán el camino de Kumanda - II
José Ángel Quintero Weir* / Soberania.org - 20/09/06

Leer 3era. Parte:

En la lucha por su territorio, los barí y
todos los pueblos indígenas de Venezuela
seguirán el camino de Kumanda - III
José Ángel Quintero Weir* / Soberania.org - 22/09/06

.....................................................................................................................................

Versión completa en formato Adobe PDF / Páginas: 10 / Tamaño: 49 KB

En la lucha por su territorio, los barí y
todos los pueblos indígenas de Venezuela
seguirán el camino de Kumanda
José Ángel Quintero Weir* / Soberania.org - 22/09/06

Imprimir Enviar

Volver

Portada