Varias comunidades bari rechazan la demarcación de tierras efectuada por el Gobierno, que desconoce los territorios que los indigenas han ocupado durante décadas. Dicen que no aceptarán los títulos de propiedad colectiva que el presidente Chávez les entregará el 12 de octubre

"Ahora sólo vale lo que dé Chávez", lamenta Rufino Arabaicú, cacique de la comunidad de Carañacai, que vive en el piedemonte de la sierra de Perijá. La celebración del próximo 12 de octubre, convertido en el Día de la Resistencia Indígena, no los entusiasma porque ese día, el Gobierno demarcará los territorios que han ocupado durante décadas.

Los barí de Venezuela y Colombia han perdido 98% de los 16.000 kilómetros cuadrados de territorio que tenían en 1810. Lo poco que les queda está contaminado por las minas de carbón que el Gobierno venezolano ha entregado a las transnacionales mineras.

Hace 30 años, el Instituto Agrario Nacional les concedió títulos de propiedad sobre 200 hectáreas, pero Arabaicú cree que el Ejecutivo no le da valor a esos documentos porque fueron entregados cuando gobernaba AD y es la causa por la cual el Ministerio del Ambiente les otorgará títulos de propiedad colectiva, que también rechazan, durante el llamado Acto patriótico por la lucha y la libertad de los pueblos indígenas en la frontera zuliana.

Lusbi Portillo, coordinador del grupo indigenista Sociedad Homo et Natura y profesor de la Universidad del Zulia, dice que los votos indígenas son pocos, pero que las etnias tienen una importancia política capital, en vista de que forman parte de la conciencia cultural de los venezolanos.

Sin canales para gestiones

La jurisprudencia internacional, el artículo 119 de la Constitución Bolivariana y la Ley Orgánica de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Indígenas indican que la demarcación de las tierras indígenas deben hacerla las comunidades y no el Estado. El Ministerio del Ambiente nombró una comisión técnica liderada por Yul Lobo y Daniel Castro, funcionarios que no aceptaron la demarcación de los barí y firmaron los expedientes en los que se contempla que la Procuraduría General de la República se encargará de otorgar los títulos de propiedad colectiva.

Ignacio Akambico, de la comunidad kunawa, dice que los miembros de las seis comunidades barí están obligados a vivir a las márgenes de la carretera Machiques-Colón, y en los linderos de potreros cercanos a la sierra de Perijá. Por eso considera que el Gobierno debe adquirir parte de las haciendas donde se encuentran asentadas estas comunidades, para devolverles las tierras después de cancelar las bienhechurías a los ganaderos.

En Río Negro, los barí lo perdieron todo. El IAN entregó tres potreros a una comunidad de 100 familias que fue despojada de la mitad por ganaderos que invadieron la zona, a los que el Ministerio de Ambiente reconoce, a pesar de que los barí tienen los títulos de propiedad.

La única oficina que atendía las denuncias y peticiones de los indígenas de la sierra, del Instituto Agrario Nacional, cerró, y hasta los momentos, el Gobierno no ha creado instancias a través de las cuales puedan canalizarse las inquietudes de los miembros de las etnias.

Además, contaminadas

A la gente que organiza el acto del 12 de Octubre no le interesa la tierra de los indígenas, sino atender la demanda del presidente Chávez de quedar como el gran salvador de estos pueblos, cuando lo que está haciendo es abrir viejas heridas, asegura Portillo. El coordinador de Homo et Natura agrega que el Ejecutivo entregará documentos sin ningún valor, que serán impugnados ante el Tribunal Supremo de Justicia por terceros. "Se trata de títulos de tierra, sin tierra, que los barí no recibirán".

Durante su primer año de gestión, el Presidente se comprometió con el pueblo de Saimadoyi, ubicado en la frontera de Zulia con Colombia, a revisar las concesiones carboníferas. Incluso, amenazó con rescindir los contratos de las transnacionales, por amenazar amenazaran el equilibrio ecológico de la sierra. Sin embargo, sostiene Portillo, el Gobierno ha fallado no sólo por desconocer las tierras ancestrales de los indígenas, sino por la escasa protección contra la explotación carbonífera.

Alguien debería decirle al Presidente que en Perijá caerá por un gran despeñadero electoral; su imagen de líder no va a ser favorecida y los pueblos ancestrales exigirán justicia, mediante el rechazo de los títulos de propiedad de la tierra que pretenden entregarles", afirmó Portillo. José Quintero Weir, profesor de la Universidad Autónoma de México y defensor de los derechos de los barí, asegura que los indígenas han recibido amenazas de funcionarios del Ministerio del Ambiente. "Les dicen que les revocarán los títulos entregados por el Instituto Agrario Nacional en 1973 si se niegan a recibir los que entregará Chávez, que abarcan mucho menos tierra que la que tienen actualmente" Weir dice que en la comunidad de Kumanda 100 familias quedaron confinadas en medio potrero, dentro de la hacienda El Edén. "Los indígenas se alzaron porque el plan de tierras del Gobierno sólo beneficia a los productores de la zona que apoyan la gestión del Ejecutivo. Los `revolucionarios’ de la comisión técnica liderada por Yul Lobo sólo quieren despojar a las etnias de sus tierras y alegan que estas comunidades son improductivas".

Lo cierto, es que viven peor que antes, están más desnutridos, carecen de atención médica y ahora serán despojados de las pocas tierras que les quedan. Por eso, el cacique Rufino Arabaicú espera que el 12 de Octubre el Gobierno sienta la resistencia indígena.

Imprimir Enviar

Volver

Portada