www.soberania.org
 
Artículo
Caracas / Venezuela -
 


Lara: capital del crimen y la impunidad
Comité de Víctimas contra la Impunidad del Edo. Lara* / Soberania.org - 17/10/06

“Mano Dura Contra la Policía” 

Así se titula el informe presentado en el Diario Últimas Noticias (10/9/06) con base a las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República; en él se señala que en los últimos seis años las policías del país están implicadas en 28.310  delitos, cifra que aumenta a casi 90.000  funcionarios incursos en actos delictivos si se toma en cuenta que por cada delito hay al menos tres funcionarios implicados como cómplices o encubridores (sólo en el caso de la masacre de Kennedy participaron más de 50 funcionarios).

¿Por qué de cada 100 funcionarios policiales que viola el  derecho a la vida sólo uno es condenado?


¿POR QUÉ CRECE LA IMPUNIDAD POLICIAL?

Si un funcionario policial tiene un 99% de las probabilidades de no ser juzgado ni condenado cuando comete un delito, tiene todas las garantías para continuar delinquiendo;  pero si consideramos que “el ejercicio de la función policial reside en los principios de obediencia, subordinación y respeto a sus superiores y autoridades competentes”,  es indudable que el jefe de cualquier policía es responsable por acción u omisión de las actuaciones de sus subalternos.

En el estado Lara esta situación de impunidad se agrava cuando el propio comandante  de la policía regional, General RODRIGUEZ FIGUERA, ha sido investigado en varias ocasiones por actos de corrupción y otros hechos tanto por la Contraloría del estado Lara, como por la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Legislativo de esa entidad.

Entre los hechos denunciados por la contraloría se destacan: cotizaciones fraudulentas, fraccionamiento de compras para evadir licitaciones, compras a proveedores no inscritos en el registro estadal de contratistas, concentración del gasto operativo de la policía; entre otras.

Por su parte un grupo de policías acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Legislativo de Lara, para denunciar: “casos de presuntos sicariatos, desapariciones forzosas, ajusticiamiento, secuestro Express y presuntos enfrentamientos policiales, donde se encuentran involucradas presuntamente unidades especiales (Grupo de Operaciones Tácticas -GOT- y Dirección de Investigaciones Penales-DIP) que dependen directamente del comandante.”

En  otras palabras, la denuncia de este grupo de policías establece con toda claridad que bajo las órdenes directas del comandante Figuera existen organismos y funcionarios implicados en reiteradas violaciones a los derechos humanos.


La Fiscalía  General reconoce 211 (hasta enero 2006) casos de ajusticiamiento en el estado Lara, de los cuales la policía del General Figuera encabeza la lista con 128 casos, a la mayoría de ellos ni siquiera se les ha aperturado una investigación. Si el jefe del Organismo policial está siendo investigado por presuntos delitos y a su vez tiene funcionarios que, según el citado informe, están involucrados en actos delictivos, la policia de Lara seguirá gozando de total impunidad.

¿Dónde ha hecho carrera el General Figuera? Según la pagina web de la Policía de Lara, los cargos ocupados han sido:

• Segundo Comandante de los destacamentos de frontera 87 y 84 en el Estado Bolívar y 77 y 78 en los Estados Monagas y Sucre.

• Director de inteligencia antidroga de la COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL USO ILÍCITO DE LAS DROGAS (CONACUID)

• Jefe de la División de Investigaciones Especiales del Comando antidrogas de la Guardia Nacional (GN).

• Comandante del Destacamento No. 88 con sede en Puerto Ordaz. 

• Comandante del Destacamento de Fronteras No. 13 en el Estado Táchira.


Llama poderosamente la atención que el mencionado General haya ocupado cargos no sólo en la Dirección de Inteligencia Antidrogas de la GN, sino también en las regiones fronterizas, particularmente en el estado Bolívar. ¿Por qué señalamos esto?

Primero:
es de todos conocidos que la Dirección Antidrogas de la GN ha sido denunciada e investigada por la propia Comandancia de la GN y otros organismos del Estado venezolano como un foco importante de corrupción en dichos cuerpos. Actualmente el propio General (GN) Marcos Rojas encabeza una  amplia investigación de estos hechos.

Segundo: La actuación de la GN en el estado Bolívar y concretamente en el CORE 8 llegó a tal grado de corrupción que el gobierno y el Ejército Nacional debieron intervenirlo y posteriormente eliminarlo.

El  problema del tráfico de drogas a lo largo del río Orinoco, el tráfico ilegal de oro, diamantes y  urea en esta zona, así como el aumento de los secuestros, robos de bancos y blindados, no han dejado duda en las diversas investigaciones adelantadas por la fiscalia de la creciente participación de organismos policiales y militares en estos delitos.

Lo mas grave  de todo esto es que pese a  todas las denuncias contra el general Figuera en el estado Lara desde hace más de dos años, este funcionario  lejos de ser investigado ha sido ASCENDIDO A GENERAL, lo que prueba que la impunidad  es propiciada no sólo por el gobierno regional sino también por las altas esferas castrenses del gobierno nacional.

La actuación del general no se queda sólo en el apoyo que  le brinda a los policías que cometen delitos, sino que hoy a través de la llamada  A.C. Defensa de los DDHH de los Policías; quienes se dedican a agredir y perseguir a los familiares de las victimas de abuso policial y a hostigar a los pocos fiscales que presentan acusaciones en los tribunales contra policías incursos en estos delitos, como es el caso del fiscal Pablo Espinal.

La violencia que hoy se ejerce  contra la población bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia no es más que una vulgar patraña y campaña mediática de ablandamiento de la opinión publica para lograr la aprobación de nuevas leyes represivas como la Ley de Policia que concentra en manos del ejecutivo todo el aparato policial del país, incluyendo las compañías de vigilancia privada y la Ley Antiterrorista ya aprobada por el ejecutivo nacional desde abril del 2003. Estas dos leyes no son más que el marco legal que requiere el capital para ejercer “legalmente” su dictadura bajo un ropaje democrático.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores, a las víctimas de la violencia policial y a toda la población a informarse, discutir y enfrentar estas leyes que convierten en terrorista, con penas hasta por 30 años de prisión, a todo el que proteste contra el Eestado, sus instituciones, sus funcionarios, pero especialmente contra el capital.

 

 

(*) COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD DEL ESTADO LARA / Septiembre 2006

 





Imprimir Imprimir Enviar a un amigo Enviar
Arriba
Volver
Volver a página anterior
 
Regresar a Portada
Portada