Una planta provee una sustancia que tomada por cualquier persona hace que se despierte el reflejo de vomitar en forma imparable practicamente. De allí viene su nombre, se trata de la emetina; fue usada para el tratamiento parenteral de la amibiasis pero ya no se estila utilizarla por sus efectos colaterales. Con los territorios de los pueblos yucpa y barí en el estado Zulia habrá que aplicarle emetina constitucional a los terrófagos.

El territorio de los pueblos y comunidades Barí ha venido disminuyendo de 35.000 km2 a menos de 4.000 km2 según se refleja en registros.

Al subir a los montes de la Sierra de Perijá cubre el caminante una ruta terropedrosa, llena de belleza, vegetación, ríos caudalosos y mansos, con alta variedad animal endémica y ganado, sellado por el azul del cielo con nubes coronando sus picos.

Esos caminos verdes, que otrora sintieron las pisadas autóctonas yucpa o barí en forma exclusiva, territorios extensos en donde compartieron con los factores naturales antes de la llegada del yugo español. La invasión, período conocido como la Colonia, y su proceso nacido por inercia, la época republicana, sembró de violencia a bala, palo, puño, estantillo, máquina, fuerzas militares y privadas, amparado bajo el manto de la propiedad privada y las leyes especiales. Fue así como en forma sistemática y progresivo se diezmaron los territorios de los pueblos yucpa y barí y esto, aparentemente, no cederá.

Han sido años de atropellos, heridos y muertos, enajenación territorial, crímenes impunes, ante la indiferencia oficial que solo los dioses y la resignación alivian. Sin embargo la organización, el reclamo en la lengua no autóctona (waitía o lavadoc), ambientalistas, ecologistas, luchadores sociales aliados en las ciudades, movilizaciones locales y en la capital de Venezuela, son los nuevos instrumentos adquiridos por esos pueblos.

La minería ha desplazado a los pueblos y comunidades indígenas de la Sierra. A principio del siglo XX los territorios Barí fueron expropiados para la explotación petrolera, tragedia mediada por armas de fuego que dieron cuenta de importante número de gente barí en defensa de su territorio.

Alucinante llega la constituyente, constitución con participación de las personas que desarrolla ocho artículos del 119 al 126. Es  estos artículos donde se emite el rango constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, su organización, política, cultura, idioma y religión:

“Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.”

Reconocer como válidos documentos de un rey, de un capitán general, de un jefe de provincia o comarca, es negar la presencia anterior de esos pueblos a la “legalidad” española y republicana. Primero fue sábado que domingo; ya verá el poder gubernamental  y el comunitario cual es la salida con esos hacendados asentados en tierras yucpas y barí, y a los planes y desarrollos mineros de estos territorios.

Pero la lucha continúa, mientras los pueblos y comunidades indígenas sectores oficiales y ganaderos le acusan de facilitadores de narcotraficantes, guerrilla y paramilitares. A los aliados (personas, grupos ambientalistas o ecologistas, grupos de reivindicación social, luchadores sociales) se les acusa de cualquier cosa en el mismo proceso mediático de descalificación para que no pase nada en el sistema de propiedad individual asentados en esos territorios ancestrales.

Es el caso de mi amigo el profesor de La Universidad del Zulia, Lusbi Portillo. A este camarada, apóstol de la lucha por la reivindicación y respeto de los pueblos y comunidades indígenas, lo descalifican con una campaña que está dirigida al sector oficial civil y militar, a las comunidades indígenas, comunidades en general aduciendo que no es profesor universitario, que es extranjero (primero era de Perú, luego de Ecuador y hace dos semanas ya lo hicieron nacer en el Putumayo, Colombia), que pertenece a grupos armados colombianos (antes de Chávez era de la guerrilla y ahora es paramilitar)  y que pretende la independencia de los territorios para usufructuar de los recursos mineros de la zona. Nada mas falso, un reconocimiento oficial y comunitario se le debería dar a este compatriota, incluso protegerlo por las implicaciones de los intereses económicos que su lucha ataca.

Barbaridades mediáticas contra el movimiento indígena y contra sus aliados inyectan sus venenos en el sector oficial. Lo descubrimos en boca de mismos voceros, a veces se la oímos a  funcionarios de CORPOZULIA o la misma ministra del ambiente (en reciente entrevista con Vanesa Davis en VTV aludió que no se explotará carbón en los territorios indígenas por parte del gobierno y las transnacionales, pero tampoco por parte de los indígenas). Se entiende, entonces,  que sectores interesados en los recursos de los territorios indígenas tienen infiltrados o poseen canales internos que influyen con alto peso en el pensar y actuar de los funcionarios.

Pero, a pesar de la guerra mediática, los intereses foráneos en el sistema logístico venezolano que les provee carbón y otros minerales y sus lacayos, enfrentan al texto constitucional y amedrentan a la lucha reinvindicadora y a sus personeros. Nos toca aplicar la emetina constitucional a los terrófagos, que vomiten lo que se tragaron, justicia al fin para los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, que le devuelvan las tierras a los yucpas y barí.

(*) Email: eliorios@hotmail.com

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