Ni compras de haciendas ni
derogación de concesiones mineras

Los hermanos amerindios que viven en la República Bolivariana de Venezuela hoy más que nunca están alejados de la posibilidad de conquistar parte de sus territorios ancestrales o tradicionales, arrebatados muchos de ellos a sangre y fuego durante y después de la independencia de nuestro país, y más recientemente con la llegada de las petroleras, los mineros y hacendados latifundistas y no latifundistas.

El Ministerio del Ambiente (MINAMB), responsable de la coordinación de las comisiones nacional y regionales de demarcación de hábitat y tierras indígenas, plantea la urgencia de llevar a la Asamblea Nacional para sus reformas la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, pues considera que la manera como está diseñada obliga al Estado a la entrega vastos espacios de nuestro territorios a los pueblos indígenas, lo que es absolutamente falso; lo que se está es en verdad cediendo políticamente es, a costa del derecho originario y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, a las presiones y al vil chantaje economisista de las empresas transnacionales/PDVSA/CVG/CORPOZULIA; de la oligarquía criolla agropecuaria y agroindustrial; de los militares activos en el gobierno y en la oposición, y de la Cancillería, alegando que el país se está desmembrando todo; pensamiento racista este que está solapado en la sociedad venezolana criolla que siempre ha gobernado el país y que asomó uno de sus dientes durante el debate del proceso constituyente que encabezó en aquel entonces el General Visconti Osorio, Jorge Olavarría, Allan Brewer Carías, Ángela Sago, el Capitán Eliézer Otaiza, entre otros.

Desde las cúpulas del poder real, se viene presionando al Gobierno Nacional y a la Ministra Faría, en particular, para que se detenga de inmediato, como en realidad se hizo, el proceso de la demarcación de tierras indígenas y la entrega de títulos de propiedad colectivas, que son por ley inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ya no puede seguir soportando, por una parte, las presiones de los indígenas de exigir territorios sin minas ni ganaderos, y, por el otro, la presión de estos factores oscuros que consideran ser los dueños históricos del país.

Por esta razón, al pueblo Barí más recientemente, al igual que a los Kariñas en el 2005, no se les entregó las tierras por ellos autodemarcadas, sino que a través de maniobras políticas y jurídicas sólo se les otorgarán títulos colectivos de tierras, que los funcionarios del MINAMB consideraron eran lo más acorde con los lineamientos gubernamentales pactados de antemano con los representantes de los círculos más concéntricos del poder real económico y militar, que aún se mueven en el Gobierno Nacional y fuera de él.

Pese a que hasta ahora las demarcaciones señaladas han servido -más que a los indígenas- para delimitar las tierras a los ganaderos y a los mineros, entregadas en concesiones o a través de empresas mixtas, y que ha originado que hasta la fecha no se haya derogado una sola concesión minero-energética exigida por los indígenas al Presiente Chávez, ni se incluyan bienhechurías que luego necesiten ser canceladas por el Estado Venezolano a terceros, los factores del poder real no están dispuestos a seguir soportando presiones que en cierta manera están sustentadas en leyes de la República recién creada, por lo tanto exigen al Ejecutivo reformas como ayer hicieron a la Ley de Tierra.

IIRSA /ALBA

Con territorios autónomos indígenas es imposible terminar de pautar acuerdos de integración energéticas y de infraestructuras bajo la óptica de la IIRSA/ALBA que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no tienen otra intención que no sea la de crear un: “...clima para las inversiones en infraestructura en Latinoamérica... (…) ...para la integración física en la áreas de transporte, telecomunicaciones y mercados energéticos... (…) ...incrementar el comercio intra-regional, facilitar la integración de cadenas productivas, lograr un inserción más competitiva en los grandes mercados del mundo…” .

Los indígenas no entran en los planes de la IIRSA que el gobierno hizo suyo; sus territorios serían unos cuellos de botella que no facilitarían el “desarrollo de una visión estratégica para América del Sur 2020 y de una visión de negocios de ocho de los diez Ejes de Integración y Desarrollo (análisis del territorio, actividades económicas, aspectos sociales y ambientales) (…) con asociación público-privada (APP)” (BID. Madrid, Enero 2004)

A las comunidades indígenas y a las ONG ecologistas son principalmente los elementos activos que los analistas y asesores del gobierno recomiendan tomar en cuenta antes de poner en marcha, en el plano físico, los tres ejes de integración diseñados para Venezuela desde la IIRSA por el BID.

Magalyi Aroche para el año 2001 recomienda al Gobierno tomar en cuenta de manera especial a los movimientos ecologistas y a los pueblos y comunidades indígenas involucrados a partir de la experiencia del tendido eléctrico a Brasil con el pueblo indígena Pemón, que se considera, al igual que las otras etnias “propietarias ancestrales de estas tierras”, más cuando la misma Constitución de 1999 en su artículo 119 señala “el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles” .

Cinco años después, desde el Ministerio del Ambiente y tras la última experiencia con los Barí y Yekuana, el Gobierno atormentado por tantas presiones decide sacrificar a los indígenas: se paraliza el proceso de demarcación de tierras indígenas y se dispone defender la extracción de los recursos naturales e impulsar el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para que las transnacionales energéticas movilicen desde el subsuelo estos recursos a los centro de poder mundial. Pero no le hace caso a la funcionaria de Estado e internacionalista Aroche, mucho menos a los ecologistas y pueblos indígenas, cuando ésta expresa con claridad la necesidad de definir el modelo de desarrollo y, sobre todo, cuál es su principal beneficiario. La analista da en el quid del debate cuando afirma:

"Debemos ser protagonistas del proceso. No se trata de abandonar los proyectos o de cerrarnos al desarrollo. El punto es no depredar la riqueza natural en función de proyectos de desarrollo irracionales. Se trata de estudiar y seleccionar los que tengan menor impacto - negativo - ambiental y sociocultural y sopesar debidamente cuánto nos beneficia y a qué actores beneficia más, para evaluar su conveniencia y aplicabilidad".

(Magaly Aroche. Ambiente, proyectos de integración física en América Latina y desarrollo sustentable en Venezuela. Miércoles, 1 de agosto de 2001. Venezuela Analítica.com).

Sin consultar al país, el Gobierno Nacional asume una política que involucrará por muchas décadas al pueblo venezolano, su soberanía nacional, sus recursos naturales y genéticos, su geografía física y sociocultural, pero sobre todo condena a las minorías étnicas indígenas al sacrificio físico y cultural; por esta razón no nos queda otro camino que la lucha permanente y la demanda al Estado Venezolano en instancias internacionales por violar los derechos humanos de los indígenas, en especial el de poseer territorios garantes de la continuación de la vida material y espiritual.

(*) Lusbi Portillo / Sociedad Homo et Natura.

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Chávez dice (por ahora) no al carbón

Rueda de Prensa con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías
el día miércoles 24 de mayo de 2006,
desde el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores

 

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Chávez dice (por ahora) no al carbón

Formato: MS Windows Media Video (wmv)
Resolución: 320 x 240
Velocidad de transmisión: 271 Kbps
Fecha: 24/05/06
Duración: 1 min. 23 seg.
Tamaño: 2,61 MB

 

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