Los ex directivos que residen en Venezuela han sido notificados personalmente

"Rechazamos de la manera más contundente y categórica este nuevo acto de retaliación, que constituye otro episodio más de la persecución sistemática a que estamos sometidos como trabajadores de Pdvsa injusta e ilegalmente despedidos", dijo Horacio Medina, presidente de Unapetrol, sobre la investigación que inició la dirección de Auditoría Fiscal de la estatal.

Por ello exhortó a esa dirección, liderada por Raúl Soto, a "suspender de manera inmediata esta sesgada investigación e incorporar todas las evidencias que constituyen elementos imprescindibles para adelantarla en forma objetiva y centrada, en busca de la verdad".

Ayer fueron notificados por medio de la prensa nacional sobre la apertura de este procedimiento otros siete ex directivos, con lo cual suman 21 los involucrados en la investigación que inició Pdvsa y que espera ser remitida a la Contraloría General de la República.

Fuentes extraoficiales aseguraron, sin embargo, que los ex trabajadores que continúan en el país han recibido personalmente las notificaciones, que otorgan un plazo de diez días hábiles para presentar alegatos.

Los notificados ayer fueron Juan Francisco Conde, ex gerente de Recursos Humanos de la refinería El Palito; Manuel Carballo, ex gerente de Operaciones de Comercio; Jesús Belloso, ex gerente de Distribución Venezuela para el distrito central; Ramón Marcano; ex gerente de Operaciones de El Palito; Ignacio Layrisse, ex director de Desarrollo de Exploración y Producción; Carlos Martínez, ex director de Automatización; y León Jiménez, ex superintendente de Crudo y Productos de El Palito.

Pruebas de peso

A Medina le parece sorprendente que la averiguación abierta esté centrada fundamentalmente en evidencias contenidas en medios de comunicación, pero más aun que se haya hecho caso omiso a documentos que sustentan la entrega de instalaciones en condiciones seguras.

Recordó que la convocatoria original del paro se orientó a solicitar al Gobierno que se involucrara en la mesa de negociación y que permitiera la convocatoria de un referendo consultivo. Por tanto, rechazó la calificación de "paro petrolero" que hizo la dirección de Auditoría Fiscal de Pdvsa.

"A este paro cívico nacional, convocado por Fedecámaras, la CTV y organizaciones de la sociedad civil, se sumaron millares de ciudadanos haciendo uso legítimo de un derecho constitucional y consagrado en acuerdos supraconstitucionales suscritos por Venezuela". Señaló que la calificación como huelga fue sustentada por la OIT.

Otro de los elementos que mencionó Medina está relacionado con el control operacional que mantuvo la ex dirigencia de Pdvsa durante los sucesos de abril de 2002, durante los cuales se activó un plan de contingencia que evitó daños a las instalaciones de la industria.

"Antes de declararse el paro cívico, el 2 de diciembre de 2002 la alta gerencia de Pdvsa activó un plan de contingencia institucional con miras a preservar la seguridad de trabajadores, comunidad e infraestructura".

Sin embargo, el 3 de diciembre el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, convocó a los círculos bolivarianos a proteger las instalaciones de Pdvsa, lo cual derivó en su militarización. "A partir de ese momento, el acceso a las instalaciones operacionales de Pdvsa quedó bajo el control anárquico de estos grupos armados, impidiendo el acceso a los trabajadores que se mantenían al frente de sus responsabilidades".

Según el relato de Medina, el 7 de diciembre se suspendieron todas las claves de acceso y comenzaron a violarse las normas y procedimientos establecidos. "Se materializó el desalojo violento con armas de fuego de todos los trabajadores que seguían laborando y tomó posesión un plan de contingencia paralelo dirigido por Gustavo Pérez Issa".

Del relato anterior, Medina consignó el 8 de abril de 2003 un expediente completo al fiscal general, Isaías Rodríguez.

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