Cierto es que los propietarios y gerentes de Radio Caracas Televisión (RCTV) censuraron durante años a personajes de la política y la cultura venezolanas, cuyos máximos exponentes son los socialcristianos Luís Herrera Campíns, presidente de Venezuela en el período 1979-1984, y Alfredo Tarre Murzi -ministro de Cultura (CONAC) durante el primer gobierno (1969-1974) del también socialcristiano Rafael Caldera-, promotor aguerrido de una revisión temática de la programación televisiva nacional, sus enlatados y vinculaciones con la industria cultural estadounidense, en cuanto a sus bodrios violentistas e ideologizantes.

Así mismo, lo es que RCTV se ha movido por intereses económicos, ideológicos y políticos propios de quienes disfrutan y comparten la mundialmente llamada “american way of life”, por lo que durante los años setenta y subsiguientes la tendencia transmitida a los televidentes, en valores y propósitos, fue la neoliberal transnacionalizadora, bajo el influjo del Imperio Capitalista Mundial (ICM), del cual Estados Unidos es su máximo promotor y protector imperialista.

También, que Marcel Granier, presidente de las empresas 1BC, se apoyó en ese poderoso medio para proyectarse políticamente como potencial aspirante presidencial. Inocultable es el hecho de que RCTV –igual que Venevisión, Televen, Globovisión y la mayoría de medios de comunicación social privados del país- se montaron en fiera campaña política antigubernamental no sólo desde el comienzo del proceso político constituyente de 1999, sino especialmente a partir de noviembre-diciembre de 2001, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías aprobó, entre gallos y media noche, aquel infausto paquete de decretos con fuerza de ley, mediante la irresponsable “Ley Habilitante” concedida por el Congreso de la República instalado pluralmente en enero de 1999.

Todo eso es cierto, pero no es pecado, ni ilegal; es parte del combate democrático, independientemente de que haya degenerado (con muchísima culpa del gobierno y de los devaneos autoritaristas del propio Chávez) en el golpe del 11 de abril de 2002; el bodrio judicial del 14 de agosto de ese mismo año que liberó de responsabilidades a los complotados para derribar al gobierno mediante presión popular de calle y renuncia forzada –que la hubo verbalmente- del presidente de la República; y el descomunal paro petrolero y empresarial entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que fracturó la economía nacional, lanzó por un barranco la industria petrolera saboteando operativa y estratégicamente a Petróleo de Venezuela, S. A. (PDVSA), y descargó inmensurables consecuencias negativas sobre la población, muy superiores a las materialmente estimadas pérdidas por unos 14 mil millones de dólares en el circuito económico.

La compaña mediática opositora (golpista: “Chávez, vete ya”, “¡Fuera…!, “Navidades sin Chávez”, etc.) y el “silencio mediático” en torno a los acontecimientos populares y militares durante los días 12, 13 y 14 de abril, luego del golpe del 11 y la burrada política de Pedro Carmona Estanga y su combo de audaces ignorantones de derecha, fue un hecho político generalizado que no involucró sólo a RCTV. De la misma forma, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto de 2002, no fue un antojo de uno que otro magistrado tarifado, sino una operación política de envergadura promovida desde la sombra por Luis Miquilena y Tobías Carrero, apoyados en las exigencias políticas de sus socios complotados y la baja estatura moral de un manojo de abogadillos que nunca debieron pisar el TSJ. Lo de “Plaza Altamira” fue el colmo.

Entonces, ¿por qué pasar factura a RCTV, no autorizando la prórroga de una concesión de teletransmisiones que viene explotando consuetudinaria y crecientemente, desde 1953? Su programación de enlatados extranjeros de mediocre realización, en el nivel medio bajo de la industria cultural estadounidense, sigue siendo más o menos la misma, salvo excepciones; la producción nacional (telenovelas, entretenimientos, etc.) sigue las pautas del desastroso sifrinismo impuesto por lo que gustan llamar “casting”, en el cual un buen culo y unos  voluminosos senos pueden más que las neuronas y el cultivo intelectual de artistas verdaderos y productores serios de programas televisivos de calidad; los cuñeros publicitarios son tal cual las produce la experimentada y valiosa industria publicitaria venezolana, y las llamadas “promociones” del canal no expresan más que la “cultura sifrina” predominante en el medio televisivo nacional (y no solamente en RCTV).

Lo de Venezolana de Televisión (VTV) es peor, convertida en un parapeto propagandístico y adulante, con un tufo vergonzante de “culto a la personalidad”, en el cual se llega al colmo de hilvanar una supuesta vida épica del Jefe del Estado, desde que jugaba metras cuando estaba carajito, como todos los carajitos del mundo.

El 28 de diciembre pasado, el presidente Chávez retumbó, rodeado de sus panas militares –todos toditos, muy aplaudidores-, anunciando la extrema medida, punitiva sin duda. ¿Por qué? Por su línea informativa y de opinión, entre la denuncia de verdaderos hechos censurables (ineficiencia, corrupción, autoritarismo, huecos en las calles y colapso del circuito carretero nacional, la basura o la anarquía del tránsito automotor, y ni se diga de la delincuencia desatada, un verdadero baño de sangre que Chávez y sus ministros del Interior y Justicia llevan en sus hombros, desde Luís Miquilena hasta Jesse Chacón) y la difusión agresiva de la pluralidad antigubernamental, lo cual es perfectamente válido.

Chávez convirtió a RCTV en su prueba de fuego. La decisión anunciada desnuda al verdadero Chávez, intolerante y borracho de poder, enfermo. Se cree todopoderoso, dueño del país y capaz de atropellar a quien se le atraviese en su atarantado camino. Sus acólitos lo aplauden, sin medir las consecuencias, irresponsablemente.

RCTV forma parte de la historia cultural venezolana del siglo XX, independientemente de las observaciones que se le hagan a sus contenidos, acciones o intenciones políticas e ideológicas, que las tiene y ha tenido, como señalé arriba. La democracia venezolana, ha sido  fraguada durante décadas de luchas populares, y no por Chávez y sus “muchachos”, a partir del 4F o el triunfo que logramos electoralmente en diciembre de 1998. Lo peor del discurso chavista es la pretensión de borrar la historia venezolana, una mediocridad sin par, alimentada por unos adulantes medradores “de izquierda” que lo más que han hecho durante estos ocho años es callar miserablemente y servirle de comparsa en todos los desatinos y corruptelas gubernamentales. Han sido tan aplaudidores como los “militares militaritos” que van quedando.

Nada les vale esa trayectoria cultural, valiosísima, de RCTV como institución mediática pionera; ni los derechos constitucionales que nos deben garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, una sociedad plural, diversa y recontradiversa. Lo de su concesión de frecuencias y derechos de transmisión no es un asunto reglamentario ni legal. Es un serio problema político, constitucional, que se hunde en la raigambre democrática de Venezuela. Borracho de poder, como anda, Chávez no repara en esas “nimiedades”, pero las consecuencias serán graves, más temprano que tarde.  Es inocultable que se trata de una retaliación política, como lo han expresado, a su manera, el propio presidente, su ministro de Comunicación e Información, William Lara, y el ahora ex vicepresidente José Vicente Rangel, quienes no pierden oportunidad para hacer méritos, así sea pisoteando sus trayectorias y banderas de lucha. ¡Si el jefe está contento, ellos están contentos! Ambos han sido funcionarios de antología, como se verá en nuestra historia, más allá del “2021” o del tristemente jalabólico “dos mil siempre”.

Sin esguinces acomodaticios, RCTV merece respeto político y constitucional. Sus propietarios, gerentes y trabajadores merecen respeto democrático y pluralista. El gobierno, es decir Chávez, el líder único, debe rectificar y dejar las amenazas e intimidaciones. Ningún país serio merece un bodrio como VTV, ni una dinámica comunicacional monopartidista. La crítica, por dura que sea, es consustancial a la democracia y a la visión socialista contemporánea, que ni es “roja rojita” ni, mucho menos, autocrática o militarista. En el fondo esa es la discusión, y no las ocurrencias y antojos de un gobernante desmadrado, repito, borracho de poder, enfermo.

La mejor defensa de RCTV es la defensa de la pluralidad democrática como derecho político  constitucional de los venezolanos y venezolanas, sin caer en el hoyo del discurso derechizante y neoliberal. Esa es la diferencia. La libertad de expresión está seriamente amenazada, tanto como el derecho a la información y nuestra diversidad cultural, por mala o incómoda que resulte una determinada programación televisiva.

Mi saludo respetuoso y solidario a los propietarios, gerentes y trabajadores de RCTV, independientemente que ni comparta ni suscriba todos sus puntos de vista o contenidos comunicacionales. En cuanto a mis colegas periodistas, mi más activa solidaridad, amenazados como están por el Jefe del Estado, dispuesto a cercenar, de un tajo, nuestros derechos constitucionales y compromisos profesionales.

Libro digital La otra cara del Imperio Manuel Isidro Molina / Soberania.info - 15/03/04 Versión MS Word (390 Kb)

 

[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com

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