1 Es prudente mirar con atención el hecho de que uno de los más importantes eventos en la reciente toma de posesión de Rafael Correa, el nuevo presidente de Ecuador, haya sido precisamente una ceremonia indígena.

Mirado de manera superficial, el asunto podría despacharse diciendo que se trata de una operación populista más entre las muchas que hemos venido presenciando de parte de una vasta gama de gobernantes latinoamericanos, incluidos Fujimori y Toledo, que han tratado de congraciarse en sus respectivos países con una población que llega a representar en algunos casos, como en Bolivia, más de la mitad del electorado y en otros, como Ecuador y Perú, una cifra nada despreciable que ronda alrededor de 30% de la población total.

Pero si lo analizamos con mucho más cuidado y lo ponemos en una perspectiva histórica de largo plazo, encontraremos que en este acto de reconocimiento mutuo –el que hace el presidente Correa al mundo indígena ecuatoriano y, a la inversa, el que le hacen las organizaciones indígenas a Correa al otorgarle a un mestizo su bastón de mando– hay algo mucho más profundo, significativo y sólido que si no lo entendemos a cabalidad nos impedirá comprender hacia dónde marcha el conflicto y las preferencias políticas en nuestros países.

Estamos hablando del creciente peso que han ido cobrando las circunstancias étnicas, las identidades de clase y, en general, las necesidades de reconocimiento de los sectores excluidos que van mucho más allá de las circunstancias laborales, las reivindicaciones salariales o las libertades democráticas que hasta hace muy poco eran el combustible fundamental de la lucha política.

2 Desde que el movimiento zapatista hizo su aparición en la escena pública mexicana –un acontecimiento que sacó de un largo mutismo a una población que oscila alrededor de los 20 millones de personas– hasta el presente, cuando organizaciones indígenas de Ecuador dan su apoyo y bendición a un presidente electo, pasando por el hecho de que en Bolivia por primera vez un aymara ha asumido la Presidencia de la República, las identidades indígenas se han convertido en un factor con peso específico, y en algunos casos decisivo, en la batalla política.

Si los fundadores de las repúblicas independientes del siglo XIX pusieron el énfasis en el tema de la igualdad, en la idea de construir sociedades de ciudadanos libres con igualdad de derechos, los nuevos movimientos sociales contemporáneos lo están colocando en el tema de las diferencias, es decir, en aquello que en la práctica las élites criollas, en su mayoría blancas o mestizas, no quisieron ver: que nuestras naciones no estaban conformadas por iguales y que las diferencias étnicas y culturales generaban profundas brechas clasistas y prácticas discriminatorias que aunque no están consagradas en la ley han formado parte de la vida cotidiana convirtiendo de facto a una buena parte de la población en ciudadanos de segunda.

No hay que hacer mucho esfuerzo para saber, por ejemplo, que los mayores índices de pobreza en países como México, Ecuador, Bolivia, Guatemala o Perú corresponden precisamente a los pueblos indígenas o que el fenotipo del éxito, la apariencia física aceptada y promovida, nada tiene que ver con el de una mayoría que es indígena o mestiza. No hay indígenas en las pasarelas, en las vallas publicitarias, en los altos niveles gerenciales de las empresas o entre los narradores de noticias de la televisión de estos países. De la misma manera que no hay negros, o sólo de excepción como en Xica Da Silva, en papeles protagónicos en las telenovelas brasileñas o como escasean las pieles oscuras en el certamen Miss Venezuela.

Obviamente el esquema racista de la sociedad colonial, aquel que se basaba en un rígido sistema de castas asociadas al color de la piel, no fue abolido definitivamente en el momento de la Independencia y todavía hoy se percibe su herencia. De allí la importancia política que el tema ha adquirido. No es casual que en todas las nuevas constituciones aprobadas en las últimas dos décadas en los países andinos –las de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela– se reconozca el carácter pluricultural y multiétnico de cada uno, se incluyan discriminaciones positivas para los pueblos indígenas e, incluso, para los afroamericanos y se reivindiquen diversos tipos de derechos ancestrales.

Una vez que las identidades políticas consolidadas alrededor de los partidos policlasistas que construyeron la democracia y abrieron las primeras formas de participación políticas a obreros y campesinos –el APRA, AD o el PRI– se hicieron trizas, y que las diferencias sociales entre minorías pudientes y mayorías depauperadas han convertido a ambos bandos en mundos sin puntos de encuentro, la pertenencia de clase y la afiliación étnica se han convertido en nuevas forma de identidad y fuentes de nuevos liderazgos.

Es lo que explica la emergencia de líderes como Hugo Chávez en Venezuela. No hay identidad popular en torno a un partido o a una doctrina pacientemente construida. A sus seguidores no les interesa el MVR ni el socialismo. La nueva identidad se forja en torno a un líder –un mesías carismático de origen popular–; la pertenencia a una condición de clase –la de la pobreza y la exclusión– o la apuesta a su favor; el rechazo a otra –la de los supuestamente privilegiados incluyendo las clases medias profesionales–; y, dos promesas básicas: una de castigo (a los privilegiados) y otra de redención (a los excluidos). Así de simple.

En ese contexto, lo que bien conducido podría ser el combustible de avance hacia sociedades más justas y equitativas, puede ser también el origen de nuevas inequidades, formas de exclusión y fundamentalismos que conviertan a la democracia –en tanto forma de convivencia sustentada en la libertad y el control de los poderes por parte de la sociedad en su conjunto– en un asunto secundario supeditado a los principios retóricos de justicia e igualitarismo.

No hay regreso. Las mayorías de los países andinos, con la excepción de Colombia donde la guerrilla introduce un elemento de distorsión, seguirán apostando a quienes encarnen, ya sea sincera ya retóricamente, su reivindicación étnica y de clase. Como en toda apuesta, los colectivos pueden ganar o perder. Ganarán, si sus reclamos son procesados de manera democrática apuntando a soluciones colectivas y participativas. Perderán si se aferran a las alternativas autoritarias, caudillescas, personalistas, fanáticas o fundamentalistas que, lo sabemos bien, conducen a sociedades menos plurales.

En medio de esta tensión los sectores de oposición sólo tienen dos opciones: una, aislarse negándose a reconocer que estamos frente a países donde sus mayorías cambiaron y optan entusiastamente por liderazgos populares radicales aunque sea pagando el precio del autoritarismo y; otra, aprender a discriminar entre esos liderazgos autoritarios y las justas exigencias populares, las nuevas voces que reclaman un trato distinto, más digno y respetuoso, menos utilitario, excluyente y pragmático al cual sólo se accede a través de una comunión de nuevo tipo que obliga a repensar y reconstruir los modos de entender el poder, la economía y las relaciones sociales que hasta ahora habíamos aceptado como camino único.

---

Imprimir Enviar

Volver

Portada