Aunque nominalmente este ensayo trata de la evaluación del comportamiento de la actividad de la industria petrolera durante el período 1994-1998, de hecho, su extenso contenido constituye un auténtico memorial contra la estrategia de desarrollo del sector petrolero acometida a partir de 1989 por sucesivas juntas directivas de Pdvsa, con el apoyo de los gobiernos nacionales de ese entonces. En consecuencia, son objeto de crítica descarnada distintos elementos de esa estrategia, en especial, los planes de inversión, las diversas modalidades del programa de apertura petrolera (convenios operativos, asociaciones estratégicas, convenios de asociación), la apertura del mercado interno de hidrocarburos a la participación del capital privado, la privatización parcial de la industria petroquímica, la creación del `Fondo de Inversiones Petroleras", la reestructuración organizativa de Pdvsa y la llamada política de internacionalización petrolera.

En opinión del autor, la materialización de esa estrategia respondió, antes que al interés soberano de la nación en defensa de un recurso natural agotable y clave para su desarrollo, al interés de un sector tecnocrático que ejerció funciones directivas en la empresa petrolera nacional, que se orientaba a la desnacionalización de la industria en beneficio del sector privado transnacional del cual ese grupo actuaba objetivamente como su principal agente en el país. La visión ideológica de este grupo de "tecnócratas" se habría afianzado, en opinión del autor, durante la gestión presidencial del doctor Rafael Caldera, y sus consecuencias se sintieron en forma muy negativa a lo largo del período examinado. En particular, la expansión a ultranza de la oferta petrolera interna, y en contra de las expectativas más bien conservadoras del crecimiento esperado de la demanda mundial de petróleo en el mediano plazo, contribuyó a debilitar la acción concertada de los países miembro de la OPEP y, por extensión, a provocar una baja apreciable en los niveles de precio del crudo y sus derivados. Situación que hizo crisis en 1998 bajo el impulso de factores no predecibles, en especial la contracción de la demanda internacional de hidrocarburos inducida por la crisis de las economías asiáticas. Finalmente, dado que esos hechos ponen de relieve la contradicción existente entre el fortalecimiento operacional y patrimonial de la empresa petrolera, cuyo comportamiento se ha autonomizado de las orientaciones del Estado, y la debilidad creciente de este último, ejemplificada en la disminución sustancial de la renta fiscal petrolera, el autor juzga necesario reformular radicalmente las orientaciones básicas de la actuación futura de Pdvsa, así como la estrategia general de desarrollo del país, a la cual, forzosamente, debería subordinarse la actuación de esa empresa.

La estrategia petrolera. El plan de negocios de Pdvsa

Desde finales de la década de 1980, el directorio de la industria petrolera estatal adoptó la meta de profundizar en una estrategia que constituyera un cambio radical, acelerado y agresivo en la nueva dirección de la política petrolera nacional, con la finalidad de propulsar el crecimiento de las actividades inherentes a la industria, cónsono con los tiempos de la globalización y, con ello, estimular el refuerzo necesario a la apertura incondicional y, por supuesto, impulsar y garantizar la participación creciente del sector privado transnacional en la planificación y ejecución de la política energética venezolana, conducente hacia el proceso desnacionalizador.

Para el logro de esa estrategia, los llamados "tecnócratas" de la industria petrolera, ya sin las falsas posturas que habían creado para ocultar sus intenciones, incursionaron en el mundo político, con el objeto de establecer los contactos y los acuerdos necesarios para consolidar sus ideas y, por supuesto, lograr sus propósitos. De esa forma lograr, entre otros objetivos, asumir las posiciones clave en la dirección de la corporación petrolera venezolana, y asegurar la puesta en marcha del llamado plan de expansión de la actividad de la industria petrolera, convirtiéndose, a través del tiempo, en el único plan de la nación que realmente se ejecuta, y que constituye, a nuestro juicio, una seria limitación para el alcance del desarrollo económico y social del país.

Los mentores y ejecutores de la política de la "transnacionalización globalizadora" lograron que la asamblea de accionistas de Pdvsa, en su reunión del 29 de diciembre de 1989, aprobara el plan, en el mediano plazo, por desarrollar durante el período 1989-1995, con la finalidad de incrementar el potencial de
producción a 3 millones 500 mil barriles diarios, y realizar una inversión de 48 mil millones de dólares. El plan petrolero (excluyendo la faja del Orinoco) requería de una inversión que se elevaba a 33 mil millones de dólares. A este respecto, Andrés Sosa Pietri, actuando como presidente de Pdvsa, dijo: "En concordancia con nuestra visión, la corporación se trazó un ambicioso programa de expansión y diversificación que constituye su plan de mediano plazo (1991-1996) (...) El plan acentúa la diversificación de Petróleos de Venezuela en las áreas de petróleo, petroquímica, gas, carbón y bitúmenes, y fortalece las bases esenciales en las que se sustenta el negocio petrolero" [1].

Por su parte, Gustavo Roosen, en su condición de presidente de Petróleos de Venezuela, al abordar la justificación del Plan de Negocios 1993-2002, señaló: "Entre los objetivos y metas del plan que nos proponemos para los próximos diez años está, en primer lugar, maximizar el valor creado a nuestro accionista que es Venezuela (...) Las metas de este plan son: aumentar las reservas probadas de crudos convencionales de 63 mil millones de barriles a 65 mil millones, elevar nuestro potencial de producción de, su nivel actual de 2,8 millones de barriles diarios a 4 millones, de los cuales 3,5 millones provendrán de las áreas tradicionales, y 500 mil barriles de áreas nuevas que deben todavía ser identificadas. La producción propiamente dicha se elevará de 2,4 millones, que es la actual, a 3,6 millones de barriles diarios, sin incluir la producción de los tres proyectos que estamos anticipando para crudos pesados de la faja petrolífera del Orinoco". Precisó, además, los aspectos inherentes al gas, la refinación, la petroquímica, la orimulsión y el carbón, y al efecto señaló: "Para ejecutar este plan ambicioso, desde el punto de vista cuantitativo pero realizable, hace falta, tanto el esfuerzo propio como la apertura al sector privado nacional y extranjero" [2] (destacado nuestro).

Pero es innegable que con el ascenso de Luis Giusti a la presidencia de Pdvsa, desde marzo de 1994, la estrategia agresiva, incondicional, de la apertura petrolera y con ello impulso de modo incontenible a la participación creciente del sector privado transnacional en el negocio petrolero, fue decisivo para que el proceso desnacionalizador de la industria petrolera cobrara mayor fuerza. Ciertamente, el nuevo conductor de la principal empresa del país, no solamente consolidó el Programa de Expansión llevado a efecto durante las gestiones anteriores, sino que amplió, aceleró y acrecentó nuevas acciones para desarrollar, instrumentar y ejecutar las "líneas maestra (...) de la nueva política petrolera': Líneas maestra, por cierto, que aparentemente no se correspondían con la concepción ideológica, política y económica que sustentaban los ideólogos y mentores del programa de gobierno que regiría los destinos del país a partir del 2 de febrero de 1994. El propio doctor Rafael Caldera, en su campaña electoral realizada, fundamentalmente, durante los años 1992 y 1993, arremetió contra la política petrolera que se venía desarrollando, conforme al Programa de Expansión, como fue el caso específico del Proyecto "Cristóbal Colón", en su juicio, por considerarlo inconveniente a los intereses nacionales.

Al respecto, es pertinente evocar el pensamiento del presidente Caldera, cuando, a propósito del debate sobre el Proyecto de Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, fijó su posición en la Cámara del Senado, con fundamentos doctrinarios en torno de la necesidad de abogar por mantener la solidaridad con la OPEP, de luchar por lograr precios más justos para el petróleo, de rechazar la superproducción, por considerar que sería un crimen "...contra la humanidad, producir petróleo en mayor cantidad de lo que debe consumirse"; de vindicar la propiedad y control de la industria petrolera, por parte del sector público nacional. Aseveró que no era necesario recurrir a las asociaciones con las empresas transnacionales para la comercialización del petróleo. En este sentido, fue enfático al advertir, convencido de sus razones que "...hasta donde yo sepa, jamás las grandes empresas transnacionales del petróleo han apoyado los pasos de Venezuela en la aspiración de una mayor soberanía y de un mejor trato sobre su petróleo; más bien tengo la impresión, muy razonada, de que cada vez que la han podido obstaculizar, la han obstaculizado, y que lejos de ser buenos compañeros o buenos socios -como se ha dicho-, para lograr para nosotros lo mejor, han tratado siempre de poner obstáculos, de crear reservas en este camino" [3] . Infortunadamente, esa concepción de la política petrolera, sustentada y defendida por el doctor Caldera, no fue puesta en ejecución durante su segundo mandato presidencial. En verdad, la política petrolera que se aplicaría sería la concebida y plasmada en el programa económico elaborado por el partido- socialcristiano Copei, que fue presentado al país durante el proceso de elecciones presidenciales para el período 1994-1999, cuyo candidato fue Oswaldo Álvarez Paz. El mentor principal de ese programa, en lo referente a la economía y política petrolera, fue el ingeniero Luis Giusti.

En ese programa se destaca que el crecimiento del sector petrolero "no puede llevarse a cabo dentro de los esquemas tradicionales. Es necesario romper con el molde creado en 1975, con la fundación de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, en el sentido de que cualquier crecimiento del sector petrolero lleva aparejado un crecimiento de la estructura de Pdvsa (...) El camino para lograr ese propósito es la apertura definitiva a la participación del sector privado (nacional e internacional) en el negocio petrolero venezolano" (destacado nuestro)[4]. En ese programa se presentan las` principales modalidades que deberían aplicarse en la apertura petrolera; así como también se asoman reformas fiscales con el interés de propiciar incentivos a favor del capital extranjero. En las bases programáticas del partido socialcristiano Copei, elaboradas por la Subcomisión de Petróleo, también se hace énfasis en que la OPEP debe considerarse como "...una estrategia subalterna" y, por tanto, se deberá "...diseñar una estrategia que permita sacar de- la discusión pública el tema de la OPEP y de la producción venezoland'[5]. De igual manera, se sustenta el criterio de que la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria 'y el Comercio de los Hidrocarburos debe ser modificada.. A ese respecto, afirman: "Se impone una reforma de la ley que provea mayor flexibilidad (.. ) El artículo 1° de dicha ley -aseveran los autores del mencionado documento- limita las actividades de exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos al Estado venezolano", y porque, además, lo establecido en el artículo 5° suscita -prosiguen los mentores de las Bases del Programa de Gobierno 1994-1998, del Partido Copei, Subcomisión del Petróleo- "...dudas razonables, acerca de si esta provisión legal resulta suficiente para incentivar la participación del capital privado en el negocio petrolero venezolano"[6].

Existe en ello, en nuestro juicio, el firme propósito de lograr el pase de la propiedad pública a la propiedad privada transnacional. Los objetivos y las propuestas de las diversas modalidades para instrumentar la apertura petrolera, así como la de otras iniciativas que a través del tiempo se fueron incorporando, persiguen profundizar la política de la desnacionalización de la economía venezolana. Precisamente, en la gestión gubernamental del doctor Rafael Caldera (1994-1999) es cuando la estrategia petrolera aludida cobra fuerza y se sustenta en el ejercicio de un poder hegemónico que se ejerce desde el directorio de Petróleos de Venezuela.

Esa forma de concebir la planificación y aplicación de la estrategia petrolera venezolana difiere radicalmente de las ideas y conceptos expuestos por el doctor Caldera, antes de asumir su segundo mandato como presidente de la República y revela, una vez más, la injerencia y, por ende, la fuerza decisoria del monopoder mundial y de sus clases asociadas en el país. Infaliblemente se impuso el afán de arremeter contra el proceso de la nacionalización petrolera y de consolidar la dominante presencia del capital transnacional en la estrategia económica y la política energética del país, con mengua de la soberanía nacional. La historia nacional, en un análisis más profundo del origen y significado de esas contradicciones entre lo escrito, lo expuesto y lo que se ejecuta como gobernante, juzgará los hechos para su real interpretación y comprensión.

En tal sentido, importa subrayar que el doctor Rafael Caldera, en su mensaje de toma de posesión como Presidente de la República, no fijó posición alguna en torno de la apertura petrolera, aun cuando en los puntos esenciales de la estrategia por desarrollar durante su período presidencial se pronunció por la apertura de la economía y estimulo a la competitividad, en el marco de la reciprocidad; y abogó por la conveniencia de "...estimular la inversión privada, nacional y extranjera, dentro de un marco de seguridad jurídica y económica..."[7]: Diez meses después, el Presidente de la República de Venezuela, en Consejo de Ministros, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 55, del 7 de diciembre de 1994, autorizó el Documento Base de la apertura petrolera, para la consolidación, como se afirmara, del desarrollo del sector petrolero venezolano. El documento, concebido y redactado por la élite gerencial de Pdvsa, contiene "...la propuesta de iniciar un proceso de apertura de las actividades de exploración y producción de nuevas áreas a la participación de capitales privados, como parte integral de la estrategia, bajo el esquema de Ganancias Compartidas".

Finalmente, tanto en el Programa de Estabilización y Recuperación Económicas [8], como en el IX Plan de la Nación, se dio plena cabida al programa de apertura petrolera, ideado por la tecnoestructura de Pdvsa.

Durante el período comprendido entre febrero de 1994 y febrero de 1999, en el Plan de Negocios de Pdvsa se previeron escenarios extremadamente optimistas, demasiado ambiciosos; no acordes con las tendencias de corto, mediano y largo plazos del mercado petrolero internacional, así como con la situación de la crisis estructural por la cual atraviesa el país. De esa manera, se programaron metas para un lapso de diez años, como la de duplicar el potencial y el volumen de producción; de igual forma, elevar -significativamente- las inversiones. Esas metas que en el Plan de Negocios 1994-2003 eran de 4 millones 200 mil barriles diarios, 3 millones 900 mil b/d y de 50 mil 500 millones de dólares, respectivamente, se elevaron, en la programación establecida en el Plan de Negocios 1998-2007, a 6 millones 900 mil b/d; 6,2 MM b/d y a 65 mil millones de dólares, correspondientemente. De igual manera, se previeron ingresos para la nación por más de 190 mil millones de dólares y se llegó a garantizar que "...en el mediano- plazo y bajo escenarios de precios razonables, el sector petrolero estará tributando 15 por ciento del PIB" [9] .

Además de las metas señaladas, contempladas en el Plan de Negocios, se especifican otras, tales como elevar las reservas probadas de crudos convencionales, incrementar la capacidad de refinación, desarrollar la faja petrolífera del Orinoco; la explotación del gas licuado (Proyecto "Cristóbal Colón"), aumentar la producción petroquímica, elevar la producción de orimulsión y de carbón.

Para e1- desarrollo de todas estas actividades y el logro de las metas propuestas, argumentan los, mentores de las "...líneas maestra para la definición de una nueva política petrolera", se requiere poner en ejecución la apertura petrolera y, por supuesto, será indispensable la participación del capital privado.

Durante el lapso de 1994-1998, realmente la apertura petrolera, diseñada por la tecnoestructura de Pdvsa, cobró exagerada fuerza. En efecto, se han puesto en ejecución diversas modalidades de apertura, tales como los convenios operativos, las asociaciones estratégicas, los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos, bajo el esquema de ganancias compartidas. De igual forma, mediante ley se autorizó la venta del 49 por ciento del capital social de la Petroquímica (Pequiven), así como la apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos. También se ha avanzado en propiciar la participación del capital transnacional en las actividades correspondientes de la industria del gas natural, que por leyes está reservada al Estado venezolano. Para garantizar todo ese proceso de apertura ilimitada se puso en vigencia, a partir de 1998, la nueva organización de Petróleos de Venezuela, S.A.

Asunto que requiere de seria reflexión es el atinente a cómo las inversiones planificadas para la ejecución de los planes de negocios programados hasta la fecha, a partir de la gestión gerencial de Luis Giusti, se han incrementado significativamente, al pasar de 48 mil millones de dólares, en el Plan de Negocios 1990-1995, 65 mil millones de dólares, en el Plan de Negocios 1998- 2007. A este respecto, es de subrayar que la participación del capital externo en los programas de Pdvsa, durante la gestión de Andrés Sosa Pietri, según su propio testimonio: "El plan petrolero (sin la faja del Orinoco) sería acometido directamente por Pdvsa. Nuestra estrategia no contemplaba asociaciones en esta área. (...) El financiamiento del plan petrolero, propiamente dicho, dependía en más de 80 por ciento de recursos propios, y en una cantidad inferior a 20 por ciento de montos provenientes del crédito nacional o internacional" [10] . Y en relación con "el financiamiento de los planes de petroquímica, gas natural licuado para exportación, carbón y orimulsión™ -afirma Sosa Pietri- descansaba, esencialmente, en los programas de empresas de capital mixto" [11]. En relación con el Plan de Negocios 1993-2002, "...las inversiones propias se estimaban, aproximadamente, en 78 por ciento del requerimiento del plan" [12]. En cambio, en el Plan de Negocios 1994-2003, la participación del capital externo pasó a representar 37 por ciento y las inversiones propias disminuyeron al 63 por ciento; y, conforme al Plan de Negocios 1998-2007 el capital transnacional representa 46 por ciento del total de la inversión prevista. Según declaraciones de Wilmer Pulgarín, "Paulatinamente, Venezuela se acerca a la meta establecida en el Plan de Negocios 1998-2007, el cual prevé una participación del sector privado por 35 mil millones de dólares, mientras que Pdvsa proyecta aportar 30 mil millones de dólares. De esta forma, el sector privado sobrepasará a Pdvsa, en proyectos de inversión" [13] . Lombardo Paredes, vicepresidente de Relaciones Externas de Pdvsa, afirmó que "...el plan petrolero para los diez próximos años fija una inversión en Oriente de 46 mil millones de dólares y unos 27 mil millones para el resto del país" [14]. Lo que suma un total de 73 mil millones de dólares.

Es indudable que las metas propuestas podrían ser mucho menores y de esa forma -vía ejemplo- el monto de 65 mil millones de dólares, previsto para la inversión total, podría ser reducido sustancialmente, lo que permitiría que Pdvsa asumiera, de manera racional y por sí sola, el desarrollo de las actividades por ejecutar. No es conveniente pretender mantener la dependencia de la economía de la actividad petrolera; lo sensato y prudente consiste en estimular el proceso productivo diversificador de carácter endógeno, para lograr el desarrollo armónico y sustentable del país. Sin embargo, Petróleos de Venezuela se aferra a sus planes de negocios de manera dogmática, cuando lo conveniente sería promover una profunda discusión y reflexión sobre la viabilidad de ese programa de expansión. Antes, por el contrario, pese a la crisis del mercado petrolero internacional y de sus reales perspectivas hacia el futuro, sí fue enfático en afirmar que el Plan de Negocios no seria modificado.

En este sentido, el Presidente de Pdvsa reiteró que "...el Programa de Inversiones no será afectado por el reciente acuerdo con Arabia Saudita y México, que devino en compromisos de trece productores para reducir en poco más de 1,3 millones de b/d, los pocos excedentes del mercado petrolero internacional" [15]. Y, en declaraciones más recientes, afirmó: "A pesar de la situación planteada, se mantiene la orientación estratégica de crecimiento de potencial en los próximos diez años, contemplada en el Plan de Negocios de la corporación, con el desfase en los niveles de producción correspondientes" [16].

Por el afán de llevar adelante, de manera incontinente -a cualquier costo- y con intransigencia dogmática, las políticas expansivas de Pdvsa, sin admitir la necesaria posibilidad de rectificar y hacerlas razonables, causan, en gran medida, la crisis económica y social por la cual atraviesa la sociedad venezolana, la cual se evidenció durante el año 1998; y que tiende a prolongarse.

Sin embargo, dados los hechos que acontecieron durante el año 1998 en el mercado petrolero internacional, que permitieron revelar lo irreal de los planes de negocios programados por la empresa estatal y, por supuesto, el costo que de ello se derivaba para el país, los tecnócratas de la corporación energética, en la elaboración del Plan de Negocios 1999-2008, ahora denominado Portafolio de Negocios, se vieron obligados a modificar algunas de las metas antes descritas. En este orden de ideas, Luis Giusti, al referirse al Plan de Inversiones de Pdvsa hasta el 2008, declaró que "Las inversiones son netamente las mismas con un estimado de inversión de 60 mil millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad son desembolsos de Pdvsa, y la otra mitad del sector privado"[17]. Y Claus Graff, vicepresidente de Petróleos de Venezuela, S.A., ante el anuncio gubernamental de adoptar el precio del petróleo de 9 dólares para el presupuesto de 1999, admitió, después de celebrada la Asamblea de Accionistas, en donde se acordaron nuevos recortes, que en "...el presupuesto de inversiones es de 15 por ciento, y en el de costos es 20 por ciento. A esto habrá que rebajar 7 por ciento más..."; y de seguida subrayó: "Estamos haciendo el ejercicio para, en lo posible, no afectar el volumen de producción y, también, en lo posible, no afectar el potencial. Sin embargo, a esos niveles sí creo que vamos a tener que afectar" [18]. Con respecto a las nuevas metas programadas en el Plan de Negocios 1999-2008, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que "Aun así, los planes de expansión de Venezuela siguen siendo ambiciosos"' [19].

No obstante, el presidente electo, Hugo Chávez Frías, quien al conocer que Pdvsa había acordado llevar a efecto la Asamblea Anual de Accionistas antes del proceso electoral, cuando lo normal era convocarla después de la primera quincena de diciembre, solicitó a la dirigencia oficial petrolera que no adelantaran la fecha, solicitud que -por cierto- no fue atendida; con argumentos y razones criticó acérrimamente el monto de las inversiones petroleras previsto para 1999 [20], y se pronunció por una revisión a fondo de las metas previstas en el Plan de Negocios de Pdvsa, así como los costos operativos de la corporación energética; y fue enfático en afirmar que "Pdvsa es un Estado dentro del Estado"[21].

Ante tales consideraciones, es de esperarse la rectificación a fondo de la política petrolera desnacionalizadora que se ha desarrollado durante los últimos años y, por tanto, orientar la actividad petrolera al servicio de la economía nacional, con el fin de impulsar la transformación del proceso económico y social del país.

Proyecciones y perspectivas estructurales de la demanda mundial

Las previsiones contempladas en el Plan de Negocios de Pdvsa, así como en el documento "Circunstancias pertinentes", que puede ser considerado como la exposición de motivos o los fundamentos para la apertura petrolera, son excesivamente optimistas. Se hacen esfuerzos por tratar de justificar las metas de expansión, fundamentadas en la existencia de enormes oportunidades de mercado, estimando tasas de crecimiento anuales de la demanda petrolera en el mundo, demasiado halagüeñas y no cónsonas con las reales perspectivas del mercado petrolero internacional.

En ese orden de ideas, el presidente de la empresa matriz, ingeniero Luis Giusti, aseveró que "El telón de fondo del mencionado plan está configurado por una demanda creciente de petróleo a razón de 2,5 por ciento-2,8 por ciento por año, resultante de la fuerza inercial de los factores demográficos y del incremento de la actividad económica mundial" [22]. Y, aun en plena crisis del mercado petrolero (1998), David Escogido, vicepresidente de Planificación de Petróleos de Venezuela, declaró que la tasa de crecimiento anual, durante el período de 1998 y el 2007, se situaría entre 2,3 por ciento y 2,5 por ciento [23].

Conforme a esas premisas, entre las metas programadas en el Plan de Negocios, se estimó, entre otras, que la producción, exportación y los precios del petróleo tendrían el siguiente comportamiento:

Es indudable que para llevar a efecto esas metas, en nuestro criterio, ilusorias, se requeriría la confluencia de varios factores; entre ellos deben señalarse los siguientes:

1. Un elevado incremento en la demanda internacional petrolera, que tendría que superar las tasas de crecimiento estimadas por algunos organismos especializados en la materia;

2. La OPEP tendría que duplicar su producción actual;

3. Se requeriría un aumento muy elevado de la cuota asignada por la OPEP a Venezuela, aun tomando en cuenta la nueva figura utilizada a partir de la reunión N° 104, celebrada en Viena, Austria, el 30 de marzo de 1998, de "producción actual o real" o, en su defecto, Venezuela tendría que desafiliarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, provocando con ello el posible desmoronamiento de la OPEP, con lo cual se derivarían serios efectos adversos para los países productores exportadores de petróleo sumergidos en el subdesarrollo económico.

La propuesta de pretender elevar la producción y exportación petroleras, a los niveles señalados, no luce lógica ni razonable, dadas las probabilidades reales-estructurales de la demanda del petróleo en el mercado internacional y ni aun en el contexto de las propias proyecciones referidas por la OPEP, la Agencia Internacional de Energía y de otras organizaciones internacionales. Ciertamente, en el mediano y largo plazos se avanza en la declinación del modelo económico basado en el petróleo y, por tanto, se evidencia la disminución, a través del tiempo, de la demanda de las materias primas, como el petróleo, en términos de su participación por unidad de producción industrial.

Entre los factores reales o de carácter estructural que han venido incidiendo y que profundizan esa tendencia, deben mencionarse los siguientes: el avance vertiginoso de la revolución tecnológica, que se manifiesta, principalmente, en la sustitución de las otroras industrias dinámicas por las llamadas de punta, tales como la biotecnología, la robótica, la cibernética, la informática, la microelectrónica, la ingeniería genética, entre otras, que requieren cada vez menos de la materia prima petrolera, así como la sustitución de una gran mayoría de bienes primarios por sucedáneos. Todo eso incide, sin duda alguna, en que el proceso de acumulación capitalista esté en función de los crecientes avances tecnológicos. Por esto, la utilización del recurso petrolero tiende a disminuir. No sin razón se afirma que "La provisión de recursos naturales ha quedado fuera de la ecuación competitiva. Los productos modernos simplemente utilizan menos recursos naturales"[24].

Otros de los elementos que inciden y cada vez cobran más fuerza en la racionalización del consumo de los combustibles fósiles, tales como el petróleo, carbón y gas, considerados como los principales causantes del calentamiento de la Tierra, que provoca cambios en el clima, lo constituyen la planificación, desarrollo y aplicación de políticas en defensa del medio ambiente, con el objetivo de controlar el calentamiento global, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante la amenaza que supone el aumento creciente de la temperatura mundial, 150 naciones, reunidas en Río de Janeiro, en 1992, abordaron el tema del medio ambiente y el desarrollo, y a tal efecto, firmaron la Convención Marco sobre Cambio Climático. Dicha convención, que entró en vigencia el 21 de marzo de 1994, ratificada por más de 160 países miembros, abogó por la adopción de medidas que neutralicen el efecto invernadero. Posteriormente, se realizaron reuniones en Berlín, en marzo y abril de 1995; en Ginebra, en junio de 1996 y en Kyoto ( Japón) [25], en 1997, donde se adoptaron medidas preventivas para tratar de frenar la destrucción de la calidad del medio ambiente.

El protocolo de Kyoto estableció los objetivos para estabilizar las concentraciones de los gases invernaderos en la atmósfera en el nivel en que se encontraban para el año 1990, con la meta global de una reducción en promedio de 5 por ciento para el periodo 2008-2012. Además, han surgido los frentes ecologistas con la finalidad de enfrentarse a los desmanes y destrucciones que ha producido la explotación irracional de esos recursos. Solamente por la aplicación del referido protocolo, en juicio del Centro de Estudios Energéticos Globales (CGES), el consumo petrolero para el año 2010 disminuirá en alrededor de 4,5 millones de barriles diarios, respecto del actual [26].

Tanto vigor e importancia ha cobrado la política de defensa del medio ambiente, que las corporaciones petroleras internacionales, con el pretexto de lograr respuestas a los cambios climáticos, han creado la Coalición Global Climática (CGC) con la finalidad de dar respuestas concertadas a lo aprobado en la Cumbre de Kyoto.

En la medida en que aumenta la inquietud por la defensa del medio ambiente se hace énfasis en la necesaria reducción de energía. En ese sentido, "Se persuade a fabricantes importantes de equipos industriales, de materiales de construcción, de artefactos domésticos y de automóviles, que elaboren productos con bajo consumo de energía y se imponen tributos y reglamentaciones. Surgen, gradualmente; nuevas tecnologías que producen aumentos de la eficiencia de hasta 1,5 por ciento al año"[27].

La eficiencia energética, entendida como fracción del total de energía ahorrada, como producto de las hipervelocidades tecnológicas, cobra cada vez mayor fuerza y, por tanto, se constata la disminución del papel que han desempeñado las materias primas, como el petróleo, en términos de su participación por unidad de producción industrial. El coeficiente petrolero de la producción ha venido descendiendo sustancialmente. Así, por ejemplo, Japón ha alcanzado importantes logros en ese terreno. En 1973, "...el petróleo representaba 78 por ciento del suministro primario total de energía (...) (y) ...logró reducir su dependencia petrolera, entre 1971 y 1991, en 20 por ciento. La proporción de energía consumida: por unidad de PNB también observó un decremento significativo de alrededor de 32 por ciento, entre 1973 y 1991, alcanzando uno de los niveles más bajos del mundo [28].

Es indudable que la revolución tecnológica de energías renovables, para satisfacer un elevado porcentaje de las necesidades mundiales, es significativa. Entre las opciones de mediano y largo plazos, deben ser consideradas la energía solar, la biomasa, la energía geotérmica, la hidroelectricidad, así como la energía ecológica, cuyos costos de producción han venido experimentando disminución. Otra opción la constituye la energía nuclear, en cuyo desarrollo el propio cartel energético internacional ha realizado cuantiosas inversiones. Si bien es cierto que la imposición de nuevas fuentes de energía no tendrá resultados en corto plazo, dados los desastres que, vía ejemplo, en la energía nuclear han ocurrido y que de una u otra forma han limitado su desarrollo en el tiempo, no es menos cierto que esos proyectos no han sido abandonados, y se prosigue en su perfeccionamiento tratando de evitar los males que hasta hoy han ocasionado, con el objetivo de lograr, en definitiva, resultados positivos.

La verdad es que "La participación del petróleo en el consumo total de energía primaria ha venido cayendo considerablemente a favor del gas natural y de la energía nuclear. Esta tendencia se aprecia, especialmente, en Japón y Europa occidental. En el caso europeo, la participación del petróleo cayó más de 21 puntos porcentuales, entre 1973 y 1996, mientras que la participación del gas natural aumentó más de 11 puntos porcentuales, y la cuota de la energía nuclear se elevó más de 12 por ciento durante ese mismo período. La energía obtenida a partir de fuentes diferentes al petróleo fue mucho mayor en el caso de Japón, en donde la participación del petróleo, en el consumo total de energía primaria, cayó más del 23 por ciento, mientras que la cuota del gas natural y la energía nuclear aumentó más de 10 y 14 por ciento, respectivamente"[29].

El ministro de Energía y Minas, ingeniero Erwin Arrieta Valera, al analizar las estadísticas energéticas (período 1972-1997) correspondientes a las diversas energías renovables (véase el siguiente cuadro), llega a la conclusión de "...que el petróleo está siendo desplazado sistemáticamente por otros tipos de energía -y agrega-; ...las energías sustitución, salvo el gas natural; son intrínsecamente más costosas que el petróleo; sin embargos todas crecieron individualmente más que el petróleo; lo cual evidencia claramente una estrategia, por parte de los grandes países importadores, de maximizar la; utilización de otras fuentes de energía a expensas de petróleo importado, haciendo énfasis en sus propias fuentes energéticas" [30].

La declinación progresiva de la utilización del petróleo en el proceso productivo, reviste características de tal magnitud, que las Naciones Unidas, en su Estudio Económico Social Mundial, correspondiente al año 1997, señala que "...la demanda mundial aumentará a una tasa media de apenas 1,1 por ciento al año, durante el período que abarca la proyección, pero con mucha lentitud después del año 2030. Tanto en las economías de mercado desarrolladas como en las de transición, la demanda seguirá subiendo muy lentamente antes de empezar a declinar alrededor del año 2010".

El directorio de Pdvsa, presidido por el ingeniero Luis Giusti, pareciera no darle la real importancia a los efectos que los factores que hemos aludido para el comportamiento de la demanda mundial, tienen y tendrán en la disminución del consumo petrolero. El no prever esos factores de carácter estructutal, será causa para el desencadenamiento de serios trastornos en el país. Todo pareciera confirmar la tesis de que predomina una intransigencia dogmática, obsesiva, por parte de la cúpula gerencial de Petróleos de Venezuela, en el afán de querer consolidar y acrecentar el Plan de Negocios de la corporación energética estatal a cualquier costo. Ello evidencia serias desviaciones que, sin duda alguna, se apartan -en verdad- de la prudencia y la razón. No existe justificación para que la estrategia de la economía venezolana continúe trazándose preponderantemente en la actividad petrolera, en desmedro de la integración de la economía nacional.

Pronósticos optimistas y posibles secuelas

Aun al considerar ciertos pronósticos optimistas en relación con el futuro de la demanda petrolera mundial, a los cuales se aferran los altos dirigentes de la industria energética estatal, corresponde advertir que en el Plan de Negocios de Pdvsa, el objetivo de elevar la producción a 6 millones 200 mil barriles diarios, para el año 2007, no es razonable y, por el contrario, podrá derivar en un alto costo económico y social para el desenvolvimiento económico-financiero y, por ende, para la estabilidad política del país.

En el supuesto de que para el año 2010 la demanda mundial de petróleo se sitúe en 83 millones de barriles diarios y que la participación de la OPEP, como oferente, pase de 40 por ciento que representó 1997, a 47,8 por ciento, tal cual se aprecia en las estadísticas publicadas por ese organismo [31], significa que la producción de los países miembro de la OPEP pasaría de 26,3 millones de barriles diarios, en 1998, a 39,7 millones de b/d en 2010.

Conforme con estas proyecciones "entusiastas", que desestiman los factores estructurales a los cuales hemos aludido anteriormente, la producción que le correspondería a Venezuela estaría alrededor de 4 millones 680 mil barriles, es decir, una participación relativa en el orden de 11,79 por ciento, conforme con la distribución acordada en la conferencia extraordinaria de la OPEP, celebrada en Viena, el 30 de marzo de 1998, donde se reconocieron las violaciones que la mayoría de los países había venido incurriendo, respecto de las cuotas acordadas en reuniones anteriores. Producto de ello, la cuota de producción o "la producción actual o real", como gustan calificarla quienes adversan el sistema de cuotas de producción, para nuestro país pasó de 2 millones 583 mil b/d, lo que significaba- 9,39 por ciento del total, a 3 millones 370 mil b/d. Es de subrayar que en la distribución de la: producción, adoptada en la conferencia N° 105,'- llevada a efecto en Viena, el 24 de junio de 1998, la participación de Venezuela se redujo a 10,95 por ciento, con lo cual, de mantenerse ese porcentaje de participación; la producción del país no debería ser superior a los 3 millones 970 mil b/d para el año 2010.

Pero, lo más preocupante de la situación, en relación con las proyecciones de la demanda mundial del petróleo, radica en que, en juicio del directorio de la empresa estatal, la misma alcanzará a 86 millones de barriles diarios, asignándole a la OPEP una producción de 43 millones de b/d, es decir, 50 por ciento.

Aun con todos los malabarismos efectuados, con el único propósito de pretender justificar los desmedidos planes de negocios de Pdvsa, la meta de producir 6 millones 200 mil b/d no es alcanzable, dado que a Venezuela, en todo caso, le correspondería, dada su participación relativa, asignada en la conferencia de la OPEP N° 104, un monto máximo de 5 millones 69 mil b/d; a menos que se profundicen los planes de sobreproducción de la industria petrolera nacional, y con ello, se contribuya con el desmoronamiento de la OPEP, con serias consecuencias, por supuesto, para el país.

Es de subrayar que planificar una estrategia económica, basada en un incremento sustancial de la demanda mundial del petróleo, constituye un elevado riesgo, La demanda internacional de este producto, durante los últimos años, apenas varió de 73,4 millones de b/d, en 1997, a 73,6 millones en 1998. Según cálculos de la propia OPEP [32], se estima que para 1999 la demanda alcanzará a 74,7 millones de b/d. Además, debe considerarse que la demanda de petróleo de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (los más industrializados), con los cuales Venezuela tiene una elevada concentración geográfica de exportaciones e importaciones, ha variado de 44,4 millones de b/d, en 1994; a 45,9 millones en 1996; 46,6 millones de b/d, en 1997; 46,8 millones de b/d, en 1998: Para 1999 se estima una demanda, por parte de esos países, de 47,4 millones de b/d. Y el crecimiento de la demanda petrolera, para los próximos años (2010), será muy moderado. Y en el caso específico del mercado petrolero de Estados Unidos, principal mercado de nuestro país, el comportamiento de la demanda es la siguiente:

Además, es necesario agregar, tal cual afirma Lester Thurow, " En el área de los hidrocarburos se ha avanzado, empleando tecnologías que permiten mejorar los rendimientos. Por ejemplo -dijo-, en Estados Unidos se ha logrado aumentar el porcentaje o proporción recuperable del petróleo in situ, de 40 a 60 por ciento, lo que equivale a suponer que ese 20 por ciento adicional de petróleo recuperable, significa que tendremos reservas de gran importancia, pues ello equivaldría haber encontrado un nuevo campo petrolero de dimensiones gigantescas" [33].

El plan de negocios y las modalidades de la :apertura

Es de destacar que las valiosas opiniones de calificados expertos e instituciones nacionales e internacionales, en torno a los diferentes factores que inciden en la reducción del consumo mundial del petróleo, fueron desestimadas por la tecnoestructura de Petróleos de Venezuela, S.A., que, de manera omnipotente, se empecinó en afianzar y acrecentar, durante la gestión gubernamental del doctor Rafael Caldera, los llamados planes de negocios, de forma tan desmedida, que han causado la grave situación económica que hoy afecta al país, así como de haber incumplido, como nunca antes, con los compromisos asumidos en la OPEP

Evaluaremos los alcances y las incidencias que las políticas expansivas de Pdvsa tienen y tendrán para la vida económica, política y social del país, a menos que a tiempo se produzca una seria rectificación.

En realidad, la estrategia ejecutada por el directorio de Petróleos de Venezuela, S.A. para impulsar el crecimiento de las actividades inherentes a la industria, cónsonas con los tiempos de la llamada globalización, que impide elegir el camino propio, estimuló el refuerzo necesario para la apertura incondicional, con la participación creciente del sector privado transnacional en la planificación y ejecución de la política energética venezolana, conducente hacia el proceso desnacionalizador.

De los convenios operativos

Para llevar a efecto las metas establecidas en el plan de expansión de Pdvsa, se ofrecieron al capital diversas modalidades de apertura. Como parte de esa estrategia se desarrolló el programa de reactivación de los campos petroleros, calificados al principio de marginales y posteriormente de maduros, con la finalidad de incrementar la producción de crudos. La llamada modalidad de convenios operativos se inició en 1991; y en los años 1992 y 1993 se firmaron los primeros contratos, correspondientes a lo que se calificó de I y II rondas, con las empresas privadas extranjeras. También se suscribió un acuerdo con la empresa Chevron para iniciar actividades de producción en el campo Boscán del estado Zulia. De esa forma se firmaron quince convenios. Debe señalarse que, de acuerdo con la Ley de Nacionalización, estos convenios operativos no requieren de la aprobación del Congreso de la República. Con la modalidad de "Tercera Ronda de Convenios Operativos" se ofrecieron al capital privado extranjero y nacional veinte campos petroleros, que cubren un área de 7.699 kilómetros cuadrados y comprenden unos tres mil pozos, de los cuales, alrededor de 700 producen 73.6$0 barriles diarios de crudos; en su mayoría, livianos y medianos [34], y con posibilidades dé alcanzar 516 mil barriles por día, durante los próximos cinco años. Las expectativas de reservas probadas están cercanas a los 4.600 millones de barriles de crudo, que las empresas operadoras obtuvieron a un costo unitario mínimo. Es importante subrayar que según los cálculos realizados por el grupo interdisciplinario de Pdvsa y las filiales de Maraven, Corpoven y Lagoven, los veinte campos aportarán a la producción 350 mil b/d [35]. En cambio, los representantes de las empresas transnacionales que resultaron ganadoras en el proceso de licitación, consideran quela producción podría alcanzar a 650 mil b/d [36], y se estima una inversión aproximada a 407 millones de dólares, durante los próximos cinco años, para el desarrollo de las actividades exploratorias, a lo que sería necesario agregar las inversiones por realizar en la fase de explotación, con lo cual la inversión total estimada en un período de veinte años, según cálculos de Pdvsa, alcanzaría a 5 mil millones de dólares. Las cuotas de participación oficialmente denominadas "factores de valorización", requisito establecido para la obtención de la buena pro, para operarla en los campos petroleros licitados, llegaron a la suma de 2.171.719.344 dólares, declarados como "ingresos operativos", con el fin de pagar lo que corresponda por concepto de la aplicación de la tasa impositiva. Las áreas que resultaron con mayor participación fueron las de Dación, ubicadas al este del estado Anzoátegui; y la de Mene Grande, situada en la costa oriental del lago de Maracaibo, que alcanzaron la suma de 453.005.256 y 330.012.345 dólares, respectivamente.

Las áreas Cretácico Sur y Bachaquero resultaron desiertas [37], con lo que la extensión de las dieciocho (18) áreas otorgadas es de 6.875 kilómetros cuadrados. El consorcio ganador del campo Mata presentó problemas financieros que le impidieron entregar a tiempo la suma de 90 millones 777 mil 777 dólares, correspondientes al "factor de valorización", lo cual obligó a proceder a la descalificación de las empresas PBE Trading y Pivensa, que habían resultado ganadoras en el proceso de licitación; de tal manera que hubo necesidad de convocar una segunda licitación, pero la empresa que resultó ganadora renunció. En definitiva, el campo Mata fue adjudicado a las empresas Pérez Companc de Argentina, y la empresa nacional Jantesa. El FDV fue de 115,5 millones de dólares.

La III ronda de convenios de los campos "maduros" se llevó a efecto en el lapso del 2 al 6 de junio de 1997, en la que participaron 131 empresas precalificadas, tanto extranjeras como nacionales. Es de subrayar que los consorcios participantes fueron provistos de una información muy detallada de la condición de cada campo, lo cual les permitió calcular reservas, costos y productividad, con fines de elaborar las ofertas sobre las áreas más convenientes para sus particulares intereses.

En el proceso de licitación participaron empresas de diferentes países (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, China, Noruega, España, Arabia Saudita y Argentina). Al sector nacional le fueron reservados cinco, campos, que se adjudicaron a las empresas: Inelectra, Arco Polar Uno, Cosa, Cartera de inversiones, Phoenix, Pivensa y Jantesa. En este sentido, importa precisar que con la excepción del área de Casma Anaco, donde la participación accionaria correspondió en 100 por ciento alas empresas nacionales, en los otros campos otorgados a los empresarios nacionales fue en asociación con empresas extranjeras. Al respecto, es de vital importancia considerar la advertencia formulada por Alan J. Viergutz, ex presidente de la Cámara Petrolera: "...el ,objetivo es que lo operen venezolanos con experiencia en la materia. La idea no es tener testaferros (en anglosajón frontmen o front companies) para que por detrás operen empresas extranjeras. (... ) Si van a operar los campos, disimuladamente, técnicos del exterior, entonces mejor agregarnos estos cinco campos a los 15 que no tienen restricciones nacionalistas y promovemos una licitación abierta" [38].

Las dieciocho áreas fueron otorgadas como las anteriores, con tasas impositivas fuertemente disminuidas. La regalía petrolera, en la práctica, se redujo de 16,66 por ciento, establecido en la Ley de Hidrocarburos, a 1 por ciento, para los casos en que la tasa interna de retorno sea inferior de 12 por ciento.

La alta dirigencia de la empresa estatal también dio a conocer al país la decisión de adjudicar tres campos petroleros a las universidades nacionales: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad del Zulia (LUZ). Los convenios de servicio fueron suscritos a principios de 1999.

Es de subrayar que en los convenios operativos correspondientes a la I y II ronda se fijó el pago de honorarios y de capital, con base en la producción de petróleo, sin tomar en consideración la fluctuación de los precios, y el pago correspondiente a los convenios de la tercera ronda se estableció de acuerdo con un estipendio por servicios por cada barril producido y entregado.

Los honorarios de operación, de capital y otros, correspondientes a los campos asignados y en operación se indican de seguida:

La evolución de esos pagos revela que la producción derivada de la explotación de esos campos ha ido in crescendo. En efecto, de 78.521 b/d obtenidos en 1995, se pasó a 283.411 barriles diarios en 1997, y se estima que la producción total de los 33 convenios operativos, conforme con las metas establecidas, se ubiquen en 866 mil barriles por día.

De las asociaciones estratégicas

En relación con la modalidad de las asociaciones estratégicas, corresponde indicar que en 1997 el Congreso de la República aprobó el convenio de asociación estratégica entre las empresas Lagoven-Mobil, de Estados Unidos, y Veba Oel, de Alemania, para el desarrollo del proyecto Cerro Negro I, que se estima tendrá una producción de 108 mil barriles diarios de crudo. Asimismo, se firmó el convenio Maraven con Total, de Francia, y Statoil, Norsk Hydro, de Noruega, para ejecutar el proyecto Hamaca, que se calcula agregará 167 mil barriles diarios de crudo. La participación accionaria de Pdvsa en los dos convenios es de 41,66 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, y se estima un costo (inversión) de 2.128 millones de dólares y 3.500 millones correspondientes para un total de 5.628 millones de dólares que, sumados a las inversiones atinentes a los dos convenios autorizados en 1993, arrojan un total superior a 11 mil millones de dólares y la producción se elevará aproximadamente a 500 mil b/d.

Es de advertir que el proyecto Cristóbal Colón [39] con el objeto de explotar y comercializar el gas natural proveniente de los yacimientos ubicados costa afuera al norte del estado Sucre, que contemplaba una inversión en el orden de 4.900 millones de dólares, los socios acordaron en 1996 posponer, una vez más, la ejecución del proyecto por considerar que, dadas las condiciones existentes en el mercado, el mismo no era rentable. Con esa decisión se concede la razón a quienes adversaron con argumentos económicos y jurídicos ese convenio, por considerarlo inviable e inconveniente para la nación.

De igual manera, se han firmado otros acuerdos preliminares con Exxon y con Coastal, dirigidos a desarrollar un proyecto para producir crudo extrapesado; también se han adelantado proyectos en el sector orimulsión, con el fin de ampliar la producción.

Debe subrayarse que los dos convenios de asociaciones estratégicas autorizados durante la gestión del doctor Rafael Caldera, se otorgaron al capital privado con las mismas condiciones jurídicas y económicas establecidas en el convenio de asociación entre Lagoven con Exxon, Shell y Mitsubishi para la explotación y comercialización del gas natural... aprobado por el Congreso de la República [40].

Entre los incentivos y privilegios otorgados al inversionista extranjero debe mencionarse la pérdida de control por parte del Estado, la cual está establecida en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización. Se rebajó la tasa impositiva de 67,7 por ciento a 34 por ciento; de igual manera, se garantiza al capital extranjero que el régimen fiscal acordado en el convenio se mantendría por el tiempo de duración del convenio y además, se acordó entre Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas, negociar la regalía petrolera, hasta el punto de disminuirla de 16 2/3 a 1 por ciento, afectando de esa manera la recaudación fiscal. Además, se confirieron otros privilegios que analizaremos más adelante.

De los convenios de asociación

Con el fin de ampliar la política de apertura petrolera, Pdvsa impulsó los convenios de asociación para la exploración. a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos. Para tal efecto, se dio inicio al proceso de licitación con el objeto de seleccionar las empresas inversionistas interesadas en celebrar tales convenios.

Las diez áreas seleccionadas para el proceso de licitación comprenden una extensión de 1.795.284,08 hectáreas y expectativas de reservas de 6.975 millones de barriles. Existen posibilidades de, agregar 500 mil barriles diarios a mediados de la próxima década, y se, estima una inversión total de 11.151 millones de dólares. En . definitiva, se suscribieron ocho convenios de asociación entre los representantes del Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana del Petróleo y los catorce consorcios internacionales. Las áreas de El Sombrero y Catatumbo resultaron desiertas, con lo que la extensión de las ocho áreas otorgadas es de 1.377.401,86 hectáreas, equivalente a 13.774,02 km2, que sumados a la extensión correspondiente a las 18 áreas petroleras otorgadas en la 111 ronda, suman 21.473 km 2, es decir, 2,35 por ciento de la superficie total del país.

La licitación de las diez áreas petroleras se llevó a efecto de acuerdo con los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas aprobados por el Congreso de la República, con fecha 4 de julio de 1996 [42]; y la autorización para suscribir los ocho convenios presentados por el Ejecutivo a la consideración de las Cámaras, fue aprobada el 19 de junio de 199642. En ese entonces se expusieron razones de política económica y argumentos jurídicos y éticos que advertían sobre los alcances e incidencias desfavorables que esos convenios tendrían para el país.

Importa significar que determinadas cláusulas de los ocho contratos firmados entre Pdvsa y los inversionistas extranjeros no guardan exacta concordancia con las establecidas en los convenios de asociación y el marco de condiciones aprobados por el Congreso.

Debe referirse que las áreas otorgadas al capital transnacional son de excelentes condiciones prospectivas, conocidas geológicamente, con crudos medianos y livianos, todo lo cual indica que conforme con lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización, donde se establece que sólo "en casos especiales, y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán.. celebrar convenios de asociación con entes privados con una participación que garantice el control del Estado y con una duración determinada", no se justificaba la realización de esos contratos con el sector privado transnacional.

Como resultado de todas las modalidades de la apertura petrolera, de acuerdo con declaraciones de Claus Graff, vicepresidente de Pdvsa, "...las inversiones a ser realizadas a lo largo de la duración de los convenios, unos a 20 años y otros a 30 años, superarán los 40.000 millones de dólares y el petróleo a producirse puede ser no menor de 2 millones de barriles diarios, que representan 33 por ciento de los 6 millones de barriles por día que Pdvsa aspira a producir para el año 2006 o 2007" [43].

La verdad es que para llevar a efecto esas modalidades de la estrategia de apertura petrolera, además de haberse otorgado incentivos de toda naturaleza, se transgredieron algunos artículos de las leyes venezolanas; de esa manera, se advierte que lo consagrado en la cláusula 4° de los convenios establecidos con los inversionistas extranjeros violan el artículo 5° de la Ley de Nacionalización, y autoriza al núcleo empresarial transnacional a participar directamente en la planificación de la estrategia energética del país, excesos qué se afianzan y amplían aún más con serias lesiones a la soberanía nacional, al fijarse en ellos condiciones impropias como son las referentes al comité de control [44].

Asimismo, al acordar en los convenios que las controversias que surjan en relación con los contratos se resolverán récurrieindó al arbitraje internacional, se viola el artículo 127 de la Constitución Nacional y el artículo 4° de la Ley de Hidrocarburos.

De igual forma, se otorgan garantías y prerrogativas que desbordan el contenido de algunas de las cláusulas de los referidos convenios, con resultados desfavorables para la vida económica, política y social de la nación.

De la apertura del mercado interno

Como parte de la estrategia de apertura a la participación del capital privado, el directorio de Pdvsa propuso la derogación de la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos, vigente desde 1973, y al efecto presentó al Ejecutivo Nacional, para su debida remisión al Congreso de la República, un nuevo proyecto.

El móvil esencial de ese proyecto de ley consistía en eliminar la reserva que posee el Estado venezolano sobre todas las actividades económicas desarrolladas por el mercado nacional de los productos derivados de hidrocarburos, así como la de derogar la facultad conferida al Ejecutivo Nacional de fijar los precios de los productos por comercializarse en el mercado interno.

En efecto; el artículo 1° del proyecto de ley, elaborado por la cúpula gerencial de Pdvsa, establecía que "...el. ejercicio de las actividades atinentes al mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos queda abierto a la libre concurrencia y ejercicio por los particulares" [45] (destacado nuestro).

En la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley, se hacía énfasis en que "Esta iniciativa de Ley del Ejecutivo Nacional, que el Congreso ha acogido, debe entenderse como un elemento o paso dentro de un esfuerzo sistemático para darle un nuevo rumbo a la economía de Venezuela...". Y más adelante precisaba que dentro de los fundamentos básicos de la política económica está "...la reestructuración o racionalización del Estado y el programa de privatización de empresas públicas que vienen produciendo ingentes pérdidas a la nación...". Se realzaba la importancia, en los fundamentos generales, de la conveniencia en lograr "...la real execración del monopolio y la promoción y protección de la libre competencia, la sinceración de las tarifas de los servicios públicos...". "Los fundamentos básicos - prosigue la exposición de motivos - fueron objeto de los planes y estrategias concertados entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, con base en el documento denominado Agenda Venezuela" (destacado nuestro).

Una vez más, la cúpula gerencial de Pdvsa, al tratar de justificar el proyecto de ley, afirmaba: "Lo que viene sucediendo en realidad, en contra de lo que se pretendía con la instauración de la reserva del Estado en el área económica en mención, es que la industria petrolera nacional ha acumulado, durante los últimos 20 años, pérdida de oportunidades de ingreso en el mercado interno, en magnitud aproximada a los $42.000 millones. El mecanismo para que esto haya ocurrido ha sido el subsidio de otros sectores de la economía y de la sociedad en su conjunto".

Lo anterior debe ser objeto de reflexión. Si esa afirmación se correspondiera con la realidad, ¿cómo explicar el interés que han demostrado las empresas transnacionales de participar en la apertura del mercado interno? ¿O es que existe el pleno acuerdo entre Pdvsa y las corporaciones petroleras de aumentar los precios de los combustibles, hasta aproximarlos a los prevalecientes en el mercado internacional?[46] ¿Cuál sería el precio internacional que se debe tener como referencia?

En nuestro juicio, carece de justificación económica, política y social pretender elevar los precios internos a los niveles mencionados. No es razonable el criterio sustentado por el Fondo Monetario Internacional y acogido fervorosamente por la alta dirigenciá de Petróleos de Venezuela y del Ejecutivo Nacional, de considerar que el costo de oportunidad debe entenderse "...en relación con los precios a que los productos se podrían vender en el mercado mundial". Este discernimiento es errado y engañoso; lo correcto es considerar el costo de oportunidad corno aquel que permite a la unidad productiva recuperar el costo de producción de la unidad marginal en el mercado interno [47].

Al proceder a examinar los resultados contables financieros de la industria petrolera, se constata que por concepto de la venta de productos derivados de hidrocarburos en el mercado nacional, los resultados no arrojan pérdidas. La Contraloría General de la República, en informe presentados a la consideración de la Cámara de Diputados, en torno a los resultados económicos de la función del mercado interno, concluye que "...del análisis practicado, tanto a la metodología como a la fuente de información utilizada en las estimaciones de Pdvsa, se aprecia que la pérdida -a que alude Pdvsa- no se corresponde con la realidad". Además, en los estudios realizados por a Contraloría "se precisan deficiencias relacionadas con la inclusión de partidas de gastos, que por su naturaleza, no deberían influir en los resultados de la función del mercado interno".

El proyecto de ley, elaborado por la alta dirigencia de Pdvsa, constituye un paso más hacia la progresiva privatización de Petróleos de Venezuela. En verdad, la perseverancia demostrada por los apologistas de la apertura petrolera, de lograr el debilitamiento del Estado, es la de provocar, definitivamente, la desnacionalización del mercado venezolano de hidrocarburos y, en general, la venta del patrimonio público. Al traspasar las actividades inherentes. al mercado interno de los referidos productos, fundamentalmente al sector privado transnacional, se fomentará un oligopolio que en la práctica desembocará en un "monopolio" y, por tanto, la fijación de los precios de los productos estará en función de sus intereses muy particulares, contraria, por supuesto, a razones de conveniencia nacional y del genuino provecho público. La abominación del monopolio, al cual se hace referencia en la exposición de motivos elaborada por Pdvsa, no se corresponde con la verdad. Lo que realmente se persigue es la sustitución del monopolio ptíblico por el monopolio privadolucrativo, con lo cual se horada, de esa forma, las verdaderas posibilidades de llevar a cabo políticas esenciales para el país. Y sé le otorgan facultades a los inversionistas extranjeros para planificar y aplicar las estrategias que más convengan a sus intereses.

El proyecto de ley concebido por la tecnoestructura de Pdvsa, mediante el cual se pretendía regular las actividades atinentes al mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos, permitiría a las empresas transnacionales obtener moneda nacional, con lo cual se les posibilita el financiamiento de las futuras inversiones por realizar; de esa manera disminuirán o anularán los efectos de los probables ingresos de divisas provenientes del exterior y, al mismo tiempo, las empresas podrán transferir a sus países de origen el cien por ciento (100 por ciento) de las utilidades netas en divisas libremente convertibles; conforme con el reglamento del Régimen de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Regalías.

Es importante precisar que de acuerdo con el artículo 2 del mencionado proyecto de ley, se permitirá la importación de productos con destino al mercado interno. Ciertamente, en la propia exposición de motivos se aclara que el artículo 2 "define el ámbito del mercado interno a partir de las refinerías propiedad de las filiales de Pdvsa o de la importación de productos con destino a dicho mercado".

En virtud de que el Congreso Nacional no debatió en torno al proyecto de ley en referencia, durante las sesiones ordinarias celebradas en el año 1997, y dado el apremio e interés manifestados por la cúpula gerencial de Pdvsa, de hacer realidad lo más pronto posible el ingreso de las transnacionales petroleras en el mercado nacional, logró que el Ministerio de Energía y Minas dictara la Resolución N° 4384, de fecha 18 de noviembre de 1997, mediante la cual se autorizó la participación de las empresas privadas, extranjeras y nacionales, en el mercado interno.

Conforme con esa resolución, durante el mes de febrero de 1998 fueron concedidos permisos de distribución de combustibles a través de estaciones de servicio a la Corporación Trébol Gas, C.A. y a la Corporación de Combustibles Monagas. También entraron en la competencia las empresas Digasmar y Llanopetrol. De igual forma, se firmó el contrato de distribución de combustibles entre la Shell y Petróleos de Venezuela. Y, según declaraciones de Adolfo Fernández, gerente de la División de Combustibles de la Corporación Shell, "La idea es tener, al pasar unos cinco años, cerca de 400 estaciones y una cuota dé 20 por ciento del mercado" [49].

A esos permisos continuaron los otorgados a las empresas transnacionales: Mobil de Venezuela, C.A., Texaco y la British Petroleum, para ejecutar actividades de distribución de combustibles a través de estaciones de servicio en el mercado interno. Las tres corporaciones estiman realizar una inversión, para los próximos cinco años; de 90, 250 y entre 250 y 350 millones de dólares, respectivamente, con el , fin de poseer 250, 360 y de 300 a 400 estaciones de servicio, cada una, en el mercado nacional. Con la apertura del mercado interno, las empresas distribuidoras controlan alrededor del 35 por ciento del volumen distribuido por Pdvsa, en 1.600 estaciones de servicio establecidas en el país.

A esto es preciso agregar que empresas como Exxon, Shell, Mobil, Texaco, Amoco, Repsol y Castrol, venden, desde 1996, sus combustibles en el mercado interno.

Nueva Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno

El Congreso de.la República, durante 1998, analizó el referido proyecto de ley, y después de hacer importantes y significativas modificaciones al mismo, acordó su aprobación; el Presidente de la República, en fecha 11-09-98, le puso el ejecútese a la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para uso de Vehículos Automotores [50].

Producto del estudio efectuado por los miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas, de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como la participación activa desarrollada por la directiva de Fenegas y los juicios críticos emitidos por destacados expertos en la materia, se llegó a la conclusión de que el proyecto de ley elaborado por la tecnoestructura de Pdvsa, no era el más conveniente para el país y, por lo tanto, procedía realizar sustanciales cambios.

En breve consideración de los artículos que integran la nueva ley, se establece que la empresa privada nacional e internacional participe en el mercado interno de los hidrocarburos, con lo cual se ratifica y se le da plena vigencia legal al decreto emitido por el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se autorizó el regreso de las empresas transnacionales al mercado nacional, tal cual ya se ha analizado. Esto significa que el Estado, a través de su ente empresarial (Pdvsa), no será el único oferente en el mercado, lográndose con ello, al decir de algunos, ciertos grados de competencia que podrían coadyuvar en beneficio del consumidor, en cuanto se refiere a la calidad de servicio.

En el artículo 3°, al abordar las actividades que se realizarán en el mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos, se prevé la importación para satisfacer la demanda interna. Como se podrá observar, tanto la participación del capital extranjero como la importación de productos de la naturaleza indicada, estaban contenidos en el proyecto original elaborado por Pdvsa.

En el texto del artículo 5° se reconocen ciertos derechos preferenciales a las personas naturales o jurídicas que actualmente, ejerzan las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y el expendio de los productos en el territorio nacional. La modificación de fondo efectuada por los legisladores consistió en incorporar al texto el parágrafo único del artículo 3°, mediante el cual se consagra que "El Ejecutivo Nacional establecerá por Decreto los precios de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos que se expendan en el mercado interno, objeto de esta Ley". El contenido de esté artículo debe valorarse en sus justos términos, por racional, prudente y por constituir una prevención de cierta eficacia para la toma de decisiones lo más equitativa y ponderada, por parte del Ejecutivo Nacional, por referirse a un aspecto de vital importancia, como lo constituye la determinación de los precios de los productos antes señalados, que verdaderamente correspondan a los factores reales que intervienen en el proceso productivo, incluyendo, por supuesto, el beneficio normal. Al actuar de esa manera, con el respaldo del marco jurídico, se evitará la voracidad de los monopolios privados en función de sus propios intereses, sin importarles las incidencias sociales y hasta políticas que puedan desatarse en el país.

El haberse ratificado la potestad que tiene el Ejecutivo Nacional para fijarlos precios de la gasolina y otros productos derivados de los hidrocarburos en el territorio venezolano, suscitó encendidas protestas y disconformidades de parte de aquellos sectores que abogaban por despojar al Ejecutivo de. esa facultad. El presidente de la empresa estatal venezolana, ingeniero Luis Giusti, tan pronto como fue sancionada la ley por el Congreso, dijo: "Aspiro a que el Ministro de Energía y Minas y el Presidente de la República la devuelvan para su revisión, porque en los términos en que fue aprobada, prácticamente otorga total discrecionalidad al Ejecutivo para la fijación de los precios" [51]. Un día después, quizás convencido de la dificultad para el presidente Caldera de devolver la ley al Congreso, y probablemente, luego de reflexionar sobre el particular, y percatarse de las posibles vías de escape que se encuentran en la nueva ley, en cuanto se refiere a la fijación de los precios, expresó, en discurso pronunciado en la XXVIII Convención Nacional de Fenegas: "Hoy tenemos ese instrumento. Creo que se ha dado un paso al frente en ese sentido. Ya hay muchas cosas buenas en la ley que fueron muy bien descritas por el Presidente de Fenegas. Yo los invitaría, en esta Asamblea, a que discutan a fondo los detalles de esta ley, para que nos ayuden a proponer al Ejecutivo un reglamento que pueda cumplir con los propósitos que animaron la propuesta original del Ejecutivo Nacional. Creo que va a haber que trabajar un poco en la cadena de precios, para evitar qué vayamos a caer o retrotraernos a lo que ha sido la discusión secular de márgenes que ha llevado a una cantidad de problemas y desinversión" [52] (destacado nuestro).

En similar sentido opinó el ministro de Energía y Minas, ingeniero Erwin Arrieta Valera, al señalar: "Esta Ley nos permitirá empezar un nuevo camino en función de que el precio deje de ser una decisión forzada del Estado para que el mismo mercado, a través de su propia fuerza, dé lineamientos y dimensión a ese precio. (..) Más adelante, cuando el mercado esté preparado, apuntará hacia el libre juego de la oferta y la demanda" [53] (destacado nuestro).

Por supuesto, las presiones de las empresas transnacionales también han aflorado; así, por ejemplo, el gerente general de la División de Combustibles de Shell Venezuela, Adolfo Fernández, señaló que a la empresa le preocupan los futuros márgenes de comercialización del combustible, como consecuencia de la nueva ley... El representante de la petrolera angloholandesa reiteró su confianza en que el decreto del Ejecutivo establecerá los márgenes necesarios para las inversiones e incrementará los esquemas de competencia [54].

Esas opiniones dadas por los más altos representantes de la dirigencia oficial petrolera del país y de las empresas transnacionales, reflejan un fiel testimonio de las presiones ejercidas sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de lograr la modificación de la nueva ley o, en su defecto, a través del reglamento se desfigurara el espíritu, propósito y razón del contenido del parágrafo único del artículo 3° de la novísima ley, y de esa forma cumplir con el compromiso asumido (por el directorio de Pdvsa) con los inversionistas extranjeros de darles plena libertad, en nombre de la "invisible mano de Dios", para manipular los precios tal cual se establecía en el artículo lo del proyecto de ley elaborado por la tecnoestructura de la empresa estatal.

Discretamente, en esta oportunidad, el Presidente de la República actuando con buen juicio, no accedió a las solicitudes formuladas, quizás motivado porque durante su gestión gubernamental, presionado por el Fondo Monetario Internacional, autorizó -pese a su resistencia a esa medida-, tal como lo manifestó en su alocución al país en el Congreso Nacional, "Dios sabe cuánto me ha costado esta decisión" [55], incrementar de manera desproporcionada los precios de la gasolina y de los otros productos derivados de los hidrocarburos. Ciertamente, por resoluciones del Ministerio de Energía y Minas [56], el precio promedio por litro de gasolina pasó de Bs. 5,64, en 1994, a Bs. 67,60, en 1997 [57], es decir, un incremento en el orden de 1.090 por ciento.

Debe referirse que a pocos días de concluir el período gubernamental del doctor Rafael Caldera y del inicio de la gestión presidencial de Hugo Chávez Frías, de nuevo los representantes del sector oficial petrolero y de las corporaciones internacionales han propalado la tesis de que para garantizar el flujo de inversiones y evitar inestabilidades, en el país debe procederse a un aumento de los precios de la gasolina y, en definitiva, modificar la actual Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina..., con el fin de abrogar la facultad que tiene el Ejecutivo para fijar los precios y dejarlo a la "supuesta" ley de oferta y la demanda.

En ese sentido, el propio presidente de la Shell en Venezuela, Bernard Wheelahan, ha manifestado que "Queremos un aumento de inmediato de 4 bolívares por litro, para sobrevivir. Esto estaría dentro de un plan que lleve el margen a 14 bolívares. Sin embargo -enfatizó-, nuestro sueño es la liberación"; y después de haber sostenido reuniones con los representantes de la comisión de enlace del nuevo gobierno, afirmó que "...es difícil creer. No queremos más rumores. Nos han escuchado y es una buena señal, pero en sus manos no está la decisión", y con tono intimidatorio, tratando de crear incertidumbre, señaló que el gran riesgo que se corre "es desacelerar el sector y regresar a niveles de calidad anteriores a la apertura' [58].

Erwin Arrieta, en su carácter de ministro de Energía y Minas, aconsejó "...solicitar al próximo Congreso de la República... revisar a fondo la Ley de Mercado Interno, ya aprobada, para transformarla, modificarla, a objeto de darle al mercado la apertura que requiere y permitir que sea el consumidor el que tome la decisión de escoger el precio de la gasolina que más le convenga" [59].

Tal cual se desprende del contenido de esas declaraciones, el objetivo es presionar sobre el gobierno del nuevo Presidente de la República y del Poder Legislativo para lograr la santa libertad de los precios de los productos derivados de los hidrocarburos en el mercado nacional. A este respecto, conviene subrayar que no existe justificación económica, contable, política, y mucho menos social, que avale el nuevo aumento de los precios de la gasolina y que, de aplicarse, pudiera generarse graves conflictos sociales, que el nuevo gobierno deberá evitar[60]. Además, una medida de esa naturaleza es contradictoria con la drástica reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, y podría derivar en que el venezolano compraría el litro de gasolina por encima del precio de exportación. También conviene advertir que urge la revisión a fondo de la metodología económica contable utilizada por Pdvsa para determinar el costo de producción de la gasolina, el cual, en nuestro criterio, no se corresponde con los factores que realmente se utilizan para ese proceso productivo. De igual manera, deberá considerarse el impuesto al consumo y el de la regalía petrolera que se han incrementado considerablemente.

De la venta de acciones de Pequiven

También fue programada por la alta dirigencia de Pdvsa la privatización de la Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) [61]. En efecto, el Congreso de la República, el 01-09-98 sancionó la nueva Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, Carboquímicas y Similares [62], a la cual le puso el ejecútese el Presidente de la República para que entrara en vigor a partir del 11 de septiembre de 1998.

El nuevo instrumento legal que deroga la Ley de Conversión del Instituto Venezolano de Petroquímica en Sociedad Anónima, sancionada el 06-07-1977, permite la enajenación y gravamen de las acciones de Pequiven -que estaban expresamente prohibidas-, y de esa forma se autoriza la participación significativa del sector privado transnacional y nacional, del capital social de la compañía filial de Pdvsa. Ciertamente, el parágrafo único del artículo 3° reza: "La colocación de acciones del capital de Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), en ningún caso se hará por cantidades que representen, en todo momento, más del cuarenta y nueve por ciento (49 por ciento) del total de su capital social. En todo caso, el Estado, a través de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), garantizará la suscripción del cincuenta y uno por ciento (51 por ciento) de las acciones cuando se produzcan incrementos de capital". A este respecto conviene referir que el proyecto de ley sobre la materia, introducido ante el Congreso con fecha 18-06-1996, establecía, en el artículo 3° que: "Las acciones representativas del capital social de Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), podrán ser enajenadas y gravadas a terceros y serán de libre suscripción, tanto por personas jurídicas como por particulares, nacionales o extranjeros". Y en el artículo 4° se señalaba que Pequiven... "Podrá enajenar y gravar bienes y acciones de su propiedad en empresas filiales, cualquiera que sea el porcentaje accionario que posea, y en empresas mixtas de carácter privado, donde Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) tenga cincuenta por ciento (50 por ciento) o menos del capital social de dichas empresas". Ante semejantes propuestas reaccionaron algunos parlamentarios, entre ellos: Carlos Canache Mata, Alí Rodríguez Araque, Carmelo Lauría, Manuel Alfredo Rodríguez. De igual manera, mostraron su disconformidad instituciones como Fundapatria, ProVenezuela y personalidades como Diego Luis Castellanos y Kotepa Delgado, que, dada su perseverancia, conjuntamente con otros, lograron que los congresistas produjeran modificaciones a los artículos propuestos en el proyecto original que, de alguna forma, mejoraron relativamente su contenido, aun cuando se autorizó, de forma parcial, la privatización de Pequiven.

Todo ello revela que el verdadero objetivo, por parte de los parlamentarios, no era el de impedir la venta de las acciones de Pequiven, sino que de lo que realmente se trataba era de establecer ciertos límites a la participación del capital privado, con la creencia de que con ello se garantiza el control de la empresa por parte del Estado, olvidándose que, dada la dependencia estructural que caracteriza a nuestro país (comercial, financiera, económica, cultural, comunicacional, militar y política), realmente demuestra, como en efecto ha ocurrido, que ello es una simple ilusión.

Es de subrayar que en la exposición de motivos de la ley en vigor se hace énfasis en la necesidad de "Adecuar las condiciones actuales de la industria con relación al régimen de participación estatal de la misma, constituir el instrumento legislativo que permita la captación de capitales privados, la mayor utilización de los recursos existentes para favorecer el crecimiento del sector y la creación de alianzas estratégicas a fin de promover el desarrollo, modernización y consolidación de la empresa en el ámbito nacional, para hacer posible la expansión y competitividad de Pequiven en el mercado global".

La actividad económica desarrollada por Pequiven posee significativas ventajas comparativas, con posibilidades ciertas para contribuir con el fortalecimiento y diversificación de la economía venezolana, generar divisas para el país y, que ha arrojado, por lo menos durante los últimos años (1994-1997), resultados financieros satisfactorios. En efecto, las ganancias obtenidas pasaron de 11 mil 314 millones de bolívares, en 1994, a 114 mil 552 millones de bolívares, en 1996; asimismo, la producción, las ventas y las exportaciones, a través de esos años, han crecido de manera constante y significativa. Los estudios realizados hacia el futuro son halagadores. Es decir, que no estamos en presencia de una empresa ineficiente e insolvente, condiciones estas exigidas en el decálogo del llamado Consenso de Washington, para justificar la ola de privatizaciones. Entonces ¿cómo explicar el pase de una propiedad pública, con la venta de acciones del capital de Petroquímica de Venezuela, hasta por un porcentaje como el antes indicado, al capital privado? ¿Cómo justificar tanto interés en impulsar una incontenible y sospechosa privatización? ¿Acaso se cree, de buena fe, que el avance de la política privatizadora significa estabilidad y desarrollo para el país? Y que, por tanto, ¿es necesario renunciar a todo lo nacional? Infaliblemente, tal como afirma el notable economista venezolano Diego Luis Castellanos, "El poderío privado adquiere, con la empresa transnacional y con la trasnacionalización, una preponderancia insospechada sobre los Estados" [63] .

Es indudable que la decisión adoptada de vender el 49 por ciento de las acciones de Pequiven tendrá serias implicaciones económicas, políticas y sociales. ¿Cuál será el curso que la industria emprenderá a partir de ahora y hacia el futuro, considerando que uno de los aspectos prioritarios del aperturismo unilateral es el proceso de la desregulación? No sólo están en juego asuntos de financiamiento, sino que, en verdad, se trata de una política desnacionalizadota que propende a un proceso de desintegración de la actividad económica, se fortalece la subordinación al capital transnacional y a los organismos financieros internacionales. La ola privatizadora conduce a la transnacionalización del patrimonio público y, por tanto, el Estado-nación pierde fuerza, retrocede y deja de intervenir aun en actividades productivas que eran, de alguna forma, propias del sector público, y se renuncia a la función reguladora en beneficio de las empresas privadas que, en nombre de la supremacía de las fuerzas del mercado, desatan el más feroz intervencionismo económico.

Del fomento de inversiones petroleras (Sofip)

Entre las otras opciones de apertura, fue anunciada por Pdvsa la creación de la Sociedad de Fomento de, Inversiones Petroleras (Sofip), con el atractivo objetivo de fortalecer el ahorro interno y promover la participación directa del venezolano en el sector petrolero a través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales; la intención es ampliar las opciones de financiamiento dé la industria en proyectos petroleros, petroquímicos, gas, carbón, orimulsión, así corno la participación de empresas mixtas en asociaciones con filiales privadas nacionales y extranjeras. En junio de 1998, la Comisión Nacional de Valores autorizó a EPIC, SA., primera Entidad de Inversión Colectiva de Capital de Riesgo para realizar una oferta pública de acciónes por ser inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, de Maracaibo y en la Bolsa de Electrónica de Venezuela. Pero, dado el comportamiento nacional e internacional de los mercados de capitales y petroleros, la junta directiva acordó que la oferta pública fuese diferida [64] .

En el mensaje del Presidente de Petróleos de Venezuela, correspondiente al informe anual de 1995, se anunció, entre otras alternativas de apertura, la "creación del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra historia, podrá invertir en los proyectos del sector petrolero" En nuestro criterio, ese propósito es pura ilusión e incita al engaño. Lo cierto es que sé trata de ganar terreno para imponer las ideas profundamente privatizadoras en perjuicio de los intereses verdaderamente nacionales. En un país como Venezuela, donde predomina una desigual distribución del ingreso, con 80 por ciento de la población sumida en la pobreza y de acuerdo con las estadísticas del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), con un valor de la canasta alimentaria que se ubicó, para noviembre de 1998, en Bs. 222.114, y el de la cesta básica, en Bs. 444.228, mientras el salario mínimo es, actualmente, de Bs. 100.000, no es posible concebir realmente una capacidad de ahorro del venezolano común, por lo menos de la gran mayoría de la población, para destinarlo a los fines de invertir a través de título. en el mercado bursátil en la industria petrolera. De hecho, serán los sectores con