Aunque nominalmente este ensayo trata de la evaluación del comportamiento de la actividad de la industria petrolera durante el período 1994-1998, de hecho, su extenso contenido constituye un auténtico memorial contra la estrategia de desarrollo del sector petrolero acometida a partir de 1989 por sucesivas juntas directivas de Pdvsa, con el apoyo de los gobiernos nacionales de ese entonces. En consecuencia, son objeto de crítica descarnada distintos elementos de esa estrategia, en especial, los planes de inversión, las diversas modalidades del programa de apertura petrolera (convenios operativos, asociaciones estratégicas, convenios de asociación), la apertura del mercado interno de hidrocarburos a la participación del capital privado, la privatización parcial de la industria petroquímica, la creación del `Fondo de Inversiones Petroleras", la reestructuración organizativa de Pdvsa y la llamada política de internacionalización petrolera.

En opinión del autor, la materialización de esa estrategia respondió, antes que al interés soberano de la nación en defensa de un recurso natural agotable y clave para su desarrollo, al interés de un sector tecnocrático que ejerció funciones directivas en la empresa petrolera nacional, que se orientaba a la desnacionalización de la industria en beneficio del sector privado transnacional del cual ese grupo actuaba objetivamente como su principal agente en el país. La visión ideológica de este grupo de "tecnócratas" se habría afianzado, en opinión del autor, durante la gestión presidencial del doctor Rafael Caldera, y sus consecuencias se sintieron en forma muy negativa a lo largo del período examinado. En particular, la expansión a ultranza de la oferta petrolera interna, y en contra de las expectativas más bien conservadoras del crecimiento esperado de la demanda mundial de petróleo en el mediano plazo, contribuyó a debilitar la acción concertada de los países miembro de la OPEP y, por extensión, a provocar una baja apreciable en los niveles de precio del crudo y sus derivados. Situación que hizo crisis en 1998 bajo el impulso de factores no predecibles, en especial la contracción de la demanda internacional de hidrocarburos inducida por la crisis de las economías asiáticas. Finalmente, dado que esos hechos ponen de relieve la contradicción existente entre el fortalecimiento operacional y patrimonial de la empresa petrolera, cuyo comportamiento se ha autonomizado de las orientaciones del Estado, y la debilidad creciente de este último, ejemplificada en la disminución sustancial de la renta fiscal petrolera, el autor juzga necesario reformular radicalmente las orientaciones básicas de la actuación futura de Pdvsa, así como la estrategia general de desarrollo del país, a la cual, forzosamente, debería subordinarse la actuación de esa empresa.

La estrategia petrolera. El plan de negocios de Pdvsa

Desde finales de la década de 1980, el directorio de la industria petrolera estatal adoptó la meta de profundizar en una estrategia que constituyera un cambio radical, acelerado y agresivo en la nueva dirección de la política petrolera nacional, con la finalidad de propulsar el crecimiento de las actividades inherentes a la industria, cónsono con los tiempos de la globalización y, con ello, estimular el refuerzo necesario a la apertura incondicional y, por supuesto, impulsar y garantizar la participación creciente del sector privado transnacional en la planificación y ejecución de la política energética venezolana, conducente hacia el proceso desnacionalizador.

Para el logro de esa estrategia, los llamados "tecnócratas" de la industria petrolera, ya sin las falsas posturas que habían creado para ocultar sus intenciones, incursionaron en el mundo político, con el objeto de establecer los contactos y los acuerdos necesarios para consolidar sus ideas y, por supuesto, lograr sus propósitos. De esa forma lograr, entre otros objetivos, asumir las posiciones clave en la dirección de la corporación petrolera venezolana, y asegurar la puesta en marcha del llamado plan de expansión de la actividad de la industria petrolera, convirtiéndose, a través del tiempo, en el único plan de la nación que realmente se ejecuta, y que constituye, a nuestro juicio, una seria limitación para el alcance del desarrollo económico y social del país.

Los mentores y ejecutores de la política de la "transnacionalización globalizadora" lograron que la asamblea de accionistas de Pdvsa, en su reunión del 29 de diciembre de 1989, aprobara el plan, en el mediano plazo, por desarrollar durante el período 1989-1995, con la finalidad de incrementar el potencial de
producción a 3 millones 500 mil barriles diarios, y realizar una inversión de 48 mil millones de dólares. El plan petrolero (excluyendo la faja del Orinoco) requería de una inversión que se elevaba a 33 mil millones de dólares. A este respecto, Andrés Sosa Pietri, actuando como presidente de Pdvsa, dijo: "En concordancia con nuestra visión, la corporación se trazó un ambicioso programa de expansión y diversificación que constituye su plan de mediano plazo (1991-1996) (...) El plan acentúa la diversificación de Petróleos de Venezuela en las áreas de petróleo, petroquímica, gas, carbón y bitúmenes, y fortalece las bases esenciales en las que se sustenta el negocio petrolero" [1].

Por su parte, Gustavo Roosen, en su condición de presidente de Petróleos de Venezuela, al abordar la justificación del Plan de Negocios 1993-2002, señaló: "Entre los objetivos y metas del plan que nos proponemos para los próximos diez años está, en primer lugar, maximizar el valor creado a nuestro accionista que es Venezuela (...) Las metas de este plan son: aumentar las reservas probadas de crudos convencionales de 63 mil millones de barriles a 65 mil millones, elevar nuestro potencial de producción de, su nivel actual de 2,8 millones de barriles diarios a 4 millones, de los cuales 3,5 millones provendrán de las áreas tradicionales, y 500 mil barriles de áreas nuevas que deben todavía ser identificadas. La producción propiamente dicha se elevará de 2,4 millones, que es la actual, a 3,6 millones de barriles diarios, sin incluir la producción de los tres proyectos que estamos anticipando para crudos pesados de la faja petrolífera del Orinoco". Precisó, además, los aspectos inherentes al gas, la refinación, la petroquímica, la orimulsión y el carbón, y al efecto señaló: "Para ejecutar este plan ambicioso, desde el punto de vista cuantitativo pero realizable, hace falta, tanto el esfuerzo propio como la apertura al sector privado nacional y extranjero" [2] (destacado nuestro).

Pero es innegable que con el ascenso de Luis Giusti a la presidencia de Pdvsa, desde marzo de 1994, la estrategia agresiva, incondicional, de la apertura petrolera y con ello impulso de modo incontenible a la participación creciente del sector privado transnacional en el negocio petrolero, fue decisivo para que el proceso desnacionalizador de la industria petrolera cobrara mayor fuerza. Ciertamente, el nuevo conductor de la principal empresa del país, no solamente consolidó el Programa de Expansión llevado a efecto durante las gestiones anteriores, sino que amplió, aceleró y acrecentó nuevas acciones para desarrollar, instrumentar y ejecutar las "líneas maestra (...) de la nueva política petrolera': Líneas maestra, por cierto, que aparentemente no se correspondían con la concepción ideológica, política y económica que sustentaban los ideólogos y mentores del programa de gobierno que regiría los destinos del país a partir del 2 de febrero de 1994. El propio doctor Rafael Caldera, en su campaña electoral realizada, fundamentalmente, durante los años 1992 y 1993, arremetió contra la política petrolera que se venía desarrollando, conforme al Programa de Expansión, como fue el caso específico del Proyecto "Cristóbal Colón", en su juicio, por considerarlo inconveniente a los intereses nacionales.

Al respecto, es pertinente evocar el pensamiento del presidente Caldera, cuando, a propósito del debate sobre el Proyecto de Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, fijó su posición en la Cámara del Senado, con fundamentos doctrinarios en torno de la necesidad de abogar por mantener la solidaridad con la OPEP, de luchar por lograr precios más justos para el petróleo, de rechazar la superproducción, por considerar que sería un crimen "...contra la humanidad, producir petróleo en mayor cantidad de lo que debe consumirse"; de vindicar la propiedad y control de la industria petrolera, por parte del sector público nacional. Aseveró que no era necesario recurrir a las asociaciones con las empresas transnacionales para la comercialización del petróleo. En este sentido, fue enfático al advertir, convencido de sus razones que "...hasta donde yo sepa, jamás las grandes empresas transnacionales del petróleo han apoyado los pasos de Venezuela en la aspiración de una mayor soberanía y de un mejor trato sobre su petróleo; más bien tengo la impresión, muy razonada, de que cada vez que la han podido obstaculizar, la han obstaculizado, y que lejos de ser buenos compañeros o buenos socios -como se ha dicho-, para lograr para nosotros lo mejor, han tratado siempre de poner obstáculos, de crear reservas en este camino" [3] . Infortunadamente, esa concepción de la política petrolera, sustentada y defendida por el doctor Caldera, no fue puesta en ejecución durante su segundo mandato presidencial. En verdad, la política petrolera que se aplicaría sería la concebida y plasmada en el programa económico elaborado por el partido- socialcristiano Copei, que fue presentado al país durante el proceso de elecciones presidenciales para el período 1994-1999, cuyo candidato fue Oswaldo Álvarez Paz. El mentor principal de ese programa, en lo referente a la economía y política petrolera, fue el ingeniero Luis Giusti.

En ese programa se destaca que el crecimiento del sector petrolero "no puede llevarse a cabo dentro de los esquemas tradicionales. Es necesario romper con el molde creado en 1975, con la fundación de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, en el sentido de que cualquier crecimiento del sector petrolero lleva aparejado un crecimiento de la estructura de Pdvsa (...) El camino para lograr ese propósito es la apertura definitiva a la participación del sector privado (nacional e internacional) en el negocio petrolero venezolano" (destacado nuestro)[4]. En ese programa se presentan las` principales modalidades que deberían aplicarse en la apertura petrolera; así como también se asoman reformas fiscales con el interés de propiciar incentivos a favor del capital extranjero. En las bases programáticas del partido socialcristiano Copei, elaboradas por la Subcomisión de Petróleo, también se hace énfasis en que la OPEP debe considerarse como "...una estrategia subalterna" y, por tanto, se deberá "...diseñar una estrategia que permita sacar de- la discusión pública el tema de la OPEP y de la producción venezoland'[5]. De igual manera, se sustenta el criterio de que la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria 'y el Comercio de los Hidrocarburos debe ser modificada.. A ese respecto, afirman: "Se impone una reforma de la ley que provea mayor flexibilidad (.. ) El artículo 1° de dicha ley -aseveran los autores del mencionado documento- limita las actividades de exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos al Estado venezolano", y porque, además, lo establecido en el artículo 5° suscita -prosiguen los mentores de las Bases del Programa de Gobierno 1994-1998, del Partido Copei, Subcomisión del Petróleo- "...dudas razonables, acerca de si esta provisión legal resulta suficiente para incentivar la participación del capital privado en el negocio petrolero venezolano"[6].

Existe en ello, en nuestro juicio, el firme propósito de lograr el pase de la propiedad pública a la propiedad privada transnacional. Los objetivos y las propuestas de las diversas modalidades para instrumentar la apertura petrolera, así como la de otras iniciativas que a través del tiempo se fueron incorporando, persiguen profundizar la política de la desnacionalización de la economía venezolana. Precisamente, en la gestión gubernamental del doctor Rafael Caldera (1994-1999) es cuando la estrategia petrolera aludida cobra fuerza y se sustenta en el ejercicio de un poder hegemónico que se ejerce desde el directorio de Petróleos de Venezuela.

Esa forma de concebir la planificación y aplicación de la estrategia petrolera venezolana difiere radicalmente de las ideas y conceptos expuestos por el doctor Caldera, antes de asumir su segundo mandato como presidente de la República y revela, una vez más, la injerencia y, por ende, la fuerza decisoria del monopoder mundial y de sus clases asociadas en el país. Infaliblemente se impuso el afán de arremeter contra el proceso de la nacionalización petrolera y de consolidar la dominante presencia del capital transnacional en la estrategia económica y la política energética del país, con mengua de la soberanía nacional. La historia nacional, en un análisis más profundo del origen y significado de esas contradicciones entre lo escrito, lo expuesto y lo que se ejecuta como gobernante, juzgará los hechos para su real interpretación y comprensión.

En tal sentido, importa subrayar que el doctor Rafael Caldera, en su mensaje de toma de posesión como Presidente de la República, no fijó posición alguna en torno de la apertura petrolera, aun cuando en los puntos esenciales de la estrategia por desarrollar durante su período presidencial se pronunció por la apertura de la economía y estimulo a la competitividad, en el marco de la reciprocidad; y abogó por la conveniencia de "...estimular la inversión privada, nacional y extranjera, dentro de un marco de seguridad jurídica y económica..."[7]: Diez meses después, el Presidente de la República de Venezuela, en Consejo de Ministros, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 55, del 7 de diciembre de 1994, autorizó el Documento Base de la apertura petrolera, para la consolidación, como se afirmara, del desarrollo del sector petrolero venezolano. El documento, concebido y redactado por la élite gerencial de Pdvsa, contiene "...la propuesta de iniciar un proceso de apertura de las actividades de exploración y producción de nuevas áreas a la participación de capitales privados, como parte integral de la estrategia, bajo el esquema de Ganancias Compartidas".

Finalmente, tanto en el Programa de Estabilización y Recuperación Económicas [8], como en el IX Plan de la Nación, se dio plena cabida al programa de apertura petrolera, ideado por la tecnoestructura de Pdvsa.

Durante el período comprendido entre febrero de 1994 y febrero de 1999, en el Plan de Negocios de Pdvsa se previeron escenarios extremadamente optimistas, demasiado ambiciosos; no acordes con las tendencias de corto, mediano y largo plazos del mercado petrolero internacional, así como con la situación de la crisis estructural por la cual atraviesa el país. De esa manera, se programaron metas para un lapso de diez años, como la de duplicar el potencial y el volumen de producción; de igual forma, elevar -significativamente- las inversiones. Esas metas que en el Plan de Negocios 1994-2003 eran de 4 millones 200 mil barriles diarios, 3 millones 900 mil b/d y de 50 mil 500 millones de dólares, respectivamente, se elevaron, en la programación establecida en el Plan de Negocios 1998-2007, a 6 millones 900 mil b/d; 6,2 MM b/d y a 65 mil millones de dólares, correspondientemente. De igual manera, se previeron ingresos para la nación por más de 190 mil millones de dólares y se llegó a garantizar que "...en el mediano- plazo y bajo escenarios de precios razonables, el sector petrolero estará tributando 15 por ciento del PIB" [9] .

Además de las metas señaladas, contempladas en el Plan de Negocios, se especifican otras, tales como elevar las reservas probadas de crudos convencionales, incrementar la capacidad de refinación, desarrollar la faja petrolífera del Orinoco; la explotación del gas licuado (Proyecto "Cristóbal Colón"), aumentar la producción petroquímica, elevar la producción de orimulsión y de carbón.

Para e1- desarrollo de todas estas actividades y el logro de las metas propuestas, argumentan los, mentores de las "...líneas maestra para la definición de una nueva política petrolera", se requiere poner en ejecución la apertura petrolera y, por supuesto, será indispensable la participación del capital privado.

Durante el lapso de 1994-1998, realmente la apertura petrolera, diseñada por la tecnoestructura de Pdvsa, cobró exagerada fuerza. En efecto, se han puesto en ejecución diversas modalidades de apertura, tales como los convenios operativos, las asociaciones estratégicas, los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos, bajo el esquema de ganancias compartidas. De igual forma, mediante ley se autorizó la venta del 49 por ciento del capital social de la Petroquímica (Pequiven), así como la apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos. También se ha avanzado en propiciar la participación del capital transnacional en las actividades correspondientes de la industria del gas natural, que por leyes está reservada al Estado venezolano. Para garantizar todo ese proceso de apertura ilimitada se puso en vigencia, a partir de 1998, la nueva organización de Petróleos de Venezuela, S.A.

Asunto que requiere de seria reflexión es el atinente a cómo las inversiones planificadas para la ejecución de los planes de negocios programados hasta la fecha, a partir de la gestión gerencial de Luis Giusti, se han incrementado significativamente, al pasar de 48 mil millones de dólares, en el Plan de Negocios 1990-1995, 65 mil millones de dólares, en el Plan de Negocios 1998- 2007. A este respecto, es de subrayar que la participación del capital externo en los programas de Pdvsa, durante la gestión de Andrés Sosa Pietri, según su propio testimonio: "El plan petrolero (sin la faja del Orinoco) sería acometido directamente por Pdvsa. Nuestra estrategia no contemplaba asociaciones en esta área. (...) El financiamiento del plan petrolero, propiamente dicho, dependía en más de 80 por ciento de recursos propios, y en una cantidad inferior a 20 por ciento de montos provenientes del crédito nacional o internacional" [10] . Y en relación con "el financiamiento de los planes de petroquímica, gas natural licuado para exportación, carbón y orimulsión™ -afirma Sosa Pietri- descansaba, esencialmente, en los programas de empresas de capital mixto" [11]. En relación con el Plan de Negocios 1993-2002, "...las inversiones propias se estimaban, aproximadamente, en 78 por ciento del requerimiento del plan" [12]. En cambio, en el Plan de Negocios 1994-2003, la participación del capital externo pasó a representar 37 por ciento y las inversiones propias disminuyeron al 63 por ciento; y, conforme al Plan de Negocios 1998-2007 el capital transnacional representa 46 por ciento del total de la inversión prevista. Según declaraciones de Wilmer Pulgarín, "Paulatinamente, Venezuela se acerca a la meta establecida en el Plan de Negocios 1998-2007, el cual prevé una participación del sector privado por 35 mil millones de dólares, mientras que Pdvsa proyecta aportar 30 mil millones de dólares. De esta forma, el sector privado sobrepasará a Pdvsa, en proyectos de inversión" [13] . Lombardo Paredes, vicepresidente de Relaciones Externas de Pdvsa, afirmó que "...el plan petrolero para los diez próximos años fija una inversión en Oriente de 46 mil millones de dólares y unos 27 mil millones para el resto del país" [14]. Lo que suma un total de 73 mil millones de dólares.

Es indudable que las metas propuestas podrían ser mucho menores y de esa forma -vía ejemplo- el monto de 65 mil millones de dólares, previsto para la inversión total, podría ser reducido sustancialmente, lo que permitiría que Pdvsa asumiera, de manera racional y por sí sola, el desarrollo de las actividades por ejecutar. No es conveniente pretender mantener la dependencia de la economía de la actividad petrolera; lo sensato y prudente consiste en estimular el proceso productivo diversificador de carácter endógeno, para lograr el desarrollo armónico y sustentable del país. Sin embargo, Petróleos de Venezuela se aferra a sus planes de negocios de manera dogmática, cuando lo conveniente sería promover una profunda discusión y reflexión sobre la viabilidad de ese programa de expansión. Antes, por el contrario, pese a la crisis del mercado petrolero internacional y de sus reales perspectivas hacia el futuro, sí fue enfático en afirmar que el Plan de Negocios no seria modificado.

En este sentido, el Presidente de Pdvsa reiteró que "...el Programa de Inversiones no será afectado por el reciente acuerdo con Arabia Saudita y México, que devino en compromisos de trece productores para reducir en poco más de 1,3 millones de b/d, los pocos excedentes del mercado petrolero internacional" [15]. Y, en declaraciones más recientes, afirmó: "A pesar de la situación planteada, se mantiene la orientación estratégica de crecimiento de potencial en los próximos diez años, contemplada en el Plan de Negocios de la corporación, con el desfase en los niveles de producción correspondientes" [16].

Por el afán de llevar adelante, de manera incontinente -a cualquier costo- y con intransigencia dogmática, las políticas expansivas de Pdvsa, sin admitir la necesaria posibilidad de rectificar y hacerlas razonables, causan, en gran medida, la crisis económica y social por la cual atraviesa la sociedad venezolana, la cual se evidenció durante el año 1998; y que tiende a prolongarse.

Sin embargo, dados los hechos que acontecieron durante el año 1998 en el mercado petrolero internacional, que permitieron revelar lo irreal de los planes de negocios programados por la empresa estatal y, por supuesto, el costo que de ello se derivaba para el país, los tecnócratas de la corporación energética, en la elaboración del Plan de Negocios 1999-2008, ahora denominado Portafolio de Negocios, se vieron obligados a modificar algunas de las metas antes descritas. En este orden de ideas, Luis Giusti, al referirse al Plan de Inversiones de Pdvsa hasta el 2008, declaró que "Las inversiones son netamente las mismas con un estimado de inversión de 60 mil millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad son desembolsos de Pdvsa, y la otra mitad del sector privado"[17]. Y Claus Graff, vicepresidente de Petróleos de Venezuela, S.A., ante el anuncio gubernamental de adoptar el precio del petróleo de 9 dólares para el presupuesto de 1999, admitió, después de celebrada la Asamblea de Accionistas, en donde se acordaron nuevos recortes, que en "...el presupuesto de inversiones es de 15 por ciento, y en el de costos es 20 por ciento. A esto habrá que rebajar 7 por ciento más..."; y de seguida subrayó: "Estamos haciendo el ejercicio para, en lo posible, no afectar el volumen de producción y, también, en lo posible, no afectar el potencial. Sin embargo, a esos niveles sí creo que vamos a tener que afectar" [18]. Con respecto a las nuevas metas programadas en el Plan de Negocios 1999-2008, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que "Aun así, los planes de expansión de Venezuela siguen siendo ambiciosos"' [19].

No obstante, el presidente electo, Hugo Chávez Frías, quien al conocer que Pdvsa había acordado llevar a efecto la Asamblea Anual de Accionistas antes del proceso electoral, cuando lo normal era convocarla después de la primera quincena de diciembre, solicitó a la dirigencia oficial petrolera que no adelantaran la fecha, solicitud que -por cierto- no fue atendida; con argumentos y razones criticó acérrimamente el monto de las inversiones petroleras previsto para 1999 [20], y se pronunció por una revisión a fondo de las metas previstas en el Plan de Negocios de Pdvsa, así como los costos operativos de la corporación energética; y fue enfático en afirmar que "Pdvsa es un Estado dentro del Estado"[21].

Ante tales consideraciones, es de esperarse la rectificación a fondo de la política petrolera desnacionalizadora que se ha desarrollado durante los últimos años y, por tanto, orientar la actividad petrolera al servicio de la economía nacional, con el fin de impulsar la transformación del proceso económico y social del país.

Proyecciones y perspectivas estructurales de la demanda mundial

Las previsiones contempladas en el Plan de Negocios de Pdvsa, así como en el documento "Circunstancias pertinentes", que puede ser considerado como la exposición de motivos o los fundamentos para la apertura petrolera, son excesivamente optimistas. Se hacen esfuerzos por tratar de justificar las metas de expansión, fundamentadas en la existencia de enormes oportunidades de mercado, estimando tasas de crecimiento anuales de la demanda petrolera en el mundo, demasiado halagüeñas y no cónsonas con las reales perspectivas del mercado petrolero internacional.

En ese orden de ideas, el presidente de la empresa matriz, ingeniero Luis Giusti, aseveró que "El telón de fondo del mencionado plan está configurado por una demanda creciente de petróleo a razón de 2,5 por ciento-2,8 por ciento por año, resultante de la fuerza inercial de los factores demográficos y del incremento de la actividad económica mundial" [22]. Y, aun en plena crisis del mercado petrolero (1998), David Escogido, vicepresidente de Planificación de Petróleos de Venezuela, declaró que la tasa de crecimiento anual, durante el período de 1998 y el 2007, se situaría entre 2,3 por ciento y 2,5 por ciento [23].

Conforme a esas premisas, entre las metas programadas en el Plan de Negocios, se estimó, entre otras, que la producción, exportación y los precios del petróleo tendrían el siguiente comportamiento:

Es indudable que para llevar a efecto esas metas, en nuestro criterio, ilusorias, se requeriría la confluencia de varios factores; entre ellos deben señalarse los siguientes:

1. Un elevado incremento en la demanda internacional petrolera, que tendría que superar las tasas de crecimiento estimadas por algunos organismos especializados en la materia;

2. La OPEP tendría que duplicar su producción actual;

3. Se requeriría un aumento muy elevado de la cuota asignada por la OPEP a Venezuela, aun tomando en cuenta la nueva figura utilizada a partir de la reunión N° 104, celebrada en Viena, Austria, el 30 de marzo de 1998, de "producción actual o real" o, en su defecto, Venezuela tendría que desafiliarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, provocando con ello el posible desmoronamiento de la OPEP, con lo cual se derivarían serios efectos adversos para los países productores exportadores de petróleo sumergidos en el subdesarrollo económico.

La propuesta de pretender elevar la producción y exportación petroleras, a los niveles señalados, no luce lógica ni razonable, dadas las probabilidades reales-estructurales de la demanda del petróleo en el mercado internacional y ni aun en el contexto de las propias proyecciones referidas por la OPEP, la Agencia Internacional de Energía y de otras organizaciones internacionales. Ciertamente, en el mediano y largo plazos se avanza en la declinación del modelo económico basado en el petróleo y, por tanto, se evidencia la disminución, a través del tiempo, de la demanda de las materias primas, como el petróleo, en términos de su participación por unidad de producción industrial.

Entre los factores reales o de carácter estructural que han venido incidiendo y que profundizan esa tendencia, deben mencionarse los siguientes: el avance vertiginoso de la revolución tecnológica, que se manifiesta, principalmente, en la sustitución de las otroras industrias dinámicas por las llamadas de punta, tales como la biotecnología, la robótica, la cibernética, la informática, la microelectrónica, la ingeniería genética, entre otras, que requieren cada vez menos de la materia prima petrolera, así como la sustitución de una gran mayoría de bienes primarios por sucedáneos. Todo eso incide, sin duda alguna, en que el proceso de acumulación capitalista esté en función de los crecientes avances tecnológicos. Por esto, la utilización del recurso petrolero tiende a disminuir. No sin razón se afirma que "La provisión de recursos naturales ha quedado fuera de la ecuación competitiva. Los productos modernos simplemente utilizan menos recursos naturales"[24].

Otros de los elementos que inciden y cada vez cobran más fuerza en la racionalización del consumo de los combustibles fósiles, tales como el petróleo, carbón y gas, considerados como los principales causantes del calentamiento de la Tierra, que provoca cambios en el clima, lo constituyen la planificación, desarrollo y aplicación de políticas en defensa del medio ambiente, con el objetivo de controlar el calentamiento global, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante la amenaza que supone el aumento creciente de la temperatura mundial, 150 naciones, reunidas en Río de Janeiro, en 1992, abordaron el tema del medio ambiente y el desarrollo, y a tal efecto, firmaron la Convención Marco sobre Cambio Climático. Dicha convención, que entró en vigencia el 21 de marzo de 1994, ratificada por más de 160 países miembros, abogó por la adopción de medidas que neutralicen el efecto invernadero. Posteriormente, se realizaron reuniones en Berlín, en marzo y abril de 1995; en Ginebra, en junio de 1996 y en Kyoto ( Japón) [25], en 1997, donde se adoptaron medidas preventivas para tratar de frenar la destrucción de la calidad del medio ambiente.

El protocolo de Kyoto estableció los objetivos para estabilizar las concentraciones de los gases invernaderos en la atmósfera en el nivel en que se encontraban para el año 1990, con la meta global de una reducción en promedio de 5 por ciento para el periodo 2008-2012. Además, han surgido los frentes ecologistas con la finalidad de enfrentarse a los desmanes y destrucciones que ha producido la explotación irracional de esos recursos. Solamente por la aplicación del referido protocolo, en juicio del Centro de Estudios Energéticos Globales (CGES), el consumo petrolero para el año 2010 disminuirá en alrededor de 4,5 millones de barriles diarios, respecto del actual [26].

Tanto vigor e importancia ha cobrado la política de defensa del medio ambiente, que las corporaciones petroleras internacionales, con el pretexto de lograr respuestas a los cambios climáticos, han creado la Coalición Global Climática (CGC) con la finalidad de dar respuestas concertadas a lo aprobado en la Cumbre de Kyoto.

En la medida en que aumenta la inquietud por la defensa del medio ambiente se hace énfasis en la necesaria reducción de energía. En ese sentido, "Se persuade a fabricantes importantes de equipos industriales, de materiales de construcción, de artefactos domésticos y de automóviles, que elaboren productos con bajo consumo de energía y se imponen tributos y reglamentaciones. Surgen, gradualmente; nuevas tecnologías que producen aumentos de la eficiencia de hasta 1,5 por ciento al año"[27].

La eficiencia energética, entendida como fracción del total de energía ahorrada, como producto de las hipervelocidades tecnológicas, cobra cada vez mayor fuerza y, por tanto, se constata la disminución del papel que han desempeñado las materias primas, como el petróleo, en términos de su participación por unidad de producción industrial. El coeficiente petrolero de la producción ha venido descendiendo sustancialmente. Así, por ejemplo, Japón ha alcanzado importantes logros en ese terreno. En 1973, "...el petróleo representaba 78 por ciento del suministro primario total de energía (...) (y) ...logró reducir su dependencia petrolera, entre 1971 y 1991, en 20 por ciento. La proporción de energía consumida: por unidad de PNB también observó un decremento significativo de alrededor de 32 por ciento, entre 1973 y 1991, alcanzando uno de los niveles más bajos del mundo [28].

Es indudable que la revolución tecnológica de energías renovables, para satisfacer un elevado porcentaje de las necesidades mundiales, es significativa. Entre las opciones de mediano y largo plazos, deben ser consideradas la energía solar, la biomasa, la energía geotérmica, la hidroelectricidad, así como la energía ecológica, cuyos costos de producción han venido experimentando disminución. Otra opción la constituye la energía nuclear, en cuyo desarrollo el propio cartel energético internacional ha realizado cuantiosas inversiones. Si bien es cierto que la imposición de nuevas fuentes de energía no tendrá resultados en corto plazo, dados los desastres que, vía ejemplo, en la energía nuclear han ocurrido y que de una u otra forma han limitado su desarrollo en el tiempo, no es menos cierto que esos proyectos no han sido abandonados, y se prosigue en su perfeccionamiento tratando de evitar los males que hasta hoy han ocasionado, con el objetivo de lograr, en definitiva, resultados positivos.

La verdad es que "La participación del petróleo en el consumo total de energía primaria ha venido cayendo considerablemente a favor del gas natural y de la energía nuclear. Esta tendencia se aprecia, especialmente, en Japón y Europa occidental. En el caso europeo, la participación del petróleo cayó más de 21 puntos porcentuales, entre 1973 y 1996, mientras que la participación del gas natural aumentó más de 11 puntos porcentuales, y la cuota de la energía nuclear se elevó más de 12 por ciento durante ese mismo período. La energía obtenida a partir de fuentes diferentes al petróleo fue mucho mayor en el caso de Japón, en donde la participación del petróleo, en el consumo total de energía primaria, cayó más del 23 por ciento, mientras que la cuota del gas natural y la energía nuclear aumentó más de 10 y 14 por ciento, respectivamente"[29].

El ministro de Energía y Minas, ingeniero Erwin Arrieta Valera, al analizar las estadísticas energéticas (período 1972-1997) correspondientes a las diversas energías renovables (véase el siguiente cuadro), llega a la conclusión de "...que el petróleo está siendo desplazado sistemáticamente por otros tipos de energía -y agrega-; ...las energías sustitución, salvo el gas natural; son intrínsecamente más costosas que el petróleo; sin embargos todas crecieron individualmente más que el petróleo; lo cual evidencia claramente una estrategia, por parte de los grandes países importadores, de maximizar la; utilización de otras fuentes de energía a expensas de petróleo importado, haciendo énfasis en sus propias fuentes energéticas" [30].

La declinación progresiva de la utilización del petróleo en el proceso productivo, reviste características de tal magnitud, que las Naciones Unidas, en su Estudio Económico Social Mundial, correspondiente al año 1997, señala que "...la demanda mundial aumentará a una tasa media de apenas 1,1 por ciento al año, durante el período que abarca la proyección, pero con mucha lentitud después del año 2030. Tanto en las economías de mercado desarrolladas como en las de transición, la demanda seguirá subiendo muy lentamente antes de empezar a declinar alrededor del año 2010".

El directorio de Pdvsa, presidido por el ingeniero Luis Giusti, pareciera no darle la real importancia a los efectos que los factores que hemos aludido para el comportamiento de la demanda mundial, tienen y tendrán en la disminución del consumo petrolero. El no prever esos factores de carácter estructutal, será causa para el desencadenamiento de serios trastornos en el país. Todo pareciera confirmar la tesis de que predomina una intransigencia dogmática, obsesiva, por parte de la cúpula gerencial de Petróleos de Venezuela, en el afán de querer consolidar y acrecentar el Plan de Negocios de la corporación energética estatal a cualquier costo. Ello evidencia serias desviaciones que, sin duda alguna, se apartan -en verdad- de la prudencia y la razón. No existe justificación para que la estrategia de la economía venezolana continúe trazándose preponderantemente en la actividad petrolera, en desmedro de la integración de la economía nacional.

Pronósticos optimistas y posibles secuelas

Aun al considerar ciertos pronósticos optimistas en relación con el futuro de la demanda petrolera mundial, a los cuales se aferran los altos dirigentes de la industria energética estatal, corresponde advertir que en el Plan de Negocios de Pdvsa, el objetivo de elevar la producción a 6 millones 200 mil barriles diarios, para el año 2007, no es razonable y, por el contrario, podrá derivar en un alto costo económico y social para el desenvolvimiento económico-financiero y, por ende, para la estabilidad política del país.

En el supuesto de que para el año 2010 la demanda mundial de petróleo se sitúe en 83 millones de barriles diarios y que la participación de la OPEP, como oferente, pase de 40 por ciento que representó 1997, a 47,8 por ciento, tal cual se aprecia en las estadísticas publicadas por ese organismo [31], significa que la producción de los países miembro de la OPEP pasaría de 26,3 millones de barriles diarios, en 1998, a 39,7 millones de b/d en 2010.

Conforme con estas proyecciones "entusiastas", que desestiman los factores estructurales a los cuales hemos aludido anteriormente, la producción que le correspondería a Venezuela estaría alrededor de 4 millones 680 mil barriles, es decir, una participación relativa en el orden de 11,79 por ciento, conforme con la distribución acordada en la conferencia extraordinaria de la OPEP, celebrada en Viena, el 30 de marzo de 1998, donde se reconocieron las violaciones que la mayoría de los países había venido incurriendo, respecto de las cuotas acordadas en reuniones anteriores. Producto de ello, la cuota de producción o "la producción actual o real", como gustan calificarla quienes adversan el sistema de cuotas de producción, para nuestro país pasó de 2 millones 583 mil b/d, lo que significaba- 9,39 por ciento del total, a 3 millones 370 mil b/d. Es de subrayar que en la distribución de la: producción, adoptada en la conferencia N° 105,'- llevada a efecto en Viena, el 24 de junio de 1998, la participación de Venezuela se redujo a 10,95 por ciento, con lo cual, de mantenerse ese porcentaje de participación; la producción del país no debería ser superior a los 3 millones 970 mil b/d para el año 2010.

Pero, lo más preocupante de la situación, en relación con las proyecciones de la demanda mundial del petróleo, radica en que, en juicio del directorio de la empresa estatal, la misma alcanzará a 86 millones de barriles diarios, asignándole a la OPEP una producción de 43 millones de b/d, es decir, 50 por ciento.

Aun con todos los malabarismos efectuados, con el único propósito de pretender justificar los desmedidos planes de negocios de Pdvsa, la meta de producir 6 millones 200 mil b/d no es alcanzable, dado que a Venezuela, en todo caso, le correspondería, dada su participación relativa, asignada en la conferencia de la OPEP N° 104, un monto máximo de 5 millones 69 mil b/d; a menos que se profundicen los planes de sobreproducción de la industria petrolera nacional, y con ello, se contribuya con el desmoronamiento de la OPEP, con serias consecuencias, por supuesto, para el país.

Es de subrayar que planificar una estrategia económica, basada en un incremento sustancial de la demanda mundial del petróleo, constituye un elevado riesgo, La demanda internacional de este producto, durante los últimos años, apenas varió de 73,4 millones de b/d, en 1997, a 73,6 millones en 1998. Según cálculos de la propia OPEP [32], se estima que para 1999 la demanda alcanzará a 74,7 millones de b/d. Además, debe considerarse que la demanda de petróleo de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (los más industrializados), con los cuales Venezuela tiene una elevada concentración geográfica de exportaciones e importaciones, ha variado de 44,4 millones de b/d, en 1994; a 45,9 millones en 1996; 46,6 millones de b/d, en 1997; 46,8 millones de b/d, en 1998: Para 1999 se estima una demanda, por parte de esos países, de 47,4 millones de b/d. Y el crecimiento de la demanda petrolera, para los próximos años (2010), será muy moderado. Y en el caso específico del mercado petrolero de Estados Unidos, principal mercado de nuestro país, el comportamiento de la demanda es la siguiente:

Además, es necesario agregar, tal cual afirma Lester Thurow, " En el área de los hidrocarburos se ha avanzado, empleando tecnologías que permiten mejorar los rendimientos. Por ejemplo -dijo-, en Estados Unidos se ha logrado aumentar el porcentaje o proporción recuperable del petróleo in situ, de 40 a 60 por ciento, lo que equivale a suponer que ese 20 por ciento adicional de petróleo recuperable, significa que tendremos reservas de gran importancia, pues ello equivaldría haber encontrado un nuevo campo petrolero de dimensiones gigantescas" [33].

El plan de negocios y las modalidades de la :apertura

Es de destacar que las valiosas opiniones de calificados expertos e instituciones nacionales e internacionales, en torno a los diferentes factores que inciden en la reducción del consumo mundial del petróleo, fueron desestimadas por la tecnoestructura de Petróleos de Venezuela, S.A., que, de manera omnipotente, se empecinó en afianzar y acrecentar, durante la gestión gubernamental del doctor Rafael Caldera, los llamados planes de negocios, de forma tan desmedida, que han causado la grave situación económica que hoy afecta al país, así como de haber incumplido, como nunca antes, con los compromisos asumidos en la OPEP

Evaluaremos los alcances y las incidencias que las políticas expansivas de Pdvsa tienen y tendrán para la vida económica, política y social del país, a menos que a tiempo se produzca una seria rectificación.

En realidad, la estrategia ejecutada por el directorio de Petróleos de Venezuela, S.A. para impulsar el crecimiento de las actividades inherentes a la industria, cónsonas con los tiempos de la llamada globalización, que impide elegir el camino propio, estimuló el refuerzo necesario para la apertura incondicional, con la participación creciente del sector privado transnacional en la planificación y ejecución de la política energética venezolana, conducente hacia el proceso desnacionalizador.

De los convenios operativos

Para llevar a efecto las metas establecidas en el plan de expansión de Pdvsa, se ofrecieron al capital diversas modalidades de apertura. Como parte de esa estrategia se desarrolló el programa de reactivación de los campos petroleros, calificados al principio de marginales y posteriormente de maduros, con la finalidad de incrementar la producción de crudos. La llamada modalidad de convenios operativos se inició en 1991; y en los años 1992 y 1993 se firmaron los primeros contratos, correspondientes a lo que se calificó de I y II rondas, con las empresas privadas extranjeras. También se suscribió un acuerdo con la empresa Chevron para iniciar actividades de producción en el campo Boscán del estado Zulia. De esa forma se firmaron quince convenios. Debe señalarse que, de acuerdo con la Ley de Nacionalización, estos convenios operativos no requieren de la aprobación del Congreso de la República. Con la modalidad de "Tercera Ronda de Convenios Operativos" se ofrecieron al capital privado extranjero y nacional veinte campos petroleros, que cubren un área de 7.699 kilómetros cuadrados y comprenden unos tres mil pozos, de los cuales, alrededor de 700 producen 73.6$0 barriles diarios de crudos; en su mayoría, livianos y medianos [34], y con posibilidades dé alcanzar 516 mil barriles por día, durante los próximos cinco años. Las expectativas de reservas probadas están cercanas a los 4.600 millones de barriles de crudo, que las empresas operadoras obtuvieron a un costo unitario mínimo. Es importante subrayar que según los cálculos realizados por el grupo interdisciplinario de Pdvsa y las filiales de Maraven, Corpoven y Lagoven, los veinte campos aportarán a la producción 350 mil b/d [35]. En cambio, los representantes de las empresas transnacionales que resultaron ganadoras en el proceso de licitación, consideran quela producción podría alcanzar a 650 mil b/d [36], y se estima una inversión aproximada a 407 millones de dólares, durante los próximos cinco años, para el desarrollo de las actividades exploratorias, a lo que sería necesario agregar las inversiones por realizar en la fase de explotación, con lo cual la inversión total estimada en un período de veinte años, según cálculos de Pdvsa, alcanzaría a 5 mil millones de dólares. Las cuotas de participación oficialmente denominadas "factores de valorización", requisito establecido para la obtención de la buena pro, para operarla en los campos petroleros licitados, llegaron a la suma de 2.171.719.344 dólares, declarados como "ingresos operativos", con el fin de pagar lo que corresponda por concepto de la aplicación de la tasa impositiva. Las áreas que resultaron con mayor participación fueron las de Dación, ubicadas al este del estado Anzoátegui; y la de Mene Grande, situada en la costa oriental del lago de Maracaibo, que alcanzaron la suma de 453.005.256 y 330.012.345 dólares, respectivamente.

Las áreas Cretácico Sur y Bachaquero resultaron desiertas [37], con lo que la extensión de las dieciocho (18) áreas otorgadas es de 6.875 kilómetros cuadrados. El consorcio ganador del campo Mata presentó problemas financieros que le impidieron entregar a tiempo la suma de 90 millones 777 mil 777 dólares, correspondientes al "factor de valorización", lo cual obligó a proceder a la descalificación de las empresas PBE Trading y Pivensa, que habían resultado ganadoras en el proceso de licitación; de tal manera que hubo necesidad de convocar una segunda licitación, pero la empresa que resultó ganadora renunció. En definitiva, el campo Mata fue adjudicado a las empresas Pérez Companc de Argentina, y la empresa nacional Jantesa. El FDV fue de 115,5 millones de dólares.

La III ronda de convenios de los campos "maduros" se llevó a efecto en el lapso del 2 al 6 de junio de 1997, en la que participaron 131 empresas precalificadas, tanto extranjeras como nacionales. Es de subrayar que los consorcios participantes fueron provistos de una información muy detallada de la condición de cada campo, lo cual les permitió calcular reservas, costos y productividad, con fines de elaborar las ofertas sobre las áreas más convenientes para sus particulares intereses.

En el proceso de licitación participaron empresas de diferentes países (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, China, Noruega, España, Arabia Saudita y Argentina). Al sector nacional le fueron reservados cinco, campos, que se adjudicaron a las empresas: Inelectra, Arco Polar Uno, Cosa, Cartera de inversiones, Phoenix, Pivensa y Jantesa. En este sentido, importa precisar que con la excepción del área de Casma Anaco, donde la participación accionaria correspondió en 100 por ciento alas empresas nacionales, en los otros campos otorgados a los empresarios nacionales fue en asociación con empresas extranjeras. Al respecto, es de vital importancia considerar la advertencia formulada por Alan J. Viergutz, ex presidente de la Cámara Petrolera: "...el ,objetivo es que lo operen venezolanos con experiencia en la materia. La idea no es tener testaferros (en anglosajón frontmen o front companies) para que por detrás operen empresas extranjeras. (... ) Si van a operar los campos, disimuladamente, técnicos del exterior, entonces mejor agregarnos estos cinco campos a los 15 que no tienen restricciones nacionalistas y promovemos una licitación abierta" [38].

Las dieciocho áreas fueron otorgadas como las anteriores, con tasas impositivas fuertemente disminuidas. La regalía petrolera, en la práctica, se redujo de 16,66 por ciento, establecido en la Ley de Hidrocarburos, a 1 por ciento, para los casos en que la tasa interna de retorno sea inferior de 12 por ciento.

La alta dirigencia de la empresa estatal también dio a conocer al país la decisión de adjudicar tres campos petroleros a las universidades nacionales: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad del Zulia (LUZ). Los convenios de servicio fueron suscritos a principios de 1999.

Es de subrayar que en los convenios operativos correspondientes a la I y II ronda se fijó el pago de honorarios y de capital, con base en la producción de petróleo, sin tomar en consideración la fluctuación de los precios, y el pago correspondiente a los convenios de la tercera ronda se estableció de acuerdo con un estipendio por servicios por cada barril producido y entregado.

Los honorarios de operación, de capital y otros, correspondientes a los campos asignados y en operación se indican de seguida:

La evolución de esos pagos revela que la producción derivada de la explotación de esos campos ha ido in crescendo. En efecto, de 78.521 b/d obtenidos en 1995, se pasó a 283.411 barriles diarios en 1997, y se estima que la producción total de los 33 convenios operativos, conforme con las metas establecidas, se ubiquen en 866 mil barriles por día.

De las asociaciones estratégicas

En relación con la modalidad de las asociaciones estratégicas, corresponde indicar que en 1997 el Congreso de la República aprobó el convenio de asociación estratégica entre las empresas Lagoven-Mobil, de Estados Unidos, y Veba Oel, de Alemania, para el desarrollo del proyecto Cerro Negro I, que se estima tendrá una producción de 108 mil barriles diarios de crudo. Asimismo, se firmó el convenio Maraven con Total, de Francia, y Statoil, Norsk Hydro, de Noruega, para ejecutar el proyecto Hamaca, que se calcula agregará 167 mil barriles diarios de crudo. La participación accionaria de Pdvsa en los dos convenios es de 41,66 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, y se estima un costo (inversión) de 2.128 millones de dólares y 3.500 millones correspondientes para un total de 5.628 millones de dólares que, sumados a las inversiones atinentes a los dos convenios autorizados en 1993, arrojan un total superior a 11 mil millones de dólares y la producción se elevará aproximadamente a 500 mil b/d.

Es de advertir que el proyecto Cristóbal Colón [39] con el objeto de explotar y comercializar el gas natural proveniente de los yacimientos ubicados costa afuera al norte del estado Sucre, que contemplaba una inversión en el orden de 4.900 millones de dólares, los socios acordaron en 1996 posponer, una vez más, la ejecución del proyecto por considerar que, dadas las condiciones existentes en el mercado, el mismo no era rentable. Con esa decisión se concede la razón a quienes adversaron con argumentos económicos y jurídicos ese convenio, por considerarlo inviable e inconveniente para la nación.

De igual manera, se han firmado otros acuerdos preliminares con Exxon y con Coastal, dirigidos a desarrollar un proyecto para producir crudo extrapesado; también se han adelantado proyectos en el sector orimulsión, con el fin de ampliar la producción.

Debe subrayarse que los dos convenios de asociaciones estratégicas autorizados durante la gestión del doctor Rafael Caldera, se otorgaron al capital privado con las mismas condiciones jurídicas y económicas establecidas en el convenio de asociación entre Lagoven con Exxon, Shell y Mitsubishi para la explotación y comercialización del gas natural... aprobado por el Congreso de la República [40].

Entre los incentivos y privilegios otorgados al inversionista extranjero debe mencionarse la pérdida de control por parte del Estado, la cual está establecida en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización. Se rebajó la tasa impositiva de 67,7 por ciento a 34 por ciento; de igual manera, se garantiza al capital extranjero que el régimen fiscal acordado en el convenio se mantendría por el tiempo de duración del convenio y además, se acordó entre Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas, negociar la regalía petrolera, hasta el punto de disminuirla de 16 2/3 a 1 por ciento, afectando de esa manera la recaudación fiscal. Además, se confirieron otros privilegios que analizaremos más adelante.

De los convenios de asociación

Con el fin de ampliar la política de apertura petrolera, Pdvsa impulsó los convenios de asociación para la exploración. a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos. Para tal efecto, se dio inicio al proceso de licitación con el objeto de seleccionar las empresas inversionistas interesadas en celebrar tales convenios.

Las diez áreas seleccionadas para el proceso de licitación comprenden una extensión de 1.795.284,08 hectáreas y expectativas de reservas de 6.975 millones de barriles. Existen posibilidades de, agregar 500 mil barriles diarios a mediados de la próxima década, y se, estima una inversión total de 11.151 millones de dólares. En . definitiva, se suscribieron ocho convenios de asociación entre los representantes del Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana del Petróleo y los catorce consorcios internacionales. Las áreas de El Sombrero y Catatumbo resultaron desiertas, con lo que la extensión de las ocho áreas otorgadas es de 1.377.401,86 hectáreas, equivalente a 13.774,02 km2, que sumados a la extensión correspondiente a las 18 áreas petroleras otorgadas en la 111 ronda, suman 21.473 km 2, es decir, 2,35 por ciento de la superficie total del país.

La licitación de las diez áreas petroleras se llevó a efecto de acuerdo con los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas aprobados por el Congreso de la República, con fecha 4 de julio de 1996 [42]; y la autorización para suscribir los ocho convenios presentados por el Ejecutivo a la consideración de las Cámaras, fue aprobada el 19 de junio de 199642. En ese entonces se expusieron razones de política económica y argumentos jurídicos y éticos que advertían sobre los alcances e incidencias desfavorables que esos convenios tendrían para el país.

Importa significar que determinadas cláusulas de los ocho contratos firmados entre Pdvsa y los inversionistas extranjeros no guardan exacta concordancia con las establecidas en los convenios de asociación y el marco de condiciones aprobados por el Congreso.

Debe referirse que las áreas otorgadas al capital transnacional son de excelentes condiciones prospectivas, conocidas geológicamente, con crudos medianos y livianos, todo lo cual indica que conforme con lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización, donde se establece que sólo "en casos especiales, y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán.. celebrar convenios de asociación con entes privados con una participación que garantice el control del Estado y con una duración determinada", no se justificaba la realización de esos contratos con el sector privado transnacional.

Como resultado de todas las modalidades de la apertura petrolera, de acuerdo con declaraciones de Claus Graff, vicepresidente de Pdvsa, "...las inversiones a ser realizadas a lo largo de la duración de los convenios, unos a 20 años y otros a 30 años, superarán los 40.000 millones de dólares y el petróleo a producirse puede ser no menor de 2 millones de barriles diarios, que representan 33 por ciento de los 6 millones de barriles por día que Pdvsa aspira a producir para el año 2006 o 2007" [43].

La verdad es que para llevar a efecto esas modalidades de la estrategia de apertura petrolera, además de haberse otorgado incentivos de toda naturaleza, se transgredieron algunos artículos de las leyes venezolanas; de esa manera, se advierte que lo consagrado en la cláusula 4° de los convenios establecidos con los inversionistas extranjeros violan el artículo 5° de la Ley de Nacionalización, y autoriza al núcleo empresarial transnacional a participar directamente en la planificación de la estrategia energética del país, excesos qué se afianzan y amplían aún más con serias lesiones a la soberanía nacional, al fijarse en ellos condiciones impropias como son las referentes al comité de control [44].

Asimismo, al acordar en los convenios que las controversias que surjan en relación con los contratos se resolverán récurrieindó al arbitraje internacional, se viola el artículo 127 de la Constitución Nacional y el artículo 4° de la Ley de Hidrocarburos.

De igual forma, se otorgan garantías y prerrogativas que desbordan el contenido de algunas de las cláusulas de los referidos convenios, con resultados desfavorables para la vida económica, política y social de la nación.

De la apertura del mercado interno

Como parte de la estrategia de apertura a la participación del capital privado, el directorio de Pdvsa propuso la derogación de la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos, vigente desde 1973, y al efecto presentó al Ejecutivo Nacional, para su debida remisión al Congreso de la República, un nuevo proyecto.

El móvil esencial de ese proyecto de ley consistía en eliminar la reserva que posee el Estado venezolano sobre todas las actividades económicas desarrolladas por el mercado nacional de los productos derivados de hidrocarburos, así como la de derogar la facultad conferida al Ejecutivo Nacional de fijar los precios de los productos por comercializarse en el mercado interno.

En efecto; el artículo 1° del proyecto de ley, elaborado por la cúpula gerencial de Pdvsa, establecía que "...el. ejercicio de las actividades atinentes al mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos queda abierto a la libre concurrencia y ejercicio por los particulares" [45] (destacado nuestro).

En la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley, se hacía énfasis en que "Esta iniciativa de Ley del Ejecutivo Nacional, que el Congreso ha acogido, debe entenderse como un elemento o paso dentro de un esfuerzo sistemático para darle un nuevo rumbo a la economía de Venezuela...". Y más adelante precisaba que dentro de los fundamentos básicos de la política económica está "...la reestructuración o racionalización del Estado y el programa de privatización de empresas públicas que vienen produciendo ingentes pérdidas a la nación...". Se realzaba la importancia, en los fundamentos generales, de la conveniencia en lograr "...la real execración del monopolio y la promoción y protección de la libre competencia, la sinceración de las tarifas de los servicios públicos...". "Los fundamentos básicos - prosigue la exposición de motivos - fueron objeto de los planes y estrategias concertados entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, con base en el documento denominado Agenda Venezuela" (destacado nuestro).

Una vez más, la cúpula gerencial de Pdvsa, al tratar de justificar el proyecto de ley, afirmaba: "Lo que viene sucediendo en realidad, en contra de lo que se pretendía con la instauración de la reserva del Estado en el área económica en mención, es que la industria petrolera nacional ha acumulado, durante los últimos 20 años, pérdida de oportunidades de ingreso en el mercado interno, en magnitud aproximada a los $42.000 millones. El mecanismo para que esto haya ocurrido ha sido el subsidio de otros sectores de la economía y de la sociedad en su conjunto".

Lo anterior debe ser objeto de reflexión. Si esa afirmación se correspondiera con la realidad, ¿cómo explicar el interés que han demostrado las empresas transnacionales de participar en la apertura del mercado interno? ¿O es que existe el pleno acuerdo entre Pdvsa y las corporaciones petroleras de aumentar los precios de los combustibles, hasta aproximarlos a los prevalecientes en el mercado internacional?[46] ¿Cuál sería el precio internacional que se debe tener como referencia?

En nuestro juicio, carece de justificación económica, política y social pretender elevar los precios internos a los niveles mencionados. No es razonable el criterio sustentado por el Fondo Monetario Internacional y acogido fervorosamente por la alta dirigenciá de Petróleos de Venezuela y del Ejecutivo Nacional, de considerar que el costo de oportunidad debe entenderse "...en relación con los precios a que los productos se podrían vender en el mercado mundial". Este discernimiento es errado y engañoso; lo correcto es considerar el costo de oportunidad corno aquel que permite a la unidad productiva recuperar el costo de producción de la unidad marginal en el mercado interno [47].

Al proceder a examinar los resultados contables financieros de la industria petrolera, se constata que por concepto de la venta de productos derivados de hidrocarburos en el mercado nacional, los resultados no arrojan pérdidas. La Contraloría General de la República, en informe presentados a la consideración de la Cámara de Diputados, en torno a los resultados económicos de la función del mercado interno, concluye que "...del análisis practicado, tanto a la metodología como a la fuente de información utilizada en las estimaciones de Pdvsa, se aprecia que la pérdida -a que alude Pdvsa- no se corresponde con la realidad". Además, en los estudios realizados por a Contraloría "se precisan deficiencias relacionadas con la inclusión de partidas de gastos, que por su naturaleza, no deberían influir en los resultados de la función del mercado interno".

El proyecto de ley, elaborado por la alta dirigencia de Pdvsa, constituye un paso más hacia la progresiva privatización de Petróleos de Venezuela. En verdad, la perseverancia demostrada por los apologistas de la apertura petrolera, de lograr el debilitamiento del Estado, es la de provocar, definitivamente, la desnacionalización del mercado venezolano de hidrocarburos y, en general, la venta del patrimonio público. Al traspasar las actividades inherentes. al mercado interno de los referidos productos, fundamentalmente al sector privado transnacional, se fomentará un oligopolio que en la práctica desembocará en un "monopolio" y, por tanto, la fijación de los precios de los productos estará en función de sus intereses muy particulares, contraria, por supuesto, a razones de conveniencia nacional y del genuino provecho público. La abominación del monopolio, al cual se hace referencia en la exposición de motivos elaborada por Pdvsa, no se corresponde con la verdad. Lo que realmente se persigue es la sustitución del monopolio ptíblico por el monopolio privadolucrativo, con lo cual se horada, de esa forma, las verdaderas posibilidades de llevar a cabo políticas esenciales para el país. Y sé le otorgan facultades a los inversionistas extranjeros para planificar y aplicar las estrategias que más convengan a sus intereses.

El proyecto de ley concebido por la tecnoestructura de Pdvsa, mediante el cual se pretendía regular las actividades atinentes al mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos, permitiría a las empresas transnacionales obtener moneda nacional, con lo cual se les posibilita el financiamiento de las futuras inversiones por realizar; de esa manera disminuirán o anularán los efectos de los probables ingresos de divisas provenientes del exterior y, al mismo tiempo, las empresas podrán transferir a sus países de origen el cien por ciento (100 por ciento) de las utilidades netas en divisas libremente convertibles; conforme con el reglamento del Régimen de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Regalías.

Es importante precisar que de acuerdo con el artículo 2 del mencionado proyecto de ley, se permitirá la importación de productos con destino al mercado interno. Ciertamente, en la propia exposición de motivos se aclara que el artículo 2 "define el ámbito del mercado interno a partir de las refinerías propiedad de las filiales de Pdvsa o de la importación de productos con destino a dicho mercado".

En virtud de que el Congreso Nacional no debatió en torno al proyecto de ley en referencia, durante las sesiones ordinarias celebradas en el año 1997, y dado el apremio e interés manifestados por la cúpula gerencial de Pdvsa, de hacer realidad lo más pronto posible el ingreso de las transnacionales petroleras en el mercado nacional, logró que el Ministerio de Energía y Minas dictara la Resolución N° 4384, de fecha 18 de noviembre de 1997, mediante la cual se autorizó la participación de las empresas privadas, extranjeras y nacionales, en el mercado interno.

Conforme con esa resolución, durante el mes de febrero de 1998 fueron concedidos permisos de distribución de combustibles a través de estaciones de servicio a la Corporación Trébol Gas, C.A. y a la Corporación de Combustibles Monagas. También entraron en la competencia las empresas Digasmar y Llanopetrol. De igual forma, se firmó el contrato de distribución de combustibles entre la Shell y Petróleos de Venezuela. Y, según declaraciones de Adolfo Fernández, gerente de la División de Combustibles de la Corporación Shell, "La idea es tener, al pasar unos cinco años, cerca de 400 estaciones y una cuota dé 20 por ciento del mercado" [49].

A esos permisos continuaron los otorgados a las empresas transnacionales: Mobil de Venezuela, C.A., Texaco y la British Petroleum, para ejecutar actividades de distribución de combustibles a través de estaciones de servicio en el mercado interno. Las tres corporaciones estiman realizar una inversión, para los próximos cinco años; de 90, 250 y entre 250 y 350 millones de dólares, respectivamente, con el , fin de poseer 250, 360 y de 300 a 400 estaciones de servicio, cada una, en el mercado nacional. Con la apertura del mercado interno, las empresas distribuidoras controlan alrededor del 35 por ciento del volumen distribuido por Pdvsa, en 1.600 estaciones de servicio establecidas en el país.

A esto es preciso agregar que empresas como Exxon, Shell, Mobil, Texaco, Amoco, Repsol y Castrol, venden, desde 1996, sus combustibles en el mercado interno.

Nueva Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno

El Congreso de.la República, durante 1998, analizó el referido proyecto de ley, y después de hacer importantes y significativas modificaciones al mismo, acordó su aprobación; el Presidente de la República, en fecha 11-09-98, le puso el ejecútese a la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para uso de Vehículos Automotores [50].

Producto del estudio efectuado por los miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas, de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como la participación activa desarrollada por la directiva de Fenegas y los juicios críticos emitidos por destacados expertos en la materia, se llegó a la conclusión de que el proyecto de ley elaborado por la tecnoestructura de Pdvsa, no era el más conveniente para el país y, por lo tanto, procedía realizar sustanciales cambios.

En breve consideración de los artículos que integran la nueva ley, se establece que la empresa privada nacional e internacional participe en el mercado interno de los hidrocarburos, con lo cual se ratifica y se le da plena vigencia legal al decreto emitido por el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se autorizó el regreso de las empresas transnacionales al mercado nacional, tal cual ya se ha analizado. Esto significa que el Estado, a través de su ente empresarial (Pdvsa), no será el único oferente en el mercado, lográndose con ello, al decir de algunos, ciertos grados de competencia que podrían coadyuvar en beneficio del consumidor, en cuanto se refiere a la calidad de servicio.

En el artículo 3°, al abordar las actividades que se realizarán en el mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos, se prevé la importación para satisfacer la demanda interna. Como se podrá observar, tanto la participación del capital extranjero como la importación de productos de la naturaleza indicada, estaban contenidos en el proyecto original elaborado por Pdvsa.

En el texto del artículo 5° se reconocen ciertos derechos preferenciales a las personas naturales o jurídicas que actualmente, ejerzan las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y el expendio de los productos en el territorio nacional. La modificación de fondo efectuada por los legisladores consistió en incorporar al texto el parágrafo único del artículo 3°, mediante el cual se consagra que "El Ejecutivo Nacional establecerá por Decreto los precios de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos que se expendan en el mercado interno, objeto de esta Ley". El contenido de esté artículo debe valorarse en sus justos términos, por racional, prudente y por constituir una prevención de cierta eficacia para la toma de decisiones lo más equitativa y ponderada, por parte del Ejecutivo Nacional, por referirse a un aspecto de vital importancia, como lo constituye la determinación de los precios de los productos antes señalados, que verdaderamente correspondan a los factores reales que intervienen en el proceso productivo, incluyendo, por supuesto, el beneficio normal. Al actuar de esa manera, con el respaldo del marco jurídico, se evitará la voracidad de los monopolios privados en función de sus propios intereses, sin importarles las incidencias sociales y hasta políticas que puedan desatarse en el país.

El haberse ratificado la potestad que tiene el Ejecutivo Nacional para fijarlos precios de la gasolina y otros productos derivados de los hidrocarburos en el territorio venezolano, suscitó encendidas protestas y disconformidades de parte de aquellos sectores que abogaban por despojar al Ejecutivo de. esa facultad. El presidente de la empresa estatal venezolana, ingeniero Luis Giusti, tan pronto como fue sancionada la ley por el Congreso, dijo: "Aspiro a que el Ministro de Energía y Minas y el Presidente de la República la devuelvan para su revisión, porque en los términos en que fue aprobada, prácticamente otorga total discrecionalidad al Ejecutivo para la fijación de los precios" [51]. Un día después, quizás convencido de la dificultad para el presidente Caldera de devolver la ley al Congreso, y probablemente, luego de reflexionar sobre el particular, y percatarse de las posibles vías de escape que se encuentran en la nueva ley, en cuanto se refiere a la fijación de los precios, expresó, en discurso pronunciado en la XXVIII Convención Nacional de Fenegas: "Hoy tenemos ese instrumento. Creo que se ha dado un paso al frente en ese sentido. Ya hay muchas cosas buenas en la ley que fueron muy bien descritas por el Presidente de Fenegas. Yo los invitaría, en esta Asamblea, a que discutan a fondo los detalles de esta ley, para que nos ayuden a proponer al Ejecutivo un reglamento que pueda cumplir con los propósitos que animaron la propuesta original del Ejecutivo Nacional. Creo que va a haber que trabajar un poco en la cadena de precios, para evitar qué vayamos a caer o retrotraernos a lo que ha sido la discusión secular de márgenes que ha llevado a una cantidad de problemas y desinversión" [52] (destacado nuestro).

En similar sentido opinó el ministro de Energía y Minas, ingeniero Erwin Arrieta Valera, al señalar: "Esta Ley nos permitirá empezar un nuevo camino en función de que el precio deje de ser una decisión forzada del Estado para que el mismo mercado, a través de su propia fuerza, dé lineamientos y dimensión a ese precio. (..) Más adelante, cuando el mercado esté preparado, apuntará hacia el libre juego de la oferta y la demanda" [53] (destacado nuestro).

Por supuesto, las presiones de las empresas transnacionales también han aflorado; así, por ejemplo, el gerente general de la División de Combustibles de Shell Venezuela, Adolfo Fernández, señaló que a la empresa le preocupan los futuros márgenes de comercialización del combustible, como consecuencia de la nueva ley... El representante de la petrolera angloholandesa reiteró su confianza en que el decreto del Ejecutivo establecerá los márgenes necesarios para las inversiones e incrementará los esquemas de competencia [54].

Esas opiniones dadas por los más altos representantes de la dirigencia oficial petrolera del país y de las empresas transnacionales, reflejan un fiel testimonio de las presiones ejercidas sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de lograr la modificación de la nueva ley o, en su defecto, a través del reglamento se desfigurara el espíritu, propósito y razón del contenido del parágrafo único del artículo 3° de la novísima ley, y de esa forma cumplir con el compromiso asumido (por el directorio de Pdvsa) con los inversionistas extranjeros de darles plena libertad, en nombre de la "invisible mano de Dios", para manipular los precios tal cual se establecía en el artículo lo del proyecto de ley elaborado por la tecnoestructura de la empresa estatal.

Discretamente, en esta oportunidad, el Presidente de la República actuando con buen juicio, no accedió a las solicitudes formuladas, quizás motivado porque durante su gestión gubernamental, presionado por el Fondo Monetario Internacional, autorizó -pese a su resistencia a esa medida-, tal como lo manifestó en su alocución al país en el Congreso Nacional, "Dios sabe cuánto me ha costado esta decisión" [55], incrementar de manera desproporcionada los precios de la gasolina y de los otros productos derivados de los hidrocarburos. Ciertamente, por resoluciones del Ministerio de Energía y Minas [56], el precio promedio por litro de gasolina pasó de Bs. 5,64, en 1994, a Bs. 67,60, en 1997 [57], es decir, un incremento en el orden de 1.090 por ciento.

Debe referirse que a pocos días de concluir el período gubernamental del doctor Rafael Caldera y del inicio de la gestión presidencial de Hugo Chávez Frías, de nuevo los representantes del sector oficial petrolero y de las corporaciones internacionales han propalado la tesis de que para garantizar el flujo de inversiones y evitar inestabilidades, en el país debe procederse a un aumento de los precios de la gasolina y, en definitiva, modificar la actual Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina..., con el fin de abrogar la facultad que tiene el Ejecutivo para fijar los precios y dejarlo a la "supuesta" ley de oferta y la demanda.

En ese sentido, el propio presidente de la Shell en Venezuela, Bernard Wheelahan, ha manifestado que "Queremos un aumento de inmediato de 4 bolívares por litro, para sobrevivir. Esto estaría dentro de un plan que lleve el margen a 14 bolívares. Sin embargo -enfatizó-, nuestro sueño es la liberación"; y después de haber sostenido reuniones con los representantes de la comisión de enlace del nuevo gobierno, afirmó que "...es difícil creer. No queremos más rumores. Nos han escuchado y es una buena señal, pero en sus manos no está la decisión", y con tono intimidatorio, tratando de crear incertidumbre, señaló que el gran riesgo que se corre "es desacelerar el sector y regresar a niveles de calidad anteriores a la apertura' [58].

Erwin Arrieta, en su carácter de ministro de Energía y Minas, aconsejó "...solicitar al próximo Congreso de la República... revisar a fondo la Ley de Mercado Interno, ya aprobada, para transformarla, modificarla, a objeto de darle al mercado la apertura que requiere y permitir que sea el consumidor el que tome la decisión de escoger el precio de la gasolina que más le convenga" [59].

Tal cual se desprende del contenido de esas declaraciones, el objetivo es presionar sobre el gobierno del nuevo Presidente de la República y del Poder Legislativo para lograr la santa libertad de los precios de los productos derivados de los hidrocarburos en el mercado nacional. A este respecto, conviene subrayar que no existe justificación económica, contable, política, y mucho menos social, que avale el nuevo aumento de los precios de la gasolina y que, de aplicarse, pudiera generarse graves conflictos sociales, que el nuevo gobierno deberá evitar[60]. Además, una medida de esa naturaleza es contradictoria con la drástica reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, y podría derivar en que el venezolano compraría el litro de gasolina por encima del precio de exportación. También conviene advertir que urge la revisión a fondo de la metodología económica contable utilizada por Pdvsa para determinar el costo de producción de la gasolina, el cual, en nuestro criterio, no se corresponde con los factores que realmente se utilizan para ese proceso productivo. De igual manera, deberá considerarse el impuesto al consumo y el de la regalía petrolera que se han incrementado considerablemente.

De la venta de acciones de Pequiven

También fue programada por la alta dirigencia de Pdvsa la privatización de la Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) [61]. En efecto, el Congreso de la República, el 01-09-98 sancionó la nueva Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, Carboquímicas y Similares [62], a la cual le puso el ejecútese el Presidente de la República para que entrara en vigor a partir del 11 de septiembre de 1998.

El nuevo instrumento legal que deroga la Ley de Conversión del Instituto Venezolano de Petroquímica en Sociedad Anónima, sancionada el 06-07-1977, permite la enajenación y gravamen de las acciones de Pequiven -que estaban expresamente prohibidas-, y de esa forma se autoriza la participación significativa del sector privado transnacional y nacional, del capital social de la compañía filial de Pdvsa. Ciertamente, el parágrafo único del artículo 3° reza: "La colocación de acciones del capital de Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), en ningún caso se hará por cantidades que representen, en todo momento, más del cuarenta y nueve por ciento (49 por ciento) del total de su capital social. En todo caso, el Estado, a través de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), garantizará la suscripción del cincuenta y uno por ciento (51 por ciento) de las acciones cuando se produzcan incrementos de capital". A este respecto conviene referir que el proyecto de ley sobre la materia, introducido ante el Congreso con fecha 18-06-1996, establecía, en el artículo 3° que: "Las acciones representativas del capital social de Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), podrán ser enajenadas y gravadas a terceros y serán de libre suscripción, tanto por personas jurídicas como por particulares, nacionales o extranjeros". Y en el artículo 4° se señalaba que Pequiven... "Podrá enajenar y gravar bienes y acciones de su propiedad en empresas filiales, cualquiera que sea el porcentaje accionario que posea, y en empresas mixtas de carácter privado, donde Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) tenga cincuenta por ciento (50 por ciento) o menos del capital social de dichas empresas". Ante semejantes propuestas reaccionaron algunos parlamentarios, entre ellos: Carlos Canache Mata, Alí Rodríguez Araque, Carmelo Lauría, Manuel Alfredo Rodríguez. De igual manera, mostraron su disconformidad instituciones como Fundapatria, ProVenezuela y personalidades como Diego Luis Castellanos y Kotepa Delgado, que, dada su perseverancia, conjuntamente con otros, lograron que los congresistas produjeran modificaciones a los artículos propuestos en el proyecto original que, de alguna forma, mejoraron relativamente su contenido, aun cuando se autorizó, de forma parcial, la privatización de Pequiven.

Todo ello revela que el verdadero objetivo, por parte de los parlamentarios, no era el de impedir la venta de las acciones de Pequiven, sino que de lo que realmente se trataba era de establecer ciertos límites a la participación del capital privado, con la creencia de que con ello se garantiza el control de la empresa por parte del Estado, olvidándose que, dada la dependencia estructural que caracteriza a nuestro país (comercial, financiera, económica, cultural, comunicacional, militar y política), realmente demuestra, como en efecto ha ocurrido, que ello es una simple ilusión.

Es de subrayar que en la exposición de motivos de la ley en vigor se hace énfasis en la necesidad de "Adecuar las condiciones actuales de la industria con relación al régimen de participación estatal de la misma, constituir el instrumento legislativo que permita la captación de capitales privados, la mayor utilización de los recursos existentes para favorecer el crecimiento del sector y la creación de alianzas estratégicas a fin de promover el desarrollo, modernización y consolidación de la empresa en el ámbito nacional, para hacer posible la expansión y competitividad de Pequiven en el mercado global".

La actividad económica desarrollada por Pequiven posee significativas ventajas comparativas, con posibilidades ciertas para contribuir con el fortalecimiento y diversificación de la economía venezolana, generar divisas para el país y, que ha arrojado, por lo menos durante los últimos años (1994-1997), resultados financieros satisfactorios. En efecto, las ganancias obtenidas pasaron de 11 mil 314 millones de bolívares, en 1994, a 114 mil 552 millones de bolívares, en 1996; asimismo, la producción, las ventas y las exportaciones, a través de esos años, han crecido de manera constante y significativa. Los estudios realizados hacia el futuro son halagadores. Es decir, que no estamos en presencia de una empresa ineficiente e insolvente, condiciones estas exigidas en el decálogo del llamado Consenso de Washington, para justificar la ola de privatizaciones. Entonces ¿cómo explicar el pase de una propiedad pública, con la venta de acciones del capital de Petroquímica de Venezuela, hasta por un porcentaje como el antes indicado, al capital privado? ¿Cómo justificar tanto interés en impulsar una incontenible y sospechosa privatización? ¿Acaso se cree, de buena fe, que el avance de la política privatizadora significa estabilidad y desarrollo para el país? Y que, por tanto, ¿es necesario renunciar a todo lo nacional? Infaliblemente, tal como afirma el notable economista venezolano Diego Luis Castellanos, "El poderío privado adquiere, con la empresa transnacional y con la trasnacionalización, una preponderancia insospechada sobre los Estados" [63] .

Es indudable que la decisión adoptada de vender el 49 por ciento de las acciones de Pequiven tendrá serias implicaciones económicas, políticas y sociales. ¿Cuál será el curso que la industria emprenderá a partir de ahora y hacia el futuro, considerando que uno de los aspectos prioritarios del aperturismo unilateral es el proceso de la desregulación? No sólo están en juego asuntos de financiamiento, sino que, en verdad, se trata de una política desnacionalizadota que propende a un proceso de desintegración de la actividad económica, se fortalece la subordinación al capital transnacional y a los organismos financieros internacionales. La ola privatizadora conduce a la transnacionalización del patrimonio público y, por tanto, el Estado-nación pierde fuerza, retrocede y deja de intervenir aun en actividades productivas que eran, de alguna forma, propias del sector público, y se renuncia a la función reguladora en beneficio de las empresas privadas que, en nombre de la supremacía de las fuerzas del mercado, desatan el más feroz intervencionismo económico.

Del fomento de inversiones petroleras (Sofip)

Entre las otras opciones de apertura, fue anunciada por Pdvsa la creación de la Sociedad de Fomento de, Inversiones Petroleras (Sofip), con el atractivo objetivo de fortalecer el ahorro interno y promover la participación directa del venezolano en el sector petrolero a través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales; la intención es ampliar las opciones de financiamiento dé la industria en proyectos petroleros, petroquímicos, gas, carbón, orimulsión, así corno la participación de empresas mixtas en asociaciones con filiales privadas nacionales y extranjeras. En junio de 1998, la Comisión Nacional de Valores autorizó a EPIC, SA., primera Entidad de Inversión Colectiva de Capital de Riesgo para realizar una oferta pública de acciónes por ser inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, de Maracaibo y en la Bolsa de Electrónica de Venezuela. Pero, dado el comportamiento nacional e internacional de los mercados de capitales y petroleros, la junta directiva acordó que la oferta pública fuese diferida [64] .

En el mensaje del Presidente de Petróleos de Venezuela, correspondiente al informe anual de 1995, se anunció, entre otras alternativas de apertura, la "creación del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra historia, podrá invertir en los proyectos del sector petrolero" En nuestro criterio, ese propósito es pura ilusión e incita al engaño. Lo cierto es que sé trata de ganar terreno para imponer las ideas profundamente privatizadoras en perjuicio de los intereses verdaderamente nacionales. En un país como Venezuela, donde predomina una desigual distribución del ingreso, con 80 por ciento de la población sumida en la pobreza y de acuerdo con las estadísticas del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), con un valor de la canasta alimentaria que se ubicó, para noviembre de 1998, en Bs. 222.114, y el de la cesta básica, en Bs. 444.228, mientras el salario mínimo es, actualmente, de Bs. 100.000, no es posible concebir realmente una capacidad de ahorro del venezolano común, por lo menos de la gran mayoría de la población, para destinarlo a los fines de invertir a través de título. en el mercado bursátil en la industria petrolera. De hecho, serán los sectores con altos ingresos, que constituye la minoría, y el transnacional, los que se beneficiarán con la compra de tales títulos.

De la privatización de la industria del gas

De igual forma, la élite gerencial de Pdvsa planificó la ruta de la privatización de la industria del gas natural. En efecto, "...durante 1997 se realizó la conceptualización del marco regulatorio del gas, con el apoyo del Institute of Gas Technoíogy (IGT) de Chicago"; y como parte de ese proceso, Pdvsa "...entregó al Ministerio de Energía y Minas el Decreto de Reglamento del Régimen Transitorio, y la correspondiente resolución para su aprobación" [65], por parte del presidente de la República, doctor Rafael Caldera.

Y en fecha 20 de mayo de 1998 se promulgó el Decreto N° 2.532, mediante el cual se permite realizar: inversiones privadas en "...las actividades relacionadas con la industrialización de los gases Metano y Etano, la cual significa su transformación química, física o físicoquímica, así como con las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estos gases en el territorio Nacional ..." [66].

Ese decreto y las resoluciones emanadas del Ministerio de Energía y Minas constituyen el paso inicial para abrogar la Ley Orgánica del Gas, promulgada el 12 de agosto de 1971, y con ello despojar al Estado de la facultad de orientar y ejecutar los programas inherentes a esa actividad, y, por consiguiente, la de garantizar la dominante participación del capital transnacional en la estrategia venezolana.

Entre los otros programas que se han propiciado y puesto en ejecución para profundizar la participación privada, debe mencionarse la contratación de servicios y el outsourcing para las operaciones calificadas de no medulares.

De la estructura organizativa de Pdvsa

Otro avance más en el esfuerzo por asegurar el proceso desnacionalizador de la industria de los hidrocarburos, es el correspondiente a la nueva organización de Petróleos de Venezuela, S,A.

"Desde el 1° de enero de 1998, Pdvsa, en su rol de casa matriz, se concentra en el desarrollo de las actividades de carácter estratégico y en las funciones de naturaleza corporativa... En tal sentido, las vicepresidencias corporativas de Planificación, Relaciones Externas, Finanzas y Recursos Humanos y las nueve unidades corporativas son las organizaciones responsables de establecer las líneas maestra de dirección y acción de la corporación, las cuales son aprobadas por el Comité Ejecutivo" [67].

La concepción de la estructura administrativa-operativa que había venido predominando fue modificada radicalmente. Ahora se sustenta la tesis de que mantener varias filiales integradas verticalmente para competir entre sí por áreas de producción y comercialización no es conveniente y, por tanto, las filiales Maraven, Corpoven y Lagoven, que operaban con cierta autonomía, fueron sustituidas por tres divisiones funcionales de negocios que integran Pdvsa, Petróleo y Gas; Pdvsa Exploración y Producción; Pdvsa Manufactura y Mercadeo, y Pdvsa Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa.

El objetivo que se persigue con el nuevo modelo de organización es concentrar el mayor poder en quien dirige la tecnoestructura de Pdvsa. No es que ha cambiado la concepción en torno a cómo debe conducirse el llamado proceso de nacionalización, de lo que se trata en verdad es de consolidar y acrecentar el poder hegemónico, ejercido por la cúpula gerencial de la empresa estatal, y de esa manera imponer su dominio, no solamente en lo atinente a la industria petrolera, sino también en la planificación y aplicación de la estrategia económica, política, cultural y social, cónsona con los intereses que ella representa. La nueva estructura organizacional obedece, fundamentalmente, a garantizar la desnacionalización de la industria petrolera.

Ciertamente, el propósito que se persigue con la nueva organización de la empresa estatal es justificar, avalar y, al mismo tiempo, fortalecer y acrecentar la política acometida por la "tecnoestructura"; también fomentar y auspiciar el regreso de las empresas transnacionales, para que a través de las distintas modalidades creadas, desarrollen las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Es indudable que el nuevo modelo organizacional es otro paso más de avance en procura de consolidar el proceso de privatización de la industria petrolera.

Otros de los móviles que impulsan el cambio radical de la estructura organizativa de Pdvsa obedeció al excesivo afán que ha venido caracterizando a la alta gerencia de Pdvsa, cuando pretende estar a la par y compartir, de igual a igual, con las empresas transnacionales, tales como la Exxon, la Royal Dutch Shell, etcétera, las cuales históricamente han ejercido un dominio mundial, con lo que logra brindar la imagen de actuar realmente como si fuera una corporación global que planifica, desarrolla y aplica una estrategia para el desarrollo y control de sus actividades productivas, comerciales, financieras, de servicios, etcétera, en función de sus propios objetivos, tal cual planifican, desarrollan y aplican su estrategia económica y política las corporaciones transnacionales Pero, por supuesto, ajenos a la auténtica defensa de los intereses nacionales, lo que le crea a Venezuela inmensos problemas, tremendos conflictos, contradicciones y obstáculos para su desarrollo.

A este respecto, es preciso aclarar que se observa una profunda reestructuración del proceso productivo en el "modo de producción" imperante, que estratégicamente se reorganiza, reubica y fracciona geográficamente, con el objetivo de ponerse al frente de la llamada globalización.

Sin duda alguna que una de las exigencias que surgen de esos cambios es la de fomentar y aplicar "la flexibilidad", la descentralización, compartir el poder y lograr la readaptación constante de los recursos humanos, tal cual ha ocurrido en países como Japón, Francia, Suecia y otros. Este enfoque, cónsono con los avances en las ciencias gerenciales y con las demandas exigidas en la década de las noventa, no es el que ha adoptado la cúpula gerencial de Pdvsa. El modelo de organización aplicado está muy lejos de lo que las transformaciones exigen, para conducir y estructurar organizaciones; por el contrario, corresponde al llamado tipo Zeus, que se caracteriza por tener una "estructura que opera con un líder central rodeado de grupos satélites. Equivale a la organización caudillesca, muy frecuente en América Latina" [68].

Mientras se observa que la dinámica del proceso de desarrollo del sistema capitalista, hoy en su fase de globalización, si bien fortalece la ineludible tendencia hacia la concentración de la actividad económica, propicia ciertos grados de flexibilización de la centralización, por el contrario, la estructura organizacional de la empresa estatal se resiste a la flexibilización, a compartir el poder organizacional y a abrirse a la información que se requiere hoy en día para el desarrollo de políticas gerenciales.

El objetivo central de la nueva estructura organizativa de Pdvsa es el de conformar un equipo gerencial totalmente leal con el liderazgo corporativo, y garantizar con plenitud la concepción ideológica que impera en Pdvsa, cuya máxima gerencia constituye un poder omnipotente, realmente dominante, que nunca ha creído en la nacionalización petrolera.

La reestructuración organizacional de Petróleos de Venezuela no puede ser concebida para que el sector petrolero continúe fortaleciendo su funcionamiento como un enclave transnacional, con fuertes vinculaciones con el exterior y muy pocas con el resto de los sectores de la economía venezolana, avanzándose cada vez más hacia la desintegración nacional, en vez de fomentar el desarrollo integral y equilibrado de la estructura productiva e impulsar una genuina industrialización, que provoque realmente la diversificación de la economía del país. Lo que no puede concebirse es que Pdvsa actúe más como corporación privada, integrada más a los gladiadores mundiales que al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, en la búsqueda de las auténticas transformaciones que requiere con urgencia Venezuela.

De la venta de acciones de Pdvsa

Como parte de la estrategia de la apertura petrolera, en su afán por acrecentar cada vez más la participación del capital privado transnacional en las actividades de la industria, el presidente de Pdvsa, Luis Giusti, propuso la venta parcial de las acciones de la empresa estatal [69] que afortunadamente fue rechazada por la Cámara de Diputados [70], así como por varias universidades, instituciones, organizaciones sociales y determinados partidos políticos -la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia, Pro Venezuela, Fundapatria, los partidos Acción Democrática y Causa R. Pero la tecnoestructura de Petróleos de Venezuela en su firme propósito de que el Estado se despoje de los derechos y atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, de nuevo Luis Giusti propuso reformar el artículo 5° de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. En su juicio, la interpretación del referido artículo está llegando a su límite, "...pues nos impone la participación en todos los proyectos que se inicie " [71]

La estrategia petrolera ejecutada durante el período comprendido entre febrero de 1994 y febrero de 1999, impulsó el crecimiento de las actividades de la industria, cónsona con los tiempos de la globalización que impide elegir el camino propio; con ello se estimula el refuerzo necesario hacia la apertura incondicional, con la participación cada vez mayor del sector privado transnacional en la planificación y desarrollo de la política energética venezolana, conducente hacia el proceso desnacionalizador.

Incentivos y privilegios al inversionista extranjero

Para llevar a efecto todas las modalidades de la apertura petrolera se confirieron desproporcionados incentivos fiscales, monetarios y numerosos privilegios a los inversionistas extranjeros. En efecto, en el análisis correspondiente a los convenios operativos, asociaciones estratégicas y convenios de asociación, especificamos los estímulos fiscales concedidos por el Ejecutivo Nacional. De igual manera, debe señalarse que, mediante decreto presidencial [72], se autorizó la depreciación y amortización acelerada de las inversiones, es decir, que en vez de recuperarse la inversión en un lapso de 15 a 20 años, ahora lo harán durante cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, con lo cual se quebranta el genuino interés fiscal de la nación.

Otro de los incentivos fiscales otorgados a los inversionistas extranjeros para participar en el plan de expansión de Pdvsa, lo constituyó el hecho de que en 1997 el Ejecutivo Nacional acordó exonerar del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, varias actividades derivadas de los hidrocarburos y la potestad de recuperar ciertos créditos fiscales. Por ese concepto, señala el informe de Pdvsa de 1997, que "al 31 de diciembre de 1997 y 1996, existen créditos fiscales por compensar unos US$ 1.227 millones y US$ 1.065 millones (Bs. 617.027 millones y Bs. 505.484 millones), respectivamente...". "En junio de 1997 -señala el informe- se recibieron Certificados Especiales de Recuperación de Créditos Fiscales (CERT)... Dichos certificados se utilizaron para el pago del impuesto sobre la renta. Durante enero de 1998 se recibieron -afirma Pdvsa- certificados por unos US$ 558 millones (Bs. 285.400 millones)" [73].

Asimismo, con el interés de proteger el capital privado internacional, se autorizó aplicar el llamado "ajuste por inflación", que tiene alcances ilimitados y de gran significación en un país como el nuestro, donde factores estructurales generan presiones alcistas sobre el nivel de precios a través de corrientes propagadoras que quebrantan el equilibrio de las variables macroeconómicas esenciales. Igualmente, se aplica como tasa de crédito fiscal hasta 12 por ciento por las inversiones realizadas. Las rebajas establecidas no pueden exceder de 2 por ciento del enriquecimiento global neto del contribuyente. El excedente es traspasado hasta por tres años. Producto de ello, "Al 31 de diciembre de 1997, los créditos fiscales trasladables alcanzan a unos US$ 715 millones (Bs. 360.020 millones) " [74].

Conforme con los convenios cambiarios celebrados entre el Ministerio de Hacienda, en representación del Ejecutivo Nacional, y el BCV, las divisas originadas por las exportaciones de hidrocarburos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, cualquiera que sea el origen y la naturaleza de la actividad que las produzca, deben ser vendidas al BCV a la tasa de cambio convenida. Sin embargo, se autoriza a Petróleos de Venezuela para utilizar las divisas que requiera para cancelar gastos de operación, deudas corrientes e inversiones, y mantener un fondo rotatorio para capital de trabajo que se elevó de 300 millones de dólares en 1996, a 600 millones de dólares en 1997. De igual manera, el BCV abona en las cuentas, a favor de Pdvsa, el contravalor en bolívares de las divisas adquiridas, que serán movilizadas por sus titulares para atender desembolsos específicos, establecidos en el convenio cambiario. A este respecto, debe observarse que el monto de las divisas vendidas por Pdvsa al BCV son aceptadas de buena fe, es decir, la institución bancaria no realiza una revisión a fondo, con el fin de comprobar si las divisas vendidas corresponden a las realmente obtenidas por Petróleos de Venezuela.

También corresponde advertir que, tanto en las cláusulas de los convenios de asociación como en las Normas sobre Régimen Cambiario se establece que a las empresas constituidas para el desarrollo de las actividades por realizarse mediante las diversas modalidades de la apertura "...podrán mantener en el exterior cuentas en institutos bancarios o de similar naturaleza, en las cuales podrán depositar las divisas que perciban por cualquier título en ejecución de los convenios de asociación o de los contratos de servicio (...) tales como las que obtengan por las ventas que efectúen por exportaciones de bienes y servicios que realicen por los préstamos o financiamiento" [75].

Conforme con esta disposición, las empresas que por las actividades por realizar señaladas en el régimen cambiario obtengan divisas, sólo podrán regresar al país lo que necesitan para pagar impuestos y regalías, para la compra de bienes y servicios y para el pago de sueldos y salarios. De esta manera, el valor de retorno no será del 100 por ciento o que la unidad exportada no tendrá un efecto pleno para la economía venezolana. Otro incentivo en el orden monetario lo constituye el haberse conferido mayor poder de compra interno a favor de las empresas, al establecerse que la tasa de cambio sería la del mercado, lo cual explica los argumentos de Pdvsa a favor de la devaluación de la unidad monetaria venezolana.

En los contratos firmados para el desarrollo de las actividades inherentes a la apertura petrolera, importa subrayar, en cuanto corresponde al desarrollo tecnológico, que no se precisaron los términos para realizar la transferencia tecnológica y, por tanto, puede afirmarse que la industria petrolera nacional continuará carente de una tecnología propia, y permanecerá atada a la adquisición de los llamados paquetes tecnológicos contratados en los países industrializados que la han monopolizado. Igualmente, corresponde indicar que con el desarrollo de la política expansionista no se han acometido políticas e instrumentos eficientes para impedir la destrucción del ambiente, y que se continuará con la depredación de los recursos naturales renovables -flora, fauna, lagos, ríos, morichales, quebradas-, sin descontar los serios daños que ocasiona a las tierras de las comunidades aborígenes. Pero además de esos incentivos y privilegios conferidos al inversionista extranjero, Pdvsa ha propuesto, entre otras alternativas [76], ajustar el régimen impositivo a una tasa de 34 por ciento, eliminar la regalía petrolera y otros impuestos como el superficial, contemplado en la Ley de Hidrocarburos, y en establecer impuestos especiales sobre ganancias después del impuesto corporativo -créditos fiscales- que, en nuestro criterio, serán minimizados como consecuencia de los elevados costos, derivados de todos los incentivos otorgados, lo cual arrojará como resultado que el ingreso gravable sea menor. De esa forma se continuará sacrificando al Estado.

Resultados económico-financieros

Los resultados económico-financieros, en general, de las actividades petroleras, han experimentado, a través del tiempo, un cierto crecimiento asiduo. En efecto, las reservas probadas de crudo y condensado y la capacidad de producción se incrementaron durante el lapso de 1994 a 1997, de 64 millardos 900 millones de barriles, a 74 millardos 900 millones de barriles, y de 2.975.000 barriles por día, a 3.761.000 b/d, respectivamente.

"En cuanto a las actividades relacionadas con el incremento del conocimiento de las zonas no exploradas del país, se adquirieron 1 mil 511 kilómetros de sísmica bidimensional y 1 mil 930 kilómetros cuadrados de sísmica tridimensional, lo cual permitirá continuar con los estudios de nuevas áreas donde existan posibilidades de descubrir nuevos campos petroleros. En estos programas se invirtieron 2,8 millardos de bolívares [77].

Los indicadores económico-financieros de la industria, petrolera también reflejan un comportamiento de crecimiento sostenido. En el cuadro que sigue se destacan algunos de esos indicadores:

En relación con los resultados económico-financieros correspondientes al año 1997, arrojados por las 500 principales corporaciones del mundo, ordenadas éstas por el valor de las ventas, Petróleos de Venezuela ocupó el lugar n° 66; y en el conjunto de las 33 principales empresas transnacionales petroleras (dentro del grupo de las 500), figuró en el noveno lugar; asimismo, dentro de las 50 mayores empresas transnacionales que percibieron las más elevadas ganancias, la empresa estatal venezolana aparece en el décimo primer lugar [78].

Todos esos indicadores económico-financieros que arroja el balance general consolidado de Petróleos de Venezuela, revelan, sin lugar a dudas, una rentabilidad creciente en cifras absolutas, que al decir de algunos, se está en presencia de una de las empresas más eficientes, que se ufana de haberse "constituido en bandera de prestigio de Venezuela en el mundo" y que ostenta plusmarca de ganancias y rentabilidades. Pero mientras eso ocurre, nos encontramos frente a un Estado que se empobrece y limita su capacidad de acción y de autonomía para planificar y ejecutar una estrategia económica, política y social en beneficio de la sociedad venezolana, lo que desdice en mucho del concepto genuino de eficiencia. En verdad, 'La economía es eficiente cuando genera riqueza para todos" [79]

Ciertamente, según informes anuales de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Minas, la participación fiscal del Estado venezolano, respecto del total de los ingresos obtenidos por la industria petrolera, ha descendido de 74,70 por ciento en 1976, a 29,21 por ciento en 1997 (incluye dividendos); en cambio, los costos operativos pasaron -en el mismo período- de 17,43 por ciento a 63,37 por ciento (véase el cuadro y gráfico siguientes).

La participación fiscal para 1998, según los resultados financieros -provisionales- de Pdvsa, de acuerdo con declaraciones del presidente de la empresa estatal venezolana, ingeniero Luis Giusti, fue, aproximadamente, de 7,4 millardos de dólares [80]. Y para 1999, la participación fiscal será inferior a la del año anterior. Esos resultados revelan que la causa esencial del déficit del gobierno central, la constituye la gestión petrolera desarrollada durante los últimos años y, por tanto, ello conduce a señalar que una de las medidas que debe adoptar el Ejecutivo Nacional para corregir ese déficit, consiste en ordenar, de inmediato, una revisión afondo de los costos operativos de la industria petrolera, con lo cual, sin lugar a dudas, se incrementaría la masa gravable y, por ende, la participación fiscal.

Asi mismo, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta para el sector petrolero pasó de 91,1 por ciento en 1992, a 49,9 por ciento en 1997; y la tasa efectiva de impuesto sobre la renta en Venezuela disminuyó, en el mismo lapso, de 78,7 por ciento a 46,2 por ciento; ello, debido fundamentalmente a la aplicación del ajuste fiscal por inflación, con efectividad desde 1993 y a la eliminación del valor fiscal de exportación, que estuvo en vigencia hasta el año 1995.

Así, puede advertirse la tendencia al envilecimiento de la participación fiscal en la renta petrolera, tal cual se especifica en el cuadro y gráfico siguientes:

De igual modo, es oportuno observar que durante el lapso de 1994 a 1997, la deuda total de Pdvsa disminuyó de 5.972 millones de dólares a 4.885 millones. Pero en 1998 se contrajo un nuevo compromiso por el orden de 1.800 millones de dólares. Esta suma tiende a incrementarse, dado que la asamblea de accionistas de Petróleos de Venezuela, S.A., celebrada el 2 de diciembre de 1998, aprobó un nuevo endeudamiento hasta por 1.000 millones de dólares y se planifica elevar esa solicitud a Bs. 3.600 millones, lo que significaría que el monto total de la deuda de la empresa estatal venezolana sería alrededor de 10.285 millones de dólares. De esa forma, el índice de endeudamiento pasaría de 10,36 por ciento en 1997, a 20,57 por ciento para 1999. Todo eso indica que la deuda total del país se elevaría considerablemente, con serias consecuencias para la economía nacional, que lo harían más dependiente y vulnerable, incluso, con el grave riesgo de que, al buscar formas de negociación para la cancelación de la deuda, se recurra a la alternativa de la llamada conversión de la deuda en inversión, con lo cual se estaría impulsando, aún más, la desnacionalización de la economía venezolana.

Consecuencia de la política expansionista de Pdvsa

En el análisis que hemos realizado en torno a la actividad petrolera, ejecutada durante el quinquenio de la gestión gubernamental del doctor Rafael Caldera, resulta obvio advertir que la política expansionista a ultranza desarrollada por la dirigencia oficial de la industria de los ;hidrocarburos ha arrojado graves consecuencias para el cabal funcionamiento de la OPEP, horadando la defensa de los legítimos intereses de sus países miembro y, por ende, con serias repercusiones para la vida económica, política y social de Venezuela, tal cual lo examinamos con fundamento conceptual a continuación.

La CIPEP y la conquista de mercados

Desde el segundo semestre de 1997 y con énfasis en el año de 1998, cuando la crisis del mercado petrolero internacional se acentuó, se volvieron a formular algunas críticas al papel desarrollado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora se. sustenta el criterio de que `el sistema de cuotas colapsó.

Lo cierto es que el propósito de desacreditar y, por ende, desmoronar a la OPEP, es una vieja estrategia que en Venezuela se ha venido planificando desde hace tiempo, pero con la política de la llamada "apertura petrolera' cobró mayor vigencia. Apertura petrolera y naufragio de la OPEP son una y exclusiva política petrolera que forma parte de la estrategia concebida por la cúpula gerencial de Petróleos de Venezuela. Por supuesto, los panegiristas de tal despropósito, conscientes del elevado costo político que ello significa y, además de preocuparles el "culto de su yo", buscan formas sutiles de ocultamiento. Bajo la fachada de una imagen que, en apariencia, persigue una "nueva agenda para la OPEP" y de luchar por su "reacomodaciónf, lo que en el fondo pretende es la extenuación de la organización como tal.

A este respecto,: debe decirse que no han faltado opiniones que convalidan tal propósito. El Ministro de Energía y Minas ha dicho: 'La OPEP está anacrónica"[81]. "Si los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo están incumpliendo con las cuotas, es hora de dejar de ser Pinocho y hablar con sinceridad para el -beneficio de todos, sin aprovecharnos" [82] (destacado nuestro). "Cuotas de la OPEP no apuntan precios petroleros"[83]. "Estamos aferrados a una agendita sin una acción" [84]. "La OPEP actuales un organismo anclado en el pasado, con un enorme retraso en la concepción del: mundo y del negocio petrolero-(...) La OPEP continúa siendo un organismo que funciona al margen de la propia realidad del mercado" [85]. Y en una entrevista que le hiciera el doctor Héctor Malavé Mata, director de la Revista Nueva Economía de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, al ingeniero Erwin Arrieta, después de rigurosos argumentos en torno del, papel de la OPEP, lo motivó para que respondiera sobre si "el sistema de cuotas carece de aplicabilidad en las condiciones actuales (...) y ¿cuál es su criterio sobre la alternativa venezolana, entre continuar como miembro de la OPEP, o desafiliarse de esta organización?". El Ministro respondió: "Estoy absolutamente convencido que el sistema de cuotas carece de aplicabilidad, no solamente en las condiciones actuales, sino en las precedentes, desde el mismo momento en que se trató de implantar, pues cuando'' en la Conferencia de Ministros de la OPEP N° 67-E, celebrada en Londres, el 14 de marzo de 1983, Arabia Saudita, Irán y Nigeria manifestaron abiertamente su decisión de no observar ni cumplir las cuotas: de producción acordadas, invocando el principio de soberanía de los estados"; y en relación con la segunda interrogante, señaló que en su "criterio personal sobre la alternativa venezolana de continuar o no como miembro de la OPEP, debo y quiero reiterar que estoy absolutamente de cuerdo con que Venezuela continúe siendo miembro de la OPEP De la OPEP, consagrada en su carta fundamental, solidaria con los principios que sustentaron su razón de ser y la constituyeron el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Iral¿"'; pero, de inmediato precisó: "Si la OPEP pierde su autenticidad y deja de ser lo que concibieron sus fundadores, entonces no tendrá objeto seguir perteneciendo a otra cosa distinta y lo mejor sería desafiliarnós" [86](destacado nuestro).

Por otra parte, el presidente de Pdvsa, ingeniero Luis Giusti, ha declarado que "aunque Venezuela es socio de la Organización de Países- Exportadores 'de Petróleo (OPEP) bajo el gobierno de Caldera, el país ha perdido la paciencia con el sistema de cuotas de producción del cartel" [87] (destacado nuestro). "El sistema de cuotas no tiene vigencia ni es la respuesta para fortalecer a la OPEP" [88]. "El sistema de cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores tiene sus días contados" [89]. Y hasta el propio presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en su cuarto :mensaje anual al Congreso Nacional, advirtió que "no se puede atribuir la baja reciente (de precios del petróleo) al hecho de que Venezuela produzca por encima de las limitaciones que con una rigidez extemporánea se pretende imponer por el actual sistema de cuotas de la OPEP"; y fue enfático al afirmar que ese organismo "ya no tiene el control que en otro tiempo pudo ejercer sobre el mercado"[90]

Lo realmente significativo lo constituye que de la parte declarativa se pasó a los hechos. En efecto, Venezuela es el país (1997-1998) número uno en transgredir las cuotas de la producción acordada por la OPEP y, por tanto, el mayor responsable de la sobreoferta que existe en el mercado petrolero mundial y de la disminución de los precios. Este grave error también lo cometió la mayoría de los países integrantes de la organización.

A ese respecto es de subrayar que los países miembro de la OPEP deben luchar por lograr un programa conjunto para la conservación de la producción petrolera, si es que en verdad se persigue conseguir la estabilidad del mercado petrolero. Esa política no tiene: por qué ser exclusiva de los países de la OPEP Conviene promover conversaciones permanentes con otros países productores no miembros de la organización, pero que sustentan una política genuina en defensa del recurso y de los precios del petróleo.

Sustentamos la tesis de que una política energética integral, donde verdaderamente se vincule el petróleo a la economía nacional, y que le permita al país alcanzar sus objetivos para la transformación en beneficio de las generaciones presentes y futuras, no conviene propiciar aumentos injustificados de la producción petrolera. Por el contrario; 'la prudencia y el buen juicio aconsejan luchar por una política racional de conservación de ese recurso agotable. Por supuesto que es "indispensable estabilizar la producción petrolera dentro de márgenes técnicos aconsejables, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad" [91]

Hay quienes han venido desarrollando toda una ofensiva tendente a tratar de justificar la decisión adoptada por la gerencia de la empresa estatal, de aumentar, de manera exagerada e irracional, la producción de petróleo, y se aferran dogmáticamente a impedir la necesaria disminución de la misma, aun cuando sea de un barril de petróleo y a no modificar la "estrategia operativa". El plan de negocios -afirman- debe mantenerse contra viento y marea.

Resultado de esa intransigencia dogmática de parte de los directivos de la empresa estatal y del Ministerio de Energía y Minas, así como de otros países miembros de la organización, negando la efectividad de una política restrictiva de la producción, contribuyeron, entre otros factores, con una sobreoferta en el mercado mundial que ha provocado efectos devastadores para la sociedad venezolana y, en general, para los países exportadores de petróleo, OPEP y no OPEP

En nuestro criterio, resulta insensato promover una guerra de precios en el seno de la OPEP Ello tendría serias incidencias para los países miembro de la organización, tal cual ocurrió en el año 1986, cuando la OPEP, en su conferencia N° 76, celebrada en el mes de diciembre de 1985, acordó abandonar la fijación de precios. "Se perseguía asegurar y defender una participación justa en el mercado petrolero mundial, acorde con los ingresos necesarios para el desarrollo de los países miembro". Esa política originó una lucha entre los países de la organización por quitarse clientes, ofreciendo significativos descuentos con el pretexto de asegurarse mercados. Recuperar poder en el mercado y confiar en el logro de una corrección de las tendencias del mercado fue la principal consigna, para ese entonces. Pero ocurrió que como resultado de la política de participación y conquista de mercado, 1986 fue el año más aciago para la organización. Ciertamente, los precios nominales disminuyeron de $27,01 en 1985, a $13,53 en 1986, y los precios reales bajaron de $15,18 a $6,02, originando un descenso en el valor de las exportaciones de 129.100 millones de dólares en 1985 a 77,0 billones de dólares en 1986. "Prácticamente, todos los responsables de la toma de decisiones de la OPEP habían llegado a la conclusión de que la estrategia de participación en el mercado por lo menos a corto plazo, había sido un fracaso" [92]. Como consecuencia de los resultados adversos de esa política, la OPEP, en la conferencia N° 78 del 25-06-86, decidió regresar a la administración de mercados, estableciendo el programa de producción; y en la conferencia N° 79 del 06-10-86 se discutió los parámetros para la determinación de las cuotas de producción. De esa forma se logró que el precio nominal del petróleo durante el año 1987 se ubicara en $17,73 y el precio real se elevara con respecto al obtenido en 1986. Los ingresos por concepto de exportación se situaron en 93.700 millones de dólares.

La coyuntura petrolera y la baja de los precios del petróleo

A finales de 1997 se inició una de las más graves crisis petroleras de la década, originada por el fuerte descenso que experimentaron los precios del petróleo en el mercado mundial.

Entre los principales factores que han incidido fuertemente en la disminución de los precios del petróleo pueden señalarse los siguientes: 1) La crisis financiera que desde mediados de 1997 se produjo en las economías de Asia, incluida el Japón, lo cual incidió en una restricción de las importaciones de crudo de parte de esos países; 2) El benigno invierno en los países europeos y Estados Unidos, que incidió en un fuerte ahorro de energía; 3) La participación de Irak en el mercado con una cantidad significativa de petróleo; 4) Los altos inventarios por parte de los países industrializados, que se aproximan alrededor de 94 días de crudos almacenados.

Un factor que al principio de los acontecimientos trató de ocultarse fue el referente a que la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo contribuyó con la sobreoferta petrolera en el mercado mundial, al acordar, en su conferencia N° 103, celebrada en Jakarta, Indonesia, del 26 de noviembre al 1° de diciembre de 1997, aumentar la producción petrolera de 25.033.000 b/d a 27,7 M b/d, con efectividad desde el 1° de enero de 1998, lo que significó un incremento absoluto de 2 millones 467 mil b/d y relativo en el orden de 10 por ciento. En verdad, la producción real excedía a esas cifras oficiales. La sobreoferta se situó en 2.500 M b/d.

Para los países integrantes de la organización, el derrumbe de los precios internacionales del petróleo ha constituido un fuerte golpe a sus ingresos fiscales, que, según cálculos optimistas, fueron menores de 35 por ciento, respecto de los obtenidos en 1997, cuando se situaron en 161.593 millones de dólares. El valor de las exportaciones petroleras de los países OPEP se ubicó -en 1998- alrededor de 105.000 millones de dólares. Ello ha conllevado la necesaria reestructuración de sus presupuestos, así como realizar serios ajustes en las metas que habían sido planificadas.

Es innegable que dada la elevada dependencia y grado de vulnerabilidad económica de los países productores-exportadores de la OPEP y no pertenecientes a esta organización, la caída de los precios del petróleo ha tenido efectos devastadores para la economía de esos países, lo cual motivó la necesaria reflexión, posterior a haber incurrido en el craso error -en la conferencia N° 103- de incrementar la producción. Ante la situación descrita, se han realizado diversas conferencias en la OPEP, con la finalidad de analizar la crisis de los precios del petróleo en el mercado internacional, y producto de ello, adoptar las medidas conducentes, tales como la regulación de la producción, con el objeto de restablecer los precios del crudo, que lamentablemente no ha sido posible, dada la política desarrollada por algunos de los miembros de la OPEP, entre ellos Venezuela, de pretender conquistar mercados a expensas de los precios, lo cual los ha llevado a incumplir con las decisiones acordadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La apertura petrolera y la crisis venezolana

La situación actual del mercado petrolero internacional, de nuevo provoca des-estabilidad económica, política y social en Venezuela, y ello, porque el petróleo, ayer bajo el régimen de concesiones, y hoy con el de nacionalización, gobierna la economía nacional. Esta condición ha exacerbado un alto grado de vulnerabilidad y dependencia estructural que se manifiesta en lo económico, político, tecnológico, cultural, comunicacional y hasta militar.

La caída de los precios internacionales del petróleo, acentuada durante todo el año 1998, ha tenido efectos adversos en los ingresos fiscales, en la balanza de pagos, en las reservas monetarias internacionales, en los términos de intercambio, en el gasto público, tanto corriente como de inversión, todo lo cual ha creado una profunda inestabilidad económica y, en general, serios desajustes en la vida nacional. Pero lo realmente lamentable radica en que no es la primera vez que ocurre esta situación. Pese a la experiencia vivida con el petróleo, las diferentes administraciones públicas del país no han derivado de ellas los correctivos necesarios para solventar con visión de futuro, los desajustes, fluctuaciones y crisis. Ha faltado previsión, ha prevalecido la ineficacia, no se han dado respuestas ajustadas a la realidad, no se han avizorado soluciones encaminadas a la búsqueda del auténtico desarrollo del país.

En verdad, Venezuela ha carecido de tina genuina política petrolera y, en general, de una política económica integral. Ha reinado el facilismo y la improvisación, lo cual ha determinado que la economía no esté sustentada sobre bases reales y que, por tanto, el crecimiento experimentado haya estado inducido esencialmente por factores externos y no por la movilización de los recursos nacionales. No nos hemos percatado de que se ha estado, consciente o inconscientemente, liquidando -en forma alegre- un activo agotable; de que hemos sido cómplices de la exacción irrecuperable de nuestros recursos naturales y de que no se ha logrado capitalizar el ingreso petrolero.

Han transcurrido más de setenta años de la explotación comercial del petróleo, y no se ha obtenido una economía integrada, diversificada, estable, soberana. Tenemos, en cambio, una economía alienada, desintegrada, vulnerable, de- pendiente, donde unos pocos se han beneficiado de los proventos del petróleo, originándose una desigual distribución del ingreso nacional.

Si de verdad deseamos evitar que la economía venezolana continúe atada a los vaivenes del mercado internacional del petróleo y, por tanto, que Venezuela no siga dependiendo en forma absoluta de ese producto, no basta con simples reajustes en la economía, ni será suficiente estabilizar el mercado petrolero y aumentar los precios de esa materia prima, sino será necesario provocar cambios de fondo y de forma en la orientación general de desarrollo que requiere el país.

La coyuntura petrolera y sus incidencias

La reciente coyuntura petrolera internacional y sus drásticos efectos sobre la economía nacional, corrobora una vez más la extrema vulnerabilidad y dependencia de nuestra economía. Con el agravante de que en esta ocasión, la política planificada y aplicada por el directorio de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Minas, se fundamentó en la presunción de compensar el descenso de los precios con incrementos de producción y, por supuesto, de exportación, enfatizándose que, a toda costa, se mantendrían los planes de expansión de Pdvsa. Estrategia esta que, en nuestro criterio, contribuyó con hacer más crítica la situación económica y social del país, impidiendo -como en efecto ha ocurrido- la conveniente recuperación nacional y, por otra parte, con debilitar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En torno a este particular, conviene observar la evolución de lo ocurrido durante el año 1998 y las graves incidencias para la sociedad venezolana, originada por la política -a ultranza- expansionista de Petróleos de Venezuela, S.A.

El descenso de los precios del petróleo se produjo desde finales de 1997 y prevaleció durante 1998; y las perspectivas para 1999 no son nada halagüeñas. Para el mes de marzo de ese año, el precio promedio de la cesta venezolana se ubicó en US$ 11,44, muy inferior al proyectado en la Ley de Presupuesto de 1998, en la que se estimó en US$ 15,50, así como al obtenido en 1997, cuando se ubicó en US$ 16,31, todo lo cual generó una brecha significativa de ingresos fiscales, con fuertes repercusiones en la gestión financiera del gobierno central. En efecto, los ingresos derivados por concepto de las exportaciones petroleras, para el gobierno central (gestión financiera) se redujeron de 1.899 millones de bolívares en el cuarto trimestre de 1997 a 996 millones de bolívares en el primer trimestre de 1998, lo que equivalió a una disminución porcentual de 47,6 por ciento. Las reservas monetarias internacionales disminuyeron en 2.022 millones de dólares. La evolución del mercado de capitales también se vio adversamente afectada.

En lo referente al- comportamiento del PIB, el Banco Central de Venezuela señaló que, al comparar, las estimaciones del crecimiento del PIB, del cuarto trimestre de 1997, con los resultados del producto en el primer trimestre de 1998, "...se observa una caída generalizada (actividad petrolera y resto de la economía) del producto dé 4,7 por ciento" [93] . Ante la persistente tendencia de la caída de los precios del petróleo, el gobierno nacional consideró conveniente reestimar los ingresos petroleros contemplados en la Ley de Presupuesto de 1998 y, al efecto, acordó ajustar el precio promedio de realización del petróleo de US$ 15,50 a US$ 14 por barril.

En el mes de febrero de 1998, el titular del Ministerio de Hacienda, Freddy Rojas Parra, en cadena nacional, precisó las medidas que se aplicarían frente a la coyuntura petrolera, En verdad, la gestión fiscal fue afectada por la contracción de los ingresos ordinarios provenientes del petróleo, de tal forma que el gobierno se vio obligado a reajustar considerablemente los gastos.

No obstante, las condiciones macroeconómicas adversas por las cuales atravesaba el país, originadas por el derrumbe de los precios del petróleo, el directorio de Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas defendían la tesis de mantener, a cualquier precio, la política de expansión de la corporación estatal y continuar con la sobreproducción petrolera.

Aferrados mesa posición se negaban a considerar la posibilidad de aceptar acuerdos en la OPEP para adoptar medidas conducentes a la reducción de la producción de petróleo, con-la finalidad de disminuir la oferta y, con ello, tratar de: estabilizar el mercado petrolero internacional. Así, por ejemplo, los estrategas de Pdvsa habían previsto para 1998 un incremento de la oferta de crudo alrededor de 8 por ciento, respecto de 1997, cuando la realidad era otra. En efecto, la oferta apenas fue de 0,8 por ciento. De igual manera, pese a los hechos que. ocurrían durante el primer trimestre de 1998, el directorio de Pdvsa abrigaba la decisión de continuar exportando petróleo en niveles elevados como táctica para conquistar mercados y hasta se subestimó la función de la OPEP Todavía, en el mes de febrero, el presidente de Pdvsa, ingeniero Luis Giusti, sentenció: "La producción de crudo aún aumentará en un 7 por ciento, a 3,6 millones de barriles diarios en promedio para este año" [94]. Y para 2003 la producción y exportación de petróleo, según Pdvsa, se elevará a 5.964.000 b/d y 5.590.000 b/d, respectivamente.

De igual manera, fue anunciada por representantes de la política petrolera oficial la conveniencia de compensar el descenso de los precios con aumento de la exportación, y hasta se llegó a decir que "A Venezuela le conviene la baja de precios" [95]. Tales afirmaciones no contribuían con una pronta recuperación de los precios y, por supuesto, se corría el riesgo de que los ingresos que se percibirían por los volúmenes de exportación, multiplicados por el precio promedio, fuesen menores, con lo cual, no solamente se agudizaba la situación fiscal sino que se propendía a una mayor descapitalización productiva del país. Así, por ejemplo, en el año 1997, Venezuela, con un volumen de exportación que excedió en 301 mil b/d a los resultados de 1996, los ingresos disminuyeron en alrededor de 307 millones de dólares, derivado de que los precios bajaron de US$ 18,40 en 1996, a US$ 16,31 en 1997. Igual ocurrió en el caso de México.

Sin embargo, aun con todos esos acontecimientos, los dirigentes oficiales de la industria petrolera nacional no. admitían las buenas razones que impulsarían una corrección necesaria. Pero dado el reconocimiento de la situación crítica por la, cual se atravesaba hasta el punto de que algunos organismos nacionales solicitaron declarar el país en emergencia, así como la permanente actitud de algunas instituciones, como Fundapatria, y calificados analistas nacionales que clamaban por una rectificación de la política adoptada hasta los momentos por la cúpula gerencial de Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas, cobraron tal fuerza que incidieron para que, al final, aun cuando de manera transitoria, el sector oficial de la industria petrolera decidiera concurrir a la reunión celebrada en Riyadh, con la presencia de Arabia Saudita y México, en la cual se llegó al acuerdo de retirar del mercado 600 mil b/d. Días después, en la conferencia extraordinaria N° 104 de la OPEP; celebrada en Viena, el 30 de marzo de 1998, se tomó la decisión de reducir la oferta petrolera con efectividad desde el 01-04-98, en un millón 245 mil b/d; más la contribución de los países no OPEP, como México, Omán y otros. Esta decisión arrojó como resultado una recuperación moderada de los precios. Para Venezuela significó que el precio promedio de la cesta petrolera pasara de US$ 11,44 en marzo del 98, a US$ 12,14 en el mes de abril del mismo año, para dar inicio a un nuevo descenso.

Entre los diferentes factores que concurrieron para limitar, de manera permanente, la estabilización del mercado petrolero, corresponde, a la verdad de los hechos, señalar que Venezuela, así como otros países, no dio cabal cumplimiento con las reducciones acordadas en la OPEP; y, además, es preciso destacar que a Venezuela, acorde con lo decidido en la conferencia OPEP N° 103, llevada a efecto en Jakarta, el 29 de noviembre de 1997, le correspondía producir 2 millones 583 mil b/d;' y le fueron reconocidos, en la conferencia N° 104, 3 millones 370 mil b/d, lo que significa un exceso de producción, según cifras oficiales, de 787 mil barriles diarios. A ello se sumaron declaraciones -nada prudentes- como la de afirmar que la reducción sería con base en el almacenamiento [96]. Esto incidió para que en los operadores internacionales se creara desconfianza e incredulidad en relación con poner en práctica -cabalmente- las decisiones adoptadas.

Todos esos factores determinaron que se agudizara la crisis del petróleo en el mercado internacional, originándose, para el caso de nuestro país, que casi todos los indicadores macroeconómicos arrojaran resultados desfavorables. En ese sentido, durante el primer semestre del año 1998, la balanza de pagos cerró con un saldo global deficitario de US$ 225 millones; el valor de las exportaciones descendió en el orden de 2 mil 700 millones de dólares, respecto del semestre previo; de igual forma, la caída del precio del petróleo significó una desmejora de. 17,2 por ciento en los términos de intercambio; los ingresos petroleros se redujeron alrededor de 44,9 por ciento, respecto del segundo semestre de 1997. Y la gestión financiera del gobierno central cerró con un déficit del 0,9 por ciento del PIB [97]

Ante la severa disminución del ingreso público, el Ejecutivo Nacional se vio en la obligada necesidad de aplicar una nueva reestructuración del presupuesto fiscal, así como también disminuir los gastos de Pdvsa; y con el propósito de generar nuevos ingresos, se realizaron reformas fiscales [98], con la finalidad de hacerlo viable financieramente. De la misma manera, se procedió a realizar un segundo ajuste del precio promedio del petróleo, fijándolo en 13 dólares por barril.

En referencia con la política monetaria y cambiaria, debe señalarse que entre agosto y septiembre de 1998 se ejercieron serias presiones para que el Directorio del Banco Central de Venezuela acordara incrementar los rendimientos de los términos de estabilización monetaria, y procediera a la devaluación de la unidad monetaria, que calculaban debería ubicarse entre 850 y 900 bolívares por dólar. Afortunadamente, el Directorio del BCV, consciente de lo inconveniente de adoptar una medida de esa naturaleza, resistió a la campaña especulativa contra el bolívar y ratificó el sistema de bandas cambiarias, manteniendo la amplitud de la misma, pero redefmiendo la paridad central y la tasa de ajuste mensual.

Como hemos analizado, ante la real situación del mercado petrolero internacional, la OPEP acordó adoptar nuevos recortes de la producción. Venezuela se comprometió en la reunión de Amsterdam, a reducir su participación en otros 125 mil barriles diarios. De igual forma, en la conferencia N° 105 de la OPEP, efectuada en Viena, el 24 de junio de 1998, aceptó una reducción adicional de 400 mil b/d, con lo cual el recorte total alcanzaría a 535 mil b/d, situándose su producción en 2.845.000 b/d, con efectividad desde el 01-07-98, que no ha sido cumplido a cabalidad. Según estadísticas de la OPEP, para noviembre la producción se ubicó en 3.040.000 barriles diario [99], lo que equivale a un exceso de producción de 195 mil barriles diarios. Sin embargo, para finales de 1998, según declaraciones del presidente de Pdvsa, ingeniero Luis Giusti, "Faltan 125 mil barriles diarios para cumplir con el recorte acordado... -y agregó que-Venezuela podría elevar su actual producción de 2,97 millones de barriles a 3,4 millones de b/d, inmediatamente después de que finalicen los acuerdos de reducción de producción, a fines de junio de 1999"' [100]. Cuatro meses antes había anunciado que la producción petrolera venezolana se situaría en 3,9 millones de b/d, como promedio para 1998" [101]. Declaraciones, en igual sentido, emitió el Ministro de Energía y Minas, tratando de justificar el incumplimiento, debido a que la menor actividad de exploración y producción de hidrocarburos había provocado el despido de 8.000 trabajadores, desde marzo a noviembre de 1998" [102]. En ese mismo orden de ideas, Pdvsa, en comunicado de prensa, con el título "¿Por qué Pdvsa reduce sus operaciones en taladros?", anunciaba: "Hoy operamos con alrededor de 125 taladros, y por las circunstancias descritas nos vemos en la obligación de reducir la actividad de éstos a menos de la mitad..." y más adelante, se precisa que, "como parte del programa de reducción de actividad, se contempla la desincorporación de 74 taladros de perforación y rehabilitación ..." [103].

A este respecto es de observar que la reducción de la fuerza laboral ha sido política permanente de la gerencia de Pdvsa; así como se constata que desde 1994, cuando el número de trabajadores de la corporación en Venezuela, según cifras de Pdvsa, era de 46 mil 928, disminuyó en 44 mil 743, en 1997 [104], mientras la producción aumentó significativamente, al pasar de 2 millones 460 mil barriles diarios, a 3 millones 233 mil b/d, lo que evidencia una mayor producción media por trabajador. Igualmente conviene destacar que uno de los objetivos de la reestructuración organizacional de Petróleos de Venezuela, vigente desde enero de 1998, tal cual es la práctica común del núcleo empresarial transnacional, al proceder a la fusión de empresas, es el atinente a reducir personal.

Todo ello induce a pensar que el haber tomado como bandera la reducción de la producción petrolera, con la finalidad de justificar el despido de la fuerza de trabajo, es un ardid al que recurre el directorio de la empresa estatal, con el objeto de presionar sobre las distintas organizaciones políticas empresariales, y hasta sindicales del país [105], para inducirlas a que solicitaran del Ejecutivo Nacional se restituyeran los niveles de producción y de esa manera no cumplir con las decisiones acordadas en la OPEP, en sus conferencias Nos. 104 y 105. Con ello se contribuyó, de igual manera, en crear el ambiente propicio para la que la opinión pública responsabilizara a la OPEP de la situación crítica por la cual atravesaba la economía venezolana, y lograr así un reconocimiento para la cúpula gerencial de Pdvsa, en cuanto a que tenían plena razón en aferrarse en la posición de mantener los planes de expansión de la industria.

Producir más petróleo... ¿para qué?

La dirigencia de Pdvsa desarrolló toda una ofensiva tendente a que el Estado venezolano decidiera aumentar significativamente la producción petrolera, incluso, sin tomar en cuenta los acuerdos de la OPEP Sustentamos la tesis de que en una política energética integral, donde verdaderamente se vincule el petróleo con la economía nacional, y le permita al país alcanzar sus objetivos para su transformación en beneficio de las generaciones presentes y futuras, no conviene propiciar aumentos injustificados en la producción petrolera. Por el contrario, la prudencia y el buen juicio aconsejan luchar por una política racional de conservación de ese recurso natural agotable. Sería insensato estimular una guerra de precios en el seno de la OPEP, por unos barriles más de petróleo, lo cual, como hemos demostrado, incidiría desfavorablemente en el éxito que pueda lograr la organización.

En nuestro criterio, por las razones antes expuestas, el Ejecutivo Nacional no deberá ceder ante las innumerables presiones, provenientes de la propia industria y de sectores fuera de ella, muy interesados en aumentar -injustificadamente- la producción. No debe descartarse que el interés de ciertos sectores -fuera de la industria- en ampliar la producción, radique en la posibilidad de aumentar sus beneficios particulares, mediante negocios que se originan con el crecimiento de la producción petrolera.

Declinación pronunciada y constante de los precios del petróleo

Durante el segundo semestre de 1998, continuaron prevaleciendo en la evolución del mercado petrolero internacional los factores coyunturales y estructurales de los cuales hemos hecho referencia. La sobreoferta petrolera precipitó, aún más, el desplome de los precios del petróleo, hasta el punto de que, durante el mes de junio, la cesta petrolera venezolana fue de US$ 9,80, recuperándose levemente, en el mes de julio, cuando se ubicó en US$ 10,55, para iniciar un nuevo descenso en el mes de agosto.

Toda la situación adversa que se produjo en la actividad económica venezolana, originada por la persistencia de precios envilecidos, condujo -de nuevo- al Ejecutivo Nacional a realizar dos ajustes adicionales al presupuesto del país, y a procurar ingresos mediante otras vías. De igual manera, se efectuaron nuevos cálculos para fijar el precio promedio por barril de petróleo que, en definitiva, se estableció en US$ 11,50.

La declinación pronunciada y constante de los precios del petróleo venezolano se agravó aún más durante los meses de octubre y noviembre, cuando alcanzaron cifras de 11,14 y 9,47 dólares, respectivamente; y para el 14 de diciembre llegó a 7,50 dólares. En suma, el precio promedio del barril de petróleo para el año 1998, fue alrededor de US$ 10,63, inferior al ajustado por el gobierno y Pdvsa, en la Ley de Presupuesto, cuando se estimó en US$ 15,50, así como al obtenido en 1986, cuando fue de US$ 12,82.

La caída de los precios del petróleo venezolano, en alrededor de 34 por ciento respecto de los resultados de 1997, ha incidido desfavorablemente en el desenvolvimiento de la actividad económica, que se vio seriamente afectada, estimándose que la contracción del PIB será de 0,7 por ciento, después de haber crecido en 5,9 por ciento en 1997. Debe señalarse que la actividad petrolera decreció en el orden de 1 por ciento, y el resto de la economía en 0,8 por ciento.

En cuanto corresponde al sector externo, la balanza de pagos arrojó un saldo negativo de 3 mil 418 millones de dólares. El valor de las exportaciones FOB, de bienes y servicios, disminuyó en 5 mil 895 millones de dólares, al pasar de 25 mil 120 millones de dólares en 1997, a 19 mil 225 millones en 1998. De igual forma, las finanzas públicas fueron gravemente afectadas. Ciertamente la gestión financiera del gobierno arrojó un déficit estimado en 4,3 por ciento del PIB [106] . Los ingresos petroleros disminuyeron, en comparación con los estimados en el presupuesto nacional para 1998, con base en un precio promedio de
realización de US$ 15,5 [107] por barril y un volumen de exportación de 3.320.000 b/d, en el orden de los 7 mil 178 millones de dólares. La caída de la relación de intercambio alcanzó 27,3 por ciento y la transferencia neta de recursos al exterior, según el informe preliminar de la Cepal, de 1998, fue de 5 mil 750 millones de dólares.

Asimismo, importa señalar que el ingreso real de la mayoría de la población sufrió fuerte desmejoría, con efectos en el bienestar de la sociedad y en el resto de las variables macroeconómicas del país.

A juicio del presidente del BCV doctor Antonio Casas González, "Las perspectivas para el año 1999 indican que las condiciones financieras de los mercados internacionales de capitales y menor crecimiento económico que caracterizaron el acontecer mundial durante el presente año, continuarán afectando adversamente la evolución económica, en particular, la de los países en desarrollo que muestran elevada dependencia de exportaciones de materias primas. La evolución mundial, sugerida por tales pronósticos, confirmaría para Venezuela un panorama poco alentador, en particular, en lo que al desenvolvimiento del mercado petrolero internacional se refiere, previéndose una prolongación de la situación de sobreoferta que lo caracterizó este año y, por tanto, un escenario de precios bajos" [108]

Necesidad de cambios en la orientación general de desarrollo

Todo lo acontecido refleja, una vez más, la carencia de una genuina estrategia económica por desarrollar en el país, y que -de existir ésta- debería tener como propósito lograr que la producción y distribución de los bienes materiales y de servicios satisfagan, realmente, las necesidades humanas. A más de 22 años de la nacionalización petrolera, aún se mantiene la dependencia y un alto grado de vulnerabilidad orgánica de la sociedad venezolana; pese a que el artículo 30 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos reza que se deberá "Llevar al máximo el rendimiento económico de la exportación, en concordancia con los requerimientos del desarrollo nacional; la conquista y conservación de un mercado exterior estable, diversificado y suficiente; el apoyo al fomento de nuevas exportaciones de productos venezolanos; la garantía del abastecimiento en términos convenientes de insumos, equipos y demás elementos de producción, así como también los bienes esenciales de consumo que el país requiera".

El desenvolvimiento de la economía venezolana durante el año 1998 es otro fiel testimonio de que basta que ocurra cualquier fluctuación en el mercado petrolero internacional para crear inestabilidad y desasosiego en la sociedad venezolana. Si bien es correcto admitir que la mayoría de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, atinentes a la necesidad de ajustar sucesivamente el precio promedio de realización del petróleo y de instrumentar medidas fiscales, con el fin de hacerle frente a la grave crisis económica, fue la pertinente, fuerza reconocer que todo el conjunto de medidas adoptadas fue de carácter cortoplacista; y que los tiempos actuales no justifican que los responsables gubernamentales sean "...simples administradores de la austeridad" [109].

Si de verdad se desea evitar que nuestra economía no continúe atada a los vaivenes del mercado internacional del petróleo y, por tanto, que Venezuela no siga dependiendo en forma casi absoluta de ese recurso natural no renovable, no basta con simples reajustes en la economía, será necesario provocar cambios de fondo y de forma en la orientación general de desarrollo que requiere el país.

A propósito también de los ajustes, es preciso subrayar que el Ejecutivo Nacional tuvo la oportunidad, una vez más, de ordenar una revisión de los exagerados costos operativos de Petróleos de Venezuela, con la finalidad de garantizar que el Estado obtenga una justa participación fiscal, cónsona con el empleo de los factores que intervienen en la generación de la renta petrolera.

En ese orden de ideas, el ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar, manifestó que "...el aporte de Pdvsa es cada vez menor" [110], y al referirse específicamente al análisis de los costos de la industria petrolera, declaró que "Algunas de las empresas de la industria petrolera tienen costos de operación artificialmente elevados, de manera de pagar menos impuestos sobre la renta" [111], por lo cual, en juicio del ministro, procedía realizar una revisión de los "...gastos operativos de la principal industria, en la búsqueda de un aumento en su contribución al fisco" [112]. Días después, el presidente de Pdvsa, ingeniero Luis Giusti, afirmó: "Nadie tiene por qué revisar la estructura de costos de Pdvsa—.", y agregó: "Aquí no hay nadie de afuera revisando los gastos de Pdvsa ni de ninguna de sus filiales" [113]. La verdad es que durante el período del doctor Rafael Caldera, el juicio emitido por el Presidente de la empresa estatal se cumplió a cabalidad, demostrando con hechos que el "Estado es Pdvsa". Ciertamente, la propuesta del señor Ministro, plena de razones y de elevada conveniencia para la nación, no pasó de la mera declaración, la cual fue frustrada por los "barones del petróleo", quienes, para tratar de evitar nuevos intentos de esa naturaleza, lograron -en 1996- que se adoptara la decisión de eliminar la Oficina de Fiscalización Tributaria Petrolera del Seniat, organismo, por cierto, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Otra de las medidas que han debido ser adoptadas en beneficio del país, debió ser la de proceder a una minuciosa revisión de la política de internacionalización petrolera, con el propósito de detectar por qué no se han cumplido los objetivos fijados por la propia dirigencia oficial de la industria petrolera venezolana [114], en el sentido de generar divisas para el país, de contar con refinerías capaces de procesar los crudos pesados. Por el contrario, se ha intensificado la producción y exportación de petróleo liviano y mediano, contrariando -de esa forma- expresas medidas de conservación. ¿Por qué no se ha procedido a vender aquellas refinerías ubicadas en el exterior, que no son rentables? ¿A qué razones obedece la práctica de adquirir refinerías con graves problemas financieros? De igual manera, es indispensable examinar a qué razones obedece que Pdvsa venda -a sus empresas en el exterior- a precios inferiores a los del mercado, es decir, otorgando descuentos. ¿Acaso para asegurar mercados a costa de disminuir la percepción unitaria por barril de crudo producido y procesado? ¿Es conveniente admitir que se continúe con la práctica de envilecer el valor del paquete de exportación petrolera del país? ¿Cómo explicar, tal cual asevera Juan Carlos Boué, gerente de Comercialización de Pemex, que "...¿gracias a la opacidad del mecanismo de fijación de precios, Pdvsa ha colocado millones de dólares fuera del alcance del fisco mediante descuentos difíciles de detectar, inclusive, por un: experto?"... "Las cuentas de las subsidiarias en el exterior", se afirma en la tesis doctoral presentada en la Universidad de Oxford por el experto mexicano, "son auditadas individualmente por diferentes firmas de contadores públicos, y a la que audita el balance consolidado de Pdvsa no tiene acceso a los libros de esas subsidiarias, y sólo recibe aportes que contienen los números de ingresos y costos,: que han sido previamente filtrados y consolidados en otra parte"[115]. De igual manera, importa indagar por qué los negocios en el exterior arrojan una rentabilidad inferior a 2 por ciento respecto del valor de las ventas generadas.

En suma, conforme con los estudios realizados en torno al proceso de internacionalización petrolera, se corrobora, en los hechos, que la misma no ha sido conveniente para el país y que, sin duda alguna, procede una exhaustiva revisión de los costos y de las inversiones realizadas por Pdvsa en el exterior, con el objetivo de lograr una mayor participación fiscal y, además, es obligante provocar un cambio de la política de internacionalización petrolera, para que realmente se beneficie el país.

Esta política de internacionalización petrolera que, entre otros aspectos, ha provocado la posibilidad real de exportación de demanda de fuerza de trabajo y de originar mayor valor agregado en el exterior, urge rectificarla mediante el avance de la industrialización de los hidrocarburos y, por ende, del resto de las actividades económicas, intensificando la diversificación real de la economía venezolana. Se requiere con urgencia de un desarrollo integral y equilibrado de la estructura productiva del país. El petróleo, conviene decirlo una vez más, debe integrarse internamente en la economía nacional. Pero es necesario convenir que la "...corrección de fondo sólo es posible mediante la reestructuración o reorganización de los motores del crecimiento económico y los patrones de acumulación y consumo, así. como a los estilos de vida y desarrollo" [116]

Evidentemente, de lo que se trata es de orientar la actividad petrolera nacional, con el fin de impulsar la transformación del proceso económico y social; pero, es incuestionable que para ello es necesario proceder a una rectificación a fondo de la política petrolera ejecutada hasta los momentos, que coadyuve con el fortalecimiento de la genuina nacionalización petrolera y, sin duda alguna, para lograr ese objetivo, es preciso procurar que a quienes se les dé la responsabilidad de conducir la empresa estatal de petróleo crean en el país y, por tanto, en la nacionalización.

La estrategia económica para Venezuela

Es innegable que existe la necesidad de provocar transformaciones profundas en la forma de inserción con la economía mundial. Pero ello requiere de una estrategia que surja soberanamente, no subordinada. La estrategia económica para Venezuela debe ser concebida para el presente y para el futuro; debe ser de largo plazo, teniendo en cuenta, por supuesto, el mediano y corto plazo; no puede circunscribirse a lo meramente coyuntural, inmediatista o convencional, dado que la crisis económico-social del país es de carácter estructural. Para que la estrategia económica de Venezuela pueda tener éxito se requiere que la misma esté sustentada sobre bases firmes, en pleno conocimiento de la realidad nacional, que permita acometer las acciones apropiadas para la búsqueda del genuino desarrollo integral, orgánico y sostenido en beneficio de la población. Para desarrollar y aplicar una auténtica estrategia económica es de vital importancia develar los problemas estructurales que caracterizan a la economía venezolana. Estudiar, analizar e interpretar en su exacta dimensión los rasgos estructurales de la economía, tales como la heterogeneidad estructural, la monopolización, la dependencia y vulnerabilidad, la desigual distribución del ingreso, los desequilibrios sectoriales y regionales prevalecientes en el país, conjuntamente con el contexto internacional, resulta -indispensable para la aplicación de políticas cónsonas con esa realidad tan compleja y plena de adversidades. Entender que "...el problema no es más Estado o menos Estado, sino mejor Estado, y el mercado no es fin -en sí mismo, sino medio para obtener mejores metas sociales" [117], es de suma importancia, si: es que de verdad se desean los cambios necesarios para impulsar el. desarrollo. Saber cómo y para qué actuar, es fundamental. Sería un gravísimo error' instrumentar, como realmente ocurre,= una estrategia alejada de. esa realidad; :ello puede conducir hacia resultados totalmente adversos a los objetivos prioritarios de una genuina estrategia económica, social y política, como 1o es el de satisfacer las necesidades esenciales de. la población.

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Notas:

1. Andrés Sosa Pietri. "Informe del Presidente", Petróleos de Venezuela, S.A. Informe Anual 1990.
2. Gustavo Roosen. "Plan de Negocios de Pdvsa responde a los intereses de la nación", ensayo inserto en el libro Alternativas ante la crisis, de varios autores. Publicaciones del CEELA-LUZ. Maracaibo, EdiLUZ, 1994, pp. 126 y 128.
3 . Rafael Caldera. La nacionalización del petróleo, Caracas, Ediciones Nueva Política, 1975, p. 64.
4. Cfr. Bases del Programa de Gobierno 1994-1998. Subcomisión: Petróleo. Coordinador: Luis Giusti. Entre otros integrantes o miembros de la Comisión, se destacan: Ronald Pantin, Ramón Espinasa y Lombardo Paredes. Todos ellos altos ejecutivos de Pdvsa. Copia mimeografiada.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. "Mensaje presidencial", El Universal, Caracas, 03-02-1994.
8. Cfr. Cordiplan: De la Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Programa de Estabilización y Recuperación Económica, Caracas, 1994.
9.Luis Giusti. "Conversación a dos voces". Entrevista publicada en la Revista Nueva Economía de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, año VI, n° 8, abril de 1997. La verdad es que la contribución fiscal del petróleo durante el lapso 1994-1998 se ubicó en 11 por ciento del PIB.
10. Andrés Sosa Pietri. Petróleo y poder, Caracas, Editorial Planeta Venezolana, S.A., 1993, pp. 160 y 189.
11. Ibid.
12. Gustavo Roosen. "Plan de Negocios de Pdvsa responde a los intereses de la nación", en Alternativas ante la crisis, varios autores. EdiLUZ. Publicaciones del CEELA, Maracaibo, 1994, p. 131.
13. Wilmer Pulgarín. «Venezuela, blanco de inversiones", en Revista Internacional de Energía, año 1, n° 1, julio de 1998, Pdvsa.
14. El Universal, Caracas, 25-02-1998.
15. Panorama, Maracaibo, 29-03-1998.
16. Pdvsa. Última actualización. Preguntas y comentarios, 12-08-1998. Webmastcr@pdvsa.pdv.com.
17. Periódico de la Universidad del Zulia, del 17 al 23 de enero de 1999. Año III, n° 212, encartado en Panorama, Maracaibo, 17-01-1999.
18. El Universal, Caracas, 14-01-1999.
19. Quinto Día, Caracas, del 19 al 23 de octubre de 1998.
20. Según declaraciones de Luis Giusti, la inversión total para 1999 será de 11 millardos de dólares, de los cuales 3,8 millardos corresponden a la propia Pdvsa, y la participación del sector privado será de 7,2 millardos. Cfr. El Nacional, Caracas, 16-01-99.
21. Cfr. Rueda de prensa del 06-12-98 y programa de Alfredo Peña del 17-12-98.
22. Luis Giusti. Mensaje del Presidente. Pdvsa. Informe Anual 1996.
23. Cfr. El Nacional, Caracas, 06-04-1998.
24. Lester C. Thurow. El futuro del capitalismo, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, S.A., 1996, p. 81.
25. Cfr. Naciones Unidas; Estudio económico y social mundial. Tendencias y políticas en la economía mundial. Nueva York, 1997, pp. 198-200.
26. Ahmand Zaki Yamani. Perspective and Retrospective: Oil Yesterday, Today and Tomorrow. Middle East Economic Survey. http:llwww.oilonline.comlnews.
27. Naciones Unidas. Ob. cit- p. 125.
28. Agencia Internacional de Energía. "Balances energéticos de los países de la OCDE", en Energy in Japan. Citado por Manuel Cervera en Globalización japonesa, Siglo XXI, en coedición con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 1996, pp. 62-63.
29. Fadhil J. Chalabi. «OPEP El obituario", Foreign Policy Global, marzo, 1998, ñ 2, edición venezolana, pp. 24-25.
30. Erwin Arrieta Valera. "Conversación a dos voces", entrevista realizada por el doctor Héctor Malavé Mata, en Revista Nueva Economía, Academia Nacional de Ciencias Económicas, año VII, n 11, octubre de 1998.
31. OPEP Bulletin, mayo 1996.
32. OPEP Monthdy M Market Report, diciembre 1998.
33. Lester Thurow. En conferencia de líderes y visionarios sobre el tema "Apertura al siglo XXI", celebrada en la CIED. El Universal, 'Caracas, 2:1-11-1996.
34. Respecto de esto, el gerente de planificación de la Coordinación de Exploración y Producción de Pdvsa, Vicenzo Paglioni, declaró que "...los crudos de estos campos son principalmente livianos y -medianos...». El Globo, Caracas, 19-09-1'997.
35. El Nacional, Caracas, 02'-06-1997.
36. Ibid, 08-06-1997.
37. A este respecto, el presidente de Pdvsa, declaró: "...se trata, por lo general, de campos con problemas complejos, que ameritan el uso de capital y tecnología de gran calibre para su explotación". El Universal, Caracas, 07-06-97.
38. Alan J. Viergutz. "Apertura sí, peaje no", El Nacional, Caracas, 12-01-97.
39. Para conocer esta problemática, ver Gastón Parra Luzardo. De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbe de una esperanza. Publicación del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos (CEELA). EdiLUZ, tercera edición, Maracaibo, 1998.
40. Cfr. Gaceta Oficial N° 35.293, del 09-09-93.
41. Cfr. Ibid., n° 35.754 del 17 de julio de 1975.
42. Cfr. Ibid., n° 35.988 del 26 de junio de 1996.
43. El Universal. Suplemento Especial, Caracas, 29 de mayo de 1998.
44. Para conocer esta problemática, ver Gastón Parra Luzardo: "Hacia la privatización petrolera. La metamorfosis de un proceso", revista Nueva Economía, Academia Nacional de Ciencias Económicas, año 6, n° 8, abril 1997.
45. Véase Proyecto de Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos a 'la Participación de los Particulares. Copia -mimeografiada.
46. Sobre este particular, Bernard Wheelahan, presidente de la Corporación Shell en Venezuela, afirmó: "Hay posibilidades para lograr ganancias: primero, precios más altos en la calle o precios de suministro más bajos por parte de PDV y, en segundo lugar, más subsidios, pero no creo que ésa sea la política de este gobierno" (destacado nuestro), El Nacional, Caracas, 10-03-98.
47. Cfr. Estudios elaborados por la Contraloría General de la República, durante los años 1989 y 1990. Copia mimeografiada. Caracas.
48. Cfr. Gaceta Oficial N° 36.337, del 19-11-97. Posteriormente fue dictada la Resolución N° 075, del 12-03-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.413 del 13-03-98.
49. Economía Hoy, Caracas, 05-03-98:
50. Cfr. Gaceta Oficial N° 36.537, del 11-09-1998.
51. El Globo, Caracas, 05-09-1998.
52. El Nacional, Caracas, 06-09-1998.
53. Ibid., 07-09-1998. Declaraciones del Ministro en el acto de clausura de la Asamblea Anual de Fenegas, en Podamar, estado Nueva Esparta.
54. Cfr. Economía Hoy, Caracas, 24-09-98.
55. El Globo, Caracas, 13 de mayo de 1996.
56. Cfr. Gaceta Oficial N° 35.791 del 7 de septiembre de 1995; N° 35.939 del 15 de abril de 1996 y N° 36.248 del 15 de julio de 1997.
57. Cfr. PODE del Ministerio de Energía y Minas, 1997.
58. El Universal, Caracas, 27 de enero de 1999.
59. El Globo, Caracas, 30 de enero de 1999.
60. Para conocer esta problemática, ver Gastón Parra Luzardo. "El proceso de ajuste y los precios estatales. Un análisis del mercado interno de la industria petrolera venezolaná', Cuadernos Latinoamericanos n° 8, Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos (CEELA), año 1993.61. En el informe anual de Petróleos de Venezuela, 1995, en el mensaje del presidente se lee: "En 1995 avanzamos en otras iniciativas de apertura, cuyos resultados se verán en el corto plazo como la reforma del marco legal petroquímico, destinado a una mayor apertura del sector, incluyendo la eventual privatización de Pequiven", p. 11.
62. Cfr. Gaceta Oficiad N° 36.537, del 11-09-98.
63. Diego Luis Castellanos. «La pandemia del privatismo", revista Nueva Economía, n° 10, año 7. Academia Nacional de Ciencias Económicas, Caracas, 1998.
64. Cfr. Pdvsa webmasterc@pdvsa.pdv.com.
65. Pdvsa. Informe Anual 1997, p. 22.
66. Gaceta Oficial N° 36.463, del 28 de mayo- de 1998.
67. Petróleos de Venezuela, S.A. Informe Anual 1997, p. X.
68. _ La London School of Business llevó a cabo recientemente una investigación, en la que trataba_de determinar los modelos organizacionales que favorecen la flexibilidad, la productividad y. la innovación. La metodología que empleó va mucho mías allá de las estructuras formales, trata de detectar los modelos reales operantes. Encontró en el campo cuatro variedades centrales de modelos. El tipo Zeus, "...el tipo Apolo, el tipo Dionysius y el tipo Atenas". Cfr. Bernardo Kliksberg, Pobreza, -el drama cotidiano: Publicaciones del CLAD y del Programa de las Naciones Unidas para el' Desarrollo, Editorial Norma, 1,995, pp. 58-59.
69. Cfr. El Universal, Caracas, del 24-04-96 y del 29-05-98.
70. Cfr. Gaceta Oficial N° 35.991, del 01-07-96.
71. Cfr. El Nacional y El Universal, Caracas, 03-07-98.
72. Cfr. Gaceta Oficial N° 35.882, 18 de enero de 1998.
73. Pdvsa, Ob. cit., p. 90.
74. Ibid., p. 89.
75. Gaceta Oficial N° 4.921 Extraordinario del 16 de junio de 1995.
76. Cfr. Ramón Espinasa, economista jefe de Pdvsa. "El marco fiscal petrolero venezolano, evolución y propuesta'. Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional de Economía sobre Regímenes Fiscales en Economías Petroleras, BCV, Caracas, del 19 al 20 de octubre de 1998.
77. Pdvsa, ob. cit., p. 7.
78. Cfr. Fortune, agosto 1998.
79. D.E Maza Zavala. Crisis y política económica, 1989-1996 Coedición Academia Nacional de Ciencias Económicas, UCV y LUZ, Caracas, Editorial Metrópolis, C.A., 1996, p. 50.
80. El Nacional, Caracas, 15-12-1998.
81. El Universal, Caracas, 22-03-1998.
82. El Nacional, Caracas, 28-02-1998.
84. Ibid., 16-03-1998.
85. El Universal, Caracas, 20-07-1998.
86. "Conversación a dos voces", en revista Nueva Economía, pp. 200, 201 y 205.
87. Panorama, Maracaibo, 19-03-1998.
88. Ibid., 14-03-1998.
89. El Nacional, Caracas, 07-06-1997.
90. El Universal, Caracas, 13-03-1998.
91. Fundapatria. "Un perfil de país y de gobierno para Venezuela". Encartado en El Nacional, Caracas, 22-11-1998.
92. Daniel Yergin. La historia del petróleo, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1992, p. 1013.
93. Banco Central de Venezuela. "Informe del Primer Trimestre de 1998", Caracas, junio de 1998. Copia mimeografiada.
94. Panorama, Maracaibo, 12-02-1998.
95. El Globo, Caracas, 21-01-1998.
96. Cfr. El Nacional, Caracas, 08-04-1998.
97. Cfr. del Banco Central de Venezuela, "Informe primer semestre de 1998", Caracas, copia mimeografiada.
98. La generación de ingresos se previó a través de una mayor recaudación aduanera, por ingresos extraordinarios y por incremento de los dividendos provenientes de Pdvsa.
99. OPEP, Ob. cit.
100. Panorama, Maracaibo, 09-11-98.
101. Cfr. El Universal, Caracas, 14-07-98.
102. Cfr. El Nacional, Caracas, 26-11-98.
103. Webmaster@pdvsa.pdv.com. 12 agosto de 1998.
104. Según el Ministerio de Energía y Minas, PODE 1997, el número de trabajadores de la industria petrolera, al considerar la media entre el personal a principio y fin de año de las empresas operadoras, pasó de 39 mil 611 en 1994, a 36 mil 606 en 1997.
105. Candidatos presidenciales en la contienda electoral de 1998, como Irene Sáez, Claudio Fermín, Luis Alfaro Ucero, Miguel Rodríguez, Henrique Salas Rómer, coincidieron en la conveniencia de aumentar la producción petrolera. Véase El Globo, Caracas, 30-09-98 y 15-10-98 y Economía Hoy, Caracas, 15-10-98. El presidente de Fedecámaras, ingeniero Francisco Natera, señaló que "...nuestra política petrolera debe ser independiente y, en ese sentido, debemos reasumir el programa de aumento de nuestra producción y exportaciones". El Globo, Caracas, 12-09-98. Luis Eduardo Paúl, presidente de la Cámara Petrolera, afirmó que: "Hoy por hoy no entiendo para qué sirve la OPEP Hay que declarar un estado de emergencia nacional y expresar que no podemos seguir tolerarido los recortes que habíamos prometido, para evitar que siga profundizándose la crisis". Federico Ramírez León, presidente de la CTV, declaró que "El gobierno debe realizar planteamientos de la crisis fiscal en la OPEP.. -y abogó por- ...la necesidad de que no sigan reduciendo los volúmenes de producción, por que eso sería un elemento que contribuiría, de manera determinante, a generar despidos y, algo más, puede poner en peligro la estabilidad de muchas empresas prestadoras de servicios a la industria petrolera". Panorama, Maracaibo, 13-09-98.
106. Cfr. Banco Central de Venezuela, "Mensaje del Presidente", 1998. Copia mimeografiada.
107. Para 1998, según el Ministerio de Energía y Minas, el precio promedio de realización fue de US$ 10.63 (Economía Hoy, Caracas, 05-02-99) y el volumen exportado alcanzó a 2.991.000 b/d. Otros cálculos sitúan el precio promedio en US$ 10,76 y la exportación en 3.100.000 b/d.
108. BCV Documento citado.
109. Héctor Malavé Mata. Contestación al discurso de incorporación de la doctora Sarah Orestes de Pareles
a la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Copia mimeografiada. Caracas, 02-12-1998.
110. Panorama, Maracaibo, 03-06-95.
111. El Universal, Caracas, 03-06-95.
112. El Globo, Caracas, 07-12-95.
114. Cfr. Gastón Parra Luzardo. De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbe de una esperanza. Capítulo VII: La internacionalización petrolera. Publicaciones del CEELA, Maracaibo. EdiLUZ, tercera edición, 1998.
115. Cfr. Ricardo Escalante, Telmo Almada y Marianela Palacios. "Pdvsa vende petróleo con descuentos a sus filiales en el extranjero", El Nacional Caracas, 17-11-1998.
116. D.F. Maza Zavala. "Crisis y transformación", copia mimeografiada, 1989.

* Trabajo publicado en la revista "Nueva Economía", editada por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, año VIII, No. 12, Caracas, abril 1999 (pp.211-298)

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