Asamblea Nacional (R.I.P.)
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) - 21/01/07
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 Las diputadas Cilia Flores e Iris Valera son dos expresiones –una reposada, y la otra exaltada- de la muerte progresiva e indefectible de la actual Asamblea Nacional, convertida en una dependencia del Poder Ejecutivo, sin brillo ni potencial propio. Nada personal: a ambas las respeto y valoro en su justa dimensión, pues esfuerzos valiosos han protagonizado, a su manera.
El problema es de fondo, e involucra a todas y todos los miembros de la AN, a nuestra población y, muy especialmente, a quienes nos dedicamos a lo público, a pensar y actuar en política (no en politiquería ni en los negocios sucios que arruinan la lucha social y política). Sus antecedentes inmediatos están en la naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 (su forma de elección, componentes, actitudes y propósitos) y en su principal producto, la Constitución vigente.
No me cansaré de reiterar que el peor condimento de nuestra Constitución es la hipertrofia presidencialista que le inocularon los constituyentes de 1999: hicieron de la figura del Presidente de la República un cuasi-monarca, con tal potencial de poder que hizo de la representación popular nacional, la Asamblea Nacional, un Poder Legislativo prescindible. De hecho, el Jefe del Estado está capacitado constitucionalmente para legislar en Consejo de Ministros, previa autorización de la AN, en cualquier ámbito de la vida republicana, desde el militar hasta el cultural, lo económico o agrícola, lo científico-tecnológico o lo policial.
La Constitución de 1961, en su artículo 190 referido a las “atribuciones del Presidente de la República”, establecía: “8º.- Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial”. Esta sabia previsión constitucional fue considerada insuficiente por los constituyentes de 1999, y le fue eliminada la restricción a la “materia económica o financiera”, decretando la prescindencia del parlamento nacional, dado que su competencia esencial en el cuadro interactivo de los Poderes Públicos es la reserva legislativa, la cual sólo debe ser delegada temporal y limitadamente en situaciones excepcionales y bajo estricta observación parlamentaria.
 Esa previsión octava del 190 constitucional de 1961, fue aplicada recurrentemente desde el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) y su presentación al Congreso de la República, inicialmente, era prolija, pormenorizada punto por punto y ley por ley objetos de modificación. Es lo que conocemos en Venezuela como “Ley Habilitante”, pues es el Poder Legislativo el que habilita (autoriza) al Poder Ejecutivo (Presidente en Consejo de Ministros) a legislar excepcionalmente. Luego, como todo en el régimen bipartidista consolidado en Venezuela a partir de las elecciones de 1973 que dieron un rutilante triunfo a Carlos Andrés Pérez (1974-1979), las leyes habilitantes fueron creciendo en cobertura, de hecho, y en delegación facilona por parte del Congreso, hasta que prácticamente se llegó a descargar en el Poder Ejecutivo la materia legislativa, a comienzo de cada período presidencial. Así fue con los últimos tres presidentes: Carlos Andrés Pérez (1989-1993), Rafael Caldera (1994-1999) y Hugo Chávez Frías (1999-2000, 2000-2007 y 2007-¿?).
En la Constitución vigente, la habilitación del Presidente para legislar en Consejo de Ministros, es abierta: “Artículo 236.- … 8) Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.” Entiéndase, en todas las materias, un exabrupto. Pero, así fue y es la responsabilidad de los constituyentes de la época. Esa es la base del nuevo zarpazo político en desarrollo, en contra de la independencia y el equilibrio entre los Poderes Públicos, reducidos peligrosamente al influjo del Jefe del Estado; y ahora más, con la gravísima constitución de la “Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional” en la que la presidenta del Poder Legislativo, el Fiscal general de la República y el Defensor del Pueblo (Poder Ciudadano) y la presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pasaron a ser subalternos del Presidente de la República.
 Materia tan delicada como la militar le será entregada (o es solicitada por el Ejecutivo) al Presidente y su alto mando militar, quienes se cobrarán y darán el vuelto, fabricando un suprapoder exclusivamente dependiente del Jefe del Estado, de por sí ya lesionada constitucionalmente la potestad legislativa sobre la vigilancia, el control y las decisiones atinentes al cuerpo militar de la República.
Sólo un ejemplo, pero todo lo demás, en la solicitud de habilitación, es igual: el Presidente podrá reorganizar el Poder Ejecutivo (escapando al control legislativo, lo que también fue prácticamente eliminado en la Constitución de 1999); reformular las pautas del transporte terrestre, aéreo y naval; reducir o eliminar la relativa independencia del Banco Central de Venezuela; normar las políticas del saber científico y los desarrollos tecnológicos; innovar en cuanto a la “función social de la propiedad”; y hasta cambiar la división político-administrativa de la nación, exabrupto mayor, competencia básica de la Asamblea Nacional (Estados y Territorios), los Consejos Legislativos regionales (municipios) y los Consejos Municipales (parroquias).
No escaparon tres áreas sensibles que revelan el fracaso de la gestión Chávez, durante sus primeros ocho años de gobierno: delincuencia y política carcelaria, infraestructura y vivienda. Asistimos a una simplificación bonapartista del poder, con aires autocráticos y monopartidistas, todo gracias a la complacencia de un coro de aplaudidores que antes se distinguían por su capacidad crítica, y también por la carga de ignorancia democrática y humanista (equilibrio y contrapeso entre los Poderes Públicos, no hay otra), en el seno de la Asamblea Nacional. En política, aciertos y errores se acumulan en paralelo, como el “debe” y el “haber” en la contabilidad, en la cual el “rojo rojito” significa quiebra, tarde o temprano.
EL CONFESIONARIO
• EL 36 ANIVERSARIO DEL MAS (Movimiento al Socialismo), sirvió el viernes pasado, para un reencuentro de quienes a partir del 19 de enero de 1971, rompimos con la visión dictatorial del socialismo y nos formamos en la búsqueda del socialismo democrático liberador, antiimperialista y profundamente justiciero. En marzo de 1996, siendo diputado al Congreso de la República y miembro de la Dirección Nacional de ese partido, yo renuncié públicamente al MAS, por motivos ideológicos y éticos, que con el correr de los años se fueron profundizando, hasta el desdibujamiento de hoy. Acompañé a mis ex compañeros de militancia, atendiendo su invitación y por afectos humanos y políticos que nunca se borrarán en mi rebelde espíritu.
Felicito a su militancia, actualmente atribulada por los magros resultados del pasado 3 de diciembre; y a la vez, estimulo a sus dirigentes honestos y fieles a los conceptos básicos de la fundación del MAS, para que desarrollen una discusión ennoblecedora y digna a fin de transformarlo y reposicionarlo al servicio de la nación y los desarrollos populares democráticos. Sólo rompiendo con la corrupción y la derechización podrán resurgir útilmente, contribuyendo a desarrollar un torrente político y social alternativo frente al autocratismo militarista y las pretensiones restauradoras del neoliberalismo y los factores decadentes del puntofijismo.
 • FREDDY BERNAL, alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, tiene sobre su cabeza, como todos los comienzos de años, la realidad social, económica y política de la buhonería. No podrá meterla debajo de la alfombra, como el polvo de casa. En ocho años de gestión nacional, regional y municipal, Caracas se ha hundido en el desorden, el sucio, el abuso y la delincuencia. El tratamiento de tal caos ha sido irresponsable y demagógico, electorero. No es que los buhoneros tengan “derecho” a invadir, privatizar y destruir los espacios públicos como plazas, bulevares, aceras, calles y avenidas, en nombre del “derecho al trabajo”, pero, a fin de cuentas, ese vasto conglomerado de compatriotas es víctima de las injusticias acumuladas y los fracasos sostenidos de gestiones como la de Bernal, entre otros, muchos otros.
Caracas, siempre lo he dicho, es víctima de quienes durante décadas han dado la espalda a la indispensable visión estratégica para el desarrollo capitalino. Nombres conocidos como Antonio Ledezma, Aristóbulo Istúriz, Grüber Odreman y Alfredo Peña suman una montaña de precedentes lamentables en la victimización de Caracas y sus habitantes. ¿Cuántos años de fracasos acumulados? Cada vez que paso por la avenida Nueva Granada y veo (sufro, como todo transeúnte) esa ofensa a la dignidad que es el “Terminal La Bandera”, pienso en esa irresponsabilidad compartida.
 El reordenamiento de la ciudad no es cuestión de slogans publicitarios. Requerimos una nueva cultura de responsabilidad social, solidaridad, eficiencia y capacidad política y gerencial para incorporar a nuestra población al proceso de saneamiento y revitalización urbana para una Caracas realmente contemporánea, moderna y futurista. Juan Barreto, alcalde metropolitano, debería ver Caracas desde el Ávila, observar detenidamente lo que somos y empinarse por encima de la diatriba enana que involucra a los alcaldes municipales de Libertador (Bernal), Sucre (Rangel Ávalos), Chacao (López), Baruta (Capriles) y El Hatillo (Catalán). ¡Ah!, también, el presidente Hugo Chávez, sus ministros y el gobernador mirandino Diosdado Cabello. ¿Y los diputados y diputadas de Caracas, Miranda y Vargas? ¿Será mucho pedir que articulen conocimientos, estudios, voluntad y competencias en bien de nuestra querida “Sucursal del Cielo”?
• HUMMER AMARILLA perteneciente a un hijo de papá-gobernador estaría implicada en un crimen pasional. Así me lo contaron, obviando nombres: la novia dejó al joven adinerado hijo de papá-gobernador, quien ofuscado por el despecho le dijo a la muchacha que si se relacionaba con otro hombre, éste sería víctima de su furia; “!Lo mato!”, bramó amenazante. Al tiempo, la joven comenzó relaciones amorosas con otro muchacho, y a los días éste es sorprendido por unos homicidas que se transportaban en una camioneta Hummer amarilla. Está muerto, sus familiares y amigos están aterrorizados. Todo es silencio… Un caso para el nuevo ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño, la Fiscalía General y el Poder Judicial. ¿Saben algo? ¡Justicia!!!
[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com
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