Entre militares te veas
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) - 18/02/07
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 El ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, encabezó un acto protocolar de alta significación, el pasado jueves 15 de febrero, flanqueado por su tocayo el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, ambos abogados y políticos de dilatada trayectoria. Un acto exultante, evidentemente autorizado por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y teniente coronel en situación de retiro (“pensionado prematuro”).
Un tema complejo
Si no se tratara del cuerpo armado de la República y de la conjunción de Poderes Públicos demostrada, en medio de un proceso de concentración de poder sin precedentes en la vida democrática venezolana, pues ese acto hubiese sido uno más de los rituales militares bañados de jerarquía y obediencia. El tema no es ligero; por el contrario, es denso y trascendente.
Saga de abuso de poder y latrocinio
Con aires épicos arrancados de la gesta política, social y militar de la independencia latinoamericana, durante el primer cuarto del siglo XIX, se quiere idealizar una casta militar en pleno siglo XXI, omitiendo los antecedentes de violación de derechos, peculado y abuso de poder que caracterizó las ejecutorias de quienes entre 1830 y 1958 dominaron, casi ininterrumpidamente la saga del poder en Venezuela.
Hito civilista democrático
La revuelta antidictatorial que desembocó en el “23 de Enero” de 1958, -nuestra tercera más importante gesta histórica (después de la Independencia Nacional y la Guerra Federal), a pesar de haber sido traicionada por los civiles y militares asociados con el imperialismo estadounidense, al son de la bipolaridad de la “Guerra Fría”, en contra de los intereses populares- marcó un hito civilista democrático en la Venezuela del siglo XX.
 La mayoría del pueblo, expresada en las luchas de la resistencia y la Junta Patriótica que presidió el periodista Fabricio Ojeda, fue macerando su contundente decisión democrática, bajo la conducción de la dirigencia clandestina de los partidos políticos de la época: Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Socialcristiano COPEI. El error histórico de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, reunidos en Nueva York, en 1957, protocolizado en el “Pacto de Punto Fijo”, en 1958, descargó sus consecuencias sobre la naciente vida democrática nacional, por sus aires macartistas excluyentes del PCV como fuerza clave de la construcción democrática y popular.
Aquella impronta betancourista, respaldada por Caldera y Villalba, generó desde el poder una división frente al PCV y sus esferas de influencia (social, política, militar), y a lo interno de las dos más importantes fuerzas políticas democráticas del momento, AD y URD, lo que se manifestó en el Congreso Nacional (el gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados), en las calles y en el crecimiento y nacimiento de movimientos políticos revolucionarios que fueron a dar a la lucha guerrillera de los años sesenta y setenta. Un desastre nacional que también fracturó a las FAN, ensangrentó al país y corrompió a las fuerzas militares y policiales del gobierno, cuyos agentes se dedicaron –con apoyo y asesoría de USA- a la persecución, la tortura y el asesinato de los alzados en armas y de quienes le daban apoyo en ciudades, pueblos y caseríos.
Correspondió a Rafael Caldera (COPEI), en su primera presidencia (1969-1974) enmendar lo actuado durante los gobiernos represivos de Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969), ambos fundadores de AD. Lanzó su aún no bien ponderada “Política de Pacificación”, facilitando la reinserción democrática de la mayoría de los alzados de izquierda, ya derrotados militar y políticamente.
Genocidio impune
 Los mandos militares se asociaron a las perversiones del poder, y minorías críticas de oficiales, recurrentemente, fueron expresando su rechazo al estado de cosas, hasta que en 1989, durante los sucesos desencadenados el “27 de Febrero”, el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y su alto mando militar descargaron una furia represiva sanguinaria y criminal sin precedentes, en contra de revueltas populares desarmadas que protestaban ante un paquete de medidas económicas restrictivas.
Falsificación de la historia
Las manifestaciones en contra del sistema político corrompido y su naturaleza antipopular represiva (violadora de los derechos humanos) fueron múltiples, en todos los órdenes, y el ámbito militar no podía ser la excepción: las rebeliones militares de 1992, fueron reflejo de aquel colapso político, económico y social. Una expresión más de aquellos convulsivos tiempos; y sus actores deberían tener la suficiente humildad como para reconocer la acción y la sapiencia de quienes desde el ámbito político y las barricadas populares nos confrontamos históricamente con aquel estado de cosas.
Lo otro sería una falsificación inadmisible de la historia, lo que parece gustar a quienes hoy copan posiciones clave de poder.
Corporización militar
 Hoy, la tendencia militarista del presidente de la República es manifiesta. En sus autoalabanzas cotidianas, lo militar y su condición de teniente coronel se desparraman y bañan cualquier otra de sus facetas: político consumado, jefe del poder civil y del Estado, o primer magistrado de la nación.
Gusta refocilarse en sus vivencias militares de cuartel. Ello motiva la simplificación maniqueísta de la vida que rige su óptica, pero sobre todo indica el rumbo que le ha impuesto al cuerpo militar de la República, desde que en 1999, con la nueva Constitución, obtuvo el mando absoluto sobre la FAN, excluyendo totalmente al Poder Legislativo, salvo en la materia legislativa propiamente, que ha sido rendida indecorosamente por los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, con la vigente “Ley Habilitante”.
Vamos directo a la corporización de la Fuerza Armada Nacional, un coto cerrado peligrosísimo, sobre el cual el país debe volcar el máximo de su atención. El tema militar es delicado en todo tiempo. Su consideración política restrictiva no sólo es necesaria sino justa e indispensable, en cualquier sociedad y más en los países de América Latina y el Caribe, donde el rol de los militares en el ámbito del poder ha dejado huellas dolorosas, horribles muchas de ellas; y Venezuela no es la excepción, como se ha querido y quiere establecer en una relectura de la historia, en la cual heredamos y exaltamos una supuesta bondad del poder militar, ocultando sibilinamente sus atrocidades.
La fuerza militar, democráticamente hablando, debe ser contenida y enmarcada restrictivamente desde el punto de vista legal, por la propia naturaleza de las fuerzas militares y sus fines tácticos y estratégicos. Su corporización es regresiva por inconveniente. ¿Y cómo lograrlo si son los propios militares quienes hacen “sus” leyes?
Error histórico
El Poder Ejecutivo tiene la potestad de presentar proyectos de leyes ante la Asamblea Nacional, y en el delicado ámbito militar tiene esa prerrogativa, afincada en la experiencia y criterios de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahí, ello es racional, lógico, en este y en cualquier gobierno. Pero lo que es irracional e ilógico es que la AN haya rendido su facultad suprema de revisar, adaptar y limitar la futura legislación militar venezolana, otorgando poderes extraordinarios para legislar al Presidente de la República. Esto ha sido un error histórico sin precedente, en la vida democrática venezolana y mundial.
Una barbaridad
 La nueva estructura de la FAN saldrá de las once comisiones nombradas por el ministro Baduel y el alto mando militar, con la obvia autorización del presidente Chávez. Se cobrarán y darán el vuelto: Ley Orgánica de la FAN, Ley de Disciplina Militar, Ley de la Reserva, Ley de Participación de la FAN en el Desarrollo Nacional, Ley de Seguridad Social de la FAN, Ley de la Carrera Militar, el Código Orgánico de Justicia Militar, y las opciones de reforma constitucional para el ámbito militar, ¡nada más y nada menos!, saldrán en marzo de los cuarteles hacia la mesa presidencial en Miraflores, y de ahí a la Gaceta Oficial. ¡Qué barbaridad!
La FAN y sus altos mandos no sienten sobre sus hombros el peso del poder civil, al cual se deben. Su dependencia sólo está determinada por el mando omnímodo del Comandante en Jefe, en este caso su colega militar Hugo Chávez Frías. Si algún vigor quedaba en la letra constitucional a favor de la majestad de la Asamblea Nacional, acaba de ser desechado. Si ya, políticamente, la AN venía con plomo en sus dos alas por la hecatombe electoral del 4 de diciembre de 2005 (75% de abstención y 7% de votos nulos), ahora sus diputados y diputadas se acaban de echar tres metros de tierra encima, especialmente ante el cuerpo militar venezolano.
La fuerza corporativa militar está en aumento, dentro de los cuarteles y en la estructura del Estado venezolano. Esa corporización llega hasta los militares en situación de retiro que ejercen cargos públicos, electivos (gobernadores, alcaldes, legisladores, concejales, etc.) o designados (ministros, presidentes de empresas e institutos del Estado, etc.). Si no fuese por las características del régimen actual, podríamos compartir la “normalidad” del empleo de la capacidad profesional de los militares, como cualquier participación profesional civil en todas de las áreas de vida. Sin embargo, estos ocho años han sido un lapso protuberante de corrupción e incompetencia, de padrinazgos y amiguismo lindantes con el manejo mafioso del poder.
Los “privilegios” –mal entendidos- de la vida militar han sido trasladados al ámbito civil, en forma ventajista, y ahora viene toda la carga de la autolegislación corporativa militar. El presidente Hugo Chávez –no el “militar” sino el máximo representante del Poder Civil, hoy en Venezuela-, tiene la responsabilidad histórica de revertir el grave error cometido: ni una sola de esas leyes militares deben ser aprobadas en Consejo de Ministros; los proyectos, todos, deben ser enviados a la Asamblea Nacional, para que sean considerados democráticamente, públicamente, ante la nación y el mundo. No puede haber “secretos” ni “sorpresas” en esta materia.
 En esto no vale el timo militar, ni el maquiavelismo para derrotar contrarios o “enemigos”. Los venezolanos y venezolanas queremos vivir civilizadamente, dentro de los equilibrios democráticos propios del siglo XXI. En los anaqueles de la historiografía política, deben quedar las experiencias concentradoras de poder y, especialmente, las referidas al “poder” de los militares, quienes en todo tiempo deben estar bajo los mandos institucionales de la sociedad, y por tanto les está vedado autoregularse, pues en sus manos está el poder de fuego que les ha entregado la República, en nombre del pueblo soberano.
No se trata de “envidia” o “celos” civiles frente a los “privilegios” de los militares. Es una seria postura en contra de la corporización militar, en esta Venezuela del siglo XXI; un rechazo firme del previsible abuso de poder que pueda desencadenar una legislación irresponsable que termine por “independizar” al cuerpo militar de la República, hasta el punto de recolocarse por encima de los Poderes Públicos, sólo dependiendo del mando unipersonal, bonapartista, del Jefe del Estado. Corremos el riesgo de retroceder, salvando distancias, a las épocas del perezjimenismo y el gomecismo, con envoltura “democrática”.
[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com / mim_consultores@yahoo.com
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