La caracterización del modelo representativo venezolano reside en la impunidad frente a los hechos de corrupción. Es una larga historia iniciada desde la conformación del Pacto de Punto Fijo porque la carencia de institucionalidad se reemplazaba con decisiones cupulares y concesiones a los factores de poder gobernantes.

La venta del Hotel Tamanaco, la “chatarra argentina”, la “chatarra militar”, el affaire de las máquinas electorales, la crisis financiera de los bancos y los seguros ocasionada por el dolo más pedestre, las notas promisorias de Bandagro, son entre muchísimos casos de los que se me vienen a la mente, ejemplo de esta senda permisiva.

Asimismo, en materia de derechos humanos la trayectoria es amplísima. Desde las desapariciones y torturas en los Teatros de Operaciones efectuadas por los alumnos castrenses de la Escuela de las Américas, los asesinados por los organismos policiales (Jorge Rodríguez, Alberto Lovera, Donato Carmona, los hermanos Pasquier), pasando por las sempiternas razzias en los barrios de excluidos sociales, los crímenes por encargo y de ajustes de cuentas ocurridos diariamente, hasta las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo y La Paragua, son muestras del espantoso devenir en esta materia.

Si embargo, el hecho más aciago conocido por nuestra historia contemporánea es la insurrección acaecida el 27 de febrero de 1989. Fue un alzamiento en contra de la globalización ejecutada por la segunda administración de C.A. Pérez siguiendo las pautas del Consenso de Washington. Difícilmente en la existencia republicana se conozca una masacre tan patética como la del “sacudón”.

La aspiración popular de no aceptar el pesado fardo del sacrificio ocasionado por una estructura de poder perversa fue ahogada en sangre. Las fuerzas armadas y las policiales ejecutaron a más de tres mil personas según la cuantificación de los organismos de derechos humanos, superior a los trescientos admitidos por la versión oficial.

No obstante, a más de dieciocho años del “caracazo” no existen responsables de la matanza. Todos los procedimientos penales fueron diluidos por la parálisis y luego por sentencias absolutorias, denotativas de la complicidad del poder con los fusiles cobardes extinguidores de vidas. El colmo fue una sentencia del año pasado del máximo tribunal, sobre la horrenda ejecución de Crisanto Maderos en La Pastora, aplicando la prescripción a esta clase de delitos imposible de llevar a cabo  en hechos punibles de lesa humanidad.

Es una deuda histórica del Estado con la sociedad. La impunidad de un genocidio de esta envergadura se traduce en un modelo a seguir y en una referencia para los conductores del poder. Es una expresión más de la descomposición que arropa a los entes cupulares sostenidos por una bonanza fiscal derivada de una coyuntura pasajera de los precios del oro negro. Pero su ilegitimidad cada día se manifiesta más. El 27-F es un significante de este atributo del régimen populista.           

[*] Humberto Decarli / E-mail: hachede@cantv.net

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