El rojo mar chavista de delincuencia
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) - 18/03/07
|
A mis profesores Jesús Sanoja Hernández y Gilberto Alcalá, docentes universitarios y periodistas ejemplares, amigos, profundamente honestos.
 El presidente Hugo Chávez Frías carga sobre sus hombros la muerte violenta de decenas de miles de hombres, mujeres y niños, a manos de la delincuencia, durante los ocho años de su gobierno, lapso en el cual la espiral criminal se ha más que duplicado entre 1999 y 2006.
No puede negar ni evadir esa responsabilidad histórica como gobernante fracasado, junto a la estela de ministros del Interior y Justicia que ha nombrado, desde que el tristemente famoso Luis Miquilena Hernández inauguró esta increíble saga de irresponsabilidad, incompetencia, corrupción y muerte, que estamos sufriendo en Venezuela, con el pomposo nombre de “revolución bolivariana”.
Entre Luis Miquilena –dos veces ministro de esa cartera- y Pedro Carreño, la marrullería ha sido la norma, sin esconder la tendencia presidencial a la militarización de la gestión pública en materia de seguridad, cuya consecuencia directa ha sido el fracaso. La acumulación durante ocho años, del manejo incompetente de tan importante área de gobierno –la segunda más importante después de la jefatura del Estado- ha descargado terribles consecuencias sobre la sociedad: Venezuela carece de una verdadera política antidelictiva, de aseguramiento de la integridad física de las personas y el resguardo de bienes materiales privados y públicos.
El miedo se palpa, el temor corre silvestre. Homicidios, drogas, atracos y robo de los dineros públicos constituyen un mar chavista de delincuencia, que ya es insoportable e inocultable, como bien lo han manifestado recientemente miles de conductores del transporte público, víctimas de atracos y homicidios en las principales ciudades del país. La fracasada administración del presidente Chávez, nos ha metido en un túnel de temor social, familiar e individual por el creciente empuje de la ofensiva delictiva, que sólo en 2006 –según cálculos extraoficiales, porque los oficiales no se conocen- podría contabilizar más de doce mil personas asesinadas.
 Él es el principal culpable del desastre de asesinatos en calles y hogares de ciudades y pueblos de todo el país. Ya no puede más, seguir intentando maquillar ese drama de sangre y muerte, que enluta a decenas de miles de familias venezolanas. Sin exageraciones, vivimos en un baño de sangre y violencia delictiva que ha penetrado todos los estratos sociales, sin fronteras políticas o ideológicas, en zonas urbanas y rurales. Todas las encuestas de opinión pública revelan que el desmadre delictivo es el principal problema para la población venezolana, menos para Chávez y sus ministros.
La población venezolana vive aterrorizada, pues aunque grave y tremendamente sensible, el problema no se restringe a los asesinatos de personas inocentes víctimas del hampa. Se agrega el impacto social (humano) de la muerte violenta de miles de jóvenes involucrados en mafias delictivas que se enfrentan a la policía o se matan entre bandas a cielo abierto, o dentro de las podridas e inhumanas cárceles venezolanas, que tampoco han sido saneadas durante los ocho años del gobierno de Chávez.
La madeja delictiva venezolana se ha enseñoreado dentro de las policías y cuerpos militares como la Guardia Nacional de Venezuela. Policías nacionales, regionales y municipales están infectadas de agentes delincuentes que comienzan extorsionando a traficantes de drogas y bandas de atracadores y homicidas para dejarlos en libertad o instruir deficientemente los expedientes que van a los tribunales, y terminan matando y robando junto a los bandidos que debían combatir, muestra de la corrupción moral que se ha multiplicado durante la gestión Chávez.
Es terrible lo que ocurre en Venezuela. En esta materia, Chávez es un gobernante fracasado, estrepitosamente fracasado. La “habilidad” o capacidad de maniobra de Chávez y los altos funcionarios de su gobierno que lo acompañan en el intento de maquillar la dramática situación, se les está revelando como una estupidez. Los organismos policiales dejaron de informar oportuna y verazmente sobre las tasas delictivas discriminadas, pues pretenden esconder que durante los últimos tres años ha habido un promedio de diez mil personas asesinadas, la mayoría de ellas menores de cuarenta años, uno de los más altos índices mundiales de homicidios, a razón de unos 40 muertos por cada cien mil habitantes.
Tampoco lo informan debidamente los ministerios de Salud y Planificación (Instituto Nacional de Estadísticas, INE), cuyas estadísticas son base para toda evaluación y planificación de políticas públicas, nacional e internacionalmente. Quieren esconder la basura debajo de la alfombra. Pero, las decenas de miles de hombres, mujeres y niños asesinados cotidianamente en Venezuela, no son basura, son seres humanos con familias los lloran y sienten el vacío de la muerte violenta y temprana de sus seres queridos. Independientemente de su condición social o si fueron personas inocentes o desviadas en su conducta, en estos casos producto de los desajustes de la sociedad y del fracaso de las políticas públicas, lo que tampoco pueden negar.
Necesario es enfatizar que el problema de la delincuencia no se reduce a los homicidios, que ya es bastante muestra de desajustes y agresión a la población venezolana. Tampoco disponemos en esta dizque “revolución bolivariana” de estadísticas confiables en cuanto a las personas que a diario sobreviven a las heridas que a bala o armas blancas infringe la delincuencia, organizada en bandas o no. Decenas de miles de personas han sufrido traumatismos –muchos de ellos con graves consecuencias de por vida- en actos criminales de atraco, robo o “ajuste de cuentas” entre delincuentes. En este último rubro criminal hay que incluir la acción de los llamados “grupos de exterminio” que han anidado en los cuerpos policiales, dedicados a asesinar a presuntos delincuentes, bien en aplicación de “pena de muerte” (ilegal e inconstitucional en Venezuela), ora por cobro de partes de botines de asaltantes renuentes a entregar lo pactado con los policías corrompidos.
Desde hace décadas, tal vez a lo largo de su historia, Venezuela ha sido una “sociedad de cómplices”, en la cual la delincuencia es tolerada y hasta cobijada por funcionarios corrompidos, prestos a llenar sus bolsillos con dinero sucio proveniente del delito, desde el narcotráfico hasta la corrupción administrativa. Eso en nada ha cambiado durante los ocho años de la gestión Chávez, quien junto a sus subalternos se ha dedicado a silenciar y maquillar el desmadre delictivo. La “Sociedad de cómplices” chavistas ha funcionado a la perfección en el encubrimiento del fenómeno delictivo, del cual han querido apartar el del masivo robo de los dineros públicos, que adulcoradamente llaman “corrupción administrativa”, distinguiéndolos de los “delincuentes comunes” o “ladrones de cuello sucio” (ellos, los choros del gobierno, son “de cuello blanco”). Es decir, que los delincuentes chavistas que se han enriquecido ilegalmente con los dineros del pueblo durante los ocho años de la gestión Chávez, no son tales, sino “compañeros del proceso” o “empresarios del proceso”, como lo destacó recientemente el Diario VEA en su última página (casi un editorial), en defensa de uno de los presuntos implicados en el caso “Microstar”, fabulosa operación de dólares preferenciales de Cadivi, realizada por un grupo de delincuentes a nivel internacional.
En fin, Chávez está raspado en cuanto a delincuencia. Bajo su rectoría ha crecido el robo de los dineros públicos a niveles sin precedentes (lo cual no exculpa a los ladrones de los gobiernos anteriores), tanto como las tasas de homicidios, secuestros y extorsión, robos, atracos y el tráfico de drogas. Todas esas manifestaciones delictivas se han arraigado durante la gestión Chávez, y se retroalimentan dentro de una dinámica infernal que nos castiga y asecha cotidianamente.
EL CONFESIONARIO
 • LA PELEA entre las diputadas Cilia Flores e Iris Varela, es “a muerte”, casi irreconciliable. La tachirense reclama a la presidenta de la Asamblea Nacional, lo que considera “jalabolismo” e incompetencia a la sombra del también diputado y cónyuge Nicolás Maduro, expresidente de la AN y actual ministro de Relaciones Exteriores. Los roces entre Varela --respaldada por su colega Luis Tascón- y la pareja Flores-Maduro habrían comenzado el año pasado, cuando bajo la presidencia de NM, fue engavetado el informe parlamentario condenatorio del gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt (PPT) por violación de derechos humanos y corrupción policial. Ese informe aprobado en la comisión investigadora, nunca llegó a la plenaria de la AN , lo que se ha prolongado bajo la presidencia de Flores.
• ALLEN STANFORD, presidente estadounidense de Stanford Bank, debe comparacer el próximo 26 de marzo ante el Tribunal 41 de Control de Caracas, en el juicio por difamación incoado por el expresidente del grupo en Venezuela, Gonzalo Tirado, quien además reclama una justa indemnización laboral, después de haber sido forzado a retirarse de esa empresa por haber denunciado a un grupo de empleados que se dedicaron junto con funcionarios del Seniat a apropiarse de parte de los impuestos que debían enterar al fisco. Estas personas fueron juzgadas y condenadas por diversos delitos penales y tributarios. Tirado pagó el monto exigido por el Seniat, pese a que Allen Stanford y algunos asesores legales venezolanos no estaban de acuerdo, por lo que prescindió de sus servicios. A partir de entonces, se ha desatado una batalla legal que incluye demandas de ambas partes, que no han sido destacadas informativamente, a pesar de su importancia legal y empresarial.
• FUNCIONARIOS DEL SENIAT insisten en denunciar lo que consideran irregularidades:
“Vielma Mora maneja muy bien su imagen, al más puro estilo del cinismo adeco, cualquier denuncia la responde diciendo las cosas buenas de su gestión, que (no) negaríamos… puso al día nuestras prestaciones sociales y se ha trabajado en una cultura tributaria en Venezuela, pero eso no puede ser justificativo para tapar los lados oscuros al estilo de las mafias y los narcotraficantes que con aportes y obras sociales legitiman la parte negativa de sus activides”.
 Esa dura apreciación la sustentan en varias denuncias, algunas de las cuales he publicado a petición de estos trabajadores del Seniat: sobreprecio en obras civiles en puntos aduaneros y oficinas, “no todo lo que brilla es oro”, dicen. “…nunca aclara el guiso de por qué fraccionar contratos en dos empresas, financiarlas dándole más del 90% de anticipo por obras de más de 10 meses de trabajo, eliminando las facturas o valuaciones de obras… las dos empresas son de la misma persona, registadas en el Sistema Nacional de Contratistas el mismo día y en la misma oficina… No hay que olvidar que Vielma Mora sale del Seniat para irse al aeropuerto por un problema con los precios de los equipos rayos X de aduanas, cuando era el Superintendente Trino Diaz.” Reiteran “el problema de los uniformes y el concepto militar de su gestion, se habla de 40 millardos y no 43 de costo. Tambien dice esta semana, después que Manuel Isidro Molina valientemente lo denunció, que quiere crear una policía fiscal y que el uniforme se ha pensado solo para personal de aduana. Eso es falso, a todos los funcionarios del Seniat se le ha pedido tallas de ropa y Zapatos.” Piden que organismos como la Comisión de Contraloría de la AN, la Fiscalía y la Contraloría General investigen la gestión de Vielma Mora, y me suministran una lista de casos supuestamente irregulares, que publicaré la semana próxima.
[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com / mim_consultores@yahoo.com
Imprimir
Enviar |
|
|
Volver |
|
|
|
Portada |
|
