¿Cómo quedarán la Sala Constitucional y el TSJ?
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) - 25/03/07
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 El conflicto desatado entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, a raíz de la “reforma” del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, mediante sentencia de la Sala Constitucional que fijó sólo el salario básico como base imponible a efectos del ISLR, es interesante desde el punto de vista moral, pues jurídica y constitucionalmente el caso está demasiado claro: sólo el Poder Legislativo puede modificar leyes, salvo que la Asamblea Nacional delegue esa función temporalmente en el presidente de la República y el Consejo de Ministros (Ley Habilitante). El TSJ está autorizado por la Constitución en cuanto a iniciativa legislativa (proponer proyectos) restringidos al ámbito judicial, pero en ningún caso pueden los máximos jueces de la República emitir o modificar leyes.
Distinto es (Art. 266, numeral 1; Art. 334 y 336) su función preservadora, en Sala Constitucional, en cuanto a la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, casos en lo que procede la nulidad de tales instrumentos: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público…” (Art. 334)
Interesa reparar en el aspecto moral en cuanto al presunto ventajismo colegiago de los magistrados de la Sala Constitucional, que es lo que demanda la Asamblea Nacional, se dispone a investigar y plantea evaluar al Poder Ciudadano (Consejo Moral Republicano). Si fuere cierto el manejo turbio denunciado por varios parlamentarios en la sesión de la AN del jueves 22 de los corrientes, estaríamos ante el derrumbe ético de la Sala Constitucional y, por ende, del Tribunal Supremo de Justicia. Sin prejuzgar, habrá que esperar las conclusiones.
Previo a este importante conflicto está el hecho irrefutable de la dolarización de los sueldos y otras asignaciones de los magistrados del TSJ, realmente grotesco, una pillería quintarrepublicana sin precedentes, incluyendo escandalosas bonificaciones y demás prebendas, que el país conoce, aunque no exactamente, pues se ha con vertido en especie de “secreto de Estado” los montos totales que mensual y anualmente reciben los magistrados y otros altos funcionarios judiciales.
Los ciudadanos “de a pie” tenemos derecho a conocer cuánto gana cada magistrado o magistrada. ¿Fue cierto que cuando se bajaron el sueldo, se liquidaron prestaciones a razón de 30 millones de bolívares mensuales y bonificaciones equivalentes a diez o doce meses adicionales por concepto de vacaciones y aguinaldos? ¿Y cierto, que reducido el sueldo de 30 a 16 millones, se fijaron bonos por 14 millones? Bastaría que la directiva del TSJ publicara la tabla de asignaciones (sueldos, bonos, viáticos, gastos de representación, seguros de vida y HCM, etc.) para que el país se entere de la clase de “revolucionarios” que tenemos en el TSJ.
EL CONFESIONARIO
• DESDE EL SENIAT, el colega Simón Acosta, jefe de la Oficina de Divulgación Tributaria y Aduanera, me envía una información sobre la suspensión del proyecto de uniforme militarizado que denunciaron algunos trabajadores inconformes, la semana pasada, desde mi columna. La comunicación está suscrita por Carlos Peñaloza, Gerente General de Administración; Alejandro Esis, Gerente de Recursos Humanos; Ivon Castro, Gerente Financiera Administrativa; y Roberto González Cárdenas, Jefe de la Oficina de Organización y Planificación:
 “Pedimos las más sinceras excusas por la confusión causada a raíz del mal manejo que sobre el tema de los uniformes en el SENIAT se originó…
* El proyecto de uniformar a los funcionarios del SENIAT, sólo constituye una idea, reflejo de la voluntad de los trabajadores, y en ningún momento responde a algún plan determinado de esta administración, y de modo alguno, constituye punto de honor para las autoridades del organismo.
* De los funcionarios que contestaron la encuesta formulada a través de la red interna, el 88% apoyó esta idea según su voluntad.
* Esta propuesta sin precisiones en aspectos como confección, distintivos y cubrecabezas, perseguía concertar la intención de los trabajadores sobre el particular. Sosteníamos la idea del color negro de los trajes, por ser un color universal que no permite matices. Los alborotadores de oficio y sindicaleros adujeron que se hablaba de uniformes verde oliva, con botas y charreteras militares...
* No hay presupuesto para concretar esta idea, en otras palabras no hay ni siquiera un bolívar, ni un medio para comprar uniformes. Las decisiones las tomamos concertadas, lo que nos permite realizar planteamientos de reformulación o creación de partidas, que constituyan el soporte económico para el logro de la confección de los mismos.
* La uniformidad de un cuerpo civil, no constituye la conformación de una policía fiscal. En nuestro país ya contamos con la Guardia Nacional Bolivariana, cuyas funciones y competencias, demuestran la experticia en materia aduanera y tributaria, propia de la confluencia particular de su formación militar y policial administrativa. Trabajamos con ellos, pues en nuestra función soberana nos complementan.
* Quienes piensen que esta actitud nos amilana en nuestros planes, Evasión y Contrabando Cero, les demostraremos que no es así. Continuaremos con total apego a la construcción del Socialismo del Siglo XXI, y por ello, una vez más, le rogamos a la familia SENIAT y a la opinión pública en general, que acepten nuestras excusas por la confusión causada.”
• LA ENCUESTA SOBRE EL UNIFORME efectivamente fue realizada por la red interna del Seniat. Lean la inducción:
“En atención a los nuevos retos que se ha fijado el SENIAT, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, en la condición jerárquica que lo faculta, considera necesario como símbolo de identidad y para fortalecer los valores institucionales de este prestigioso Servicio de Administración Pública, la implementación de Uniformes que permitan a su personal elevar la imagen de la Institución… les solicitamos responder esta encuesta ya que, consideramos su opinión como uno de los aportes más importantes para este proyecto.” (Negritas MIM)
Lo que la gente rechazó fue el aspecto militarizado de los uniformes, cuyos modelos fueron mostrados y fotografiados en presencia del superintendente José Gregorio Vielma Mora. El monto de 40 millardos que iban a gastar fue un estimado, y a todo el personal (unos 15 mil en todo el país) les fue solicitado suministrar sus tallas de ropa y calzado. Gracias a la denuncia difundida, fue abortado el proyecto.
• BONO ÚNICO llaman en el Seniat a una extraordinaria bonificación que otorgan al SUNEP-FINANZAS (CTV) extraída del descuento de “un día de salario” de los trabajadores, cuando a fin de año reciben una bonificación anual de dos meses de sueldo por el atraso en la discusión del contrato colectivo. El problema es que ese descuento sería ilegal, porque lo estarían haciendo sin autorización de los trabajadores; el total monta a varios millardos de bolívares y el SUNEP no informa cuál es el manejo o disposición de tales recursos. También llama la atención que aunque son tres los sindicatos existentes, sólo el SUNEP lo recibe. SINEP-FINSET (Independiente) y ASINPROTECA (UNT) lo rechazaron por considerarlo injusto e ilegal. ¿Por qué se lo pagan al SUNEP, y sin autorización de los trabajadores y trabajadoras? Curioso es que la administración del Seniat no informa a los trabajadores cuánto es el monto del cheque que recibe el SUNEP por ese concepto.
• EL DESPIDO ILEGAL DE 5 SINDICALISTAS es otra denuncia que me llega. Se trata de Yuliani García, Wilda Coello y Antonio Espina, secretarios de Finanzas, Bienestar Social y Actas, respectivamente, del SINEP-FINSEP, y de Oscar Guillén Peña y Néstor Navarro, presidente y director de Finanzas del ASINPROTECA. Su versión es que han sido víctimas de retaliaciones por oponerse a algunas de las políticas internas de Vielma Mora y su equipo, entre ellos Carlos Enrique Peña, gerente general de Servicios Jurídicos (ex juez de Maturín, destituido), quien fue autorizado como “representante de la Procuraduría General de la República” por su esposa (ex) Marisol Plaza, Procuradora General de la República, cargos totalmente incompatibles. Estos sindicalistas son defendidos por el abogado Gerardo Mora, quien no tiene vínculos familiares con el Superintendente. Dicen que fueron maltratados e injustamente despedidos, violándoles el fuero sindical. Hoy se quejan, además de la marcha morrocoyuna de la justicia. Sin embargo, son optimistas en cuanto a futuras decisiones judiciales y administrativas.
• TAMBIÉN FUE DESTITUIDO del SENIAT el presidente del SINEP-FINSEP, Luis G. Márquez, quien luego fue reincorporado por decisión de JGVM (19-03-2006), beneficio particular que lo separó de sus otros cinco compañeros de infortunio. ¿Por qué? Nadie sabe, hasta ahora.
• CARLOS ALBERTO RAMONES ÁVILA, viceministro de Regulación y Control del Ministerio de Finanzas, recibió el 21-03-2007, una comunicación del caso del mencionado grupo de dirigentes sindicales: “víctimas de actos de desviación de poder, abuso de funcionarios y usurpación de funciones… que pretende llevar a efecto el superintendente del Seniat mediante una pretendida destitución fundamentada en hechos falsos…” La carta está firmada por el abogado Gerardo Mora Franco. Solicitan la inmediata reincorporación de los cinco sindicalistas destituidos y el pago de salarios caídos, así como reconocimiento de todos sus derechos, suspendidos –“ilegalmente”, a su juicio- desde el 25 de julio de 2005.
• 10 UNIDADES TRIBUTARIAS pagarán anualmente los dueños de agencias de lotería por cada empresa y cada punto de venta, a las oficinas de beneficiencia pública de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Portuguesa, Táchira, Zulia y Distrito Capital, donde existen loterías públicas, todas en manos de operadoras privadas. Generalmente, esas empresas son propiedad de “amigos” testaferros de los gobernadores, en tiempos de la IV y la V, sin diferencias. El mismo tejemaneje… José Gregorio Chacón Sánchez, ex presidente de Lototáchira y ex secretario de gobierno del estado Táchira, es actualmente presidente de la Comisión Nacional de Loterías. Agentes de lotería se quejan de lo que consideran altos impuestos, establecidos en la nueva ley de Loterías, 28% en total. Adicionalmente les corresponde pagar impuesto sobre la renta. Pero, sobre todo, se quejan de que las empresas operadoras de las loterías funcionen como agentes de sorteos, bancas (controlan las jugadas y el pago ilegal de premios) y distribuidoras de los juegos controlando el amplio circuito nacional de agencias. Además, esos empresarios de los juegos de lotería (y caballos) están vinculados a empresas transnacionales propietarias de tecnologías y cadenas de envite y azar.
[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com / mim_consultores@yahoo.com
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