Pertenezco a una minoría que es una de las más pequeñas del país y cada vez se vuelve más. Soy veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y puedo recordar haber pensado, cuando salí del ejército en 1946, bueno, ya estuvo. Ganamos. Y los que vengan después ya no tendrán jamás que volver a hacer esto. Luego vinieron las dos guerras dementes de vanidad imperial, Corea y Vietnam. Fueron amargas para nosotros, ya no digamos para el llamado enemigo. Luego nos embarcamos en una guerra perpetua contra lo que parecía ser el club del enemigo del mes. Esta guerra permitía que fluyeran grandes recursos monetarios hacia el aparato persecutorio militar y la policía secreta mientras nos retenían el dinero a nosotros, los contribuyentes, con nuestro mezquino interés por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Pero, por muy corrupto que se haya vuelto nuestro sistema en el siglo pasado -y yo viví tres cuartas partes de él-, aún nos sujetábamos a la Constitución y, sobre todo, a las garantías individuales.

Por mucho que empeoraran las cosas, jamás creí ver a buena parte de la nación -de nosotros el pueblo, que no estuvimos representados ni fuimos consultados en un asunto de guerra y paz- manifestarse en tales números contra un gobierno arbitrario y secreto, que preparaba y dirigía guerras para nosotros, o por lo menos para un ejército reclutado entre los desempleados para librarlas. De manera perceptible, ahora dejan la mayor parte del combate a los excluidos, a los que no recibieron educación.

George W. Bush, durante Vietnam, se refugió en la Guardia Aérea Nacional de Texas. Cuando se preguntó a Dick Cheney por qué evadía el servicio militar en Vietnam, contestó: "Tengo otras prioridades". Bien, otros 12 millones de nosotros también las teníamos hace 60 años. Prioridades que 290 mil personas ya nunca pudieron atender.

¿A quién culpar, entonces? ¿A nosotros? ¿A ellos? Bueno, podemos sin temor a equivocarnos culpar a ciertos traficantes de petróleo y gas que secuestraron al gobierno desde la presidencia hasta el Congreso y de ahí, en forma por demás ominosa, al aparato judicial. ¿Cómo lo hicieron? Curiosamente los medios siempre han estado allí. Se requirió de la mayor ambición y de otros intereses para que este golpe de Estado funcionara.

Fue nada menos Benjamin Franklin quien allá por 1787 visualizó nuestro futuro con la mayor claridad, cuando como delegado a la Convención Constitucional de Filadelfia se leyó por primera vez el proyecto de Constitución. Estaba viejo, casi moribundo, no estaba en condiciones de leer, pero preparó un texto para que lo leyera un amigo. Es una declaración tan oscura que la mayoría de los libros de historia omiten las palabras claves.

Franklin apremiaba a la convención a aceptar la Constitución pese a que en su concepto adolecía de grandes fallas, porque, dijo, podía sentar las bases para un gobierno a corto plazo. "No hay forma de gobierno que no sea una bendición para el pueblo si se administra bien, y creo además que éste puede ser bien administrado por algunos años, y sólo puede desembocar en el despotismo, como otras formas han hecho antes, cuando el pueblo se vuelva tan corrupto que requiera un gobierno despótico, pues sea incapaz de cualquier otro." Pensemos en Enron, Merrill Lynch, etcétera, en perforaciones de tarjetas electorales y en urnas de mariposa, en el hijo del juez Antonin Scalia exponiendo alegatos en la Suprema Corte ante su padre, quien no fue objeto de recusa, mientras Clarence Thomas, quien tampoco fue impugnado, escucha en silencio y su esposa trabaja ya para el próximo gobierno de Bush. Pensemos, por último, en el Colegio Electoral, pieza de maquinaria poco confiable y antidemocrática que sin duda Franklin vio como fuente de la más profunda corrupción y subsecuentes males para la república, como ocurrió no sólo en 1876, sino también en 2000.

La profecía de Franklin se cumplió en diciembre de 2000, cuando la Suprema Corte pasó como bulldozer sobre la Constitución para seleccionar como presidente al perdedor en la elección de ese año. El despotismo está ahora sentado sin riesgos en la silla. La vieja república es la sombra de sí misma, y ahora estamos en el umbral de un imperio nuclear mundial, con un gobierno que ve su verdadero enemigo en "nosotros el pueblo", despojado de nuestra franquicia electoral. La guerra es la meta usual de los tiranos, y guerra en serio es lo que vamos a tener, a menos que -con ayuda de los bienintencionados de Europa y de nosotros mismos, despiertos por fin- podamos persuadir a este peculiar gobierno de que actúa totalmente por su maligna cuenta y en contra de nuestra historia.

La otra noche en CNN hice al admirable Aaron Brown detenerse de golpe, citando esa vez no a Franklin sino a John Quincy Adams, quien en 1821 dijo, en un debate sobre la posibilidad de que entráramos en guerra para liberar a Grecia de Turquía, que Estados Unidos "no va al extranjero en busca de monstruos que destruir". Si la nación tomaba a su cargo todos los asuntos del extranjero "podría volverse la dictadora del mundo. Ya no sería la gobernante de su propio espíritu".

Si en 2004 se nos permite realizar una elección presidencial aquí en nuestra patria, sospecho que nos daremos cuenta de que el único cambio de régimen con el que requiere ocuparse nuestro espíritu recobrado es el de Washington.

El presidente Adams murió hace mucho tiempo. Y hemos estado en el negocio imperial desde 1898: habíamos prometido dar a los filipinos su independencia de España. Luego cambiamos de parecer y ma-tamos a unos 200 mil de ellos en el proceso de someterlos a nuestro dominio.

Hace unos años hubo un significativo intercambio entre el entonces general Colin Powell y la entonces funcionaria Madeleine Albright. Como tantos civiles, ella estaba ansiosa de usar nuestras tropas contra nuestros enemigos: ¿de qué sirve tener todo ese aparato militar si no se usa? No son soldados de juguete, respondió él. Sin embargo, en aras de combatir el comunismo gastamos billones de dólares y ahora estamos en peligro de quedar sepultados bajo el peso de tantas armas.

Por lo tanto, supongo que es inevitable que, tarde o temprano, a una nueva generación se le ocurrirá la brillante idea: ¿por qué no dejamos de hacernos tontos con la diplomacia y los tratados y simplemente usamos nuestro poderío militar para dar órdenes al resto del mundo? Hace uno o dos años, un par de neoconservadores planteó precisamente esa noción. Respondí, en letra de molde, que si lo hacíamos tendríamos una guerra perpetua por la paz perpetua. Y eso no es bueno para los negocios. Luego la junta Dick Cheney-Bush se adueñó del poder. Aunque lo que más les interesa son las reservas petroleras, les gustó también la idea de jugar a los soldaditos.

En septiembre pasado el Congreso recibió del Ejecutivo un documento llamado Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Como observó el historiador Joseph Stromberg, "hay que leerlo para creerlo". La doctrina predica que sería deseable que Estados Unidos se vuelva, para usar las palabras de Adams, la "dictadora del mundo". También da por sentado que el presidente y sus lugartenientes están moralmente facultados para gobernar el planeta. Declara que nuestra "mejor defensa es una buena ofensa". Luego expresa la doctrina de la prevención: "Como asunto de sentido común y autodefensa, Estados Unidos actuará contra las amenazas que surjan antes de que se formen por completo (cursivas mías)". Sin duda el general Ashcroft anda ahora por Utah arrestando a todo varón mormón antes de que pueda secuestrar ocho jovencitas para hacerlas sus esposas.

El artículo uno, sección 8, de la Constitución señala que sólo el Congreso puede declarar la guerra. Pero el Congreso entregó ese gran poder al presidente en 1950 y jamás lo ha recuperado.

Como dijo en forma tan encantadora el ex senador Alan Simpson en la televisión la otra noche, "el comandante en jefe de las fuerzas armadas decidirá cuál es la causa. No será el pueblo estadunidense". Así que en los temas importantes no estamos guiados por la ley, sino por la fe en el presidente, cuyas poderosas creencias cristianas predican que "la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven".

En respuesta a las cosas que no se ven, la Ley Patriótica de Estados Unidos pasó como de rayo por el Congreso y fue firmada 45 días después del 11 de septiembre de 2001. Se espera que creamos que sus 342 páginas cuidadosamente confeccionadas fueron escritas en ese breve lapso. En realidad se lee como una continuación de la ley antiterrorista que promulgó Bill Clinton a raíz del atentado en Oklahoma City. La Ley Patriótica posibilita que agentes del gobierno allanen la casa de cualquier persona en su ausencia, realicen un cateo e impidan por tiempo indefinido al ciudadano averiguar si se emitió una orden judicial para ello. Pueden obligar a los bibliotecarios a revelar qué libros han sido solicitados en préstamo. Si el bibliotecario o bibliotecaria se niega, puede ser sujeto a cargos criminales. También pueden recoger los reportes de crédito y otra información confidencial sin aprobación judicial ni permiso del ciudadano afectado.

Por último, toda esta actividad anticonstitucional no tiene la menor conexión con el terrorismo. A principios de febrero el Departamento de Justicia filtró la Ley Patriótica II, conocida como Ley de Refuerzo de la Seguridad Interna, con fecha 9 de enero de 2003. Un Congreso que no debatió apropiadamente la primera ley aprobará en forma abrumadora esta ex-pansión ilegal.

Algunas disposiciones: si un ciudadano estadunidense ha sido acusado de apoyar una organización considerada terrorista por el gobierno, puede ser privado de su ciudadanía aun si no estuviera enterado de que la organización tenía vínculos con terroristas. En la ley II también se incluyen normas que permiten más búsquedas y espionaje telefónico sin orden judicial, así como arrestos (sección 201). Si un ciudadano trata de defenderse para conservar la ciudadanía con la que nació, los agentes federales que llevaron a cabo la pesquisa ilegal con la bendición de los altos funcionarios del gobierno son inmunes a toda acción legal. Es de suponerse que a un estadunidense nativo privado de su ciudadania se le podría deportar, como se puede hacer con un extranjero. También, de acuerdo con un veredicto reciente de un tribunal federal, esta nueva atribución del procurador general no es susceptible de revisión judicial. Puesto que el estadunidense privado de su ciudadanía no puede, por supuesto, obtener un pasaporte, los considerados maquinadores de la agencia de seguridad doméstica autorizan al procurador general a deportarlo "a cualquier país o región independientemente de que ese país o región tenga un gobierno". Los casos difíciles en los que no haya un lugar donde ir pueden quedar en suspenso indefinidamente.

Mientras que la Ley Patriótica I sólo negaba a los extranjeros el derecho a un proceso justo y los sujetaba a deportación arbitraria, la Ley Patriótica II incluye ahora a los estadunidenses en la misma categoría, con lo cual elimina de un plumazo todas las garantías individuales.

Nuestro gran historiador Charles Beard escribió en 1939: "El destino de Europa y Asia no ha sido confiado por Dios al cuidado de Estados Unidos, y sólo el engaño, los delirios de grandeza, las fantasías vanas, el hambre de poder o un deseo de escapar de nuestros peligros y obligaciones domésticos puede hacernos suponer que la Providencia nos ha designado su pueblo elegido para la pacificación de la tierra".

"Los estadunidenses que se niegan a saltar a ciegas hacia la vorágine de la política europea y asiática no son derrotistas o neuróticos. Dan prueba de cordura, no de cobardía, de pensamiento adulto en oposición al infantilismo. Intentan preservar y defender la república. Estados Unidos no ha de ser Roma o Gran Bretaña: ha de ser Estados Unidos."

*Gore Vidal. Ensayista, historiador y novelista estadunidense. Su libro más reciente: Dre ming War: Blood for Oil and the Cheney-Bush Junta (Sueños de guerra: sangre por petróleo y La junta Cheney-Bush). - Traducción: Jorge Anaya - Publicado también en La Jornada.

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