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Caracas / Venezuela -
 


Venezuela: Gobierno criminaliza protestas estudiantiles
Prensa Provea* / Soberania.org - 30/05/07

Gobierno considera el cierre de vías y la quema de cauchos como hechos violentos

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), Pedro Carreño, y todos los alcaldes del área metropolitana; el Alcalde Mayor, Juan Barreto, y el Gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, acordaron en conjunto medidas de seguridad que serán implantadas a partir de este miércoles 30.05.07.

Respecto a la labor de los cuerpos policiales en las manifestaciones, indicó que en primer orden actuarán las policías municipales y si son desbordadas en hechos violentos recibirán el apoyo de la Policía del estado Miranda, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional.

Además de ello, se acordó «darle fiel y estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en su artículo 46, sobre la facultad que tiene el Estado de disolver las manifestaciones que se transformen en violentas».

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del MPPRIJ, se reconoció el derecho de manifestar pacíficamente, acordando prevenir actos violentos, como cierre de vías, quema de cauchos, uso de armas de fuego y la violación del derecho al libre tránsito y a la propiedad privada. / Agencia Bolivariana de Noticias, 30.05.07, http://abn.info.ve/go_news5.php?articul ... &lee=9)

Para Provea el anuncio del ministro Carreño resignifica negativamente el concepto de "manifestación violenta", pues la quema de cauchos y el cierre de vías son las herramientas históricas utilizadas por los sectores populares para llamar la atención de las autoridades sobre sus necesidades. El gobierno faculta así a que los indiciados en cierre de vías y quema de cauchos sean pasados directamente a tribunales para ser sancionados con castigos estipulados en el Codigo Penal, reformado parcialmente en el 2005. Desde esa fecha Provea denunció que en dicha reforma se incorporaron artículos criminalizadores de la protesta ciudadana. El artículo 357 penaliza los cierres de calle con prisión de 4 a 8 años. El 506 castiga los cacerolazos con multas entre 100 y 200 unidades tributarias. También se penaliza el agavillamiento (286 CP), fabricación de sustancias incendiarias (296), daños a bienes del Estado (360), invasión de terrenos (471), prevariación (250), amenazas a funcionarios públicos (218), instigación a la desobediencia de leyes (283) y violación a zonas de seguridad (56). Además de aplicar el Código Penal, se hacen uso de otras leyes que establecen penas: La Ley penal de Ambiente y la Ley de Seguridad de la Nación.

El gobierno ha adelantado estas medidas con el argumento de enfrentar a sus adversarios políticos, pero en desde el 2005 se ha incrementado la cantidad de vecinos, trabajadores, estudiantes y campesinos que han sido sometidos a procesos judiciales por participar en acciones de exigibilidad de sus derechos. Provea ha realizado el monitoreo de las manifestaciones populares reprimidas y en la gran mayoría, las víctimas han manifestado su adhesión al presidente. En su Informe 2006 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Provea afirmaba que "Si la criminalización continúa, las cárceles se seguirán llenado de pobres que cometieron el único delito de exigir sus derechos y cada vez más personas se verán en la lamentable circunstancia de perder el tiempo presentándose semanal o mensualmente en tribunales por largos períodos".




[*] Prensa Provea, 30.05.07 / Link: http://www.derechos.org.ve

 

 





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