TSJ no ha decidido sobre solicitud de nulidad de la venta de la empresa en el año 2000

Nuevamente el Ejecutivo obvia a los Poderes Públicos y decide adelantar la Oferta Pública de Acciones (OPA) de la Electricidad de Caracas, en manos de la empresa AES Corporation desde el año 2000, a sabiendas de la existencia de la solicitud de nulidad sobre esa operación, la cual fue admitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 30 de octubre de 2006, es decir, “un fraude sobre otro fraude”.

Por su lado, la Sala Constitucional -la ponente del caso es la magistrada Carmen Zuleta de Merchán- no ha decidido sobre la nulidad de la venta efectuada en el año 2000, ni falló sobre la acción cautelar intentada por los mismos actores en marzo, que pretendía impedir la OPA mientras se resolvía la demanda de nulidad.

El pago de las acciones, previsto para el pasado 18 de mayo, ha sido pospuesto indefinidamente.

En abril se calculó que el pago del gobierno por esas acciones era de 739 millones de dólares; hoy, el ministro de Energía y Petróleo y Presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez anunció la compra de casi el 93% de las acciones, por lo que el Estado deberá erogar 836,93 millones de dólares. En total, la estatal petrolera venezolana pagará 587,81 bolívares por cada acción local de la compañía (0,2734 dólares) y 13,67 dólares por cada grupo de 50 títulos ADR, los cuales se transan en Estados Unidos.

Luego de ejecutada la OPA deberán transcurrir quince días hábiles para que se realice una asamblea extraordinaria, en la cual se designarán a las nuevas autoridades. El cambio de administración estaría previsto para la primera semana de junio. ¿Por qué la premura en esta negociación, cuando el TSJ admitió la demanda de nulidad de la negociación efectuada en el año 2000? De decidir el máximo tribunal favorablemente a los demandantes, sería la empresa norteamericana AES Corporation la que tendría que indemnizar al Estado venezolano por usufructuar un servicio y sus bienes de manera ilegal.

La Sala Constitucional del TSJ envió copia de su decisión a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo, instituciones responsables de velar la primera porque el Estado no resulte afectado en las negociaciones, la segunda por la legalidad de los procedimientos, y la tercera por los intereses de los ciudadanos. Igualmente, informó al presidente de Pdvsa -el comprador- para que estuviera en cuenta de la decisión judicial, así como a la Comisión Nacional de Valores (CNV), responsable de velar por los intereses de los accionistas. Dichos organismos no han emitido pronunciamiento de lo que podría ser un fraude sobre otro fraude, según la profesora María Walter, autora de la demanda junto a un equipo de abogados.

Incluso, hace aproximadamente 45 días, los accionistas aprobaron que antes de la venta fueran repartidos los dividendos y esta disposición no fue cumplida hasta hoy por la empresa AES, mientras que la Comisión Nacional de Valores dio luz verde a la publicidad para promocionar la OPA, cuya venta se consumó el martes 8 de mayo.

¿Se repetirá el caso Viasa?

Salvando las distancias, algunos analistas comparan la venta de Viasa, cuando el país se desprendió de una empresa del prestigio de esa línea aérea venezolana, considerada una de las mejores del mundo, y el caso de la Electricidad de Caracas, centenaria empresa privada nacional, una de las más respetadas internacionalmente.

Ambas fueron compradas por empresas extranjeras que se beneficiaron de esos importantes activos y poco después -por lo menos en el caso de Viasa- la dejaron de lado. En este caso, el Estado venezolano tendría que pagar a una corporación extranjera que habría “usufructuado un servicio estratégico, obteniendo dividendos y ganancias y descapitalizando a la empresa, y encima pretende sacarnos varios millones de dólares más”.

María Walter, ex profesora de Administración Pública de la Universidad del Zulia (LUZ), especialista en Evaluación de Gestión Pública, asistida por los abogados Humberto Decarli, Rafael Alfonso Tosta Ríos y Emilio Abreu, adelanta la demanda ante el TSJ. Explica que la Electricidad de Caracas está en condición litigiosa, por el vicio de nulidad en que incurrió el propio gobierno en el año 2000 cuando la Asamblea Nacional no convalidó la operación de venta de las acciones a la AES Corporation. En su opinión ese paso era obligante porque así lo establecen los artículos 150 y 151 constitucional y el 48 de la Ley del Servicio Eléctrico.

Acogiéndose al texto constitucional, los demandantes cuestionan el control accionario de una compañía extranjera sobre la empresa prestadora del servicio eléctrico a la capital de la República -declarada en enero como estratégico por parte del presidente Chávez.

“Se trata de que Caracas es la sede de todos los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, lo que involucra a la seguridad de la Nación, positivizada por el artículo 326 constitucional”, alega María Walter. Sostiene que en aquel entonces, el actual Gobierno transgredió la Constitución permitiendo la cesión de 82% de las acciones de la Electricidad de Caracas, una empresa de interés público, a una sociedad extranjera no domiciliada en el país (Artículo 150), sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

“En el año 2000 se desnacionalizó la Elecar, porque era una empresa venezolana y se dejó en manos extranjeras, ahora se percataron de lo estratégico y pretenden revertir el error, pero haciendo un fraude sobre otro fraude”, insiste la docente universitaria.

Desde el TSJ

La magistrada Carmen Zuleta de Merchán, al admitir la demanda, con seis años de retraso, se fundamentó en lo establecido en el Título VIII, Capítulo I de la Crbv, y se declaró competente para conocer de dicha causa.

Además de ser integrante de la Sala Constitucional, la magistrada Zuleta de Marchan es la ponente del caso, a lo cual se llegó por sorteo. El magistrado Pedro Rondón Haaz salvó su voto, alegando, entre otras razones, “la perención de la instancia hace largo tiempo”.

María Walter destaca que la Sala Constitucional, al declararse competente para conocer del recurso, se pronunció sobre la admisibilidad del mismo y constató que la acción interpuesta “no se subsume en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el párrafo 5° del artículo 19 de la Ley Orgánica del TSJ, aplicables a todas las demandas solicitadas ante esa máxima instancia judicial”.

Citando la decisión, publicada en la página web del TSJ, puntualiza: “En vista de lo anterior, la Sala Constitucional admite la acción de inconstitucionalidad por omisión y, en consecuencia, ordena notificar al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Energía y Petróleo y a la Comisión Nacional de Valores, y citar al presidente de la Asamblea Nacional, a C.A. la Electricidad de Caracas y a Inversora D5 2000 C.A.”.

Igualmente, refiere que: “Se ordenó notificar a los interesados, por medio de cartel que se publicará en un diario de circulación nacional. El lapso de comparecencia será de diez días hábiles, contados a partir del acto correspondiente (cartel, notificación o citación)”.

La demandante recuerda cuáles son las infracciones que se estarían cometiendo en este caso de activos “litigiosos”, según el Código Penal: “Artículo 465.- Incurrirá en las penas previstas en el artículo 464 el que defraude a otro enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que están embargados o gravados o que son objeto de litigio”.

El Estado tendrá que asumir esos pasivos

Desde Econoinvest, la Casa de Bolsa designada por el Ejecutivo para coordinar la OPA, aceptaron amablemente conversar con El Carabobeño pero, al parecer, no estaban bien informados de la demanda de nulidad solicitada ante el TSJ por la docente y su equipo de asesores legales.

Uno de los líderes de este proceso dijo desconocer las implicaciones legales que pudiera tener una eventual decisión favorable a la demanda por parte del máximo tribunal de la República, lo que sí aseguró es que desde el punto de vista bursátil, la operación fue impecable porque se cumplieron todos los extremos exigidos por la Ley.

“Si hay o no implicaciones en el caso de un fallo favorable, ni lo percibe el mercado ni yo manejo esa área para opinar sobre el punto, no conozco ningún caso parecido en Venezuela; en el exterior es diferente porque ya está todo más o menos conocido”, comentó el experto bursátil.

Puntualizó que ellos, como Econoinvest, sólo estuvieron involucrados en la coordinación de la operación de la OPA, no tuvieron nada que ver con los precios ni con las negociaciones que, insistió, estuvieron acordes con los parámetros legales.

-Los trabajadores que reclaman sus dividendos tendrán los resultados de acuerdo a la decisión del TSJ, pero ya ellos cobraron el pago en bolívares, porque la cancelación en dólares se está tramitando ante Cadivi, ya ellos aceptaron esos pagos”.

-Ahora, subrayó el analista, lo que finalizó fue el proceso de la OPA, porque la cancelación de las acciones no se ha materializado todavía y en ese momento se podrá determinar lo que corresponda a los trabajadores. De cualquier manera, el Estado tendrá que asumir, si los hubiera, los pasivos”.

Los usuarios sufrirán las consecuencias

El ex director de Energía del Ministerio de Energía y Minas y ex miembro de la junta directiva de Edelca, Víctor Poleo, califica de grave error la creación de una Corporación Eléctrica -fusionará a todas las empresas que prestan este servicio en el país-.

Asegura que serán el usuario y el Estado quienes pagarán las consecuencias de esta decisión gubernamental, ya que se trata de un serio error político y un costoso experimento institucional, “tan inútil como poco factible e inviable”.

Asegura que esta opinión la comparte casi toda comunidad profesional de la industria y del sector eléctrico: “El tiempo ya dirá si la Corporación resulta exitosa, sólo que debemos preguntarnos: ¿cuál éxito y para cuál objetivo?”.

En su opinión, mientras los planificadores del Gobierno -con Jorge Giordani a la cabeza- no admitan sus serios errores políticos en la conducción del sector eléctrico nacional, más temprano que tarde los caraqueños y valencianos sufrirán los males de una pobre gestión como la de Cadafe. “Pobre gestión que a diario sufren los usuarios de Oriente y de Occidente, de los Andes y de Falcón con múltiples apagones”. (Tomado de la pág. Web www.finanzasdigital.com)

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