¿Por qué protestamos?
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) - 24/06/07
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 La “Marcha por la Libertad” será una nueva y extraordinaria expresión de rechazo al abuso de poder gubernamental
El próximo miércoles 27 de junio, Día del Periodista Venezolano, habrá una jornada de protesta plural contra el autoritarismo, por los derechos civiles y las libertades democráticas, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y diversos sectores periodísticos independientes, con activo apoyo de los gremios educativos, los colegios y federaciones de profesionales y los estudiantes universitarios, entre ellos los cursantes de comunicación social de las universidades públicas y privadas.
Esa “Marcha por la Libertad” será una nueva y extraordinaria expresión de rechazo al abuso de poder gubernamental que significó el cierre de las transmisiones abiertas de Radio Caracas Televisión (RCTV); al manejo sectario y excluyente, a punta de censura y manipulación, de los medios radioeléctricos del Estado venezolano, incautados para la propaganda oficialista y la estigmatización de toda expresión opuesta a sus políticas; la restricción de las fuentes informativas oficiales; la coacción financiero-publicitaria en contra de los medios independientes y críticos; y en general, las restricciones violatorias de los derechos civiles y garantías constitucionales del pueblo venezolano.
El presidente Hugo Chávez Frías y su gobierno le temen a este tipo de manifestaciones integradas por disímiles, plurales, muy diversos grupos y sectores sociales, que se han dispuesto a actuar políticamente, de acuerdo con las normas, derechos y exigencias constitucionales vigentes, sin caer en los errores del sectarismo político decadente ni en las manipulaciones politiqueras del pasado.
Y le temen, porque al afecto popular manifiesto hacia los estudiantes universitarios que cogieron las calles en contra del autoritarismo chavista, ahora se suman los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, quienes gozan de aprecio y respeto por parte de la inmensa mayoría de la población venezolana y de la opinión pública internacional.
 El gobierno está nervioso porque la marcha de protesta periodística contra sus abusos, será el 27, un día después de la inauguración de la “Copa América” de futbol, prevista -más allá de su intrínseca importancia deportiva continental y mundial- como un laboratorio propagandístico monopartidista.
Hugo Chávez no fue electo y reelecto presidente de la República, para que dirigiera un gobierno autoritario. El país se cansó de sus abusos, tratos insultantes y desconsiderados, amenazas y arbitrariedades. La reacción de los estudiantes universitarios que decidieron dar la cara con vigorosas e ingeniosas protestas, es fundamentalmente contra el autoritarismo.
En esa misma onda emergerá con fuerza la protesta de los periodistas venezolanos en su día, con suficiente apoyo popular, gremial, profesional y estudiantil como para preocupar más al gobierno de Chávez. La onda de protestas contra el autoritarismo -agravado con lo que se va conociendo de la secreta reforma constitucional- no se detendrá. Y no se trata de un “golpe” o de manejos “imperialistas de la CIA” sino de una decisión popular venezolana contra la arbitrariedad y el abuso de poder.
EL CONFESIONARIO
• EL PENTÁGONO estaría evaluando la posibilidad de establecer en Colombia, su base de operaciones aéreas “anti-drogas”, por tener que salir en 2009 de la Base de Manta, en Ecuador, decisión soberana del gobierno del presidente Rafael Correa. De ser cierta la versión, el hecho debería formar parte de la agenda binacional entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez. “Expertos consultados coinciden en aceptar que una Base en Colombia complementaría a las existentes y estaría en capacidad de controlar todas las operaciones -no sólo relacionadas con la insurgencia colombiana- sino con todo tipo de actividades políticas soberanas que se realicen en América Latina y en el Caribe,” según despachos internacionales. Estados Unidos mantiene en Colombia, unos 1.200 expertos militares y asesores encubiertos bajo la figura de “técnicos de empresas privadas”, con una fuerte partida de 3,5 millones de dólares anuales, en lo que califican de cooperación para la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, la muletilla de la Casa Blanca para la diseminación de bases militares puesta en marcha desde que salieron de su enclave en Panamá, en 1999, de acuerdo con los Tratados Torrijos-Carter.
 • AGUILA UNO habría despotricado de su plana mayor en la Asamblea Nacional, por el impacto del discurso y la postura de irreverencia política de los estudiantes universitarios contestatarios, durante el show mediático montado por la presidenta Cilia Flores, para encajonar a los “chamos” dirigidos por Yon Goicochea (Ucab), quien se ha definido como de “centroizquierda”, y reiterado su discurso anti-autoritarista.
• DESDE EL SENIAT PUERTO LA CRUZ me llegan alarmantes versiones sobre presuntas mafias de corrupción, con el agravante de supuestas vinculaciones con las abominables prácticas delictivas de la pederastia y el narcotráfico, con ramificaciones hacia Estados Unidos y Colombia. Estarían implicados funcionarios del Seniat y de la Gobernación de Anzoátegui. De ser cierto lo que denuncian, es un grave caso que debe ser atacado urgentemente por la Fiscalía y los expertos en delincuencia organizada, narcotráfico y pederastia del CICPC.
• TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES de bolívares prestó, en forma de sobregiro en cuenta corriente y sin fianzas, el ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Luis Quiaro, a la empresa “Ghez Servicios de Exportación e Importación, C. A.”, para que liberara una hipoteca que le permitiría recibir un “Préstamo por Bs. 1.800.000.000.00”. Y fíjense en la diligencia: el 12-12-2006 es aprobado el crédito de 1,8 millardos de bolívares, pero como no tenía cómo afianzarlo, “siguiendo instrucciones del Presidente del BIV Econ. Luis Quiaro… en fecha 15 de Diciembre de 2006 se le autorizó a la empresa Ghez Servicios de Exportación e Importación, C. A. un sobregiro en Cuenta Corriente por Bs. 350.000.000,00…” destinado a la liberación de la hipoteca del inmueble presentado como fianza para el préstamo mayor. La empresa usó el sobregiro, nunca presentó la documentación para hacer efectivo el préstamo de 1,8 millardos, pero tampoco ha pagado el capital y los intereses que suman hoy, más de 400 millones de bolívares. Otro caso para la Contraloría y la Fiscalía General de la República. La empresa es representada por Boris Zighelboim y Ghenea Rozenfeld de Zighelboin. El cuento es que ellos afianzan el préstamo solicitado con un galpón que tienen hipotecado, y el presidente del BIV, diligentemente, les autoriza un sobregiro de 350 millones para que lo liberen. ¡Vaya, bondad!, con el dinero de todos los venezolanos.
 • ¿PAGÓ PDVSA? Según despacho de la agencia AP (The Associated Press) fechada en La Paz, “Un alto ejecutivo del sector energético boliviano reconoció tácitamente que Venezuela pagó la contratación de una firma de abogados de los Estados Unidos para ayudar a Bolivia en su proceso de nacionalización petrolera”. Manuel Morales Olivera, presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) es quien dio la versión, sin especificar el monto de honorarios recibido por el bufete “Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP”, firma que “ha prestado sus servicios a la compañía estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) y ha representado al gobierno venezolano durante la nacionalización de La Electricidad de Caracas y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), a principios de este año.” Morales Olivera dijo a los reporteros a las puertas del Congreso de Bolivia: “YPFB no pagó absolutamente nada, ni un centavo, ya que el arribo de los expertos internacionales fue parte de la colaboración entre PDVSA y YPFB”. La información difundida por AP, agregó: “Habiéndole sido preguntado quién pagó a los abogados, Morales Olivera dijo, ‘Tiene que haber sido PDVSA’”. George Kahale III, socio administrador de la firma Curtis, fue el asesor principal de YPFB en el proceso nacionalizador, como lo ha sido de PDVSA en las negociaciones con las petroleras transnacionales asociadas en Venezuela, y en la estatización de la CANTV y La Electricidad de Caracas. ¿Cuánto pagamos? ¿Quién ordenó el pago, a favor de YPFB? ¿Quién lo ejecutó?
• 25 AÑOS CUMPLIO FENATEV el viernes 22 de junio, con sus logros bajo la consigna “Únete y Lucha”, a favor del Magisterio venezolano, desde 1982. Fundada por el profesor Ronald Golding, primer presidente y actual asesor jurídico-laboral, la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela ha sido motor y catalizador de las grandes jornadas sindicales magisteriales, junto con las otras organizaciones hermanas. Felicitaciones a sus dirigentes y militantes, en todo el país, hoy bajo la presidencia del profesor José Teixeira.
• ROMÁN DUQUE CORREDOR, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, acaba de publicar un interesante ensayo sobre el “Solidarismo cristiano… ante el Socialismo del siglo XXI”. Un buen aporte a la discusión nacional y continental sobre las opciones ideológicas y políticas, que deben ser conocidas y analizadas por nuestros pueblos.
• LA VUELTA es el nombre con el que popularmente se conoce la más grande estafa (banca paralela) a centenares de ciudadanos zulianos, desde la empresa “Mercantil Auto Living, C. A.” y el Banco Occidental de Descuento (BOD). Ha sido tan escandaloso el comportamiento de los representantes del Poder Judicial, bajo presión de los mafiosos implicados y sus abogados defensores, que se han inhibido trece (13) jueces de control y tres (3) jueces de juicio, los principales presuntos estafadores salieron del país, gracias a graciosas medidas sustitutivas, y todavía están pendientes las acusaciones (actos conclusivos). Freddy Manzano Tiniacos, Nelson Navarro, Ángel Rincón, Luis Rincón, Ender Cardozo, Freddy Manzano (padre), Roberto Padrón, Marcello Reccia, Jean Kadadidi y Humberto Banfi, entre otros son los presuntos beneficiados con tal grado de impunidad. Solo están bajo juicio los ciudadanos Mayerling Peña y Jayme Lewin. Los estafados que se han hecho parte activa desde 2005, en el dilatado proceso judicial, piden a gritos la intervención urgente y definitiva del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General de la República, “en aras de que la impunidad no se erija como emblema de perversidad e indignidad”.
[*] Manuel Isidro Molina / E-mail: manuelisidro21@gmail.com / mim_consultores@yahoo.com
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