En 1998, EE UU negó la visa al candidato Hugo Chávez y José Vicente Rangel lo calificó como “una torpeza que lamentarán en Washington”

Es bien sabido que no hace falta una visa para ingresar a EE UU. Decenas de miles de nuevos inmigrantes burlan cada día la vigilancia a lo largo de las decenas de miles de kilómetros de fronteras y costas. Los ataques del 11S a Nueva York y al Pentágono desataron una férrea vigilancia que igualmente es burlada. De los 19 terroristas que ejecutaron este asalto, 13 habían ingresado legalmente y de los otros 6 las autoridades no tienen la menor pista. Desde entonces, EE UU libra la guerra contra el terrorismo, un concepto que se ha deformado y degenerado de tal manera que ya nadie está seguro a que se refieren cuando los Gobiernos hablan de terrorismo. El Gobierno de Venezuela, por ejemplo, llama terroristas a todos sus adversarios, incluyendo parlamentarios, empresas e instituciones. El ministro Rafael Ramírez acaba de calificar de “terroristas” a los 18.000 petroleros despedidos de Pdvsa. Por esta vía ridícula e infantil, Venezuela tiene más terroristas que la red de Al-Quaeda, Afganistán, Hezbollah, Palestina, el Líbano e Irak juntos. Pero a los diplomáticos estadounidenses les gusta la canción. En esta onda de terrorismo universal, el embajador Shapiro recomendó al Departamento de Estado que se le revocara la visa al general Medina Gómez. Si el Departamento de Estado juzga que el general Medina es un terrorista, ¿por qué las autoridades venezolanas no le han formulado cargos y llevado a juicio? ¿Una concesión graciosa del embajador Shapiro al vicepresidente Rangel como expiación de su lastimosa pena por el grotesco show? ¿Contradicciones entre el Departamento de Estado y el Pentágono? Independientemente de cual sea la razón para la decisión que se adoptó contra el general Medina Gómez, la visa otorgada o revocada a los hombres públicos como un símbolo de aprobación o desaprobación terrorista de la diplomacia estadounidense, ha caído, por abuso, en el mismo desprestigio de la certificación de la lucha contra las drogas. Veamos.

¿Terroristas?

En 1998, le negaron la visa al candidato Hugo Chávez por haber participado en una asonada militar para derrocar a un gobierno constitucional. Hoy sería por terrorista. Entonces, comentó José Vicente Rangel que era posible “apreciar la torpeza de los funcionarios que en el Departamento de Estado impusieron la decisión”… “de este error –agregó con mucha razón- se lamentarán después en Washington”. Alguien le debería decir al embajador Shapiro que esas torpezas no las agradece el vicepresidente. Ningún Estado está obligado a dar razones para negar o revocar una visa, pero en la diplomacia de EE UU prelan, teóricamente, la violación de los derechos humanos, el atentado contra un régimen democrático y recientemente con más fuerza el terrorismo. Sin embargo, desde el mismo día que se aprobó la Constitución de EE UU y se declaró que “todos los hombres son iguales”, siempre han existido unos más iguales que otros. El 17 de febrero de 2000, el congresante Mark Foley, de EE UU, hubo de presentar un proyecto legislativo en Capitol Hill denominado Ley Anti-Atrocidades para la Deportación de Extranjeros. El leitmotiv de la ley consideraba que en EE UU se encontraban, aproximadamente, unas 7.000 personas acusadas de violaciones de derechos humanos.

Visa y crimen

“No hay duda de que el pragmatismo político priva sobre los principios cuando se trata de crímenes contra la humanidad”, asegura Diane F. Orentlicher, una profesora especialista en crímenes de guerra de la Universidad de las Américas. Así es. Los coroneles Carl Dorelien y Herbert Valmond, bajo la dirección de Raúl Cedras, el general que arrebató el poder en Haití al presidente Aristide por medio de un golpe militar, fueron acusados de horrendos crímenes contra la humilde población de Raboteau, donde se torturaron y masacraron a centenares de haitianos en 1994. Los tres vivieron en EE UU por años. Emannuel (Toto) Contant, quien dirigió un grupo paramilitar en Haití y fue responsable de miles de asesinatos y torturas a principios de los 90, vivió en Nueva York entre 1994 y 2002. Este año fue deportado. El Departamento de Estado le aprobó la residencia en EE UU al ex ministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, y al ex comandante de la Guardia Nacional del mismo país, coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, incluso después de que una comisión de la ONU concluyó que ellos intentaron encubrir la responsabilidad de la Guardia Nacional en el asesinato de 3 monjas de nacionalidad norteamericana en 1980. El militar salvadoreño Pedro Antonio Andrade estuvo involucrado en el asesinato de 4 marines, 2 hombres de negocios de EE UU y 6 salvadoreños en la Zona Rosa de El Salvador. En 1997, se reveló que estaba residenciado en California bajo la protección del gobierno de EE UU. Pero esto no lo advirtió Shapiro como jefe de la sección de El Salvador en Departamento de Estado y secretario Político de la Embajada de EE UU en El Salvador, ambos cargos entre 1983 y 1988. Todo lo contrario, en un testimonio ante una Corte Federal de Los Angeles en diciembre de 1986, declaró: “Estamos orgullosos de lo que hemos hecho en El Salvador”. Sobre el fallecido líder del Khmer Rouge, Pol Pot de Cambodia, inculpado en la masacre de más de un millón de seres humanos, Ron Daniels, del Center for Constitutional Rights de Nueva York, comentó hace unos años: “¿Cómo puede EE UU hablar de involucrarse en una operación para capturarlo y al mismo tiempo presentar lo que equivale a un asilo de este abusador de derechos humanos?”. El mismo Shapiro lo aclara, en esa misma oportunidad de 1986, en Los Angeles: “Derechos humanos es parte de nuestra política… pero no es nuestra única política”.

* Orlando Ochoa Terán - oochoa@quintodia.com.ve

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