El Gobierno bolivariano, contrario a la defensa de la soberanía nacional que pregona, está entregando el país a pedazos a potencias extranjeras con gobiernos donde el Estado de Derecho es algo inexistente. Peor aún, los fines que se persiguen con esta entrega no tienen nada que ver con producción, creación de riqueza, ni generación de un estado de bienestar para los venezolanos. Nada que contribuya a un desarrollo sustentable. Los objetivos bolivarianos apuntan más bien a una estrategia de seguridad, armamento y apoyo hipotético para el eventual enfrentamiento que el presidente Hugo Chávez ha imaginado que tendrá con el Imperio.

El año pasado, cuando las contratistas de servicios de PDVSA fueron obligadas a migrar a empresas mixtas, como socios minoritarios, el Gobierno se comprometió a invitarlas a licitar en los futuros campos petroleros. Sin embargo, las empresas mixtas migradas quedaron en el aire. Resulta que seis de esos nuevos campos fueron otorgados con carácter de exclusividad a la empresa Belarusneft. La estatal de un país forajido como Belarús.

Con el otro forajido, Irán, Venezuela formará una compañía binacional para explorar, producir, refinar, comercializar y transportar crudo y productos derivados hacia terceros países, entre ellos: Siria, Ecuador, Nigeria y otros países africanos.

Otra entrega vergonzosa es la asignación del Plan de Expansión de Gas a la petrolera rusa Gazprom, dejando de lado empresas de trayectoria y comprobada experiencia.

Además, ha trascendido a la prensa que China National Petroleum Corp. trasladará sus intereses de las arenas bituminosas en Canadá para centrarse en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde tienen planes de construir dos mejoradores de crudo extrapesado, que tendrían una capacidad total de 600.000 b/d para 2012. Mientras tanto, a ConocoPhillips y ExxonMobil se les violan sus contratos y se ven forzadas a irse del país.

Pero, la entrega no sólo se circunscribe a la industria petrolera, sino que también alcanza al sector empresarial en general y al agroindustrial en particular.

Esta semana se conoció que el Gobierno constituyó "vía decreto presidencial", en el marco de los acuerdos de cooperación del ALBA, cinco empresas agropecuarias mixtas "socialistas" con Cuba en las áreas maderera, láctea, avícola, arrocera y leguminosas, donde la Corporación Venezolana Agraria tendrá el 51% de participación accionaria. La competencia de estas empresas cubano-venezolanas abarcará la construcción de obras e infraestructura, proyectos de conservación de recursos naturales, servicios de asistencia técnica y asesoría, ejecución de estudios e investigación, así como actividades de comercio relacionadas con la industria y producción agrícola.

Lo más probable es que las nuevas "empresas socialistas" tendrán subsidios y exoneraciones tributarias especiales. Cabe preguntarse, dada la invasión de estas empresas extranjeras que se benefician de trato preferencial del Gobierno ¿cuál es el espacio que dejarán a las acosadas empresas venezolanas?

[*] VenEconomía Opina

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