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Caracas / Venezuela -
 


Una industria petrolera centralizada
Diego J. González C.* / El Universal (Venezuela) - 23/07/07

¿La idea de centralizar la industria petrolera venezolana será beneficiosa para la nación?

El Ministerio de Comunicación e Información anunció que entró en vigencia el 22 de junio 2007 la Comisión Central de Planificación, creada por el Ejecutivo nacional con el objetivo de impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada.

Esta decisión del Gobierno está en línea con las propuestas sobre la pérdida de libertad empresarial en materia de hidrocarburos que aparecerá en la nueva Constitución "inconstitucional", la cual en su artículo 302 establece que: el Estado se reserva "la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos".


En la Constitución vigente el Estado solamente se reserva la actividad petrolera, quedando la industria del gas natural fuera de esa prerrogativa. Este cambio es una puñalada a la libertad de empresa en la industria del gas, como ya viene ocurriendo en la industria del petróleo. Se verán afectadas empresas venezolanas y foráneas 100% privadas, establecidas para explorar y explotar yacimientos de gas libre.


Las empresas Trío-Yucal-Placer (que opera la empresa Ypergas), Repsol, BP, Pluspetrol, Teikoku Oil, Chevron, ConocoPhillips, Statoil, ENI y Total, tendrán que
ceder 60% de su participación accionaria a Petróleos de Venezuela, en el nuevo sistema de empresas mixtas que se creará (ojalá no ocurra lo sucedido con Exxon Mobil y Conoco Phillips en la Faja, que no aceptaron los nuevos términos y ahora demandarán al Estado venezolano). Valga recordar que en la empresa Ypergas participa las compañías nacionales Inelectra y Otepi con 51%.

En el occidente del país las empresas Gazprom, Repsol y Chevron también tendrán que ceder porcentajes de participación a Pdvsa, viéndose igualmente afectada la venezolana Vinccler Oil & Gas. Un anticipo de lo que va ocurrir lo adelantó el Gobierno durante el anuncio de la oferta de las áreas para explorar por búsqueda de gas en e lmar Caribe, en donde Pdvsa se reserva 70% (ya no se conforman con 60%) de la participación en uno de lo bloques de La Blanquilla.

Se va a repetir lo ocurrido en el proceso de estatización que comenzó a partir de 1976, mal llamado de nacionalización de la industria petrolera, cuando se estatizaron tres empresas nacionales dirigidas por verdaderos emprendedores del país: Mito Juan (Humberto Peñaloza y más de 1.000 accionistas venezolanos), Talon Petroleum (Rafael Tudela) y Las Mercedes (Francisco Mikuski). Estas decisiones de coartar la libre de empresa y perjudicar la propiedad privada, en nada benefician el desarrollo del país.

Se preguntarán los venezolanos si la idea de centralizar la industria petrolera venezolana será beneficiosa para la nación. ¿Acaso esta decisión hará que la industria petrolera venezolana sea mejor que en el año 1998 (3.329.000 barriles diarios) o, inclusive, mejor que en 2002 (2.994.000 barriles diarios) cuando ocurrió el paro cívico? La respuesta es no, porque lo que se ha visto es disminuir la producción de petróleo (hoy 2.350.000 barriles diarios) y gas basada en lo que eran los Convenios Operativos y las Asociaciones de los campos de la Faja del Orinoco.

Y ni hablar de la producción de las áreas operadas por Pdvsa, las cuales sin excepción han visto disminuir su producción por malas prácticas gerenciales y operacionales, por falta de inversiones y, lo más importante,
por falta de conocimiento del negocio o know-how.

Una posible explicación de esta decisión está en el poder que se desea tener sobre uno de los ejes donde gira la geopolítica mundial: el petróleo. El Gobierno cree que debe tener 100% del control de las decisiones sobre la producción de petróleo y gas, que no puede dejar en manos de particulares las decisiones sobre una producción de crudo superior al millón de barriles (ex convenios más Faja), sin importarle que esos volúmenes se les comenzarán a esfumar como ocurre con su producción propia.


La otra explicación gira en torno de los complejos y resentimientos que existen alrededor de la propiedad privada y la libertad de empresa. Se tienen que enviar señales inequívocas sobre el carácter socialista del Gobierno, que hoy parece conformarse con 60% de todo el negocio de los hidrocarburos, pero quién dice que no pueda llegar a ser 100% en un futuro no muy lejano.

Estamos de nuevo frente al propio improper state definido por Adam Smith (inepto, no justo ni conveniente, contrario a las reglas establecidas o a las buenas costumbres, irregular, impolítico, indecente, grosero, incorrecto).




[*]
Ing. Diego J. González Cruz / Consultor / E-mail: gonzalezdw@cantv.net

 





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