El 3 de diciembre de 2004, Jesús Bermúdez, un ex burócrata sin mucho ascendiente bolivariano, fue detenido en Miami por no declarar $37.000. A diferencia del caso Antonini, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y la Contraloría General abrieron sendas investigaciones de oficio, el CICPC allanó Cavim y su residencia. Recientemente dos Tribunales de Control le congelaron sus cuentas en Venezuela y en el exterior ¿Cuál es la diferencia?

En 1994, Hosep Bajakajian y su familia trataron de salir de EE UU por el Aeropuerto de Los Ángeles con un efectivo de $357.144. Bajakajian fue detenido y procesado por no haber declarado la cantidad que superaba los $10.000 permitidos. En el juicio Bajakajian demostró el origen y destino lícito de los fondos. El juez concluyó que la incautación de todo el dinero era groseramente desproporcionada y violatoria del principio constitucional de la proporcionalidad del castigo. La fiscalía apeló y perdió en dos instancias superiores. La Corte Suprema confirmó que el delito consistía en no declarar el dinero, no la posesión o el transporte del dinero, siempre que el origen y el destino fueran lícitos.

Ley Patriota cambió todo y actualmente la falta de declaración hace presumir un destino ilícito independientemente de su origen. Sin embargo, el caso fue una fuente de jurisprudencia que servirá para comprender por qué, en el caso de los $800.000 los altos funcionarios de ambos gobiernos aclaran todo menos el origen y destino del dinero. Veamos.

“El estúpido pote de humo”

Después que Kirchner le pidió a Chávez que saliera “a aclarar el escándalo” la respuesta venezolana no se hizo esperar pero, como siempre, los insensatos pronunciamientos han arrojado más sospechas.

Como si un enemigo hubiera seleccionado a los pasajeros del avión, al maletín con los dólares, la hora y el día del viaje, Jorge Rodríguez alegó que se trataba de un “estúpido pote de humo”. Pero en realidad el “estúpido pote de humo” comienza a adquirir un perfil bolivariano. El fiscal Isaías Rodríguez comenzó por aclarar que si el delito se cometió “allá” (destino), no era asunto de Venezuela. El canciller Maduro, en la misma onda, habló de una “emboscada” (origen) de la CIA para rematar que problemas como este “surgen todos los días en todos los aeropuertos del mundo”.

Vielma Mora, del Seniat, no sabía de dónde salió el avión (origen) pero sí le consta la enorme influencia de Antonini en Pdvsa. Rodrigo Cabezas dijo “no tener información del maletín” (origen). El ministro Pedro Carreño, más audaz, puso “en duda” que el dinero haya salido de Venezuela (origen) indicando que hizo escala en Santa Cruz de Bolivia. El gobierno de este país negó la versión de Carreño que ahora insiste en aclarar que la responsabilidad penal es personal, un detalle genial que se les pasó por alto a todos los abogados de EEUU en el escándalo Watergate. El ministro Rafael Ramírez, aseguró que no está en sus planes despido alguno y, probablemente aludiendo al de Claudio Uberti, añadió que “no se puede reaccionar de esa forma”.

El fiscal venezolano designado, Nelson Mejías, se negó a indicar si el dinero salió de Caracas (origen), porque “no se puede revelar estrategias de información” pero adelantó que la investigación de la Fiscalía solo trata de determinar “si el hecho constituye un delito” (origen). Sin embargo, el ministro argentino de gabinete (destino), Alberto Fernández insiste en pedir una explicación a Venezuela (origen).

El otro

Entre tanto para Antonini el continente se le encoge. Venezolano y estadounidense, sabe que, tarde o temprano, tendrá que rendir cuentas a una serie de agencias federales de EUU. No será un “walk in the park”. La intervención de EEUU podría devenir en una verdadera pesadilla para el gobierno del presidente Chávez. Antonini deberá explicar su relación con los funcionarios de los gobiernos de Venezuela y de Argentina, así como la amplia red de negocios que lo vinculan con el grupo binacional de los “Aguiluchos” de cuyas andanzas recomendamos buscar en ediciones anteriores de Quinto Día. Curiosamente la reacción bolivariana en el caso del ex viceministro de Finanzas, Jesús Bermúdez, detenido el 3 de diciembre de 2004 en Miami por no declarar $37.000, contrasta con el de Antonini.

La justicia en acción

A diferencia del caso Antonini el arresto de Bermúdez en Miami puso en movimiento de inmediato al Ministerio Público. La fiscal 19, Yoneiba Parra, abrió una averiguación de oficio que de inmediato condujo a imputar a Jesús Acosta Martínez (tío de Jesús Bermúdez), por la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios y obtención ilegal de utilidad en actos de la administración pública. A solicitud de la fiscal Parra el Tribunal 40 de Control ordenó bloquear la orden de pago de un pagaré por $780.000 emitido por Jesús Bermúdez.

Simultáneamente la Fiscalía inició de oficio una investigación para determinar la procedencia de los dólares ($37.000) incautados a Bermúdez y solicitar información detallada al Juzgado Federal de Fort Lauderdale en Florida. A sólo seis días del arresto de Bermúdez la Asamblea Nacional aprobó una moción de AD para investigar el caso.

Como por arte de magia apareció el contralor Russián y remitió a la Fiscalía un informe que incluía “la determinación patrimonial de Bermúdez que será de gran utilidad al Ministerio Público para corroborar si en efecto hubo un ilícito”. Al Ministerio Público y a la Contraloría General se les unió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a través de la División de Función Pública. Funcionarios de este cuerpo allanaron la residencia de Bermúdez ubicada en La Lagunita Country Club, calle A-5, quinta FEVE.

El 28 de octubre de 2005 la policía científica (Cicpc) allanó la sede de Cavim para buscar evidencias y pruebas de las irregularidades administrativas que habría cometido Jesús Bermúdez.

La ordalía

Bermúdez demostró en EEUU que el destino de los dólares era ilícito y salió en libertad con una multa y una pena reducida. Para eludir la investigación, ninguno de los poderes públicos bolivarianos alegó que Bermúdez era un particular o que la comisión del delito había sido “allá” en EEUU. Ni Maduro ni Rangel acusaron a la CIA de un complot y Carreño no adujo que la responsabilidad penal era personal. En el caso Antonini la Fiscalía se mueve como un cangrejo, la Contraloría se difuminó, no hay jueces que ordenen allanamientos o congelen cuentas y el diputado Mario Isea declaró en nombre de la Asamblea que “no contempla abrir una investigación”.

¿Cuál es la diferencia con Guido Antonini? Elemental. Jesús Bermúdez es un ex burócrata sin ascendencia en el alto gobierno que se limitó a medrar en la Administración Pública bajo la sombra de uno de los instrumentos de la revolución, también imputado por corrupción, Tobías Nóbrega. Nadie del gobierno acompañaba a Bermúdez en el avión y, lo más importante, el origen y el destino del dinero que le incautaron no comprometía a más nadie sino a él. Se supo entonces que Bermúdez, como buen aficionado a la revolución, pensaba comprar los regalos navideños en el imperio capitalista. Pero la ordalía de Bermúdez no termina con la sentencia en EEUU. El Tribunal 32 de Control ordenó el pasado mes de marzo que le congelaron sus cuentas bancarias.

En el mismo mes de marzo el Tribunal 32 de Control ordenó también que le congelaran las cuentas de su empresa MDB en Curazao. Que Bermúdez resida en el exterior no ha impedido que diferentes organismos de la revolución lo sometan al proceso de ruleteo que se conoce como “bájate de la mula” Tan claro estaba Antonini de la doctrina “origen y destino” que le oyeron advertirle a las autoridades de aduana “yo soy un soldado y nunca sabrán de dónde viene y adónde va el dinero”. Un conmovedor toque militarista y heroico que no resistirá un interrogatorio del FBI.

[*] Orlando Ochoa Terán / E-mail: o.ochoa@worldnet.att.net

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