El diputado Conrado Pérez acuñó un nuevo eslogan para la Corporación Venezolana de Guayana y sus filiales: 'Son empresas estratégicas para la corrupción'. El expediente de tres casos de cuestionados manejos en la Electrificación del Caroni-CVG arroja una cifra de cuidado: 'Un daño patrimonial de 454 mil millones de bolívares'. Pérez eleva las responsabilidades a lo alto del organigrama: 'Tuve una audiencia con el general Francisco Rangel Gómez, presidente de la CVG, para presentarle las pruebas. Pero no hizo nada', la omisión - según el diputado - convirtió el general en cómplice.

Las tres puntas de este oscuro triángulo se desprenden del contrato para la rehabilitación de diez turbinas de la Casa de Máquinas II de Guri; el acuerdo entre Edelca y la empresa Asea Brown Boveri (ABB) de Venezuela en el que operó una conversión de deuda en bolívares a dólares y el traspaso de partidas presupuestarias que se invertirían en el reacondicionamiento de las turbinas y que finalmente se utilizaron en contratos de adquisición de un sistema de registro de fallas y eventos y en la compra de tres helicópteros Bell 407.

Respecto a la rehabilitación de las turbinas, un informe de la Comisión de Contraloría advirtió sobre el incumplimiento de las leyes de Administración Pública, de Seguridad y Defensa, de Licitaciones y de la Contraloría General a través de una serie de aspectos técnicos e irregularidades en el proceso de licitación y se determinó un patrón de disminución de 4 puntos en la eficiencia de las turbinas que se traduce en pérdidas de 5,2 millones de dólares anuales por cada una de las diez.

El acuerdo en el que Edelca y ABB de Venezuela trataron la conversión de una deuda de bolívares a dólares requería autorización hasta del propio presidente de la República, puesto que tiene carácter de operación de crédito público y no de simple deuda comercial. La conversión produjo un daño patrimonial calculado en 156 millardos de bolívares. En cuanto al traspaso de partidas, no se aclaró cuál fue el destino final de los fondos desviados ni si finalmente se efectuaron las transacciones. Esta violación a la Ley de Presupuesto significó - de acuerdo al informe - un daño patrimonial por el orden de 2 millones 850 mil dólares.

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