La propuesta de reforma del artículo 328 de la constitución, promovida por el presidente de la República, significa un paso más en el proceso de militarización de la sociedad venezolana. El militarismo es, además del protagonismo del estamento castrense en el llamado “proceso” bolivariano, una forma de reglamentar la vida en sociedad.

Las Fuerzas Armadas son los ejecutores del monopolio de la violencia a manos del Estado, teniendo valores como la organización vertical, la cadena de mando incontestable, el nacionalismo excluyente y guerrerista, la homogeneización del pensamiento, la mitificación de las armas y la violencia, el machismo y la xenofobia. Estas características son incompatibles con la democracia directa, participativa y protagónica, así como de un socialismo nuevo y renovador que no repita los errores del pasado.

El gobierno venezolano afirma que la posibilidad de una “invasión imperialista” es la razón que motiva la organización castrense de la sociedad. El discurso emanado desde el palacio de Miraflores reinterpreta el sentimiento anti-imperialista, que motivó las luchas sociales latinoamericanas de las décadas anteriores, para convertirlo en un dispositivo de su proyecto de dominación.

Centrando sus críticas exclusivamente en el gobierno de George Bush, distorsiona la realidad que rige el mundo globalizado: la existencia de múltiples y diversos actores que mantienen circulando el flujo de dinero y poder por las redes que aceitan el mercado mundial. Una de ellas son las compañías multinacionales energéticas, principales beneficiarias en los proyectos de reforma constitucional realizados por el presidente Chávez. En la vigente, aprobada en 1999, se estableció constitucionalmente que la inversión internacional poseía el mismo status que la nacional (artículo 301). En el actual proyecto de reforma, diferentes artículos (112, 113, 115, 156) confieren rango constitucional las empresas de capital mixto, con el que las trasnacionales se convierten en socias del estado venezolano para la explotación energética.

Pero las razones de la imposibilidad de una invasión norteamericana, como el chavismo la difunde, no hay que buscarlas únicamente en el texto constitucional. Desde la llegada al poder del presidente Chávez se han adelantado políticas que, a diferencia de lo que expresa en sus discursos, favorecen al capitalismo contemporáneo. El tratado de no doble tributación, el otorgamiento de concesiones en los principales yacimientos del país, la construcción de grandes infraestructuras para la exportación al mercado planetario, el estímulo a la libre circulación del capital financiero y especulativo, así como la transformación del país en un paraíso financiero para las inversiones en el ámbito de la banca, los seguros y las telecomunicaciones son hechos concretos en los que Venezuela cumple su rol asignado por la globalización económica. Una de las maneras de continuar desempeñando el papel de proveedor seguro y confiable de energía se reitera en la propuesta de reforma, cuando en su artículo 11 permite decretar regiones especiales militares con fines estratégicos, con lo que abre la posibilidad de transformar las regiones mineras fronterizas en maquilas custodiadas por los uniformados.

El reforzamiento militarista, propuesto en la reforma en su artículo 321, tendrá consecuencias cotidianas en contra de los sectores desfavorecidos y minoritarios. De aprobarse este articulado las Fuerzas Armadas pasaran a tener tareas permanentes para mantener la seguridad ciudadana, así como de la conservación del orden interno. Anteriormente, el Ejército desempeñaba labores represivas únicamente en situaciones calificadas de extraordinarias. En lo sucesivo, sustituirán a los efectivos policiales en la represión de manifestaciones, incrementándose las violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para exterminar enemigos militares. El artículo 321 le declara la guerra a los que atenten contra el “orden interno”: las protestas por falta de viviendas, agua, servicios, empleo, seguridad social y seguridad personal; los que disientan de las políticas gubernamentales o de quienes se organicen de manera diferente a como lo estipula las cuatro instancias del llamado “poder popular” a regirse según la nueva constitución.

En este punto, de nuevo, el actual gobierno venezolano sintoniza con las políticas impulsadas por los centros de poder mundiales. Desde hace dos décadas atrás, los Estados Unidos, a través de los documentos de Santa fe Uno y Dos, propugnaban el cambio de rol de las fuerzas armadas del continente en organismos policiales, para involucrarse en el combate del delito, el narcotráfico y el terrorismo. Esta política es realizada hoy, paradójicamente, por un Estado que se denomina a si mismo como “revolucionario”. Por esta razón, una extensión de la actual propuesta de reforma será la “Ley antiterrorista” venezolana, la cual criminalizará definitivamente a los rebeldes y cuestionadores de la nueva casta burocrática venezolana. Que las nuevas funciones se adjetiven de “patrioticas, populares y antiimperialistas” son sólo un eufemismo del reforzamiento de las nuevas labores asignadas por la constitución.

Asimismo, la incorporación de atribuciones policiales a los administradores de la violencia del Estado no hace más que recoger lo ocurrido en la realidad: el ejército actúa fácticamente como gendarme como lo evidencia las masacres de la Paragua en Bolívar y Llano Alto en Apure.

Otra de las novedades de la propuesta de reforma se encuentra en el rango constitucional asignado a la milicia nacional bolivariana, nuevo componente de la Fuerza Armada Bolivariana. De esta manera, la Carta Magna institucionaliza las labores policiales que vienen realizando organizaciones de apoyo al gobierno, entre las cuales se encuentra la ubicación y delación de revolucionarios disidentes, trabajo realizado bajo el nombre políticamente correcto de “inteligencia social”.

De esta manera, el llamado “Socialismo del siglo XXI” bolivariano repite lo peor de los socialismos reales existentes en la historia, y reproduce el caudillismo y militarismo presente en la historia de Venezuela. Una muestra del talante autoritario lo hemos visto venezolanos y venezolanas cuando, en medio del debate ficticio sobre la propuesta de reforma, algunos de los seguidores del presidente se han atrevido a cuestionar alguno de sus componentes. La respuesta ha sido el asesinato simbólico y moral. Para aquellos que lo cuestionamos desde posturas radicales y revolucionarias nos esperan otro tipo de represalias, las cuales, si se aprueban en bloque los 33 artículos de la reforma, serán ejecutadas por cualquiera de los cuerpos militarizados estipulados por la nueva constitución.

[*] Insurgentes / Lista: https://lists.riseup.net/www/info/insurgentes

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