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 El CNE se ha convertido en una de las principales fortalezas del régimen, quizás tan temible como el G2 cubano y sin duda mucho más obsecuente. Basta constatar la diligencia con que tramitan las órdenes del ejecutivo, sólo comparable al desdén que dispensan a cualquier solicitud de otra procedencia. Bien podría llamarse Ministerio del Poder Popular para las Elecciones, como seguramente ocurra en el futuro y nadie notaría la diferencia.
No es para nada sorprendente que en la nueva constitución la conformación del Consejo de Estado, presidido por el Presidente de la República, incluya al presidente del CNE, junto a los presidentes de los llamados poderes públicos, con lo que se formaliza la abolición de la división de poderes.
De manera que no puede encontrarse un mejor anfitrión para ese debate entre los que promueven el Si y el NO, todos financiados por el régimen y empujando en la misma dirección: hacia el socialismo bolivariano. Lo que no queda para nada claro, es cuál puede ser el destino del CNE y de los "votacionistas" en el marco de una constitución que consagra que el poder popular "no nace del voto ni de elección alguna".
En verdad, un sistema electoral tiene sentido en una democracia representativa que gire alrededor de elecciones periódicas, pero no puede tener ninguno en algo que se llame "democracia directa", porque se supone que allí el poder se ejercerse en persona, sin mediaciones, ni elección de representantes. No se justifica tener un costosísimo aparataje electoral para cada siete años salir a reelegir a la misma persona, hasta que la muerte nos separe. Todos los demás cargos, como gobernadores, alcaldes y concejales, pasan a ser decorativos, porque los verdaderos administradores de las regiones son designados por el Presidente de la República, según la nueva constitución.
 De manera que no viene al caso demostrar una vez más la absoluta parcialidad del CNE, como si no fuera bastante que su anterior presidente ahora es Vicepresidente de la República, promotor del Partido Único Socialista (PUSV) o que sus máquinas Smartmatic y sus técnicos se utilizaron para el proceso automatizado de inscripción del partido oficialista. Nada de esto importa porque todo está muy claro. Lo que sí valdría la pena analizar es qué pueden hacer los venezolanos ante esta avalancha de insensateces.
Un calificado equipo técnico coordinado por el Profesor Genaro Mosquera ha desarrollado una investigación en la que demuestra de una manera diáfana e incontrovertible el estado actual del sistema electoral venezolano, sin hacer juicios de valor, ilustran simplemente "lo que hay". Lo que cualquier venezolano intuye en el fondo de su conciencia, aquí se revela con números y gráficos muy fáciles de apreciar incluso para los no iniciados en estadística social. Una cosa es intuir y otra es ver el vertiginoso crecimiento del registro electoral desde la reelección del año 2000, pasando por el RR del 2004 a la tercera elección como Presidente el 2006 subiendo de alrededor de 6 a más de 9 hasta cerca de 12 millones de electores, ¡un crecimiento de casi 100%!
Un caso que no es para Ripley ni para Guinnes, aunque no se pueda creer y sea un record supremo, porque sencillamente no es, ni puede ser verdad. La única explicación plausible es que el CNE con sus artilugios electrónicos ha ido construyendo una realidad virtual que ahora no tiene asidero en los hechos.
Como consecuencia de esto el registro electoral ya abarca más del 94% de la población que teóricamente sería apta para votar, otro record mundial. Más de tres cuartas de las circunscripciones electorales del país tienen más electores que población en edad de votar. Con todo y la misión identidad, que le repartió cédulas a guerrilleros colombianos y brigadistas cubanos, más la eliminación de la fiscalía de cedulación, el universo de población se saturó, por lo que esta podría ser otra explicación de que se haya bajado a 16 años la edad para votar: mantener este crecimiento inverosímil del registro electoral.
 Es sorprendente descubrir a Venezuela como un país de población constituida por migrados internos: el 60% de quienes configuran en los centros electorales son nuevos o migrados, más de la mitad de la población electoral. De manera que si no hemos sufrido una catástrofe de desplazados por causa de guerra o calamidades naturales, de la que no nos habíamos dado cuenta, una vez más, la única explicación es que hay una formidable población flotante "virtual" recorriendo trashumante todo el territorio nacional.
Las anécdotas son numerosísimas: el 40% de los miembros de mesa en el estado Barinas son funcionarios del Ministerio de Educación; a lo que hay que añadir que el 80% de los maestros enrolados en todo el país son interinos, es decir, que no tienen estabilidad en sus cargos, con lo que se puede juzgar la imparcialidad que pueden exhibir. Es casi cómico que en una mesa electoral en el estado Lara, el 100% de electores y miembros de mesa son funcionarios de la policía municipal. Esto recuerda las escenas, que se vieron en el Valle y Coche durante las pasadas elecciones presidenciales del 3D, de reclutas que se bajaban en fila india de unos autobuses tan verde oliva como ellos, para ejercer su novísimo derecho al voto, bajo órdenes superiores, votando por su comandante en jefe. De suerte que todavía no estaban obligados a gritar: "socialismo o muerte".
Ya es universalmente conocida la existencia de 3 millones de votantes flotantes registrados sin dirección, por lo que no se sabe a que circunscripción electoral pertenecen (o más bien, pertenecen a cualquiera, dónde hagan falta); también que hay más de 3 mil centros electorales fantasmas; la curiosidad nueva son los numerosos centros electorales en que votó el 100% de los electores inscritos, es decir, que la abstención fue igual a cero, todos ellos fuera de todo control y sin auditoria de ningún tipo. Esta corona la ceñía Saddam Hussein con orgullo, pero ahora le salió retador.
Un dato extraordinariamente concreto, verificable y revelador es que de la lista de preseleccionados aleatoriamente para miembros de mesa, no se nombró ninguno. Absolutamente todos son nuevos o migrados, con lo que en verdad la lista de preseleccionados resultó ser una "lista de excluidos". Muy bien dicen los investigadores responsables del proyecto que: "Lo raro es lo normal, es decir, que alguien vote donde vive".
También pudo determinarse científicamente que entre el número de firmantes para convocar el Referéndum Revocatorio de 2004 y el resultado del NO, existe una función constante. Basta multiplicar uno por el factor 1,15 para obtener el otro.
 Para no extender excesivamente esta somera relación de hallazgos, que en realidad están a la vista de todo el mundo o de quien quiera verlos, digamos finalmente que el CNE se empeña en no entregar el registro de electores, bajo el subterfugio de salvaguardar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Argumento desconcertante en quienes no tuvieron empacho en entregar la lista refrendada oficialmente, con las firmas de los solicitantes del referéndum revocatorio presidencial de 2004, al asambleísta Luis Tascón, para que éste confeccionara la oprobiosa "Lista Tascón", que ha costado la vida, integridad física, libertad, estabilidad y acceso al trabajo a millones de venezolanos.
Eso sigue siendo historia en pleno desarrollo, pero el punto actual es que se trata de una falsedad, del encubrimiento oficial de un fraude. No entregan las listas porque les consta que hay millones de inscritos sin dirección y si se cruza sus números de cédula con las listas Tascón, Maisanta y otras, se revelará que "no firmaron contra el presidente" o que "firmaron para revocar el mandato de los diputados de oposición" y paremos aquí de contar, para no fastidiar.
El punto jurídico fuerte es que las elecciones implican un acto de manifestación política, una intervención pública, para la configuración de poderes públicos, que está regido por el derecho público; por lo que mal puede echarse mano a una argumentación y a protecciones propias del derecho privado. Quien entre en la escena pública no puede hacerlo embozadamente y este punto requiere cierta explicación, porque no tiene nada que ver con el secreto del voto.
Un ciudadano puede exigir que los candidatos a alcalde de su municipio sean vecinos del sector desde hace varios años, de acuerdo con la Ley, porque no puede ser que no vivan allí o se hayan mudado recién, precisamente por causa de las elecciones. Asimismo, el candidato a alcalde puede voltearse hacia el elector para que demuestre que él también vive allí, porque sería por lo menos ridículo que alguien se levante en una asamblea pública y emplace al candidato para que demuestre su domicilio y si el candidato pregunta: pero ¿y usted vive aquí? El vecino le responda: ¡¿Cómo se atreve a meterse en mi vida privada?!
 Para decirlo en forma menos jocosa, el acceso al listado de electores es una garantía legal para los promotores de candidaturas y quien pretenda que ésta se opone a su privacidad, de hecho, renuncia a participar en la controversia pública. Todavía más, no se puede participar en la discusión pública y a la vez permanecer en el anonimato. Y para forzar todavía más el argumento, nadie le ha pedido al CNE esa supuesta protección de privacidad, por lo se estaría arrogando una función que no le compete de guardar un inexistente "secreto electoral" que no aparece en ninguna Ley. Este es el único gobierno "socialista" que en el mundo ha sido, que superpone un interés privado al interés público, lo que hace más grotesca la falacia del argumento de la privacidad.
Finalmente, esta conducta escandalosa del CNE configura una violación al principio de igualdad ante la ley, porque es a la oposición a quien se le niega el listado, pero el gobierno sí que lo tiene. En un país en que los ejercicios electorales hacia el futuro van a limitarse a la presentación periódica del presidente para su reelección, todos los procesos serán contra el ejecutivo, por lo que obviamente constituye otro acto de desigualdad que el ejecutivo sí tenga acceso a una información que se le niega a los otros candidatos; pero además, el principio de la privacidad se le estaría aplicando a los demás, pero no vale, ni es respetado por el gobierno.
El punto político más importante ante las evidencias abrumadoras contra el CNE se resume en preguntar por qué la oposición oficial sigue insistiendo en que si se cometieron fraudes el 15A y el 3D "no se han demostrado". Para no volver sobre el hecho de que hayan reconocido la victoria del gobierno y la propia derrota aún antes de que hubieran concluido las votaciones; ni que en un caso inusitado de ultra petita se lanzaran al exterior a pontificar sobre la limpieza de los comicios. Puesto que nada de lo ocurrido al interior del CNE les consta, la única "prueba" que exhiben es la falacia de que "los resultados coinciden con las encuestas", como si las encuestadoras no las contratara el mismo gobierno y no reflejaran sino lo que se llama "profecías auto cumplidas".
Los colaboracionistas no se explican las reservas del público frente al CNE y ni siquiera las dificultades con que tropiezan para llevar incautos a votar les hace pensar que la intuición popular percibe claramente que el voto dejó de tener sentido hace tiempo, aun antes de que la nueva constitución lo aboliera como expresión del "poder popular". Siguen señalando como su principal enemigo a la abstención, no al gobierno, a sus partidos, ni a los que votan por el régimen.
 Para los colaboracionistas la abstención es culpable de que se hayan perdido gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, hasta la Asamblea Nacional, incluso la Presidencia de la República que hubiera ganado Rosales sino fuera por la abstención. El CNE, Smartmatic, ni siquiera el teniente coronel tienen nada que ver en el asunto: ellos les parecen objetivos, imparciales y honrados.
Es conmovedor ver a Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, mezclados con el Partido Comunista de Venezuela, el PPT y PODEMOS, buscando su dinerillo en el CNE, organizando las mesas de debate por el SI y el NO, repartiéndose el tiempo de transmisión en cadena nacional, con lo que de paso participan en esa aborrecible violación masiva de derechos humanos que tanto han criticado, esa invasión a la privacidad de las familias y violencia contra el derecho a elegir lo que se quiere ver en TV y oír por radio.
Que les aproveche ese revoltijo, pero a estas alturas ya deberían saber que el pueblo ve, escucha, calla y al contrario de lo que ellos creen, no olvida.
(*) Luis Marín, Abogado y politólogo venezolano. Graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, en 1981. Profesor de la UCV (1988-1998) /
E-mail: lumarinre@gmail.com
Artículo del autor:
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