La literatura política internacional ya cumple sus doscientos cincuenta y pico de años (250) informando a medias acerca de la opresión que supone el contrato social y laboral entre los empresarios privados y sus trabajadores asalariados.

Esto ha servido muy poco para la toma de conciencia del trabajador moderno porque, precisamente, una de las características más relevantes del sistema burgués es su alta penetración ideológica, una conquista sociológica que jamás pudo imponerse en los regímenes de explotación precedentes. Los siervos  y esclavos jamás toleraron  su condición social ni tampoco aspiraron suplantar a sus amos, y este sí es el caso de los asalariados quienes casi todos aspiran ser patronos y tener algún día sus propios asalariados de quienes vivir "sin tirar un palo".

Un claro ejemplo de ventajismo sociológico patronal es el siguiente: Cuando los asalariados exigen mejoras salariales sólo piden que sus patronos compartan con ellos un poco mejor sus ganancias, y de ser así todo mejoraría, pero resulta que esos mismos trabajadores consideran que tales  ganancias son obtenidas como resultado de operaciones meramente mercantiles practicadas con las materias primas transformadas por las máquinas en nuevas mercancías con ayuda de ellos, de los asalariados. En esta convicción mercantil, que deja al margen toda posibilidad de explotación laboral, está la clave para entender porqué este régimen se halla blindado frente a  los ataques marxistas, y para colmo, sí halla en sus propios explotados la carne de cañón para enfrentar las protestas que algunos trabajadores de avanzada han hecho y hacen para salir de este estado de cosas.

Ahora bien, los contratos obrero-patronales modernos gozan de todo el apoyo legal que la Constitución y las leyes derivadas les otorgan, y son de estricto cumplimiento para las partes involucradas. A tal punto existe esta legalidad que de un tiempo para acá los Presidentes se encargan de decretar las mejoras salariales, de minimizar los "salarios mínimos", y de  blandenguemente obligar al patrono infractor de su respectivo contrato. Es más, los gobiernos más conscientes, más apoyadores de este sistema de explotación, son los que mejor aplican las disposiciones legales hasta en contra de empresarios de alto giro, porque en esa legalidad le va la permanencia al sistema en cuestión.

Obsérvese que ningún gobierno burgués trata el tema de la explotación salarial, y cuando lo hace  es bajo un ropaje de demagogia populista, como es el caso de la Venezuela chavista, con un gobierno que usa bandearas revolucionarais para atornillarse él, y atornillar  y oxigenar al sistema capitalista. Lo hace mediante Empresas Mixtas a las que, sin pasar por los necesarios Referendos Consultivos,  las ha hecho copropietarias privadas de nuestro subsuelo petrolero, a unas empresas que terminarán sacando todo el petróleo que puedan durante 25 años, y  luego se largarán bien lejos, y Venezuela recuperará su soberanía 100%, sólo que de las enormes cavernas que para entonces nos dejarán.

Pero además de legales, los contratos burgosalariales son ilegítimos, habida cuenta que no es del mercado de donde emana y nace la ganancia del empresario, sino de los propios centros de fabricación de mercancías con mano de obra asalariada, en cuyos centros, ciertamente se dan operaciones mercantiles, reducidas a la compra de materias primas y afines, pero también  a la  mano de obra a un precio muy por debajo de lo que vale. El patrono la  compra al precio de un salario, y recibe en cambio un valor agregado contentivo del salario y de un excedente  que después determinará los precios de venta, en un mercado donde nadie paga más de lo que vale una  mercancía, salvo casos de estafas y especulaciones de irrelevante importancia para la legalidad e Ilicitud del Contrato Obrero-patronal.

(") Manuel C. Martínez M. - Economista (Colegio Econ. #39) - Email: venasun@hotmail.com
web: www.pagina.de/sadelas

Artículo del autor:

La Estafa Histórica

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