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Caracas / Venezuela -
 


Ley de Declaración Jurada del Patrimonio
Eudes Vera* / Panorama (Venezuela) - 21/02/08

Para combatir eficazmente los altos niveles de corrupción y todas sus secuelas negativas, propusimos en la pasada campaña electoral para la Presidencia de la República la promulgación de una Ley de Declaración Anual Jurada y Obligatoria del Patrimonio

Si bien es cierto que ya existe la Ley de Declaración Jurada de Bienes, la misma sólo es aplicable a los funcionarios públicos. La idea es generalizarla y extenderla a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, venezolanos o venezolanas residentes en el país o en el extranjero, y también a los extranjeros o extranjeras mayores de edad que residan en el país. Sin excepciones de ninguna naturaleza.

Todo adulto en Venezuela, desde el Presidente hasta Juan Bimba estaría en la obligación cada año de declarar al Seniat todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones, títulos, etc. De esa manera, el Estado contaría con una inmensa base de datos en la que cada propiedad se corresponda con su verdadero propietario.

De paso, además de combatir el lavado de dinero y el narcotráfico, sería una fuente de ingresos adicionales para el país, pues a toda persona que infrinja la ley le serían decomisados los bienes que no pueda justificar en base a sus ingresos legítimos. Adicionalmente, sería objeto de inhabilitación política y de pena de prisión (hasta un máximo de seis años).

El principio que justificaría esta ley es que el derecho al secreto de la propiedad individual no puede estar por encima del derecho de la sociedad a disfrutar de una mejor calidad de vida cuando se minimiza la corrupción.

La Constancia de Declaración Jurada del Patrimonio debería convertirse en un requisito obligatorio para optar a un cargo público, para salir del país, para la compra de un inmueble, para la solicitud de un préstamo, etc.

La aplicación estricta de esa ley significaría el fin de los testaferros y dificultaría en grado sumo la corrupción administrativa. Otras ventajas serían los ingresos adicionales al fisco nacional por este concepto.


Se estima que actualmente hay depositados en bancos extranjeros más de 150.000 millones de dólares en cuentas de ciudadanos venezolanos. Con toda seguridad una alta proporción de esta última cantidad es dinero mal habido. En suma, la Ley traería consigo grandes ahorros para el fisco nacional y aumento significativo de sus ingresos.

El Gobierno tiene mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. No hay excusas, por lo tanto, para que ese cuerpo no apruebe una ley similar a la sugerida. Pero también el mismo Presidente podría promulgarla, haciendo uso de la Ley Habilitante. Si en verdad existiera la voluntad política para combatir a fondo la corrupción, la ley que proponemos podría provenir de alguna de las dos opciones anteriores.

Pero hay una tercera opción, prevista en el artículo 71 de nuestra Constitución: Que la iniciativa provenga de al menos el 10% del electorado inscrito en el Registro Electoral Permanente. Esto significa en la actualidad recoger unas 1,7 millones de firmas. Vale la pena hacerlo.

 

 

(*) Eudes Vera - Ingº Electricista / Ex-Candidato Presidencial / Email: eudesvera@cantv.net / Cel: 0416-384 4511

 

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