Las organizaciones laborales son en la actualidad junto al Estado, los únicos sujetos de derecho a quienes se concede un derecho a la violencia. Puede objetarse que la abstención de actuar, el no hacer, implícito en la huelga, no puede de manera alguna caracterizarse como violencia. Y no debe olvidarse que, cuando ya no supo evitarlo, esta consideración facilitó la labor de la violencia de Estado para retirar el derecho de huelga.

Walter Benjamin
Para una crítica de la violencia

El conflicto del petróleo

La huelga petrolera (1) iniciada el 2 de diciembre de 2002, en el contexto del paro cívico nacional que realizara la sociedad civil en oposición al régimen de Chávez, parecía no prevista con claridad en la estrategia del gobierno. En una perspectiva más concreta se creía que esa huelga, declarada en una coyuntura de manifiestas tensiones sociales y políticas, explicaba el sentido de la firme reacción que la gestión petrolera del gobierno, con perfil ideológico que desmerecía el tenor corporativo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscitaba en la masa laboral de la propia industria. La reivindicación de la meritocracia en esa actividad, desde antes erigida en emblema de la inteligencia y capacidad del trabajo profesional, constituía una importante razón esgrimida reiteradamente por Unapetrol y Gente del Petróleo, las dos asociaciones gremiales que protagonizaban el conflicto, en contra de los vicios y desviaciones que las cargas de la politización oficialista causaban en la gestión de la actividad petrolera.(2)

Al día siguiente el presidente Chávez, que deprisa negaba la posibilidad de decretar un estado de excepción, ordenó reprimir el “paro activo” acordado extensivamente el mismo día por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática y Fedecámaras. Así se acentuaba el temperamento conflictivo de la inmovilización. La inactividad casi total en áreas de operaciones de la corporación estatal y el descenso brusco del abastecimiento de combustibles significaron que la paralización muy pronto alcanzaba niveles críticos que incidían en el deterioro de los indicadores financieros externos del país – caída en la cotización exterior de los bonos Brady, alza en la calificación de riesgo país percibida por los inversionistas extranjeros... – debido principalmente a la incertidumbre que surgía en cuanto al suministro de hidrocarburos a los mercados internacionales. En el orden interno, a más abundamiento, los principales protagonistas de la confrontación mostraban a la vez una creciente sensibilidad, tanto en razón de los movimientos masivos con los que la sociedad civil realizaba el despliegue de su opugnación, como en virtud del vigor represivo con que el gobierno respondía a los actos multitudinarios de sus opositores.

Aquella huelga, que se mantendría dos meses como experiencia de inéditas repercusiones nacionales e internacionales, enfrentaba la urgente movilización de fuerzas y recursos que el gobierno aplicaba sin control ni medida para conjurarla, conforme a un guión de diligencias y actuaciones con las cuales se proponía desmontar cuanto antes la organización del conflicto, activando al respecto el plan de contingencia que había sido previsto para situaciones emergentes o accidentales(3) . Ese plan condenado a resultados precarios o contraproducentes en tales circunstancias, muy poco lograba reactivar operaciones en áreas críticas de la explotación, pero en cambio ocasionaba paradójicamente accidentes, incendios, derrames y contaminación ambiental que sumaban enormes pérdidas patrimoniales de la nación, para así revelar no sólo la temeridad e improvisación en restablecer a toda costa la actividad petrolera, sino además el empeño en demostrar la presencia activa del poder con una combinación del aparato táctico de la contingencia y el aparato escénico de la represión.

El paro petrolero, estimado como respuesta inevitable a procuraciones esencialmente políticas que turbaban el clima laboral de PDVSA, contaba desde el comienzo con amplio apoyo de la sociedad civil, aunque no parecía suscitar expectativas precisas en su tendencia, porque las partes en conflicto – una menos dispuesta a la conciliación que la otra – ni siquiera sugerían el diálogo sobre la necesidad de concluirlo. Por esto mismo, según podía notarse, el paro continuaría como disputa carente de arbitraje, sin negociación ni búsqueda efectiva de acuerdo, en el ámbito recesivo de una coyuntura afectada por una crisis política que vulneraba las condiciones de gobernabilidad del país; mientras la economía, entonces con ritmo desandante, se aproximaba al umbral de un colapso que algunos analistas pronosticaban como ineluctable, puesto que una visión prospectiva – con escenarios que contemplaban regresión e incertidumbre en el horizonte del futuro inmediato – vislumbraba pérdidas costosas que la depresión económica luego consignaría en las cuentas nacionales de corto y mediano plazo.

Existía una cierta expectativa de que el paro, a poco tiempo de su comienzo, pudiera ser resuelto mediante esfuerzos de flexibilización que minimizaran la sobrecarga del enfrentamiento para evitar las pérdidas mayores que luego ocurrirían. En este sentido se consideraban, a falta de un trato de restitución, los efectos del mantenimiento de la huelga, no sin insistir en advertencias y razones que aconsejaban la concertación efectiva de las partes. Pero siempre se interponían, decimos parafraseando a Hirschman, los obstáculos blandidos por la retórica de la intransigencia(4) . El presidente Chávez, en vez de reducir las tensiones inherentes a la polarización del conflicto, agitaba en todo caso el tono de hostilidad y desafío, con frecuencia endilgando amenazas o condenas sumarias a los opositores, en un discurso fútil que identificaba la fuerza con el poder y donde a cada instante elevaba su predicamento a posición de ofensiva, creyendo acaso que la política, ya en el plano de la beligerancia, debía hablar únicamente con la palabra de la contienda, con respecto a lo cual mostraba no entender que una batalla, como dijera Glucksmann, sólo es grande en cuanto es concluyente(5) .

Para el primer mandatario parecía estratégico acompañar el ejercicio del poder con una eficaz administración de la violencia. Así, como los trabajadores en paro recibían demostraciones masivas de solidaridad, y el presidente temía que la agitación de la sociedad civil desencadenara mayores tensiones de ingobernabilidad, la actitud del gobierno pasaba de la franca intolerancia a la violencia instrumental, no aceptando gestiones de mediación, ni denuncias sobre la impunidad de sus violaciones, sino asumiendo apenas una vaga dialéctica que los mentores oficiales tornaban casi siempre en maniqueismo. Violencia y poder actuaban entonces como elementos complementarios: cuando éste se desalentaba, aquélla se apresuraba a reafirmarlo. A ello se añadía que el desempeño gubernamental, por causa de la anomia institucional y de los graves problemas no resueltos, transcurría entre los límites de un orden poco coherente, pues la política del régimen, carente de plan y programas que contemplaran realizaciones verosímiles, operaba por encima de sus recursos a la vez que por debajo de sus objetivos. De allí la incongruencia entre las procuraciones del poder y la ineficacia de sus actores principales. De manera que la violencia, aludida por Arendt como “la manifestación más flagrante del poder”(6), constituía el supremo recurso del gobierno para afrontar situaciones de emergencia o de sumo desacuerdo, como aquella conflictiva situación laboral – sin precedentes en la historia contemporánea del país – que prometía prolongarse por el repudio a los medios ilegítimos que se empleaban para inhabilitarla.

A los seis días de iniciado el paro, cuando la disputa seguía anclada en las mismas razones, se radicalizaba la posición de ambas partes, aproximando la actividad petrolera a la inmovilización casi total (7), al tiempo que el presidente Chávez, aconsejado por los factores más impenitentes de la gestión petrolera del gobierno, ya parecía convencerse de que su permanencia en el poder dependía del control político absoluto que mantuviese sobre PDVSA. En esa perspectiva se tornaba más remoto el desenlace pacífico del conflicto. El primer mandatario, a tono con el estilo de su vocación castrense, descartó el expediente de una solución negociada del paro y ordenó prontamente la militarización de las instalaciones petroleras(8) , encargando a la Guardia Nacional el allanamiento y la custodia tanto de las plantas de producción y procesamiento como de los equipos de distribución y transporte, a fin de que éstos y aquéllas comenzaran a operar con efectivos de ese componente armado, como desestimando la necesidad de la pericia requerida en el manejo de la planta productiva de esa industria. Pero todo ello, incluyendo el emplazamiento de la fuerza en los lugares de operación, no podía superar el grave atasco de la actividad porque sólo los trabajadores del sector, entonces sumados masivamente al paro, sabían maniobrar aquellas instalaciones con la destreza profesional o técnica que aseguraba su integridad operativa.

En tales circunstancias, la explotación de hidrocarburos, así desguarnecida en materia de seguridad industrial, quedaba expuesta a las consecuencias de erráticas decisiones adoptadas por el gobierno para ofrecer la imagen de un pronto restablecimiento de las operaciones. La intervención de efectivos militares como operarios de las plantas y la incorporación de trabajadores no calificados en las instalaciones petroleras, ya en la fase crítica del paro en que el gobierno advertía malos resultados de su plan de contingencia, dejaban sin efecto los contratos de seguros y reaseguros suscritos por PDVSA para proteger tanto el valor de sus activos(9) , como su responsabilidad en caso de que sus operaciones causaren siniestros, accidentes mayores, daños a terceros o perjuicios ambientales. La magnitud del aparato productivo de la industria y la escala de sus propias actividades, por ser tan amplias, imposibilitaban contratar la cobertura total de los seguros petroleros con empresas del país, porque ninguna de ellas, estimando el enorme valor de las indemnizaciones concernientes, estaba en capacidad de resarcir siniestros y daños en las instalaciones de esa industria. Las compañías internacionales reaseguradoras se comprometían a indemnizar a la corporación estatal en caso de siniestros, daños o accidentes, siempre que ésta cumpliera con rigor las cláusulas atinentes a las normas de seguridad en las operaciones de la planta productiva, pero tales normas no eran observadas en aquellas circunstancias de azaroso relevo laboral, al punto de colocar la industria al descubierto en materia de seguridad industrial.

Al quinto día, en un clima político que aumentaba las expectativas de turbación, creció súbitamente el tamaño de aquel conflicto porque los tripulantes de doce de los trece buques tanqueros que transportaban combustibles para PDV marina decidieron fondear sus embarcaciones en diferentes aguas de las costas venezolanas, en manifestación de apoyo a la tripulación del barco “Pilín León” – convertido en emblema del paro solidario de la Marina Mercante – que había ancorado en aguas del Lago de Maracaibo para sumarse a la huelga petrolera, tanto como al espíritu del paro nacional declarado en oposición al régimen de Chávez. El cierre de seis puertos de embarque, por añadidura, interrumpió esa vez las exportaciones venezolanas de un millón de barriles diarios de crudo.

De suerte que la crisis del petróleo, al afectar sin resolución las operaciones del quinto país exportador mundial de hidrocarburos, repercutía de inmediato en los mercados internacionales, con efectos alcistas ocasionales en los precios de los crudos marcadores. El primer mandatario, además de ordenar la militarización de las instalaciones petroleras, abría instruido a Alí Rodríguez Araque, presidente de PDVSA, no invocar la cláusula de fuerza mayor establecida para justificar el incumplimiento de compromisos de exportación cuando se interrumpiesen por siniestros, huelgas o accidentes. Desde entonces, en consecuencia, Venezuela perdía casi enteramente el control de sus negociaciones en el mercado petrolero internacional y se convertía en objetivo de sumo interés para empresas intermediarias no conocidas y poco escrupulosas que a la sazón actuaban en la diligencia de acuerdos de suministro de los hidrocarburos venezolanos.

Las reacciones del gobierno al desencadenamiento de los hechos demostraban que el presidente Chávez, aconsejado por mentores que magnificaban la franquía ideológica en la conducción del negocio petrolero, poco comprendía la compleja trama de la crisis y dejaba sin respuesta a no pocas interrogaciones del conflicto. Por eso relegaba la posibilidad de negociación e insistía en el enfrentamiento como duelo, desafío o prueba de resistencia, allí donde la visión absoluta del duelo añadía hostilidad a la renuencia. Una percepción más política que económica, fundada en una ideología que postulaba la violencia de los aparatos del Estado para reducir la actuación del adversario a la abjuración forzosa, predominaba en la manifiesta estrategia que asumía el gobierno para extremar a toda costa la ventaja de los recursos del poder en la confrontación. Bastaba prescindir de los excesos del discurso presidencial para entender que el gobierno, en vez de transar una solución democrática del paro, se empeñaba en buscar la capitalización política de la crisis, apuntando la reiteración de una prédica que pretendía descalificar a los timoneles de la huelga y legitimar la actuación de los comisarios políticos de la “nueva PDVSA”.

La politización de esta empresa, que había adquirido gran importancia estratégica en el plan del régimen de Chávez, obedecía a la providencia política que asignaba a la industria petrolera un rol clave en el proyecto de la llamada revolución bolivariana. Algunos aportes de esa industria, proporcionados con criterios no estrictamente fiscales, debían destinarse al financiamiento de actuaciones y realizaciones incluidas en la agenda discrecional de aquel proyecto. Por esto mismo, los factores ideológicos de esa politización, que buscaban establecer la cogestión de los trabajadores en la dirección de PDVSA e introducir los principios de la democracia participativa en el manejo y control del sector petrolero, se esmeraban en restringir el espíritu laboral no identificado con las inspiraciones doctrinales del gobierno, ni en particular con aquel supuesto experimento de “capitalismo de los trabajadores”, cuestionando las instancias directivas y gerenciales que instituían el arquetipo de la meritocracia en los desempeños profesionales de tal corporación.

Lo que dejamos dicho contribuye a explicar el sentido de las opiniones de la llamada “junta directiva paralela de PDVSA”(10) – de inmediato negada oficialmente – cuando días antes del paro proponía la refundación de esta empresa. Las imputaciones de esa “junta” trascendieron muy pronto al percibirse el contenido de un documento que revelaba, según información periodística un tanto posterior, la celebración de una “asamblea originaria, general y extraordinaria de accionistas de Petróleos de Venezuela”, bajo la dirección atribuida a Adina Bastidas, exvicepresidenta de la República que esa vez se arrogaba la condición de “miembro del nuevo directorio”, en donde se planteaba como objetivo revisar la política petrolera aplicada en los últimos veinte años, se establecían las bases para una “nueva reconquista” de esa corporación y se pedía el relevo de Alí Rodríguez Araque, presidente de tal empresa, tanto como la del directorio en ejercicio, porque “no intentaron el dominio político de PDVSA, y menos aún, la disciplina financiera de sus actividades mercantiles”(11) .

La “junta paralela”, constituida en grupo oficialista que invariablemente extremaba el enfoque económico y político del sector energético, denunció que el presidente y el directorio de PDVSA actuaban de modo remiso y vacilante en el desempeño que debía subordinar los factores y recursos de ese sector a los requerimientos de la denominada revolución bolivariana(12) . El contenido de su documento, tildado como “acta espuria de una junta paralela”, insinuaba una inclinación inquisitiva que encarecía el espíritu de adhesión a todas las razones y ejecutorias del gobierno, sugiriendo la convicción del mismo grupo en cuanto al planteamiento de una depuración política en estamentos laborales de la actividad petrolera, que permitiese habilitar en ésta el interés clientelar en el reclutamiento de personal, y disminuir asimismo la fuerza de trabajo considerada redundante que influía, según viejo diagnóstico, en el aumento de los costos de producción(13) .

Si había que aportar ideas que sirviesen al gobierno para deshacer el conflicto unilateralmente, descartando la negociación como medio de dirimirlo, estaban miembros de aquel grupo que proponían drásticas medidas al respecto. Algunos de ellos, cuando con apremio se planteaba la intervención y reorganización de PDVSA, aconsejaron reducir la nómina laboral de esta empresa a menos de 9.000 trabajadores, sin perder mínimo tiempo en escrutar sus consecuencias, ni imaginar la devastación que infligirían a esa industria con la brutal mutilación de su fuerza productiva. Nada hubiera resultado entonces más grotesco que el extremismo de tal propuesta. Esa idea fue luego acogida sin vacilación ni demora. De manera que a los seis días de la huelga, cuando las operaciones petroleras se habían reducido en un 60%, comenzaron los despidos masivos en cadena que desalojaron de la actividad a más de 18.000 trabajadores – con un promedio de 320 a diario – durante los dos primeros meses del paro.

Días después, a un tiempo que miembros de la junta directiva de PDVSA junto con directores de negocio y gerentes corporativos rechazaron los despidos de trabajadores petroleros y marinos mercantes, el presidente Chávez proclamó con júbilo que le había correspondido “hacer una limpieza”, en esa corporación, cuando parecía no observar que una industria de operaciones integradas, con alta densidad de capital y especial calificación de la fuerza de trabajo, como precisamente aquélla, no podía soportar la descapitalización de los recursos humanos a que era sometida esa vez sin experimentar la caída abrupta de su capacidad productiva, su rendimiento y competitividad, con los consiguientes efectos depresivos en la ya quebrantada economía del país y, particularmente, en la renta fiscal proveniente de la explotación de hidrocarburos. Todo eso, con la prolongación de su desastrosa incidencia, era imputado no sólo a los indoctos designios del autoritarismo establecido, sino también a la obstinación con que actuaban el presidente de PDVSA y el ministro de Energía y Minas en obsecuencia al albedrío irrestricto del primer mandatario.

La medida de “limpieza” o depuración política de la nómina directiva y gerencial de PDVSA permitía entender que el gobierno colocaba algunos principios de la Constitución entre paréntesis, como relegados al ámbito de una hermenéutica inservible, para alegar razones convencionales a tenor de su propia intransigencia, pues al respecto orientaba sus actuaciones a la intimidación y la violencia coactiva, con la subterfugio de aludir a dogmas constitucionales que a menudo esgrimía con medios que no lo eran. En aquel contexto se percibía que la ley, el derecho o la soberanía, invocados por los mentores del gobierno para desmerecer las razones de la huelga, eran aducidos artificiosamente con la intención de refrendar acciones represivas contra los trabajadores en paro, no sin recurrir a juicios de valor que obedecían a un discurso presidencial de reparo y condena, cuando toda crítica a los excesos gubernamentales era reputaba como conspiración contra el régimen, y toda diferencia con la ideología del poder era considerada tan reluctante como violatoria. Ante los intereses comprometidos en los opuestos móviles del enfrentamiento, sabía el gobierno por qué optar, qué camino elegir, qué medidas tomar, pero confiriendo poca importancia a las secuelas de su inminente disposición a destruir, como pronto quedaba demostrado en las evidencias del desmantelamiento que causara a la principal industria del país.

Una noción de la intensidad productiva del trabajo en la explotación de los hidrocarburos se percibe con sólo conocer que 39.354 trabajadores petroleros(14) generaban, en promedio anual del lapso 2000-2002, un producto territorial equivalente al 27% del producto interno bruto, con una creación de plusvalía que participaba en el proceso de acumulación de capital en tal industria. El despido de 18.756 trabajadores en paro, que representaban el 48% de la fuerza de trabajo total en esa actividad, significó una considerable destrucción de su capacidad gerencial, técnica, administrativa y operacional, calculada aproximadamente en US$ 2.200 millones como pérdida de la inversión en 21 millones horas-hombre de adiestramiento profesional(15) . Los despidos por áreas operacionales afectaron el 79% de los trabajadores en exploración, el 68% en comercio y suministros, el 59% en mantenimiento y el 45% en operaciones productivas(16). Afectaron también, por áreas de apoyo, el 87% de los trabajadores en finanzas, el 84% en relaciones humanas, el 80% en planificación, el 62% en auditoría(17) ... con destrucción de desempeños productivos diversos que aseguraban tanto el manejo de las áreas de exploración, producción y suministro, como la eficacia y transparencia en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

Otras cifras de la muestra de profesionales despedidos revelan también el alcance de la destrucción del capital humano en la industria petrolera. Los trabajadores desincorporados de la nómina de PDVSA, de acuerdo con estadísticas confiables de UNAPETROL, tienen en promedio 41 años de edad y entre 15 y 20 años de servicio ininterrumpidos en la corporación. Entre los despidos, según la misma fuente, figuran 272 ingenieros de mantenimiento, 260 geólogos, 203 ingenieros de producción, 120 ingenieros de procesos, 87 inge-nieros de operaciones, 26 geofísicos, 205 marinos mercantes, 495 profesionales en recursos humanos, 377 en procesos de planificación y 156 en presupuesto(18) .

A estas cifras de descapitalización de los recursos humanos de PDVSA, que permiten cuantificar aproximadamente la destrucción de su fuerza productiva, se añaden otras que revelan el cercenamiento de instancias dedicadas, en las disciplinas de inteligencia creadora de la propia empresa, a la generación de conocimientos y destrezas profesionales. Fueron despedidos el 60% del personal en INTEVEP (instituto de investigación) y el 64% en el CIED (centro de adiestramiento), con lo cual se mutiló el laboratorio intelectual creativo de la corporación, indispensable como instructor de la acción y forjador de la habilidad competitiva, allí donde la formación de capital humano – valor económico creado por la mayor calidad productiva del factor trabajo - contempla la enorme relevancia de la economía del conocimiento en la tendencia manifiesta a la tecnificación y desmaterialización del proceso productivo. La destrucción de PDVSA, además de las deplorables evidencias antes reseñadas, puso de manifiesto la percepción nebulosa de quienes propusieron y ejecutaron la medida de desmantelamiento como réplica y vindicta.

La impericia y el defectuoso desempeño en la gestión corporativa, sobre todo en su más alto nivel de dirección, impidieron el manejo de la industria con criterio de restablecimiento. No hubo entonces una visión providente que ordenara el repertorio de las obligaciones externas e internas que debía cumplir PDVSA en el corto y mediano plazo. La devastación de esta empresa, que ocurrió sucesivamente en las cuatro primeras semanas del conflicto, configuraba seis meses después una realidad todavía más desconcertante, sin iniciativas eficaces de restauración ni funciones de control, sin pruebas oportunas de solvencia ni mecanismos de evaluación, a juicio tanto de analistas nacionales como de expertos extranjeros que en conjunto observaban que la corporación estatal incurría en incumplimiento de sus compromisos internacionales.

Entre estos compromisos, el de más graves consecuencias para esa corporación y el gobierno venezolano, figuraba el concerniente al retardo del informe anual que debía presentar – antes del 31 de marzo de 2003 – a la Security and Exchange Commission (Comisión de Supervisión de Bolsa y Valo-res de Estados Unidos, SEC), con inclusión de los estados financieros consolidados y debidamente auditados, el diagnóstico de la gerencia operacional y financiera, el movimiento de la deuda corporativa a largo y corto plazo, las inversiones y los gastos de operación, la cuantificación de los riesgos y daños ambientales, sin que hasta el 15 de julio de 2003 – fecha de vencimiento de la prórroga solicitada para enviar los recaudos a aquella Comisión - existieran o se hubieran procesado informaciones disponibles y confiables sobre esos aspectos, como se infería del reconocimiento de la junta directiva de PDVSA cuando notificaba oficialmente, con la insistente imputación al paro laboral, no haber iniciado sino en mayo de 2003 el proceso de cierre de sus registros contables correspondientes a 2002, para dar cuenta del costo de la improvidencia en que incurrían el primer mandatario y el presidente de esa empresa al decidir de modo imprevisor la destitución del personal con competencia en tales desempeños. A seis meses y medio del cierre del ejercicio económico 2002, ya vencida la nueva prórroga solicitada por el presidente de la corporación estatal el 1° de julio de 2003, la Asociación Civil Gente del Petróleo manifestó públicamente a las comunidades nacional e internacional que “PDVSA no ha sido capaz de hacer debida entrega de la información a sus accionistas, ni a la SEC” , lo cual pudiera ocasionar, entre otras, las consecuencias siguientes:

• Aumento de la percepción de riesgo PDVSA y país • Pérdida de interés por parte de terceros en adquisición de bonos de PDVSA y de deuda venezolana.

• Pérdida de valor monetario de los títulos venezolanos.

• Dificultad para acceder a nuevas fuentes de financiamiento externo.

• Elevado costo de las limitadas fuentes de nuevos financiamientos.

• Reducción de las inversiones necesarias para la operatividad y el cre-cimiento de PDVSA y el país.

• Debilitamiento de las relaciones con socios y terceros.

• Riesgo de exigencias de pagos de deudas, por parte de los acreedores, de manera temprana(20) .

También era motivo de objeción el manejo inconducente de los recursos del Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómico (FIEM)(21) , a juzgar por la rápida contracción que el financiamiento del déficit fiscal y la emergencia financiera de PDVSA – ambos relacionados con el brusco descenso de las exportaciones petroleras – causaban a las disponibilidades de ese Fondo. Al inicio de 2002, el FIEM enteraba recursos por US$ 4.072 millones, no incluyendo US$ 1.044 millones por aportes correspondientes a lapsos trimestrales de los años 2000 y 2001, mas no entregados. En junio de 2002, apremiado por el limitado acceso a la financiación crediticia y por necesidad de cumplir obligaciones puntuales, como el pago del servicio de la deuda pública con gran concentración de vencimientos en ese mismo año, el gobierno dispuso que PDVSA efectuara el retiro de US$ 2.445 millones – equivalentes al 1,6% del PIB – de los recursos depositados en el FIEM, desadvirtiendo el espíritu fundacional de la normativa que regía las operaciones de ese Fondo.

Al 28 de febrero de 2003, después de que el gobierno central y PDVSA retiraran del FIEM los montos de US$ 1.850 millones y US$ 2.840 millones respectivamente, el patrimonio de este organismo financiero disminuyó a US$ 1.980 millones. La situación deficitaria del sector público indujo a que el ministro de Finanzas planteara que esos recursos fuesen erogados de “la manera más rápida” para atender los requerimientos de la economía en estado recesivo. Asimismo el presidente de PDVSA manifestó que esta empresa necesitaba la totalidad de sus disponibilidades en el fondo de estabilización para financiar inversiones en mejoramiento de la infraestructura petrolera. Al término del primer semestre de 2003, cuando el gobierno agotaba casi todas las diligencias de financiación para reducir su brecha deficitaria, sólo aproximadamente US$ 1.000 millones quedaban de los US$ 4.300 millones acumulados por PDVSA en el citado fondo. Esta corporación tenía una ejecución erogativa tan poco rigurosa que había gastado, en algo más de un año, el 75% de los recursos que acumulara en el organismo financiero mencionado.

La destrucción de PDVSA no significó únicamente la supresión de casi la mitad de su fuerza de trabajo, puesto que el desmantelamiento limitado a este factor produjo de inmediato sus efectos en otros desempeños de la industria petrolera. De modo que un inventario de las calamidades causadas en esta industria, tal como lo revelan las evidencias de aquel estrago, se relacionaba con la ausencia de la fuerza laboral calificada. La corporación estatal, a fines de julio de 2003, ostentaba como balance un funesto cuadro de incumplimientos, irregularidades y omisiones:

i) no se había practicado el cierre del ejercicio anual correspondiente a 2002; ii) no se había realizado la asamblea general de accionistas sobre la gestión de 2002; iii) no se había presentado el Informe Anual 2002; iv) no existían informaciones sobre los resultados de auditorías financieras ex-ternas; v) no se conocía la declaración definitiva del Impuesto sobre la Renta del año 2002, ni la estimación relativa al 2003; vi) no existía control sobre las operaciones bancarias; vii) no se habían escrutado los daños y las contingencias ambientales; viii) se habían contraído obligaciones por financiamiento a elevado costo; ix) fueron otorgados contratos sin las debidas licitaciones; x) no existía información fiable sobre los proveedores y el valor de las importaciones de combustibles durante la huelga; xi) no había información sobre lo pagado a intermediarios que actuaron en la venta del petróleo venezolano por haber sido desmantelada la gerencia de comercio y suministro...

Todo esto no completaba aún la imagen de preterición e inadvertencia que mostraba el más alto elenco directivo de la “nueva PDVSA” en el acontecimiento del desastre. Alí Rodríguez Araque, presidente de esta empresa, imitaba el estilo despótico del presidente de la república asumiendo la actitud arbitraria de no informar sobre su gestión como si hubiera decidido no atender las consecuencias de sus actos. La junta directiva de PDVSA, en acatamiento al criterio inflexible de su presidente, actuaba en flagrante violación de los derechos de los trabajadores desincorporados de la empresa, reteniéndoles más de medio billón de bolívares que les correspondían legalmente por los conceptos de salarios caídos, prestaciones sociales, caja de ahorros y fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2002(22) , desconociendo el dictamen de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de junio de 2003, que declaraba procedente la pretensión de amparo cautelar solicitada por la UNAPETROL, y decidía la suspensión de los efectos de las providencias re-feridas a la declaratoria de culminación de la inamovilidad prevista en la Ley Orgánica del Trabajo para aquellos trabajadores promoventes del mencionado sindicato.

Este veredicto, dictado seis meses después de iniciado el paro petrolero, derogaba el espíritu de algunas actuaciones oficiales que habían cercenado los derechos de los trabajadores en huelga. El monto de aquel pasivo laboral, que por mandato de la ley debía retribuirse a más de 18.000 trabajadores de la industria, se reconocía como derecho restituible constituyendo prueba de legitimidad del paro. El violento despliegue de las “acciones revolucionarias” – en atención a la praxis de aquel proyecto político tan difuso como borrascoso – era aún más contrastante cuando declinaba la manifestación de desobediencia legítima a la que el paro se afiliaba. Los huelguistas observaban, ya cuando concluía el paro cívico nacional, la tendencia al estancamiento del conflicto en una cierta desasistencia motivada por la explicable fatiga de la sociedad civil; mientras que el gobierno, como en imprevisión de otros retos y obstáculos del futuro inminente, no estimaba la posibilidad de negociar ni siquiera en consideración de las dificultades de restablecimiento operativo de la industria petrolera. Hasta esta vez las secuelas del conflicto se prolongaban en perspectiva de una imprecisa culminación de la huelga. Entonces el rígido desacuerdo de las partes arribaba al punto muerto de la confrontación. Si en aquel conflicto, la acción del gobierno se convertía en elemento sobrepujante, no por ello pasaba de la violencia al derecho, sino de la fuerza que se afirmaba de inmediato a la razón que al cabo se impondría.

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*H. Malavé Mata es Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. Individuo de Número de la Aca-demia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).

Notas

(1) En la preceptiva del derecho social son diferentes los conceptos de conflicto y huelga. El conflicto es tanto la causa que suscita el paro como el procedimiento consecuente; mientras que la huelga es el acontecimiento que sobreviene efectivamente sólo cuando faltan el diálogo, la mediación o la conciliación, ante la intransigencia patronal, el arbitraje o la paralización. En esta última fase, considerada la más crítica porque es la única alterna-tiva del trabajador, el conflicto se convierte en huelga. En este trabajo, por licencia de una gramática conven-cional, empleamos los dos términos indistintamente.

(2) En la preceptiva del derecho social son diferentes los conceptos de conflicto y huelga. El conflicto es tanto la causa que suscita el paro como el procedimiento consecuente; mientras que la huelga es el acontecimiento que sobreviene efectivamente sólo cuando faltan el diálogo, la mediación o la conciliación, ante la intransigencia patronal, el arbitraje o la paralización. En esta última fase, considerada la más crítica porque es la única alterna-tiva del trabajador, el conflicto se convierte en huelga. En este trabajo, por licencia de una gramática conven-cional, empleamos los dos términos indistintamente.

(3) Al cuarto día de la huelga, la paralización de la industria petrolera alcanzaba a casi 70%, con perspectiva de una suspensión casi total en los tres días siguientes. El plan de contingencia que Petróleos de Venezuela había pre-visto para situaciones de emergencia, tales como huelgas y accidentes, contemplaba un número de 1.500 traba-jadores para mantener las operaciones en condiciones de seguridad durante una o dos semanas a lo sumo. Pero en aquellas circunstancias, con los trabajadores del sector sumados al paro cívico nacional, el gobierno no lo-grabalograba activar plenamente el plan mencionado, ni siquiera con la incorporación de fuerza de trabajo ajena a la propia industria.

(4) Cf. Albert O. Hirschman: Retóricas de la intransigencia, pp. 183-189.

(5) Cf. André Glucksmann: El discurso de la guerra, p. 35.

(6) Hannah Arendt: Sobre la violencia, p. 36.

(7) El paro cívico nacional parecía estrechamente atado a la inmovilización del sector petrolero. En este sentido, en los cuatro primeros días del paro, se había dejado de exportar aproximadamente un millón de barriles diarios de petróleo. El 5 de diciembre, como esa vez se informara, los trabajadores en huelga decidieron paralizar las ope-raciones del Centro Refinador de Paraguaná – considerado el más grande del mundo con una generación de 954.000 barriles diarios de derivados del petróleo, equivalentes a 34% de la capacidad de refinación mundial y a 72% de la capacidad nacional – en una acción que imponía emergencias de abastecimiento al gobierno, no sólo con respecto al suministro de combustibles en el mercado interno, sino también en cuanto al flujo de ex-portaciones (especialmente de gasolina reformulada) a clientes importantes del mercado estadounidense.

(8) El 10 de diciembre de 2002, representantes de las compañías Shell, Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, BP-Amoco, Deltaven, Trebol Gas, Llanoven, Petrocanarias, Corporación Monagas y Betapetrol, agrupadas en la Cámara Venezolana de Empresas de Hidrocarburos, expresaron al ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, su de-sacuerdo con la resolución N° 333 del MEN y el decreto N° 2.172 de la Presidencia de la República, según el cual el gobierno garantizaba el suministro de combustible mediante la intervención de la Fuerza Armada. Tales empresas manifestaron que no asumirían responsabilidades en lo concerniente a entrega, calidad y cantidad, origen y destino, seguridad industrial y ambiental de “los productos suministrados bajo estas condiciones ex-cepcionales”, no sin declarar las serias reservas que tenían sobre “los fundamentos de constitucionalidad y lega-lidad de dichas normas”, y señalar su “alta preocupación por la situación operativa, financiera y contable de los despachos realizados de manera excepcional” (Cf. El Nacional, Caracas, 11 de diciembre de 2002, p. B-1).

(9) Al término del año 2001, a pesar del decrecimiento en el producto petrolero del país, PDVSA mantenía su ubica-ción en el ranking mundial entre las mayores corporaciones internacionales del petróleo. Sus activos, al 31 de diciembre de ese año, se evaluaban en US$ 57.542 millones que incluían el valor de propiedades, plantas, equi-pos, inversiones en compañías filiales, efectivo restringido y otros activos. Su infraestructura productiva estaba formada por 20.000 pozos operativos en un total de 2.400 yacimientos, 300 campos petroleros y 6.000 kilóme-tros de oleoductos. Esa infraestructura también comprendía 6 refinerías con una capacidad conjunta de 3.08 mi-llones de barriles diarios de combustibles y otros derivados. Los activos incluían además una compleja red para el manejo y la distribución del gas y los líquidos derivados, integrada por 18 plantas compresoras, 11 plantas de líquidos de gas natural (LGN), 5.720 kilómetros de gasoductos para gas metano, 344 kilómetros de poliductos para líquidos de gas natural, y un activo intangible de 1.046 patentes en 24 países (Cf. PDVSA: Informe Anual 2001, pp. 6, 7 y 47). Después, a partir del paro petrolero, la corporación estatal incurrió en considerables pérdi-das materiales e inmateriales que asimismo se reflejarían en sus estados financieros consolidados.

(10) Así era denominada esa junta en las informaciones de prensa, sin referencia, en tal caso, a un grupo identifica-do como de “expertos petroleros”, no legitimado expresamente por el gobierno, pero influyente en elevadas instancias gubernamentales relacionadas con la industria de hidrocarburos.

(11) “Con el petróleo no se juega” (editorial), El Nacional, Caracas, 6 de diciembre de 2002, p. A-10.

(12) Sin embargo, el presidente de PDVSA, con una formación profesional más política que económica, actuaba en realidad de una manera que denegaba el sentido del cuestionamiento que le hiciera aquel grupo radical, cuan-do en tal desempeño empleaba el mismo lenguaje incriminador de algunos portavoces oficiales, para imputar a los gerentes en paro los cargos no sólo de criminalidad, conspiración y sabotaje, sino también el de compli-cidad con los partidos políticos de oposición para subvertir el orden instituido.

(13) Sobre esto se opinaba destacando la participación de la remuneración salarial en el costo de producción, pero no tomando en cuenta, al parecer, que la acumulación de capital en esa industria tiene su fuente primaria en el aumento de la productividad del trabajo, la cual genera la plusvalía que allí mismo revierte al capital. Hablar del incremento del costo de producción, de la manera que se hacía, carece de sentido si tal incremento no se coteja con la productividad de la fuerza de trabajo en esa industria.

(14) Esta cifra de empleo, correspondiente al mes de noviembre de 2002, incluía 1.230 trabajadores de la nómina ejecutiva (gerentes), 18.245 de la nómina mayor (profesionales, técnicos y supervisores), 12.670 de la nómina menor (operadores y artesanos) y 7.209 de la nómina diaria (operadores y mantenedores). Cf. Asociación Civil Gente del Petróleo: Destrucción de PDVSA. Su capital humano (copia), pp. 3 y 5.

(15) La cifra total de despidos comprendía 726 trabajadores de la nómina ejecutiva, 12.371 de la nómina mayor, 3.705 de la nómina menor y 1.954 de la nómina diaria. De la cifra de despidos, el 56% correspondía a trabaja-dores con nivel de instrucción profesional, el 32% con nivel técnico y el 12% con nivel básico. La elevada cali-ficación calificación y el alto rendimiento no impidieron la ola de despidos: el 69% de los empleados de las nóminas ejecutiva y mayor, con sobresaliente perfil de desempeño, fue destituido (Cf. Ibid., pp. 3, 5 y 6).

(16) Cf. Ibid., p. 11.

(17) Cf. Ibid., p. 12.

(18) Estas y otras informaciones sobre los despidos masivos en PDVSA fueron suministradas por UNAPETROL y aparecieron en El Nacional, Caracas, 13 de julio de 2003, p. B-1.

(19) Asociación Civil Gente del Petróleo: “Alerta al País: PDVSA incumplió entrega de estados financieros de 2002”. El Nacional, Caracas, 16 de julio de 2003, p. B-8.

(20) Idem

(21) Este Fondo fue creado en 1998 y reformado en 1999 para minimizar los efectos desfavorables de la caída de los precios del petróleo en la economía venezolana, particularmente en el presupuesto nacional y en el mercado cambiario. Los aportes de PDVSA a ese Fondo se efectuaron en base del 50% de los ingresos petroleros de ex-portación en exceso sobre los US$ 9 por barril, y aumentaron de US$ 2.406 millones al 31 de diciembre de 2000

(22) Cada día que transcurría sin la reincorporación de los trabajadores despedidos se incrementaba la cifra de los pasivos laborales que el gobierno les adeudaba. A mediados de julio de 2003, más de siete meses después de iniciada la huelga, la junta directiva de PDVSA le retenía a los trabajadores desincorporados más de Bs. 540 mil millones, distribuidos en Bs. 257 mil millones de salarios caídos, Bs. 171 mil millones de la caja de aho-rros y el fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2002, Bs. 100 mil millones de prestaciones sociales, y Bs. 22 mil millones en poder de la propia corporación, no incluyendo los intereses devengados por los depósitos de tales adeudos en varias instituciones bancarias bajo el concepto de fideicomiso (Cf. Información de UNAPETROL publicada en El Nacional, Caracas, 13 de julio de 2003, p. B-1).


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