La Casidemocracia venezolana
Baldomero Vásquez Soto* / Soberania.org - 09/05/08
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Quien lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) podría concluir que los conceptos que dan estructura al orden social en el cual nos desenvolvemos los venezolanos son: “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (Artículo 2), “Voluntad popular” (Artículo 3), “Soberanía”, “Pueblo”, “Ley”, “Sufragio” (Artículo 5),”Igualdad ante la ley” (Artículo 25).
Pero esa sería una conclusión equivocada, pues la realidad es que el propio proponente de esa Constitución, Hugo Chávez, ha venido socavando sistemáticamente, desde su aprobación en 1999, las bases del orden social democrático que ella recoge. La intención no ha sido otra que la de sustituirlo por otro de naturaleza totalitaria. “Ilusión neocastrista, alimentada por un pozo de petróleo”, lo llama Touraine.
Chávez, desde sus tiempos de militancia en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) -cuya caduca y fracasada ideología hoy recicla en el PSUV con sus viejos compañeros de ruta (Alí, Adán, Ramírez)-, ha sido enemigo jurado de los ideales democráticos que aparecen plasmados en la CRBV. Ésta no fue más que una concesión táctica, simple fachada, a la espera del momento oportuno para deshacerse de sus restricciones, es decir, de toda la normativa democrática incompatible con el “proceso”. A tal fin se convocó el Referéndum el 02 de diciembre de 2007 para suplantar el Estado de Derecho por los Derechos del Estado, disfrazando como “más poder para el pueblo” su propósito de presidencia vitalicia y otras monsergas.
La propuesta de nueva Constitución fue derrotada de manera apabullante (la rechazó el 59,1% del electorado). Sin embargo, el pasado 02 de diciembre el sistema democrático de nuestro país sufrió una peligrosa herida en el centro mismo de los principios que la sustentan y que se ha traducido en un importante triunfo político para Chávez. El asunto es que según la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (Artículo 33), el CNE tiene un lapso de 30 días para publicar los resultados de las elecciones del 2D. Es decir, el Poder Electoral lleva más de 4 meses en mora con la ley. Hasta el día de hoy sólo conocemos el resultado parcial a favor de la Opción del “Si” y del “No” del primer boletín, donde se totalizaron el 86,49% de las mesas (29.072 de 33.614 mesas). De las restantes 4.542 mesas, que representan 1.810.186 electores, el Portal de Internet del CNE sólo dice una frase abstrusa: “Disculpe en estos momentos no tenemos información para este Ambito”.
Frente a esta ilegal situación, el liderazgo opositor visible ha considerado innecesario exigir al Poder Electoral la publicación de los resultados definitivos del 2D (“No importa el score”, dijo Petkoff). El problema es que esta línea política trae perniciosas consecuencias para el sostenimiento del sistema democrático. Por un lado, avala, en coincidencia con Chávez, el desacato a la ley.
Por otro lado, implica que lo que se tiene es un compromiso instrumental, táctico, con los valores sustantivos de la democracia. Si la ley, la voluntad popular –la de todos los electores-, la igualdad ante la ley, la independencia de los poderes, el respeto a la dignidad humana y a la propiedad privada, etc, no se defienden como principios, como fines innegociables, entonces la democracia se vaciaría de contenido y se haría vulnerable a la imposición de proyectos totalitarios.
El 2D nació en Venezuela la “Casidemocracia”. Variante empírica que podemos inscribir en el concepto de “democracia delegativa” de O´Donnell. La “Casidemocracia” venezolana ha cristalizado como producto de la confluencia de dos corrientes políticas: una, 100% antidemócrata, encabezada por Chávez, y la otra, 86% demócrata, representada por el mencionado liderazgo opositor.
De esta manera nuestro sistema político ha seguido deslizándose por la tendencia que Dirmoser ha observado en América Latina, hacia un tipo de régimen que él ha denominado “Democracias sin demócratas”. Éste, aparte del sello caudillista, usurpa “los controles de todo el tejido institucional y especialmente de las instituciones estratégicas de poder como el Ejército, la Policía y las Autoridades Electorales”. Si a este preocupante contexto político le agregamos la creciente renta petrolera y el modo discrecional en que el gobierno dispone de ella para sus planes, vemos que no será fácil para el pueblo venezolano reinstalar la democracia en el país.
(*) Econ. Baldomero Vásquez Soto / Profesor de la Universidad del Zulia (1973-1991) /
Esp. Universidad Católica Andrés Bello (1989) /
E-mail: tiobaldomero@yahoo.com
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