El poder mundial en la actualidad ha dirigido sus acciones a restringir los derechos y conquistas alcanzadas por la sociedad. El movimiento tiene una trayectoria hacia la degradación de los seres humanos a estadios superados. El atentado de las Torres Gemelas les dio la justificación suficiente para ahondar en las restricciones y hay una tendencia a uniformar la legislación de cada país orientada en esa perspectiva.

El caso de los Estados Unidos con la Patriot Act es una muestra palmaria de lo antes aseverado y la prisión de Guantánamo es una vergüenza para la humanidad. Asimismo, países con tradición institucionalista se han inscrito lamentablemente en esta línea.

La onda diseminadora de esa concepción se ha hecho presente en América Latina y Venezuela no es la excepción. La Ley de Seguridad de la Nación y la Antiterrorista fueron muestras de ello y ahora se presenta la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.

La última expresión legal es verdaderamente insólita y peligrosa. Contiene cualquier cantidad de violaciones a las normas constitucionales y lo peor, a los derechos humanos y sociales. Es una manifestación legislativa típica de los regímenes fácticos de la época de la Guerra Fría o de situaciones de emergencia o excepción.

La idea central es controlar exponencialmente a la gente para prevenir probables insurrecciones sociales. Es absolutamente inoportuna porque la actual administración no atraviesa un período alto de popularidad pero la tenencia al autoritarismo y a la militarización de la sociedad son decisivas. Sus resultas se traducen en convertir a las personas en delatoras de oficio.

Su contenido es una pléyade de barbaridades procesales. Entre sus disposiciones atisbamos cómo las actas de los organismos de esta materia revisten carácter técnico y pueden presentarse libre o sobrevenidamente a la investigación. De la misma forma pueden los funcionarios actuar sin orden judicial y con la mayor discrecionalidad para determinar cuándo hay atentados contra el orden democrático, la soberanía y la estabilidad de las instituciones.

Igualmente pretende convertir al sistema judicial en confidentes obligatorios de los órganos de inteligencia y contrainteligencia. Hasta los participantes en los juicios y los abogados litigantes son concebidos como informantes. Los ministros de culto, los profesionales del derecho y la medicina y los comunicadores sociales están constreñidos a delatar so pena de sufrir sanciones penales. El proceso es subvertido diáfanamente cuando se le otorga la mayor potestad a los funcionarios de este sistema.

El colmo es que llega a convertir a las redes sociales, comunidades organizadas y a la participación popular en parte del sapeo, para decirlo en términos coloquiales. Es pisoteado el debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad del hogar, el derecho a la información veraz y la libertad de expresión. Es una tarea envolvente con la meta de convertir a cada persona en un felón al servicio del Estado.

Se está promoviendo una acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el máximo tribunal por personalidades ajenas al gobierno y a la oposición para dejar constancia histórica y ante la opinión pública de esta aberración legal además de promover una discusión acerca de su naturaleza opresiva. Es la iniciativa más acertada para desnudar una dirección de los factores de poder internacionales.

Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia

Autor: Teniente Coronel Hugo Chávez.
Formato: Adobe Acrobat (PDF)
Páginas: 10
Tamaño: 40 KB

 

Temas relacionados:

[*] Humberto Decarli / E-mail: hachede@cantv.net            

Artículos del autor:

Reacción ante la intolerancia
Humberto Decarli* / El Mundo (Venezuela) - 02/06/07

Militarismo y cambio social
Humberto Decarli R.* / Soberania.org - 23/03/06

El mito democrático de las
Fuerzas Armadas Venezolanas
Humberto Decarli R.* / Soberania.org - 28/09/06

Más artículos...

 

Imprimir Enviar

Volver

Portada