En la Argentina existe una democracia formal que no logra erigir gobiernos realmente representativos, transparentes y eficientes. Algunos llaman a este sistema “democracia autoritaria” o “democracia oligárquica”, pero la verdad es que, para mí, eso sería desvirtuar el sentido de la palabra democracia.

Una y otra vez, luego de intentar con todas las ideologías, hemos fracasado, multiplicándose por diez la pobreza de nuestro país desde que retornó la supuesta democracia. Y esto es así porque los partidos dominantes están basados en estructuras de vasallaje que se alimentan del clientelismo, fomentan el engaño y la ignorancia, al tiempo que permiten una concentración excesiva de poder que posibilita, a su vez, la discrecionalidad necesaria para perpetuar un sistema de privilegios que reduce arbitrariamente las oportunidades de la gente, manteniéndola en una pobreza claramente funcional tanto al sistema como a los dos partidos tradicionales, que siguen gobernando a pesar de sus constantes y reiterados fracasos.

Esta concentración excesiva de poder, que permite la reproducción permanente de un orden injusto y mediocre, es posible principalmente por: 1) la ausencia de división de poderes, 2) el unitarismo o ausencia de federalismo real, 3) la ayuda social discrecional, 4) el sindicalismo monopólico y 5) la ausencia de internas abiertas.

La ausencia de división de poderes implica la destrucción de los mecanismos de control y transparencia, que son básicamente el Congreso y la Justicia, hecho que aumenta enormemente la discrecionalidad y capacidad de dominación del poder de turno. Basta mencionar a este respecto los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa, los superpoderes, la mayoría automática en el Congreso por el sistema de listas, las diversas presiones sobre los jueces y el poder de veto del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura luego de la última reforma.

En cuanto a la ausencia de federalismo, entendiendo a este último como descentralización administrativa, se puede decir que aleja el poder de la gente, volviéndolo, al mismo tiempo, más difícil de controlar y más ineficiente para resolver los problemas locales, que requieren de una mejor y mayor información.

La ayuda social discrecional, o la ausencia de planes sociales automáticos y universales, por su parte, es una verdadera violación al principio constitucional de la igualdad ante la ley, lo que es posible debido a la falta de independencia de las justicias provincial y nacional. Esto permite que el poder político proteja, estimule y se beneficie de una extensa red de clientelismo construida y consolidada a lo largo de muchos años, que consagra el más crudo vasallaje, fomentando una dependencia psicológica y económica que lleva a la dominación política por medio de dádivas, subsidios, planes sociales y cargos públicos repartidos a discreción por punteros, piqueteros y demás “líderes sociales” con oscuros nexos políticos.

Por otra parte, el sindicalismo monopólico permite que, mediante subsidios discrecionales, sobornos y negociaciones en desigualdad de condiciones, la oligarquía logre que los sindicatos le respondan, quitándole a los trabajadores una parte de su salario e impidiendo que un trabajador que no se sienta representado se desafilie del sindicato o funde uno nuevo que genere competencia y representatividad. La Corte avanzó en esta materia hace poco, pero en los hechos aún se mantiene el mismo esquema.

Finalmente, la ausencia de internas abiertas a nivel nacional y en la gran mayoría de las provincias, así como en general la organización y prácticas poco democráticas que prevalecen en el interior de los partidos tradicionales y dominantes, los que no pueden usar la excusa de los partidos nuevos, ya que siempre los partidos se forman al principio en torno a un liderazgo personalista, no hacen sino reducir el nivel de participación de la gente y la representatividad de las alternativas que posee el ciudadano a la hora de votar.

Estas cinco causas, principalmente, reproducen una estructura jerárquica y autoritaria que favorece el ascenso político, no de las personas más capaces y representativas, sino de las más inescrupulosas, aduladoras, oportunistas y en general incapaces, pero que han sabido renunciar a principios y colocar la acumulación de poder por encima de cualquier otro fin, para acomodarse estratégicamente dentro de la oligarquía gobernante.

No hay en la Argentina un totalitarismo, porque la democracia formal, o sea, la posibilidad de ir a votar con cierta libertad por lo menos para cierta parte de la población, hace que exista un mínimo grado de competencia permanente por el poder. Pero esa competencia tiene una base muy fuerte de ilegitimidad, al tiempo que se da dentro de un círculo cerrado y reducido que rechaza rotunda y frenéticamente a todo dirigente, partido u organización que se muestre proclive a luchar contra cualquiera de las cinco bases del sistema oligárquico vigente.

La única solución posible, ante esta situación, parece ser el hecho de que, votando a conciencia, involucrándose en ámbitos de bien común y aumentando la participación política, el pueblo argentino que no esté sometido por la desesperación, el clientelismo, la ignorancia o la desinformación, logre darle vida, unidad y fortaleza a un nuevo sistema de partidos, integrado por espacios políticos que basen su poder en la mera comunicación de ideas, y que dependan de la aprobación permanente de la gente que los votó, a los efectos de mantenerse en el poder, como expresión de un ideario concreto y conocido.

Esto último parece estar ocurriendo de alguna manera con la Coalición Cívica y el PRO, partidos o espacios que están llamados a reformar el sistema político argentino, para darle comienzo a una democracia real, con grados aceptables de representatividad, transparencia, competitividad y consenso.

Esta reforma debe hacerse lo antes posible, ya que es el principal obstáculo para el desarrollo integral y sostenido de nuestro pueblo. No nos creamos la idea de que una unión de la oposición sería necesariamente semejante a la Alianza de De La Rúa. Este último dirigente se sostenía gracias al apoyo de los mismos caudillos provinciales e intendentes del conurbano que hoy en día apoyan a Kirchner.

No hubo ni podía haber, en esas condiciones, reforma política alguna. No es cuestión de que simplemente “se junte la oposición”, sino de que todos los argentinos que creemos en la democracia hagamos fuerza, de la manera más eficiente posible, para que implantemos definitivamente en nuestro suelo una democracia verdadera.

(*) Rafael Eduardo Micheletti / Secretario de organización y presidente de la filial Santa Fe del Centro de Estudios de los Intereses Nacionales (CEIN). / Tel: (0341) 156-916835 / Blog: www.rafamicheletti.blogspot.com / E-mail: rafamicheletti@hotmail.com

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