1. El candidato a la reelección hace su campaña presidencial en cadena nacional.
2. Todos los poderes, la Asamblea, el CNE, el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría y el defensor del Pueblo están supeditados al candidato que se reelige.
3. Todos los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y policías, están dispuestos fielmente a reprimir y criminalizar a cualquier opositor.
4. Todas las instituciones del Estado, con todos los recursos de Pdvsa, con gandolas incluidas, están comprometidas en la campaña del candidato a la reelección.
5. El canal del Estado de todos los venezolanos, junto a toda una red comunicacional, está al servicio de dicho candidato.
6. Grupos paramilitares reclutados entre criminales actúan impunemente amedrentando selectivamente a cualquier opositor y no son objeto de ningún tipo de investigación o sanción por los organismos de seguridad del Estado.
7. Se coacciona y se hostiga a los empleados de la administración pública, obligándolos a firmar y marchar en contra de su voluntad.
8. Se condicionan los contratos de las gobernaciones, alcaldías y empresas del Estado, empezando por la misma Pdvsa, a “contribuciones” para la campaña electoral y al uso de sus trabajadores con franelas “rojas rojitas” en eventos de campaña.
9. Toda la gestión pública se mantiene en la oscuridad, sin que se publique cifras confiables para analizarla. Así los voceros de la revolución pueden hablar de los maravillosos logros de la misma sin que nadie pueda refutarlos.
En estas condiciones la pregunta se hace legítima: ¿De qué ampliación de derechos estamos hablando en un ambiente que se caracteriza por la falta de derechos? Y así aparece con crudeza la pelea que tendremos que dar el próximo 15 de febrero, una pelea por la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad y la equidad. 
