En medio de la maraña informativa condicionada por la vorágine electoral significada por el referéndum sobre la enmienda constitucional se han omitido graves acontecimientos ocurridos en el estado Zulia, específicamente en la Sierra de Perijá. Se trata de la peligrosa situación atravesada por la etnia Yukpa con motivo de la ocupación de tierras.

Los ganaderos tomaron posesión de unos terrenos a sabiendas de que eran propiedad histórica de los Wayuú, Barí y Yukpas. Estos últimos reaccionaron ocupándolos para rescatar lo que ancestralmente les pertenece y el Estado ha mediado prometiendo pagar las construcciones como fórmula de arreglo.

No obstante, esas cancelaciones no se han cumplido y debido a la merma de los petrodólares parece poco probable que ocurra. Ante tal posibilidad los ganaderos han estado presionando a los aborígenes para expulsarlos de los inmuebles. El sicariato en la zona está a la orden del día y la Guardia Nacional ha intimidado a los dirigentes étnicos y a los luchadores ambientales prohibiéndoles subir a la Sierra e incluso quienes hacen transporte en el sitio están inhibidos de hacerlo por miedo.

El cacique Yukpa Sabino Romero Izarra se encuentra en peligro porque las amenazas han llovido en su contra y se teme por la acción de bandidos a sueldo. Los organismos de derechos humanos se han movilizado tales como la Sociedad Homo Et Natura, presidida por el conocido antropólogo Lusbi Portillo, y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Han efectuado denuncias ante el ministerio público y han logrado una medida de protección bien tímida porque la Disip, encargada de materializarla, si acaso se presenta al lugar.

Ante esta terrible coyuntura el Estado ha asumido una conducta cómplice. No es accidental su postura en una zona donde se encuentran las F.A.R.C., el E.L.N., los desplazados colombianos quienes también lesionan a los aborígenes y para colmo, las transnacionales de Irlanda, Brasil, España y Chile, extrayendo el carbón de la manera más lesiva al ambiente y a la salud pública.

Es necesario hacer del conocimiento de la opinión pública este problema para detener la escalada de los ganaderos quienes amparados en su posición de fuerza y el incumplimiento del Estado quieren apabullar al sector más débil. Asimismo, los dirigentes indígenas y los luchadores ecológicos tienen prohibición de transitar por la zona en una suerte de estado de sitio fáctico promovido por la fuerza armada venezolana.

Mientras el oficialismo y la oposición se rasgan las vestiduras en una pobre campaña electoral donde sólo se gritan consignas a favor del si o del no sin discutir nada de fondo y cayendo en el leguleyismo más ramplón, están sucediendo estos deprimentes acontecimientos que redundan en desnudar la praxis de un modelo político autoritario atenuado por la renta petrolera y donde el militarismo se encuentra en pleno apogeo.

Son expresiones del terrorismo del Estado venezolano cuya trayectoria es indiscutible y abarca desde las desapariciones en los teatros de operaciones en los sesenta realizados por los alumnos de la Escuela de las Américas, pasando por el genocidio del Caracazo y las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo, los Amparitos, Llano Alto y la Paragua. Ahora está presente en la Sierra de Perijá y sus destinatarios son las etnias aplastadas por las transnacionales, los desplazados y los ganaderos. Todo dentro del contexto de una constitución que presuntamente los beneficia.

[*] Humberto Decarli / E-mail: hachede@cantv.net / Abogado, activista social y miembro de la redacción de El Libertario       

Artículos anteriores del autor:

El terrorismo estatal y corporativo
Humberto Decarli* / El Mundo (Venezuela) - 17/01/09

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Humberto Decarli* / El Mundo (Venezuela) - 20/12/08

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