Trascendencia sociopolítica de la derrota  del gobierno en su pretensión de reelección indefinida

PRESENTACIÓN

En una primera instancia, la aspiración de reelección indefinida se circunscribió exclusivamente a Hugo Chávez. El argumento básico fue el de que él era el único que garantizaba la continuación de la gestión gubernamental que llevaba adelante el proyecto  revolucionario y por ende el avance de nuestra sociedad hacia el socialismo del siglo XXI.

De repente, sin una justificación y sin  siquiera una explicación –muy al estilo del actual régimen–  la aspiración se extendió a todos los cargos de elección popular. En eso andamos.

Pero, ¿de cuál gestión gubernamental estamos hablando? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del proyecto revolucionario que se alega? ¿En qué ha consistido realmente la acción política y la gestión gubernamental del régimen chavista? ¿Cuál es la comparación posible entre lo que el gobierno pudo hacer y lo que realmente hizo en estos diez años?  La calidad de la acción política y de la gestión gubernamental del régimen, ¿pueden ser fundamento de  aplauso o de repudio? o ¿debe la sociedad venezolana asegurarse de que este proceso revolucionario continúe o, por el contrario, debe esforzarse al máximo porque cese lo antes posible?

La respuesta a éstas y a otras preguntas es el único fundamento válido de la adopción de una posición  frente a la pretensión reeleccionista de Hugo Chávez y sus comandados. En los párrafos que siguen se intenta aportar elementos para una respuesta  a tales preguntas.

LA OPORTUNIDAD DEL MEJOR DE LOS SOCIALISMOS

En el tiempo que lleva en el poder (1999-2008), el régimen militarista totalitario ha dispuesto de las mejores condiciones que gobierno alguno, tanto de Venezuela como del mundo (guardando las debidas proporciones), haya contado para haber puesto en marcha un proceso de desarrollo socioeconómico sólidamente autosustentable  y con fuerte aliento de equidad social, que hubiera  mantenido  un buen nivel de vida para los venezolanos que ya lo disfrutaban, y  que asimismo hubiera logrado incorporar a esa misma condición socioeconómica a gruesos contingentes de venezolanos elevándolos desde su situación de precariedad. Todos los gobiernos democráticos del mundo, guardando las debidas proporciones, deben haber envidiado las favorables condiciones de buena gestión que ha tenido el gobierno de Venezuela. Todos los gobiernos democráticos del mundo seguramente habrían aprovechado al máximo esas excelentes posibilidades  de mejorar el nivel de vida de densos sectores de su población.

La coalición gobernante ha tenido en sus manos no sólo el comando irrestricto del poder ejecutivo, que por la presidencia de Hugo Chávez  le corresponde, sino también el de todos los otros poderes públicos, que por arrebato autoritario también ha detentado.  Desde septiembre de 1999 hasta septiembre de 2008, ha manejado a su antojo y sin control alguno la cantidad de   878.667 millones de US$. (Este montante es mayor que la suma de todos los Presupuestos Nacionales de Venezuela en los gobiernos republicanos de los 168 años anteriores, desde el de José Antonio Páez a partir de 1830 hasta el de Rafael Caldera hasta 1998).  Cualquier cuerpo de políticas y estrategias conformadas en un  auténtico Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico, por muy ambicioso que hubiera sido, tenía asegurada su idónea materialización en tales condiciones. No era posible ni siquiera presentir algún obstáculo insalvable en el camino hacia la sostenida prosperidad social de millones de venezolanos.

LO QUE SE DEBIÓ HACER Y QUE SOBRADAMENTE SE PUDO HACER

Apuntalada en su enorme poder político y gubernamental y en cuantiosos recursos financieros, la coalición gobernante pudo acometer, a todo lo largo y  ancho del país, un vigoroso plan nacional de   desarrollo económico, afianzado en una estrategia de fortalecimiento y expansión de la economía real,  teniendo como elementos principales del proceso, por una parte, la actualización y el incremento del capital productivo real, y por la otra, la generación correlativa de empleo formal de la fuerza de trabajo, sin duda el mejor mecanismo de distribución progresiva del ingreso, aspecto clave de un auténtico desarrollo socioeconómico.

La fuerza motora gubernamental provendría de un plan de masiva inversión en obras públicas, reparando la  infraestructura existente y acometiendo nuevos desarrollos en vialidad, educación, salud, parques industriales y fomento agropecuario, fortalecimiento de las redes mercantiles, con vigoroso efecto estimulante en toda la economía real, creando así el marco propicio a la más diversa participación de la inversión privada, pieza fundamental en todo plan o esfuerzo de desarrollo socioeconómico nacional.

Un tal  Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico se asentaría en la utilización actualizada de estudios económicos preexistentes y en un programa sistemático de consultas a las asociaciones de productores, entidades crediticias, organizaciones sindicales y comunitarias, a fin de formular planes de desarrollo en los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios.

Se habría puesto en marcha en nuestro país el más ambicioso, pero también el más realizable, Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico, factiblemente autosustentable. Venezuela se habría podido encaminar con pie firme en la ruta de llegar a ser una potencia económica media, con una economía real sólida y progresiva, con ilimitadas posibilidades de expansión. Había de sobra recursos financieros y materiales  y poder político y gubernamental  para lograrlo.

LA VERDADERA NATURALEZA DEL PROYECTO CHAVISTA

Nada se hizo de todo lo anteriormente señalado a los fines de un auténtico desarrollo socioeconómico. Antes bien cabría decir que se ha hecho  todo lo contrario.   Al día de hoy, la situación real de millones de venezolanos es muy distinta, diríase que contraria, a la que hubiese podido lograrse si las políticas y estrategias adecuadas se hubieran puesto en práctica. Millones de venezolanos viven preguntándose ¿por qué tuvo que ser así? Cada ciudadano, cada grupo humano, cada institución social ensaya una contestación a esa pregunta. Pareciera que la  adecuada respuesta tuviera que asentarse en la noción precisa de lo que en verdad es el proyecto político chavista, ése mismo que se nos ha querido vender  con los nombres de “Proyecto Bolivariano” o “Socialismo del Siglo XXI”.

En realidad, el proyecto político chavista tiene como objetivo supremo la instauración de un régimen militarista totalitario, de hegemonía absoluta y total sobre la sociedad venezolana. El logro de tal objetivo se apoya en la estrategia capital de subversión destructiva del sistema político democrático representativo y de su asociado el régimen capitalista, de propiedad privada de los medios de producción.  Por ende, tanto la noción como la práctica social de lo privado (entendido  como distinto de lo público, vale decir independiente de la férula del gobierno, en sus distintas modalidades y ámbitos en la sociedad),  han pasado  ser  el principal obstáculo –y por lo tanto el principal enemigo, en la concepción chavista–  de la instauración del régimen totalitario.  Dentro de aquella estrategia capital, entonces, la tarea principal ha sido la extirpación, en todos los estamentos sociales, de todo agente económico  privado que sea independiente de la férula  del gobierno, sobreviviendo solamente aquello que se doblegue y se someta a los designios de poder oficial.

También han sido determinantes principales de la acción política y de la gestión gubernamental, las tres dimensiones del proyecto político oficial: La dimensión nacional, que consiste en llevar adelante el proceso de destrucción subversiva de la democracia representativa con miras a la instauración del régimen totalitario dentro de cada país. Es el proceso que  desde el poder constituido se lleva adelante en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, y que se intenta en Colombia mediante la acción guerrillera de las FARC.  Es por esto, y no por ninguna otra razón, que todos ellos, gobiernos y guerrilla,  proclaman que el suyo es un “proyecto bolivariano”. Claro que lo es, en la acepción chavista.  La dimensión continental, que es la agregación concertada de los procesos subversivos contrademocráticos prototalitarios en el continente americano. Y la dimensión geopolítica, que es la concatenación orgánica de gobiernos antidemocráticos, dictatoriales, tiránicos, que practican o apoyan el terrorismo subversivo contra las democracias occidentales, pasaporteándose como movimientos “revolucionarios” y/o “antiimperialistas”,  cuando en realidad son enemigos de las libertades políticas, económicas y sociales mal que bien vigentes en el mundo occidental.

El objetivo supremo, la estrategia capital, la noción fundamental y las dimensiones del proyecto político chavista son, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, la determinación preponderante de todo el discurso, de toda la acción política y de toda la gestión gubernamental del régimen dominante en Venezuela.  Son también la guía principal del reclutamiento,  la naturaleza y la ejecutoria de los segmentos sociales que conforman la coalición en el poder.

Los principales de tales segmentos son los siguientes:

• La desviación totalitaria de la Fuerza Armada, conformada por la logia militarista que, en la figura de su líder supremo y sus lugartenientes, comanda  de manera absoluta tanto la acción política como la gestión gubernamental del régimen.  Dentro de la Fuerza Armada se agita una pugna soterrada entre la minoritaria logia militarista con enorme poder político y represivo y la mayoría de auténticos militares, demócratas e institucionalistas, permanentemente acosados por el espionaje castrista-chavista.

• La ultraderecha económica, practicante sistemática del capitalismo salvaje y de la relación corrupta entre ella y el poder gubernamental. Es la aliada principal del régimen en la tarea de destrucción del empresariado capitalista privado independiente y por lo tanto en la promoción e instauración del capitalismo totalitario, conformado por el capitalismo estatal y por empresarios capitalistas privados totalmente dependientes y sometidos al poder gubernamental, sirviendo entrambos como soporte económico fundamental del proyecto político militarista totalitario.

• La desviación mercenaria  de la izquierda y de la ultraizquierda políticas, conformada por la parte de éstas más atrasada ideológica y políticamente y más envilecida moral y materialmente. Los izquierdistas y ultraizquierdistas ideológica y políticamente serios, fieles a sus respectivos  ideales progresistas y revolucionarios, no solamente han dado  la espalda a un régimen que consideran falso, corrupto y perverso, sino que se cuentan entre sus más severos críticos por su demostrada condición inmoral, contrademocrática, contrarrevolucionaria, retrógrada, delictiva, criminal, desvergonzada y, por todo ello, nefastamente  antisocial.

• Los tránsfugas de la cofradía política y de la burguesía gobiernistas del período 1959-1998, simulando ser “revolucionarios” para lograr patente de corso para sus procederes deshonestos. Actúan como el  complemento indispensable para las acciones de corrupción de funcionarios públicos y de líderes y dirigentes políticos oficialistas, y como operadores eficaces en la destrucción del empresariado capitalista privado independiente y en la construcción del capitalismo privado totalmente dependiente y sometido al poder gubernamental.  Por eso quienes acusan al régimen de comunismo ortodoxo deberían revisar criterio.

Es por todo lo anterior  por lo que los 878.667 millones de dólares disponibles no han sido utilizados para beneficio de los venezolanos, sino que en gran parte han sido dilapidados en gasto clientelar y electoral, en proyectos  demagógicos costosos y fracasados,  en “cooperación solidaria” con gobiernos y movimientos ideológica y políticamente  afines del exterior, en aumento del parque bélico, en cuantiosas jugadas financieras delictivas, etc., enmarcados en una descomunal corrupción, todo hecho en aras de materializar el proyecto político chavista en su dimensión nacional, continental y geopolítica.

LA DESTRUCCIÓN DEL PRESENTE Y EL FUTURO DE VENEZUELA

Diez años de ejercicio autoritario del poder le han servido al régimen para avanzar significativamente en la ejecución de su estrategia capital (es decir, en la acción subversiva destructora de la democracia representativa) y en ir sentando las bases de su objetivo supremo (esto es, la instauración de un gobierno militarista totalitario de hegemonía absoluta y total). Al día de hoy están en distinto estado de destrucción, tanto institucional como material, todos los sectores independientes y fueros democráticos de la sociedad venezolana dentro de los ámbitos  político, económico, laboral,  sindical, gremial, cultural, educacional, de comunicación social, religioso, deportivo, etc.  En todos ellos ha ocurrido una disminución por destrucción del dominio privado y un aumento por la fuerza del dominio público para sustituirlo. La lógica de la estrategia capital ha consistido en un progresivo desplazamiento del dominio privado  por parte del dominio público, forma eufemística de aludir a lo que en realidad es el dominio chavista.

De todos los sectores sociales afectados por el arrasamiento, por razones de espacio nos referiremos solamente  al sector económico,  ámbito fundamental de la sociedad en el cual  la ejecución de la estrategia capital ha sido demoledora, por  la ferocidad del acoso y de la agresión mediante acciones gubernamentales, y por la gravedad de los efectos que ha tenido.

El presidente  del Consejo Venezolano de la Industria, que agrupa a las empresas de industria manufacturera del país, ha proporcionado las siguientes informaciones : El parque industrial de Venezuela, que era de 11.117 empresas  en diciembre de 1998 (Chávez asumió el poder en febrero de 1999),  ha sido reducido en 4.015 empresas (38%), y las 7.102 que subsisten lo hacen teniendo que resistir el acoso gubernamental. La causa principal de esta brutal mortandad de empresas radica en las “políticas económicas” ejecutadas por el gobierno, en particular los efectos opresivos y depresivos de los controles de cambio y de precios de los bienes que produce la industria manufacturera, en tanto que tal control no existe para los bienes de producción que utiliza. Los efectos han sido devastadores en términos de paralización de inversiones, cierre de empresas y reducción de la llegada de nuevos capitales al país.

En nombre de la “lucha contra el latifundio”, con el respaldo institucional del gobierno y el apoyo  de sus cuerpos armados, han sido “intervenidas” (es decir, objeto de invasión y despojo) por el Instituto Nacional de Tierras entre 2003 y 2008, 4 millones 600.000 hectáreas, equivalentes  a 105.000 fincas.  Sin importar que estén en producción, el fundamento de su intervención es la declaratoria de terrenos “ociosos y baldíos”, eufemismo gubernamental tomado como base para el desconocimiento de la propiedad privada. Hay dos saldos netos de esta política: El gobierno aumenta su propiedad de fincas que pasan a ser menos productivas que antes, y ello conduce a tener que  incrementar  significativamente la importación de alimentos.

Las empresas mercantiles han sido acosadas con un número creciente de normas y disposiciones gubernamentales que han venido entrabando  cada vez más sus operaciones, a lo cual se agrega que el gobierno ha montado cadenas de comercialización que con ventajismo van desplazando al comercio establecido.

Contra todas las empresas del país, el gobierno ha venido utilizando además dos poderosos arietes: el control de divisas, que le sirve para decidir quién puede importar, y qué, cuánto y cuándo puede hacerlo; y el control de precios, que al aplicarse a los productos que las empresas producen y venden pero no a los bienes que compran para producir, las coloca en caída de reducción de ganancias y aumento de pérdidas, hasta que finalmente tienen que cerrar.

Habría que agregar el efecto estructural de las nacionalizaciones, que no consiste en ninguna otra cosa que en el traspaso de áreas productivas reales y de trabajadores del dominio privado de la sociedad al dominio del gobierno.

El balance de la gestión gubernamental en estos diez años no podría ser peor. En todos los aspectos de su desempeño los resultados han sido negativos. El gobierno que mayor bien pudo ofrecerle al país, ha sido el más negativo en todos los aspectos de la vida social.

TRASCENDENCIA SOCIOPOLÍTICA DEL RECHAZO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA

El triunfo del gobierno en las votaciones del próximo día 15 del presente mes establecería la posibilidad de reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. Al presente, el gobierno ha logrado largueza de tolerancia de parte del estamento opositor a su política de campaña electoral permanente y a su método de acciones constantes de fraude y de violación de leyes y normas para mantenerse y afianzarse en el poder. Las dos cosas juntas nos dicen a las claras quiénes habrían de gobernar a escala nacional, regional y municipal por tiempo indefinido.

Pero hay otro aspecto tanto o más grave. En un anuncio publicitario que ha circulado profusamente, el gobierno le pide  a sus militantes y al pueblo en general apoyo a la enmienda “para que continúen los buenos gobiernos”.  Puede verse desde ya la utilización que el gobierno habría de hacer de su triunfo: alegaría que una mayoría del pueblo venezolano lo ha apoyado en su aspiración de reelección indefinida por considerar que su gobierno ha sido tan bueno hasta ahora, que debe continuar sin interrupción posible, de manera que pueda continuar  su  obra de beneficio colectivo.

El triunfo del gobierno en el próximo referéndum cubriría con un manto de aprobación y apoyo a toda la ignominia de una gestión aviesamente antisocial, antinacional, antipopular, represiva, inmoral, corrupta, en fin, incapaz para lo bueno y muy capaz para todo lo malo. Sería la peor condena que pueblo alguno haya recibido.

El triunfo del gobierno significaría  el mayor naufragio sociopolítico de Venezuela en toda su historia.  Al aprobarse lo que ha hecho en estos diez años, se le estará autorizando para que continúe su labor de destrucción de la sociedad venezolana y construcción de un régimen militarista totalitario de alcance nacional, continental y geopolítico.

Por eso no hay que escatimar ni el más mínimo esfuerzo por derrotar la pretensión del chavismo.  Hay que intentar detener la acción de la ignominia prototalitaria. Hay que echar el resto en esta lucha, porque en verdad nos lo estamos jugando todo.

[*] Dr. Manuel Rodríguez Mena / Profesor Titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela (1965-1990) / Subdirector del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV (1972-1975) / Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV (1984-1987) / E-mail: mjrodriguezm1@yahoo.es

Artículos anteriores del autor:

Continental Subversiva Contrademocrática
Manuel Rodríguez Mena* / Soberania.org - 25/02/08

Manipulación de la Expresión
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La dominación nazi de la economía alemana
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